Proyecto Cali Inside Deutsche Bank

Los pagos a la industria del sexo virtual en Colombia que el Deutsche Bank no vigiló

Por El Armadillo

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18 de noviembre de 2026

El Deutsche Bank dejó pasar millonarias transacciones hacia Colombia sin alertar a las autoridades, lo que según su propia investigación interna implica que podría haber sido instrumental para permitir lavado de activos, trata de personas y explotación, entre otros delitos. Los monitores externos del banco hicieron ver que el gigante alemán estaba repitiendo los errores del caso Epstein, por el que fue multado y debió indemnizar a víctimas. En Colombia, las mujeres que trabajan como modelos webcam fueron algunas de las principales destinatarias de los fondos.

Por Francisca Skoknic y María Fernanda Cruz

Reporteo adicional: Andrea Rincón y Tatiana Antolinez (Cuestión Pública), Juan David Ortiz y Vanessa Restrepo (El Armadillo), María Teresa Ronderos, Pablo Medina, Andrés Bermúdez (CLIP), Maria Christoph (paper trail media), Hans Koberstein y Patricia Díaz (ZDF), Timo Schober (Der Spiegel) y Cynthia O’Murchu (Financial Times).


Cuando en 2020 los abogados estadounidenses Lee Wolosky y Dawn Smalls comenzaron su tarea de monitorear el comportamiento del Deutsche Bank (DB), las lecciones del caso Epstein aún estaban frescas. El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (DFS) había multado a ese banco por canalizar fondos del depredador sexual Jeffrey Epstein, y estos monitores externos estaban haciendo seguimiento de las mejoras implementadas por los directivos del DB. 

Los abogados, que luego se sumaron al bufete Jenner & Block, debían verificar, entre otras cosas, que el banco alemán hubiera tomado los resguardos para evitar ser piezas instrumentales de acciones que encubrieran abusos. Y lo que encontraron fue todo lo contrario: “Al igual que en el caso de Epstein, el personal del banco no mostró inicialmente mucho interés en la posibilidad de que se estuviera produciendo trata y explotación de personas adultas”.

Se referían específicamente a una investigación interna que hizo el banco —y que bautizó Proyecto Cali— sobre transacciones canalizadas hacia Colombia y en las que operó como banco corresponsal, es decir, como intermediario de transacciones internacionales. Se suponía que debía aumentar sus controles en su función como banco corresponsal, pero los hallazgos del propio banco dieron cuenta de la falta de supervisión interna.

El llamado Proyecto Cali nació luego de una orden del regulador alemán, BAFIN, que buscaba identificar aquellos países donde el Deutsche Bank intermediaba más de la mitad del mercado de banca corresponsal en euros o dólares. El DB descubrió que tenía entre el 60% y el 80% del mercado de transferencias de euros en Colombia. Se analizaron entonces las operaciones del año 2019: 171 mil transacciones hacia 9 bancos colombianos por una suma superior a los 20 mil millones de euros. 

Las alarmas se encendieron al notar que ese año se habían emitido menos de diez reportes de operaciones sospechosas (ROS o SARs, por su nombre en inglés) a Estados Unidos y ninguno a Alemania durante ese período, pese a que el banco mismo consideraba a Colombia como un país de alto riesgo por el narcotráfico: según in informe del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) de 2018, el 5,4% del PIB colombiano provenía del lavado de dinero, fruto de la exportacion de cocaina.

Tras ese primer hallazgo, sólo a partir del análisis retroactivo de una muestra de 4.800 operaciones hacia Colombia (de las 171 mil) se emitieron 230 ROS.

Los reportes de los monitores y los archivos internos sobre el Proyecto Cali fueron obtenidos* a partir de una filtración de más de 15 millones de documentos del banco alemán que forman parte de una investigación colaborativa internacional liderada por Barracuda Media y coordinada en América Latina junto al Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP). Los documentos muestran que las operaciones sospechosas que en su momento no fueron reportadas despertaron el temor de que escondieran delitos graves: “el Proyecto Cali pone de manifiesto deficiencias en los controles del banco y en su sensibilidad a los riesgos, incluida la posibilidad de que se produzcan casos de trata de personas y explotación”, dice un informe de los monitores.

