La movilización del martes 7 de octubre, que recorrió varias calles de El Poblado, terminó con vidrios y paredes pintadas en locales comerciales, y con varias personas heridas en medio de la intervención de un grupo de contratistas civiles de la Secretaría de Seguridad del distrito que reprimió la protesta incluso antes de que actuara la Policía. ¿Quiénes son, cuál es su papel y quién los regula?
Por: Juan David Ortiz Franco, Manuela Garcés y Vanesa Restrepo. Fotos: Andrés López.
En una esquina de la calle 10, cerca del parque de El Poblado, un grupo de manifestantes ondeaba la bandera de Palestina mientras rodeaba otra bandera —esta de Estados Unidos, con las fotos de Donald Trump y de Benjamin Netanyahu— que habían colgado minutos antes del semáforo. El reloj marcaba las 5:19 p.m. del 7 de octubre y un hombre con chaleco azul de la Alcaldía de Medellín se acercó para bajar la bandera estadounidense. Los manifestantes se opusieron e intentaron sacar al funcionario, pero otro grupo de hombres vestidos de civil, uniformados con chaquetas verdes y azules de la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín, intervino.
“La manifestación subió por la calle 10 y una cuadrita antes de llegar al Parque del Poblado se hizo la acción de la quema de la bandera de Estados Unidos. Los funcionarios de la Alcaldía intentaron desmontar esa bandera del semáforo, con la excusa de que iban a hacer un daño en las cámaras que había. Ahí hubo un primer acercamiento violento porque hubo patadas y puños, pero la gente los separó y dijo que no, que era una manifestación pacífica”, recuerda Andrés López (@desanestesico), fotógrafo que cubría la movilización. Una foto compartida en redes sociales por Camilo Gómez, muestra que, además, algunas personas que marcharon encapuchadas llevaban un cartel con la foto de Yahya Sinwar, el líder del ala política de Hamás.
Este video muestra a los agentes de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), —antes Esmad— formados a menos de 200 metros del sitio, junto al CAI del parque de El Poblado, observaban la situación, pero sin participar.
Mientras tanto Daniela Ospina Giraldo, defensora de derechos humanos, integrante del movimiento Juventudes Populares y quien asiste a marchas desde 2020, les preguntó a otros defensores de derechos humanos que participaban en la movilización si reconocían al grupo de hombres uniformados con las chaquetas de la Secretaría de Seguridad y al que luego, al presentar el balance de la protesta, la Alcaldía llamó “gestores de seguridad”.
“Nunca los habíamos visto. Un amigo preguntó en el PMU y le dijeron que era una nueva entidad que salía de la Alcaldía y que iba a estar acompañando. En las anteriores marchas nos percatamos de que todos los defensores de derechos humanos contratados por la Alcaldía, que acompañaban las movilizaciones incluso desde tiempos del paro [de 2021], ya no estaban”, nos dijo Daniela.
La marcha volvió a la calma y se desvió hacia el sur por la Avenida El Poblado. 350 metros más adelante, en el edificio One Plaza, se volvió a detener por unos minutos y algunos encapuchados pintaron grafitis en los muros y lanzaron globos con pintura roja a la fachada de Starbucks. Según videos grabados en el lugar y analizados por El Armadillo, ya eran las 6:03 p.m.
Anderson, un estudiante que participó de la protesta y que nos pidió mantener en reserva su apellido, señaló que en el sitio había un cordón formado por los gestores de seguridad, así como un cerco con vallas que protegía ese local. Según su relato, que coincide con el de otras tres personas presentes en el lugar, un grupo pequeño de manifestantes arrojó bombas y bolas de pintura roja a los funcionarios, pero la marcha continuó.
Unos 550 metros más adelante, en las afueras de la sede de Colpensiones, apareció un hombre armado, vestido de civil. “Los chicos iban a rayar una pared y salió alguien con un arma en la mano. La gente se le vino encima, entonces el man se escondió en ese edificio. Ahí rayaron todo, pero no se partieron vidrios ni hubo piedras”, contó López, que alcanzó a fotografiar al hombre a las 6:22 p.m. Esa persona no ha sido identificada.
A las 6:40 p.m., la marcha llegó a la sede de McDonald’s de la avenida El Poblado, muy cerca del centro comercial Oviedo. Los videos muestran a encapuchados pintando grafitis en los vidrios y muros, y gritando arengas contra esa multinacional.
