La mesa de paz urbana del Valle de Aburrá anunció un “acuerdo condicionado”, ambientado poco antes por la renuncia a su vocería de Freiner Alonso Ramírez, alias Carlos Pesebre. Aunque el vocero aseguró que las conversaciones de la cárcel de Itagüí están en un punto muerto, la delegación del Gobierno lo contradice. Averiguamos sobre el significado de lo acordado y las disputas que lo anteceden.
La rueda de prensa que convocó el pasado 9 de febrero la mesa de paz urbana del Valle de Aburrá fue citada a última hora y pocos medios alcanzaron a llegar hasta la cárcel de Itagüí, donde están recluidos los voceros de las estructuras criminales que participan de los diálogos. La declaración la encabezó la senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, que coordina la delegación del gobierno en esas conversaciones desde noviembre de 2024.
Aunque la convocatoria a periodistas que circuló poco antes de las 8:00 a.m. de ese lunes —y citaba para las 9:00 a.m.— no anticipaba el tema, el interés estaba amplificado por una carta filtrada apenas unas horas antes. En ese documento, con fecha del 31 de enero, Freiner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre, le anunciaba a Otty Patiño, Consejero Comisionado para la Paz del Gobierno Nacional, su decisión de renunciar a la vocería en esa mesa de diálogo que ejercía desde hace tres años.
Ese jefe mafioso, líder de la estructura criminal de Los Pesebreros o Robledo, en la ladera occidental de Medellín, decía que las conversaciones se encuentran “en un punto muerto”, que el proceso sufre “una informalidad persistente”, es conducido con “improvisación” y que, pese a algunos avances tangibles —como la reducción de homicidios en el Valle de Aburrá que atribuyó a los diálogos— las expectativas generadas han llevado a la pérdida de credibilidad sobre ese espacio.
Entonces, que los voceros y la delegación del gobierno decidieran hablar ante los medios justo después de esa carta tenía toda la apariencia de una contención de daños. Y aunque todas las fuentes con las que hablamos coinciden en que así fue, hay otros detalles que explican las razones y los alcances del anuncio que hizo la mesa ese día sobre lo que llamaron un “acuerdo condicionado de paz urbana para Medellín y el Valle de Aburrá”.
Un proceso irreversible, pero…
El acuerdo que fue anunciado el lunes con un documento de una página tiene dos elementos clave. El primero es que declara el compromiso de las partes que participan del Espacio de Conversación Sociojurídico de llegar a una fase de irreversibilidad del proceso de paz urbana. El segundo que, como queda claro desde el título, se trata de un “acuerdo condicionado”. Según nos dijo la senadora Isabel Zuleta, la intención de blindar el proceso para que sea irreversible es una instrucción que, desde 2025, recibieron de la Presidencia de la República y la Oficina del Consejero Comisionado de Paz todas las delegaciones que participan en los diálogos de la “paz total”.
La senadora Isabel Zuleta rodeada de los voceros de las estructuras armadas durante el anuncio de acuerdo condicionado. Foto: Consejería Comisionada de Paz.
El propósito, agregó, es lograr los mayores avances posibles antes del cambio de gobierno e incluso garantizar la firma por parte del presidente Gustavo Petro para así ratificar que se trata de un acuerdo de Estado, independientemente de quién gane las elecciones. Pero eso, dijo la coordinadora de la delegación del Gobierno, exigió que cada una de las mesas de paz urbana que avanzan en Buenaventura, Quibdó y Medellín explorara diferentes alternativas: “El medidor en lo rural son los ZUT (Zonas de Ubicación Temporal), pero eso en lo urbano no aplica. Cada mesa presentó una propuesta que no fue unificada porque cada una tiene su propia complejidad”.
En lo rural, la idea del Gobierno es que esa Zonas de Ubicación actúen como un indicador de avance, que la concentración de los grupos armados para comenzar la transición de sus integrantes a la vida civil legitime el proceso ante la sociedad y que eso sirva como un blindaje ante la oposición política a los acuerdos. Sin embargo, ese modelo es impensable en el caso de los procesos urbanos porque los integrantes de las estructuras criminales no pueden concentrarse en un barrio o trasladarse a una finca fuera de las ciudades.
Aunque dijo que por la confidencialidad de la mesa no puede entrar en detalles sobre los elementos que construyen ese acuerdo para hacer irreversible el proceso, Zuleta sí aclaró que el documento firmado el 9 de febrero es parte de un conjunto más amplio de acciones. Algunas de ellas, explicó, apuntan a que los acuerdos previos sobre “hechos de paz” puntuales para desescalar las violencias —como el piloto de no extorsión y los acuerdos de no confrontación entre estructuras— se transformen en esta nueva etapa en un acuerdo general. Ese acuerdo es el que, esperan, pueda quedar firmado antes del 7 de agosto.