Un grupo de operaciones que detectaron los investigadores internos del banco contenía cientos de transferencia a mujeres colombianas vinculadas al entretenimiento adulto. Para los monitores, estos giros ponían en evidencia que el banco no había aprendido las lecciones del caso Epstein y recordaban los hallazgos del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York, cuando dijo que “a lo largo de la relación (entre Epstein y el DB), muy pocas transacciones problemáticas fueron cuestionadas, y cuando lo fueron, usualmente se dejaron pasar sin explicaciones satisfactorias”. Para estos abogados externos, el Proyecto Cali revelaba falencias similares en los controles del banco.

Portada del informe final de los monitores externos del Deutsche Bank en Nueva York.

Ante la gran cantidad de operaciones que no habían levantado alertas, en su investigación interna el banco buscó patrones de transacciones que pudieran esconder ilícitos. Por ejemplo, múltiples transferencias de montos pequeños, como aquellos girados a las mujeres colombianas, o rutas con dineros pasando por paraísos fiscales o cantidades demasiado grandes en comparación con el movimiento regular de una cuenta. Como resultado, los funcionarios a cargo de Proyecto Cali identificaron 41 personas y empresas de interés porque sus operaciones despertaban sospechas.  El Deutsche Bank finalmente impidió a muchas de estas realizar cualquier tipo de transacción a través de sus cuentas corresponsales. 

En una respuesta por escrito, el banco definió al Proyecto Cali como “una revisión histórica que condujo a medidas correctivas específicas y a una reevaluación más amplia de los riesgos de delitos financieros en todo el portafolio de banca corresponsal de Deutsche Bank”. Sobre su negocio como corresponsal bancario, la entidad añadió: “En la última década, Deutsche Bank ha reducido sustancialmente su perfil de riesgo en este negocio, incluyendo la salida de clientes y países de alto riesgo. Al mismo tiempo, el banco ha fortalecido significativamente sus controles y conocimientos especializados en materia de delitos financieros en las primeras y segundas líneas de defensa, para gestionar el riesgo de delitos financieros inherentemente elevado en la banca corresponsal, mediante inversiones sustanciales.”

La ruta del entretenimiento para adultos

Un tipo de operación que explica la analogía con el caso Epstein fue la detección de múltiples transferencias a mujeres colombianas por cantidades relativamente pequeñas. Tanto los informes internos como los de los monitores externos describen las actividades que esas mujeres realizan con el eufemismo de “entretenimiento para adultos” y alertan de los riesgos de dejar que los pagos a estas mujeres fluyeran sin levantar alertas: “Los pagos del Proyecto Cali se destinaron a un gran número de clientas particulares de los bancos colombianos provenientes de al menos una empresa que opera en la industria del entretenimiento para adultos, lo que podría ser un indicio de trata o explotación de mujeres de cualquier edad”, explica una nota de un reporte de los monitores del banco de septiembre de 2020, que critica duramente la labor del banco con respecto a transacciones en Colombia.

Informe interno de Deutsche Bank que explica la inclusión de Shoshoro entre las entidades sospechosas

Una empresa que cumple la descripción de los monitores y se encuentra en los documentos del banco es Shoshoro N.V. Está basada en Curacao, y opera la popular XLoveCam, una plataforma que transmite videos de las llamadas modelos webcam: mujeres que realizan actuaciones de connotación sexual ante una cámara que transmite en directo.

Shoshoro es la empresa detrás de la plataforma de modelos webcam XLoveCam.

Colombia es hoy uno de los países con más modelos web del mundo. Mauricio Rubiano, coordinador nacional de la Federación Nacional de Comercio Electrónico para Adultos (Fenalweb), calcula que ese sector factura unos US$700 millones anuales.  Además de las plataformas y las modelos, esa actividad económica está compuesta también por estudios locales que intermedian entre ambos y proveen la infraestructura para realizar las transmisiones.

Se trata de un negocio que da trabajo a decenas de miles de mujeres en Colombia (reportes de prensa hablan de que son más de 150 mil), pero tal como sospecharon los monitores del banco, las condiciones en que operaba exponía al DB a riesgos reputacionales y regulatorios.