Según Daniela y Anderson, esta parada y la de Starbucks se hicieron porque “la gente quería manifestarse contra multinacionales que son parte de ese conglomerado de financiadores de esa campaña de ocupación que lidera Israel en Palestina”.
Cuatro de los testigos de ese momento consultados por El Armadillo coinciden en señalar que los manifestantes arrojaron nuevamente pintura contra el lugar, pero que ninguno de ellos rompió vidrios o agredió a las personas que estaban allí. Una fuente adicional, dijo que vio a algunos de los manifestantes ingresar al restaurante para hablar con gestores de derechos humanos que estaban dentro, y aclaró que ninguna de las personas que entró al lugar estaba encapuchada.
“En McDonald’s había gente comiendo. Había niños, yo misma conté 30, pero también varios hombres adultos que se pusieron muy furiosos e intentaron salir a enfrentarse con los que estaban haciendo sus rayas (grafitis). En ese momento vemos llegar al UNDMO y nos movemos para pedirle a la gente que se devuelva porque en la marcha había muchos adultos mayores”, recuerda Daniela.
Otra persona que documentaba los hechos, y que solicitó mantener la reserva de su identidad por seguridad, contó que estuvo en las afueras del restaurante por casi media hora y que durante ese tiempo no hubo ningún vidrio roto, pero que un grupo de encapuchados sí lanzó pinturas y “vandalizó” la fachada. “Si vi una señora vestida de rojo, que tenía una apariencia de persona en situación de calle lanzándole piedras al McDonald’s y varios manifestantes le decían: ‘Señora, por favor, no’, pero ella no paraba bolas, volvía, cogía piedras y las lanzaba, hasta que la retiraron”, narró.
Con la llegada del UNDMO, la situación escaló. Daniela, Anderson y Andrés coinciden en señalar que alguien alertó sobre la presencia de un hombre con un bate. Como se observa en los videos, esa persona era el concejal Andrés Felipe “el Gury” Rodríguez, del Centro Democrático. Las imágenes analizadas muestran que eran las 7:00 p.m. y que a partir de esa hora comenzó el momento más tenso.
En uno de los videos se escucha la voz de una mujer que le pregunta a Rodríguez por qué usa un bate. “Porque me da la gana y porque puedo, así como ustedes rayan paredes yo voy a defender a Medellín (…) A partir de este momento les declaro la guerra a todos ustedes”, respondió el concejal.
Rodríguez llegó acompañado de tres personas: David Toledo, excandidato al Concejo de Medellín por el movimiento Salvación Nacional, y dos hombres aún no identificados que portaban una bandera amarilla estampada con una serpiente y la frase “Don’t Tread On Me” (No me pisotees). Se trata de la bandera de Gadsden, creada por el militar estadounidense Christopher Gadsden durante la Revolución Americana y hoy asociada a manifestaciones de extrema derecha, como las del asalto al Capitolio de Estados Unidos. También ha sido usada por los seguidores de Javier Milei.
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Los videos muestran cuando uno de los hombres con la bandera Gadsden arenga: “¡Llegó el poder, viva la libertad!”. Segundos después se escucha a otra persona que grita: “¡Que viva el paramilitarismo, que vivan los paracos de Medellín, que viva el Centro Democrático, otra vez Uribe a la presidencia!”. Aunque en redes sociales varias cuentas con miles de seguidores aseguraron que esos gritos provenían del concejal Rodríguez, este video muestra que quien gritó fue otro hombre, vestido con buzo gris, al que el concejal le responde: “¿Quién lo dice, un guerrillero o qué? ¡Guerrillero, guerrillero!”
El grupo avanza y el concejal Rodríguez baja por la calle que separa a McDonald’s del centro comercial Oviedo y continúa los enfrentamientos verbales con otras personas: “A ver pues quién va ser el primero que me va a bravear”, dice primero. Y luego se dirige a un hombre y le grita: “‘¡Me tenés acá! A ver, pues, ¿qué me vas a hacer?, arrancá”. El hombre le responde: “Si yo no le he hecho daño a nadie, ¿por qué le voy a hacer daño a usted?”.
Mientras eso ocurría, sobre la avenida El Poblado algunos de los manifestantes empezaron a devolverse hacia el punto donde inició la marcha pero se encontraron con una especie de cordón humano conformado por el grupo de gestores de seguridad. Los relatos de Anderson y Daniela, y los videos del momento permiten concluir que fue ese el punto en el que el UNDMO comienza a lanzar gases lacrimógenos y granadas aturdidoras.