El segundo punto clave tiene que ver con la idea de que lo anunciado la semana anterior es un acuerdo “condicionado”. El documento afirma que el tránsito a la vida civil de los integrantes de las estructuras armadas depende de que el Congreso atienda lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia 525 de 2023. En ese fallo, la Corte dijo que ese marco jurídico es potestad del legislador y le ordenó tramitar las leyes necesarias para establecer los términos para el sometimiento a la justicia de quienes hacen parte de estas organizaciones.
Esto implica un cambio en el orden de los factores pues hasta el 9 de febrero la mesa funcionaba a la espera de ese marco jurídico, mientras el nuevo acuerdo implica avanzar en las conversaciones con la expectativa de que el Congreso discuta y apruebe una ley con la ruta para lo que la mesa de paz urbana llama “el tránsito al Estado Social de Derecho”.
“Para pasar a esta etapa la Corte nos dijo que teníamos que tener una ley de sometimiento, por eso nos hemos tardado. El proceso de maduración ya se había dado en el espacio de conversación socio jurídico, pero no habíamos dado el salto por la incertidumbre que genera que el Congreso no haya avanzado con las propuestas que el Gobierno le ha presentado. Entonces quisimos explorar una salida alternativa para no esperar al legislativo porque definitivamente ha demostrado que no tiene voluntad”, dijo Zuleta.
En síntesis, la apuesta de la mesa no resuelve esa incertidumbre, pero apunta a lograr un acuerdo general en todos los aspectos que son competencia del ejecutivo. Así, la mesa le mete presión al Congreso con el mensaje de que la imposibilidad de avanzar en el sometimiento a la justicia sería su entera responsabilidad.
El acuerdo del 9 de febrero también deja otras conclusiones, así algunas deban leerse entre líneas. Una de ellas, por más simple que parezca, tiene que ver con la agenda del proceso de conversaciones. “Al principio la agenda se iba a presentar, pero echaron a Danilo Rueda [Consejero Comisionado de Paz hasta finales de 2023] entonces nunca hubo una presentación pública ni de agenda ni de fases. Este acuerdo logra definir más concretamente esos puntos”, nos dijo una persona que ha acompañado de cerca los diálogos en la cárcel de Itagüí, pero que nos pidió no publicar su nombre.
Eso lo recoge el documento en su segundo párrafo en el que precisa que esta nueva etapa de “irreversibilidad” es el resultado de haber superado la fase de acercamiento y se logró en el desarrollo de la etapa de conversación. Sobre ese punto, la senadora Zuleta explica que la primera fase consistió “en establecer confianzas con las estructuras que quisieran estar en el espacio” y finalizó con la instalación oficial del proceso de diálogo socio jurídico en junio de 2023. La segunda fue la fase de conversaciones que tuvo como prioridad los acuerdos para la reducción de hechos de violencia. Finalmente, el 9 de febrero comenzó la última fase: “Desde el día lunes en que se firma este tercer momento lo que se inicia es un proceso de construcción de un acuerdo general, con capítulos y títulos. Ya superamos la etapa de hechos puntuales de paz”.
El otro punto que se desprende del anuncio en realidad no tiene que leerse entre líneas, aparece claro, a un costado del documento: es la firma de Freiner Alonso Ramírez. ¿Pero por qué un vocero que desde el 31 de enero dijo que abandona los diálogos firma un acuerdo en medio de la crisis que produjo su propia renuncia?
Gente de negocios
La discusión sobre el documento que fue leído y firmado ese lunes comenzó entre los meses de octubre y noviembre de 2025, así nos lo dijeron la senadora Isabel Zuleta, Jorge Mejía —también delegado del Gobierno— y otras dos fuentes que han participado de las conversaciones, pero nos pidieron no publicar sus nombres. Ese es un punto central a propósito de la interpretación de que el anuncio fue una reacción de la mesa a la filtración de la carta de Carlos Pesebre. Y sí, pero no así.
De acuerdo con Zuleta, la delegación del gobierno y los voceros sí decidieron hacer la rueda de prensa de ese lunes para contrarrestar el ruido que hizo esa renuncia. Sin embargo, la coordinadora de la delegación asegura que el acuerdo estaba tan avanzado que el domingo en la tarde, luego de que la carta de Pesebre empezó a circular en medios, ajustaron solo “dos o tres palabras” en el documento que presentaron.
“Esto no fue una cosa que nos inventamos el lunes. Evidentemente nosotros no queríamos hacer público el momento en el que estábamos porque pretendíamos tener por lo menos un decreto firmado dentro de las competencias del ejecutivo, porque explicar esa diferenciación es muy difícil”, nos dijo Zuleta.
El decreto que puso como ejemplo de esas competencias es una norma que debe expedir el Ministerio de Justicia con un programa social para los integrantes de las estructuras armadas que se acojan al acuerdo. Eso incluye, entre otros puntos, oportunidades de estudio, pero también una ampliación en los marcos de actuación de la Agencia Nacional de Reincorporación, para que pueda acoger en sus proyectos a esta población.