En 2024, Human Rights Watch (HRW) publicó un estudio sobre las condiciones en que trabajan muchas de las modelos webcam en Colombia, revelando graves abusos laborales, sexuales y falta de condiciones sanitarias mínimas (mala ventilación, presencia de fluidos corporales, falta de productos de limpieza, etc). También confirmó uno de los temores de los monitores del banco: que existen menores de edad que realizan esta actividad. De hecho, HRW entrevistó a mujeres que habían empezado a ser modelos web-cam siendo menores de edad. «Cuando empecé, dos de nosotras éramos menores de edad con una tarjeta falsa. La plataforma se dio cuenta dos años después y nuestras cuentas [a nombre de otras personas] fueron bloqueadas”. Como reveló este testimonio, las plataformas tienen reglas que prohíben contratar a adolescentes, pero a veces quienes las contratan falsifican identificaciones o suplantan a otras personas.

Según los datos recabados por HRW, las plataformas se quedan con entre el 50% y el 65% de lo que pagan los clientes, mientras los estudios recortan entre el 35% y el 70% de lo que queda, con lo cual la proporción que reciben las modelos es mínima. Es decir, si por ejemplo, un cliente pagara 100 dólares por los servicios de modelo webcam, de eso la plataforma se puede quedar con 58 en promedio, y de los 42 que queden, el estudio puede sacar hasta 29, y a la modelo le pueden quedar a veces sólo 13. (ver estudio)

Portada del estudio de Human Rights Watch.

Aunque Shoshoro fue la empresa utilizada por el Deutsche Bank en el Proyecto Cali como ejemplo por su volumen de transacciones, el tipo de negocio y el perfil de las destinatarias del dinero, no existen pruebas en la filtración de que los investigadores hayan constatado efectivamente que esta empresas fuera responsable de algún tipo concreto de explotación, trata de personas o uso de menores.  Shoshoro fue contactada por reporteros de esta alianza a través de un correo electrónico el 12 de octubre pasado, pero no recibimos respuesta.

Las operaciones detectadas cifran en más de un millón de dólares los pagos enviados por Shoshoro a Colombia durante 2019. La cifra contrasta con la queja común entre modelos y estudios colombianos de que el sistema financiero local obstaculiza las transacciones del sector, al punto de impedirles a veces tener cuentas bancarias. Sin embargo, casi todas las transferencias detectadas por el Proyecto Cali —incluyendo las de Shoshoro— se realizaron a bancos colombianos, siendo Bancolombia, el más grande del país, el que más transferencias recibió.

Número de transferencias que recibieron instituciones financieras colombianas a través de Deutsche Bank en 2019. Elaboración propia a partir de un documento interno de DB.

“Bancolombia está sujeto a sus obligaciones legales en materia de reserva bancaria, confidencialidad y protección de la información. En consecuencia, Bancolombia no puede pronunciarse sobre la existencia o el contenido de reportes de operaciones sospechosas, sobre relaciones o circunstancias específicas de sus clientes, ni sobre ninguna información sujeta a deberes de reserva o confidencialidad”, respondió el banco más grande de Colombia a una consulta por escrito. 

En octubre pasado también se enviaron preguntas a las otras ocho instituciones financieras que son clientes de Deutsche Bank en Colombia y sólo cuatro contestaron (dos de ellos se fusionaron después de 2019). En general no respondieron preguntas específicas, dijeron que no podían referirse a clientes por las normas de reserva bancaria (que, en efecto, los rigen) y detallaron sus protocolos de cumplimiento normativo y anti-lavado de activos (puede leer las respuestas adjuntas al final de este reportaje). 

(Lee también: Las transacciones de la familia dueña de Arquitectura y Concreto que activaron las alertas del Deutsche Bank)

La excepción fue el banco Itaú Colombia (ex Itaú Corpbanca), que se refirió a DEK-CO, una de las plataformas de pago electrónicas detectadas por el Proyecto Cali porque envió transferencias a Colombia: “Con anterioridad a cualquier consulta de Deutsche Bank, las operaciones que involucraban a la pasarela de pago habían sido identificadas a través de nuestro proceso de monitoreo y contaron con la aplicación integral de los procedimientos relacionados a prevención de lavado de activos, incluyendo el cierre de cuentas.”