A las 7:19 p.m. otro de los videos muestra cómo un hombre identificado con el chaleco de la Veeduría AMVA —una organización registrada ante la Personería de Itagüí— es acorralado por más de 10 gestores que lo patean en la cabeza, incluso cuando ya está en el piso pidiendo auxilio. Anderson, que presenció los hechos, contó que al joven le rompieron la nariz. El Armadillo intentó contactar a esa veeduría, pero hasta el momento de publicación de este texto, no había obtenido respuesta.
¿Quiénes son y cómo operan los «gestores de seguridad»?
La línea de tiempo de la violencia que se desató en la marcha del 7 de octubre tiene un protagonista: el grupo de hombres, adscrito a la Secretaría de Seguridad del distrito, que aparecen en los videos vestidos con chaquetas reflectivas azules y verdes con distintivos de la Alcaldía de Medellín. Su nombre oficial es Gestores Operativos de Apoyo a la Seguridad y Convivencia.
En los videos que circulan desde la noche del martes se ve, por ejemplo, cómo uno de ellos arroja una piedra contra una camioneta que acompañaba la marcha. Otro más se quita una correa y la ondea frente a los manifestantes. Y otros golpean en grupo a dos manifestantes; a uno de ellos, ya reducido, lo rodean y le dan patadas en el suelo.
Las acciones de ese grupo motivaron varias publicaciones en redes del presidente Gustavo Petro que, en un trino, dijo que el Gobierno Nacional “debe desmantelar” ese grupo y que es “puro militarismo prohibido por la ley”. En otro, dijo que “el paramilitarismo está prohibido en Colombia” y que se trata “de grupos de acción directa creados por el fascismo en Medellín”.
Por su parte, el alcalde Federico Gutiérrez le dijo a Blu Radio el miércoles que Petro es el responsable de lo que está pasando en las movilizaciones: “Él lo que está haciendo es instrumentalizar a jóvenes para que salgan a las calles a generar violencia y vandalismo alrededor de la causa palestina”.
Pero más allá de la confrontación reiterada entre Petro y Gutiérrez, lo cierto es que las acciones y la participación de ese grupo le suman un nuevo ingrediente a la gestión de la protesta social por parte de los gobiernos, y a la discusión sobre la participación de cuerpos civiles en tareas de seguridad.
La Defensoría del Pueblo publicó un pronunciamiento en el que afirmó que durante esa marcha “se presentaron hechos que podrían calificarse como violaciones a los derechos humanos por parte de integrantes de los equipos de gestores de seguridad y convivencia de la Alcaldía de Medellín”. También pidió “iniciar las investigaciones disciplinarias y penales correspondientes contra los funcionarios que, en ejercicio de sus funciones, hayan podido exceder el marco de sus competencias y deberes”.
¿Pero quiénes son, cómo funciona y quién regula a ese grupo de gestores de Seguridad?
Le enviamos a Manuel Villa, secretario de Seguridad de Medellín, varias preguntas a propósito de ese grupo. Dijo que son contratistas del distrito y, en un documento que nos remitió, confirmó que se trata de civiles y agregó que “la mayoría son personas retiradas de la Fuerza Pública”. Eso, según el secretario, “les aporta experiencia en el manejo de situaciones complejas, conocimiento de procedimientos operativos y criterios de seguridad”.
Pero en su respuesta hay un elemento central: Villa aseguró que “su labor no está orientada al uso de la fuerza ni a funciones policiales” y que, en cambio “su enfoque es preventivo, pedagógico y de mediación, con el propósito de fortalecer la convivencia ciudadana y promover el respeto en el espacio público”.
Sin embargo, los videos y numerosos testimonios sobre lo sucedido el martes exponen que su rol estuvo lejos de ser preventivo, pedagógico o de mediación. También se contradicen con el balance inicial que hizo el propio Villa y que fue retomado por el alcalde Gutiérrez. En una publicación que hizo pasadas las 7:00 p.m. del martes, el secretario afirmó que ese grupo había “impedido actos de vandalismo y afectaciones a la integridad y propiedad de las personas”.
Lo sucedido alrededor de McDonald’s es clave para entender esas versiones. Como mencionamos antes, varios manifestantes se acercaron a ese restaurante que estaba abierto al público y algunos de ellos pintaron vidrios y gritaron arengas dirigidas a ese local. Segundos después se desató el momento más tenso y las agresiones por parte de los gestores que se ven en los videos.
