El caso sin resolver del joven asesinado por un disparo policial en Envigado

Por: Mateo Isaza
Fotos: Santiago Mesa

A finales de 2018, luego de una persecución, un patrullero de la Policía disparó en las afueras del centro comercial Viva Envigado contra un estudiante que no atendió una señal de pare. La historia circuló como la muerte de un “supuesto fletero”. La Justicia Penal Militar considera el caso como homicidio culposo, pero El Armadillo revela detalles inéditos que contradicen esa teoría.

Dos imprevistos cuando regresaba a su casa privaron a Lorena Porras de toparse de frente con la escena del crimen en la que yacía su hijo Gonzalo Montoya. Un trancón inusual para la tarde de domingo y un antojo de perro caliente que la hizo desviar su ruta.

Fue el 11 de noviembre de 2018, a eso de las 3 de la tarde. Lorena volvía de cumplir un domicilio en su trabajo como estilista y sin saberlo iba rumbo a encontrarse con una diligencia de levantamiento de cadáver en las afueras del centro comercial Viva Envigado. La víctima era un joven motociclista de 21 años: Gonzalo Adolfo Montoya Porras, decía el parte oficial. Para ella era su hijo mayor: Chalo, su negro, a quien ocho horas antes había despachado con un beso y un regaño para que se fuera a estudiar y no llegara tan tarde a las clases.

El azar hizo que la mujer esquivara la escena del crimen, pero el peso de la tragedia familiar ya era ineludible. La noticia de la muerte de su hijo circulaba en medios de comunicación porque se había dado luego de una persecución policial. Lorena llegó a su vivienda en Caldas y comenzó a llamar a Gonzalo, quien salía de clases a mediodía, pero nunca más le contestó. La bala que le perforó el tórax y lo mató salió del arma de dotación del patrullero Darmin de Jesús Cifuentes Ballesteros, adscrito al cuadrante 7 de la estación de Policía de El Poblado.

Presunto fletero, decía el primer titular que vio la familia a eso de las 5:00 de la tarde del día que les marcó la vida para siempre.

Persecución y muerte

Un paquete de papas fritas, un Bon Bon Bum y una gaseosa. Esa fue la última lonchera que empacó Gonzalo Montoya ese domingo cuando salió apurado de su casa en Caldas para no llegar tan tarde a la sede del Instituto Ferrini ubicada en el Centro de Medellín. Allí validaba noveno grado y estuvo durante toda la mañana. Las cámaras de seguridad del colegio captaron cuando salió en la moto para su casa pasadas las 12:00 del mediodía.

La historia que desencadenó en la muerte de Gonzalo, en una calle aledaña al centro comercial de Envigado, comenzó nueve minutos antes y siete kilómetros hacia el norte, en las inmediaciones de la estación del metro Poblado.

De acuerdo con la indagatoria que rindió el patrullero Darmin de Jesús Cifuentes ante la Justicia Penal Militar, él y su compañero y conductor de la motocicleta DR 650 —subintendente Jhony Valdés— se encontraban realizando labores de patrullaje. Le hicieron una señal para que se detuviera, pero Gonzalo siguió de largo.

Los policías iniciaron la persecución y dieron aviso por radio para activar un plan candado. Otras patrullas se sumaron a la persecución. A la altura de la calle 12 sur, de acuerdo con la indagatoria, el patrullero Cifuentes sacó su arma de dotación y disparó por primera vez para intentar que el joven a bordo de una moto Suzuki Viva 115 se detuviera:

«Ante la actitud sospechosa demostrada por este joven opté por sacar mi pistola de dotación y hacer un disparo a la zona verde del costado derecho de la vía para tratar de persuadir al joven para que se detuviera, pero éste ignora la persecución que se le estaba haciendo y las señales de pare, que durante todo el trayecto se le venían haciendo, y por el contrario trató de acelerar más la moto eludiendo totalmente la acción policial y siguiendo la ruta hacia la Aguacatala», explicó el ahora expolicía en su declaración oficial.  

Una moto como en la que iba Gonzalo tiene cuatro cambios, se considera de bajo cilindraje y puede desarrollar una velocidad máxima cercana a los 110 km por hora. La de los policías tiene cinco cambios, es de alto cilindraje, puede acelerar  de 0 a 100 en 5,9 segundos y desarrolla una velocidad máxima de 150 kilómetros por hora. 