Además, el Itaú confirmó las reticencias del sector bancario de operar con el sector del modelaje webcam: “Itaú Colombia no opera con el segmento de webcam ni con entretenimiento para adultos. Estas actividades no forman parte de nuestro mercado objetivo y están completamente excluidas de nuestra operación por estar fuera de nuestro apetito de riesgo y de las políticas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.”

En una respuesta por escrito, la directora Financiera y de Riesgo de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), Liz Marcela Bejarano, explicó que la Federación Nacional de Comercio Electrónico para Adultos (Fenalweb) se acercó a ellos en busca de una mayor inclusión financiera y que la respuesta fue sugerirles que intentaran gestionar un código de actividad económica (Clasificación Industrial Internacional Uniforme, CIIU) ante las autoridades. “Esto permitiría identificar la actividad de manera diferenciada y facilitaría la generación de información sobre los recursos que se movilizan a través de ella, así como la evaluación de su dimensión e incidencia en la economía y su eventual participación en el PIB”, dijo Bejarano.

Sólo hasta agosto de este año, el sector de los estudios y el modelaje web obtuvo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) un código CIIU que se acerca a lo que hacen: Actividades de transmisión de contenido audiovisual en vivo. 

Reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) sobre la inclusión de un número de Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) que se ajuste al negocio del modelaje webcam. Agosto 2026.

Según Mauricio Rubiano, coordinador institucional de Fenalweb, mientras no les dieron el CIIU el Estado mandaba el mensaje de que no existía un marco regulatorio que permitiera investigar si podía haber lavado de activos o hacer seguimiento a otros posibles delitos. “Si una actividad no tiene CIIU, es una actividad sospechosa”, dijo un directivo bancario que habló con esta alianza bajo reserva de identidad.

Rubiano asegura que si bien hay instituciones financieras que hacen negocios con ellos en privado, ninguna lo reconoce en público. En la práctica, explica, las modelos tienen que trabajar con billeteras virtuales o monetizadoras (que transforman las “tokens” o fichas con que les pagan las plataformas en pesos colombianos) para recibir sus pagos, porque los bancos a veces bloquean miles de transferencias de una vez, haciendo el negocio demasiado incierto.   

El tema parece preocupar también a la industria financiera, al punto que en 2024 la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) invitó a su congreso anual a una modelo webcam a hablar de cómo funciona ese sector económico.

En la página web de Fenalweb se cita una presentación hecha en un evento de 2022 por una ejecutiva de la Asobancaria, quien señala que para industrias como la del entreteniendo de adultos “la normatividad internacional exige una debida diligencia ampliada, es decir, se debe hacer un estudio más profundo de esa actividad comercial a la cual se dedica el cliente”, pues existen riesgos de producción de material sexual con menores, trata de personas, falta de consentimiento de las modelos y lavado de activos. “En caso de que se materialice alguno de los riesgos previstos, el banco no quisiera quedar bloqueado, ante los bancos internacionales, por tener negocios con un estudio que no cuente con la debida diligencia realizada”, concluye la representante de Asobancaria.

Se refiere a los bancos corresponsales, como el Deutsche Bank, que confían en los bancos locales para intermediar sus operaciones. El corresponsal no tiene contacto con la persona que envía ni con la recibe el dinero, pero sí accede a sus datos contenidos en registro de la transacción (identidades, dirección, número de cuenta de cada uno, además de la información sobre la transferencia misma). En este caso los bancos colombianos son clientes del DB, que como banco corresponsal debe aplicarles el estándar Know Your Customer (KYC) o conoce a tu cliente. Eso significa conocer sus protocolos e incluso a veces visitarlos presencialmente. Además, el corresponsal debe chequear listas de países o personas sancionadas y verificar que la transacción no corresponda con un patrón típico de lavado de activos u otro a otro delito identificable con la información disponible. “Los bancos corresponsales a menudo hacen preguntas sobre operaciones puntuales o sobre un cliente, eso es normal”, explica un ex oficial de cumplimiento de entidades financieras colombianas que habló con esta alianza.