Sin embargo, el relato de la Alcaldía omite esa parte. En un balance más amplio, recogido en un video y remitido a medios de comunicación horas más tarde, Villa aseguró que en ese sector, conocido como La Milla de Oro, “se registraron graves actos de intimidación hacia familias y hacia niños” y que “el ataque en McDonald’s fue uno de los hechos más reprochables (…) los vándalos lanzaron piedras y objetos contundentes contra el establecimiento, amenazaron a las personas que se encontraban adentro y los obligaron a refugiarse”.
Fue ante ese escenario, dijo Villa en el video, que los gestores “actuaron desplegando acciones preventivas de mediación y diálogo para contener los actos de violencia”. Sin embargo, agregó el secretario, “fueron agredidos brutalmente. 10 gestores resultaron lesionados, algunos con heridas en el rostro y otros quemados con sustancias químicas”.
En un recorte de la entrevista de Gutiérrez en Blu, que publicó él mismo en sus redes, el alcalde también se refiere a lo que pasó en ese momento: “Resulta que adentro había familias y había niños y a estas personas les dio por irse a rodear todo el McDonalds, a pintar justamente, como grafitean los vidrios, quebraron uno de esos vidrios, intimidaron a la gente y la instrucción de nosotros es muy clara: la Policía tiene que actuar y proteger a la gente. Pero después salen es a posar. Los que generan temor, los que hacen el vandalismo, posan después de víctimas”.
Ese fragmento de entrevista publicado en las redes del alcalde está acompañado de imágenes en las que aparecen manifestantes pintando vidrios y paredes, se ve también a algunos de ellos alrededor de ese restaurante y a personal de la Alcaldía dentro del local.
Pero en ninguno de los cientos de videos que han circulado hasta el momento se evidencian las “agresiones brutales” que según el secretario sufrieron los gestores. Tampoco, que los manifestantes hayan arrojado piedras contra McDonald’s donde, efectivamente, se encontraban varias familias con niños. Hay, sí, una imagen —compartida por el propio Villa— donde se ve a uno de esos contratistas con su chaqueta cubierta de pintura y otras más publicadas por el concejal Luis Guillermo Vélez (Centro Democrático) donde aparece otra imagen de uno de ellos también cubierto de pintura, otro con una pequeña mancha roja en el cuello y uno más con una herida en el mentón. Vélez afirmó en su trino que la agresión contra esos gestores fue “especialmente cobarde e infame”.
Aunque desde el martes los videos se han reproducido ampliamente, en esa secuencia sobre los hechos construida desde la administración distrital no hay una sola mención a las agresiones cometidas por los gestores de seguridad, pese a que incluso la Personería Distrital ya anunció la apertura de “una indagación previa con el fin de esclarecer los hechos ocurridos el pasado 7 de octubre de 2025, durante el desarrollo de la marcha Pro-Palestina, en la cual se habrían presentado agresiones contra algunos participantes, presuntamente por parte de funcionarios por establecer del Distrito Especial de Medellín”.
Sin embargo, en la respuesta que nos envió, Villa dijo que la labor de ese grupo de gestores “se basa en la anticipación y la prevención, no en la reacción”, que “en ningún caso está contemplado ni autorizado que […] usen la fuerza física” y agregó que “ante las imágenes que circulan en redes y medios sobre los hechos recientes […] ya se inició un proceso de verificación interna para revisar cualquier actuación que se haya salido del marco legal y del protocolo que regula su labor”. (Dé clic en este enlace para acceder al documento con la respuesta completa).
Pero en su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo ofrece elementos que indican que la responsabilidad sobre lo sucedido en la marcha no se reduce a las actuaciones individuales de algunos de esos gestores. La defensora Iris Marín aseguró que esa entidad estuvo en el Puesto de Mando Unificado (PMU) donde recomendó a la Alcaldía “asegurar que los equipos desplegados en terreno actuaran conforme a los mandatos constitucionales y los principios de derechos humanos”.
Marín agregó otro elemento: “Nos preocupó que allí se dieron directrices de disolución de la protesta que, de no ser cumplidas, podrían tener consecuencias en la continuidad de los contratos de los gestores”.
Contactamos nuevamente al secretario Villa para preguntarle sobre esas órdenes que de acuerdo con la Defensoría del Pueblo surgieron del PMU y sobre las consecuencias que tendría no acatarlas, pero al momento de publicar este informe, no había respondido a esa pregunta.