Según el relato del intendente Jhony Valdés, quien manejaba la motocicleta policial, su compañero —y hoy acusado— le aseguró durante la persecución que el joven iba armado. Así relata lo que pasó ya en inmediaciones de Viva Envigado:

«El motociclista no hace el recorrido normal de la glorieta sino que hace un giro prohibido a la izquierda y se devuelve hacia la Regional por detrás del centro comercial. En ese tramo le doy alcance rápidamente como a la mitad de cuadra más o menos y quedamos él sobre la derecha, ras con ras, sentido norte-sur. En ese momento miro hacia el frente y observo que la vía se me está acabando y aún más porque hay unos separadores naranjas con los que cierran las vías e inicio a frenar, cuando siento la motocicleta a mi derecha deteniéndose a la misma vez que yo, en ese momento siento que la motocicleta inicia a desestabilizar un poco por la velocidad que llevábamos y, cuando logro poner un pie y detenerla, escucho un disparo. En ese momento observo a mi derecha la otra motocicleta y en menos de tres segundos veo que cae al suelo”, explicó.

A pocos metros estaba un expolicía que migró de Venezuela y trabaja como vendedor ambulante. Tenía su puesto cerca a la estación Envigado del metro y fue testigo de los hechos mientras reposaba el almuerzo. Esto fue lo que declaró en el juicio:

«Escucho una sirena y venía de frente hacia donde yo estaba. Veo que viene un joven en una moto 115, una moto pequeña, y dos patrulleros en su respectiva moto a una distancia de unos diez metros, más o menos. El joven Montoya se está parqueando y ya a una distancia del muchacho como de dos metros, un patrullero acciona su arma de reglamento diciendo dos palabras: ´Pirobo, gonorrea´, y dispara en lo cual le da un fulminante disparo a quemarropa del lado costal izquierdo», explicó.

También contó que de inmediato varias personas se aglomeraron alrededor del cadáver del joven. En varios videos que circularon esa tarde, se ve cómo otros testigos increpan a un grupo de policías que tomaron la mochila de Gonzalo, como si trataran de alterar la escena del asesinato.

El informe de necropsia de Medicina Legal dictaminó que, efectivamente, la muerte del joven se produjo por las heridas ocasionadas por un disparo que salió del arma policial “como consecuencia natural y directa de un choque hemorrágico causado por el proyectil”. A la víctima la bala le entró por el tórax y le afectó órganos vitales como un pulmón y el corazón.

En la mochila de Gonzalo quedaron regados los libros de estudio, una edición del Nuevo Testamento, un farol que había armado en clase, un buzo, la gaseosa sin terminar de su última lonchera y cinco cigarrillos de marihuana.

En la indagatoria de Darmin de Jesús Cifuentes, quien pidió la baja por su cuenta en la institución donde llevaba 10 años y 10 meses como patrullero y cuatro investigaciones disciplinarias, el acusado aceptó que disparó el arma, pero argumentó que fue de manera accidental y contestó sobre por qué le pareció sospechosa la actitud de Gonzalo:

“Ese día en la mañana se habían presentado muchos hurtos en el parque Lleras, en el Poblado, por la 10. Y el modus operandi era así: un joven solo, con casco tapado con buzo y con bolso atrás», resumió.  

De acuerdo con los reportes oficiales de la Policía Nacional, el domingo 11 de noviembre de 2018 se registraron seis robos en la comuna 14 —El Poblado—, el polígono que reúne 23 barrios y cerca de 200 mil habitantes. Una cifra muy similar a la de los años siguientes en esa misma fecha: en 2019 fueron cinco casos y en 2020, cuatro.

De las diferentes indagatorias de los policías implicados queda claro que ni en la mochila del joven estudiante ni en el barrido que hizo la Policía por los siete kilómetros de la persecución se encontró algún arma o indicio de que la víctima estuviera delinquiendo.

Sobre las circunstancias en las que disparó por segunda vez su arma de dotación aquel 11 de noviembre del 2018, Cifuentes dijo: “Llevaba el arma desenfundada en la mano por seguridad mía y cuando mi compañero frena en seco y pierde la estabilidad de la moto policial, la reacción mía fue bajar el pie izquierdo para no caernos al suelo y en ese momento es que se acciona el arma».

Sueños truncados

Un resumen ejecutivo de sus actividades diría que entre la niñez y la adolescencia Gonzalo Adolfo Montoya Porras fue una promesa de la cantera de héroes en Envigado FC y Arco Zaragoza, donde jugaba como volante carrilero. Luego del fútbol fue un prospecto del kickboxing local con posibilidades de competir en Estados Unidos. Un certificado de su historia clínica diría que tuvo dos grandes problemas para llegar a la élite: su rodilla izquierda y su rodilla derecha. Una le falló en 2013 y la otra en 2015.

Un compendio de sus actividades académicas diría que fue un estudiante mediocre que abandonó el colegio rápido para dedicarse a los deportes y que lo retomó para aspirar a un mejor empleo recién en 2018, el año en que lo mató la Policía. Un testimonio de la mamá dirá que entre el fútbol y el día que lo mataron hubo otra experiencia que le marcó la vida: prestar servicio militar como soldado campesino.