El informe de los monitores estadounidenses manifiesta su preocupación porque el Deutsche Bank no implementó controles provisionales en sus interacciones con los bancos colombianos para prevenir o identificar transacciones sospechosas, notando que es “otro paralelo con el caso Epstein”.  Sin embargo, en otro punto destaca la colaboración del Deutsche Bank con los bancos colombianos, luego del Proyecto Cali, en cuanto a las regulaciones locales para disminuir la trata de personas, como por ejemplo, las restricciones para que menores de edad puedan hacer transacciones internacionales. 

En el caso de Shoshoro, uno de los documentos internos del banco señala que, tras el Proyecto Cali, Bancolombia puso a la empresa en su filtro para transacciones, pero no está claro si todas las operaciones sospechosas fueron informadas por el Deutsche Bank a todos los bancos colombianos.  Esta alianza periodística envió dos detallados cuestionarios al Deutsche Bank el 1 y el 19 de octubre pasados por correo electrónico. Sobre el Proyecto Cali, el banco respondió de manera general. Acerca de la forma en que se reportaron las operaciones sospechosas, afirmó que “las decisiones sobre la presentación de informes de actividad sospechosa están regidas por los requisitos legales y de confidencialidad específicos de cada jurisdicción, por lo que no podemos comentar informes individuales, transacciones, entidades o contrapartes”.

Tampoco fue posible saber si los bancos colombianos enviaron, a su vez, un reporte de operación sospechosa (ROS) sobre estas transacciones a la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia, pues están obligados por ley a mantener reserva sobre las operaciones reportadas. 

No puede descartarse que algunas operaciones hayan sido reportadas oportunamente en Colombia, pero esa información es confidencial. Enviar ROS de alguna forma protege a los bancos de posibles sanciones y también su reputación, si estallara algún escándalo.  La UIAF recibe unos 3 mil ROS al mes, según sostuvo a esta alianza una fuente del organismo que pidió no ser identificada. Una vez recibe un ROS, la UIAF, a su vez, debe encontrar patrones de actividades sospechosas, y si los encuentra, enviarlos a la Fiscalía que asume el proceso judicial.

Como explica un ex oficial de cumplimiento de un banco local, en Colombia el llamado “pitufeo” o división de grandes montos en pequeñas transacciones suele ser una señal de alerta de lavado de activos y los bancos colombianos pueden perder sus cuentas en el exterior o ser sancionados si no los detectan. Los miles de pequeños pagos a mujeres pudieron ser percibidos como “pitufeo” y reportados, o simplemente bloqueados por estar ligados al negocio de las modelos webcam.

En el caso de Bancolombia, el que concentró la mayor cantidad de operaciones detectadas por el Proyecto Cali, existe en la filtración una minuta de una reunión interna del Deutsche Bank que señala que Bancolombia no figura como emisor de las transacciones sino que sólo como receptor de dinero, y que en muchos casos las rechazó. “Como parte de las revisiones y discusiones del Proyecto Cali, Bancolombia ha sido muy abierto y transparente”, dice el documento, citando a un ejecutivo del DB.

Relaciones peligrosas

El análisis de los documentos internos del banco revela que otras operaciones cuestionadas por el origen de la transacción también estaban vinculadas al sector del modelaje web. Es el caso de DEK-CO UK Limited, una empresa de servicios monetarios (MSB, por su sigla en inglés), es decir, una plataforma electrónica para la transferencia de fondos. Domiciliada en Londres hasta abril de 2024, luego de cesar operaciones tras restricciones impuestas por la Financial Conduct Authority (FCA), DEK-CO es propiedad del ruso-estadounidense Anton Postolnikov.

Postolnikov es también uno de los dueños del Paxum Bank, una entidad financiera activa en las operaciones vinculadas al comercio sexual online. En Colombia son los principales auspiciadores de uno de los eventos de estudios de modelos webcam, Community Update, y participan con un stand propio en Lalexpo, su mayor conferencia.

Según una investigación de ICIJ, Paxum fue usado para el negocio de webcam para adultos de los hermanos Tate. Actualmente detenidos en Florida esperando su extradición a Reino Unido, estos hermanos han sido acusados, entre otras cosas, de trata de personas y de forzar a las modelos a ejecutar actos sexuales en cámara, cargos que niegan. Postolnikov, por su parte, fue investigado en Estados Unidos tras realizar un préstamo de US$8 millones para salvar a Trump Media y se sospechaba que había utilizado información privilegiada de esa compañía, pero no se presentaron cargos en su contra.

Documento interno de DB detalle las “red flags” o alertas que levantaron las características de DEK-CO y sus operaciones cuando se inició el Proyecto Cali.

En su investigación Proyecto Cali, funcionarios del DB encontraron que durante seis meses de 2019, DEk-CO realizó 2.158 transacciones por 8,4 millones de euros que se originaron en el Wirecard Bank alemán y pasaron por el Deutsche Bank como banco corresponsal.

En la primera fase de la investigación del Proyecto Cali, el DB identificó que el 99,5% de las transferencias explicaban el origen del dinero como “fondos propios”, lo que levantó sus sospechas, pues creyeron que las transacciones podrían estar beneficiando a carteles de la droga colombianos. Los temores de vínculos con el narcotráfico se acrecentaban, entre otros factores, porque DEK-CO había aumentado sus activos en 445% en un año.

La ruta de las transacciones de DEK-CO hacia los bancos colombianos via Wirecard. Elaboración propia a partir de un diagrama de un documento interno de Deutsche Bank.

Otro reporte interno identifica a una de las destinatarias de esos fondos, la colombiana Ivonne Puentes, quien recibió 38 pagos por más de US$400 mil en total. En los documentos oficiales de Villavicencio —una ciudad de unos 500 mil habitantes al oriente de Colombia—, Puentes figura como propietaria de los estudios para modelos webcam Ladiesroom. 

Contactada por esta alianza, la empresaria explicó que ya no es dueña Ladiesroom, por lo tanto no tiene acceso a los registros antiguos y no puede verificar los montos. Y aunque no conoce el nombre de DEK-CO, relató que algunas plataformas con las que trabajaba utilizaban Paxum (que comparte propietario con DEK-CO) para pagarle a las modelos. “Los pagos gestionados correspondían a ingresos obtenidos por cientos de modelos vinculadas a distintos estudios y lugares. Mi función consistía en ayudar a gestionar la recepción de esos recursos y canalizarlos para pagarles a las modelos. Mi remuneración era una comisión pactada con cada estudio”, explicó. 

Puentes se lamentó de que su paso por la industria le bloqueó el acceso a los bancos: “Desde que dejé la actividad, he enfrentado restricciones para acceder a servicios financieros. Según la información que se me ha comunicado, existe un reporte o señalamiento relacionado con controles de riesgo SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo), y actualmente no puedo utilizar productos bancarios”

Después del Proyecto Cali, DEK-CO constituyó una filial en Pereira en 2020 y en 2023 sumó otra nueva en Bogotá. Los documentos presentados ante la cámara de comercio de la capital colombiana muestran a Postolnikov como el único accionista. La filial de Pereira cerró en 2025 y un año antes, la de Bogotá había sido vendida a Adamo SAS.

El representante legal de DEK-CO en Colombia, Erick Rincón,  era también el representante legal de Adamo. Los documentos de la Cámara de Comercio muestran que Rincón firmó por ambas empresas durante la compraventa, aunque él explicó a esta alianza que eso se hizo para cumplir requerimientos formales, pero mostró un documento de la venta  con firma digital del representante de la empresa en Reino Unido. Rincón aseguró que sólo era el abogado de ambas empresas, sin participación en el negocio.

Esta alianza envió detallados cuestionarios a DEK-CO y a Postolnikov, los que fueron respondidos por un abogado de manera general. A través de una carta, Eberhard Stabreit explicó que por la normativa de protección de datos no pueden responder preguntas específicas, aunque sí señaló que nunca fueron notificados de que Deutsche Bank había hecho una investigación interna. Negó que su cliente haya estado involucrado en transacciones ilegales.