“Para Chalo el servicio militar fue la experiencia más hermosa que pudo tener en la vida, amaba ese uniforme. Yo lo acompañé a preguntar el mismo día que sacó la cédula y no podía creer que se quisiera ir para allá. Estuvo 18 meses en San Carlos y en Hidroituango y la verdad se lo disfrutó todo. Incluso lo tentaron para que siguiera la carrera militar, pero sacó su libreta y volvió a la casa”.

El proceso judicial

Han pasado más de dos años desde aquel domingo fatídico para la familia Montoya Porras y aún no hay justicia. Pese a que la investigación inició en noviembre del 2018 en la justicia ordinaria, en febrero del 2019 fue remitida a la Justicia Penal Militar porque la muerte del joven se dio durante un procedimiento policial y el uniformado estaba en desarrollo de sus funciones.

Luego de revisar los testimonios y pruebas, la juez 154 de Instrucción Penal Militar valoró la explicación del patrullero sobre el disparo accidental, pese a ser un uniformado con experiencia en manejo de armas de fuego, y desestimó el testimonio del vendedor ambulante, quien fue el principal testigo de los hechos, porque a su juicio este presentó algunas inconsistencias en sus testimonios en las cuatro oportunidades en que fue llamado a declarar en un periodo de dos años.

“En principio el despacho observa que el comportamiento desplegado por el patrullero Cifuentes Ballesteros no estaba dirigido a lesionar al particular, sino que tal lesión y posterior muerte se dio a raíz del accionar accidental del arma de dotación, al portarla en la mano durante la persecución que se realizaba al joven Montoya Porras y que se extendió por un largo trayecto”, explicó la jueza.

La defensa de la víctima, sin embargo, no está de acuerdo con que los cambios en la declaración del testigo hayan sido sustanciales: “lo que buscó la juez fue que incurriera en contradicciones y volvió a recibirle declaración a los dos años. Tuvo una imprecisión en cuanto a la llegada de la segunda moto de la policía, pero nunca en cuanto al homicidio. Y de allí se pegó para restarle credibilidad”, explicó. 

El pasado 2 de diciembre, pasados dos años del homicidio, el Juzgado 154 de Instrucción Penal Militar resolvió la situación jurídica y se abstuvo de imponer medida de aseguramiento contra el patrullero Darmin de Jesús Cifuentes Ballesteros.

Días después de que se resolviera la situación jurídica del patrullero que mató a Gonzalo, la Procuraduría falló en primera instancia y lo destituyó e inhabilitó por 15 años al considerar la falta como gravísima a título de dolo. Sin embargo, este proceso disciplinario se cayó luego de que la defensa del patrullero apelara por un asunto de forma. El caso quedó, otra vez, en etapa de indagación preliminar. A la fecha no tiene sanciones ni condenas vigentes.

Por ahora Cifuentes seguirá afrontando en libertad el juicio ante la Justicia Penal Militar y, de ser hallado responsable del delito de homicidio culposo, podría pagar la condena por fuera de la cárcel.

Según el informe Bolillo, Dios y patria, de la ONG Temblores, en Colombia entre 2017 y 2019 fueron asesinadas 289 personas a manos de integrantes de la Policía Nacional. De esos tres años que incluyó el informe, el 2018 fue el año con más casos registrados con 103, uno de ellos el de Gonzalo Montoya Porras. De esas 289 muertes documentadas a manos de agentes de la Policía, Antioquia ocupa el primer lugar al sumar 56 homicidios. 

El informe arroja otro dato revelador: con corte a enero del 2021, solo el 0,69 % —dos casos— de los asesinatos a manos de policías tenían una condena. La cifra es problemática si se tiene en cuenta que una de las principales estrategias en la que coinciden académicos expertos en seguridad, para combatir la brutalidad policial, es que las sanciones sean oportunas y ejemplarizantes.

Lorena Porras, la madre de Gonzalo, mantiene intacta la habitación de su hijo y tiene un altar con su moto, las fotos y las gorras del Ejército con las que prestó servicio militar. Dice, además, que las disculpas de la Policía fueron telefónicas y escuetas. No tiene pruebas, pero tampoco dudas de que su muchacho se asustó ante la señal de pare porque llevaba marihuana: “Mi niño buscó gente donde parar y por eso frenó en Viva, pero el policía no medió palabra y le disparó. Mi Negro no se perdió del mundo, el mundo se perdió de mi Negro».

Siete de los ocho tatuajes que tiene Lorena hacen referencia a Chalo y todos son posteriores al 11 de noviembre del 2018. Aunque sabe que no lo volverá a ver, todavía lo espera y pide justicia desde hace 29 meses. Para evitar que se le convierta en un recuerdo aún habla de su hijo en presente.