La única caleña

Skayenz SAS es una de las sociedades cuyas operaciones fueron restringidas por el Deutsche Bank luego de la investigación interna Proyecto Cali. Se trata de la única empresa individualizada en la filtración que efectivamente está domiciliada en Cali. Según explica una nota en el reporte de los monitores basado en información del banco, pese a registrar ingresos anuales por apenas US$169 mil en 2019, recibió 11 transferencias por US$29 millones ese año. Además, de acuerdo con los registros de la Cámara de Comercio de Cali, la empresa se había constituido recién en octubre de ese año. 

Oficialmente su rubro son los “servicios tecnológicos, de administración de redes y publicidad”, pero su constitución presenta un vínculo con una empresa ligada al modelaje webcam. En el recibo de la inscripción de la empresa, se aprecia que el trámite fue realizado por TWL Group International SAS, parte del conglomerado de empresas de Juan Carlos Rivera, el fallecido propietario de la cadena de estudios de modelos webcam AJ Studios y de la empresa que les presta soporte, The Webcam Lab (TWL).

Recibo de la inscripción de Skayenz SAS en la Cámara de Comercio de Cali.

Héctor Patiño, la persona que figura como el único dueño al momento de la creación de Skayenz, negó que ésta haya tenido alguna relación de propiedad con TWL o que se dedicara a los estudios webcam, aunque él sí participaba de un estudio de manera personal. Explicó que Skayenz nació como una Fintech que intermediaba pagos para personas no bancarizadas, lo que podía incluir a modelos webcam, entre otros. “Skayenz en absoluto estaba cerrada a prestar servicios de procesamiento de pagos a personas o empresas vinculadas con este sector”, agregó en otro apartado de su respuesta por escrito.

Respecto al documento que señala que TWL hizo las gestiones de constitución de Skayenz, Patiño cree que se debe a que tenía los mismos asesores para la creación de sociedades que The Webcam Lab (TWL), la que además compartía oficinas con dichos asesores. Dijo que la relación con TWL era comercial, lo que coincide con la respuesta recibida desde esa empresa.

Patiño dijo no tener acceso a documentos que permitan explicar la transferencia de US$ 29 millones detectados por el Deutsche Bank, pero puso el acento en que los dineros recibidos desde plataformas internacionales eran destinados a terceros, no ingresos de la empresa. 

La respuesta de Patiño a las preguntas de esta alianza revela un nuevo dato: en el modelo de negocios de Skayenz, DEK-CO jugaba un rol fundamental como el originador de los pagos. “Skayenz desarrolló una integración comercial y tecnológica con DEK-CO (UK) Limited, empresa británica dedicada a servicios de pago y vinculada a la operación bajo la marca comercial Paxum”. Patiño defendió esa relación, porque era una “empresa británica que contaba con autorización de su autoridad financiera para prestar servicios de pago, además de documentación de cumplimiento y procedimientos de debida diligencia.” Actualmente Paxum es uno de los sistemas de pagos que usan muchas plataformas para modelos webcams, como XloveCam.

Patiño vendió Skayenz poco después de su creación. Otro de sus dueños fue Darío Sánchez González, presidente de la Asociación Colombiana de Entretenimiento de Adultos (Asocea), la que fundó junto a Juan Carlos Rivera, quien fuera su vicepresidente. Sánchez fue, además, el contador histórico del grupo AJ y socio de Rivera en la sociedad panameña Technology Services, según el Registro Público de Panamá. Sin embargo, contactado para este reportaje, Darío Sánchez negó que Skayenz tuviera relación con el modelaje web o con AJ Studios, y aseguró que la empresa estaba inactiva hace tiempo.

Acta de constitución de Tecnology Services S.A. en Panamá en septiembre de 2018, con Juan Carlos Rivera y Darío Sánchez como únicos accionistas.

Según los documentos registrados en la Cámara de Comercio de Cali, el dueño actual de Skayenz es Leonardo Estrada Hernández, quien también figura como dueño de TWL Group International SAS, la misma firma que aparece en la creación de Skayenz en 2019. Esta alianza intentó contactarlo sin éxito en los teléfonos de la compañía y aunque en un número vinculado a una fundación de la familia Rivera nos dijeron que mandáramos las preguntas para Estrada, finalmente sólo enviaron las respuestas de Anthony Rivera (el hijo de Juan Carlos) y dijeron no tener relación con Estrada, Skayenz, ni TWL.

Parte de las preguntas enviadas a Anthony Rivera buscaba entender los vínculos y la propiedad de las distintas empresas del grupo. Su padre y fundador del holding, Juan Carlos Rivera, murió en un accidente náutico en noviembre de 2025, y los registros comerciales mostraban que tras su fallecimiento había habido cambios. Sin embargo, la respuestas del hijo poco aclararon. “Estas estructuras han cambiado con el tiempo, como sucede en cualquier sector en constante evolución. Algunas sociedades cumplieron funciones específicas en determinadas etapas, mientras que otras desarrollaron nuevas líneas de negocio”, fue una de sus explicaciones.

Otra de las preguntas para Anthony Rivera tenía que ver con documentos a los que tuvo acceso Cuestión Pública —aliado de esta investigación—, que dan cuenta de que en 2020 la UIAF consideró que Juan Carlos Rivera y sus empresas habrían utilizado sociedades inactivas y simulado pagos a modelos, lo que podría constituir lavado de activos. La entidad habría remitido los antecedentes a la Fiscalía, donde la causa figura en etapa indagatoria aún.

El informe de inteligencia financiera 9473 de la UIAF —contenido en la filtración de correos de la Fiscalía colombiana que dio origen a NarcoFiles, un proyecto coodinado por OCCRP en 2023— analiza transferencias desde Estados Unidos a Colombia por parte de AJ Investments (Ver reportaje de Cuestión Pública).

Anthony Rivera dijo desconocer que existiera esa indagatoria y rechazó cualquier vinculación con lavado de activos. “Las empresas han desarrollado actividades comerciales dentro de una industria que durante años ha enfrentado dificultades para acceder al sistema financiero. Que algunas sociedades hayan cambiado de actividad, modificado su estructura o dejado de operar no significa que hayan sido utilizadas para cometer irregularidades”, enfatizó.

Sospechosos improbables

No todas las transacciones cuestionadas tenían que ver con entretenimiento para adultos. También hubo operaciones que deberían haber despertado sospechas desde un inicio por utilizar rutas inusuales. Destacaban ahí unos sospechosos improbables: una pareja mayor de Medellín, Enoris Restrepo y Humberto Martínez; ella columnista de un diario local, él un respetado médico.

Los Martínez Restrepo utilizaron una sociedad panameña que había aparecido en los Panama Papers, llamada Dale Trading, para mover más de US$18 millones de Panamá a Suiza y de Suiza a Colombia hacia las cuentas personales de la pareja y a una sociedad familiar llamada Venlijuf Martínez y CIA. (Aparecer en los Panamá Papers no implica en sí mismo ninguna ilegalidad).

Dale Trading S.A. figura entre los documentos de Panama Papers, según la plataforma Offshore Leaks del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Para los analistas del DB, estas transacciones tenían múltiples elementos para considerarlas sospechosas: un alto monto de dinero, un flujo de pago inusual, involucraba un paraíso fiscal, incluía una empresa de papel creada por el bufete panameño Mossack Fonseca, y era protagonizada por una persona a la que consideraron políticamente expuesta o periodista.

No hay una explicación clara para estas transferencias o para el origen de los fondos, pero esta investigación encontró una red de sociedades en paraísos fiscales vinculadas a la pareja y a sus hijos, en especial a Francisco Martínez Restrepo, un conocido empresario de la construcción antioqueño (ver reportaje de El Armadillo).

Ver las cartas de respuestas de personas y empresas mencionadas:

Ver las cartas de respuestas de las instituciones financieras mencionadas:


Inside Deutsche Bank
“Inside Deutsche Bank” es una investigación transnacional que nació a partir de la filtración de más de 15 millones de documentos del banco alemán. Fue liderada por Barracuda Media y coordinada en América Latina junto al Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), con 56 medios aliados en 53 países. En Latinoamérica colaboraron Armando.info (Venezuela), Concolón (Panamá), IDL-Reporteros (Perú), El Universal (México), No Ficción (Guatemala), Cuestión Pública y El Armadillo (Colombia), Agencia Pública (Brasil) y La Nación (Argentina). Revisión legal: El Veinte.

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