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Entonces, según la senadora, una semana antes de la filtración la delegación y los voceros habían decidido anunciar el acuerdo, pese a que aún no había ministro de Justicia en propiedad para estructurar ese decreto. De hecho, el nuevo ministro, Jorge Iván Cuervo, se posesionó apenas el 11 de febrero, aunque su nombramiento se conocía desde finales de enero.
“Nosotros en una noche no tenemos la habilidad de convencerlos [a los voceros] de un documento de esos sin haberlo trabajado nunca. Eso es imposible. Lo de Freiner hizo que lo anunciáramos ya, ese fue uno de los componentes, pero el segundo componente es que ya había ministro designado. Porque si no, nos quedábamos sin nada y yo no voy a permitir que una concejal salga a deteriorar el proceso y que nosotros nos quedemos de brazos cruzados”, nos dijo Zuleta.
Esa concejala que aparece en la ecuación es Claudia Carrasquilla, del Centro Democrático. Aunque Blu Radio fue el primer medio de comunicación que publicó completa la carta de renuncia de Carlos Pesebre a la mesa de conversaciones, fue Carrasquilla quien antes, en la tarde del 7 de febrero, subió a sus redes un video en el que presentó algunas secciones del documento, preguntó por qué el Gobierno no había hecho pública esa renuncia, recopiló las acusaciones contra Zuleta por supuestamente interferir en actuaciones de la Fuerza Pública, y dijo que la senadora y el Comisionado de Paz, Otty Patiño, estaban engañando a los voceros de las estructuras criminales.
En ese mismo video, la concejala acogió como propios los argumentos de la carta: “Falta de asesoría legal y un proceso plagado de improvisaciones que los ha llevado a un punto muerto. No lo estoy diciendo yo, lo dice alias Carlos Pesebre”, afirmó.
Y ese punto, el de la asesoría legal, también es importante para entender el contexto de la carta de renuncia de Pesebre. Incluso, la misma senadora Zuleta le dijo a El Espectador en una entrevista publicada el 10 de febrero que en el proceso hay “abogados interesados en aconsejar mal a sus clientes”. Le preguntamos sobre esa declaración y aunque nos dijo que no ocurre con todos los asesores, sí hay algunos que dificultan las conversaciones: “No te puedo decir nombres pero sí que hay abogados que obstaculizan el proceso y que quieren salir a la vida política ellos mismos y que son abiertamente de otros sectores políticos. Con eso no hay problema, ellos pueden tener los asesores que quieran, pero me dicen que yo no sé de negocios. Son abogados que están acostumbrados a hacer negocios con la paz”.
Esa visión contrasta con la postura de otras dos fuentes que han participado en diferentes momentos de los diálogos y nos pidieron reservar su identidad. Ambas sostienen que, tal como está estructurado el proceso, los voceros están en permanente riesgo de que lo que digan complique su situación jurídica y que varios de los abogados han señalado esos riesgos. “El gobierno hoy no tiene qué ofrecerles. Si no hay un proceso abreviado de juzgamiento o una fórmula que permita llevarlos a Justicia y Paz o a la JEP, eso va a ir a jueces ordinarios que no van a cumplir ningún acuerdo. Eso necesita una ley para arrancar, no para el final, porque cualquier cosa que digan es autoincriminarse ante el ordenamiento jurídico vigente”, nos dijo una de esas fuentes.
Zuleta reconoce que ese asunto ha hecho parte de las discusiones y que por tanto la confidencialidad y la confianza entre las partes es fundamental en la mesa. “Aquí hay malos asesores que le dijeron que escribiera esa carta. Ese es un mecanismo de presión y no es la primera vez que Freiner intenta presionarnos. Por eso es que yo creo que él mismo le pasó la carta a Claudia Carrasquilla y que ambos violaron la confidencialidad. Por eso le hemos dicho que sea sincero y que nos diga quién lo asesora, quién le dijo que hiciera eso para afectar el proceso”.
Buscamos a la concejala Carrasquilla para preguntarle por su interpretación sobre el acuerdo y por la manera como consiguió la carta de Carlos Pesebre, pero hasta la publicación de esta historia no había respondido a las preguntas que le enviamos.
Con Pesebre, ¿o sin Pesebre?
Que el documento del 9 de febrero tenga la firma de alias Carlos Pesebre no es un asunto menor. Su participación en la mesa, como la de todos los voceros, no es a título personal sino a nombre de las estructuras que representa. Su influencia se extiende sobre los combos de buena parte del occidente de Medellín en las comunas 5, 6, 7 y 13. Por tanto, no haber suscrito ese acuerdo implicaría que las organizaciones que ha liderado no hacen parte de lo acordado.
La mesa está conformada en este momento por ocho voceros principales —incluido Pesebre— y 15 suplentes, que representan a bandas articuladas a “La Oficina”. De la lista hacen parte, entre otros, José Leonardo Muñoz, alias Douglas (La Terraza); Juan Carlos Mesa, alias Tom (Los Chatas); Jorge de Jesús Vallejo, alias Vallejo (El Mesa); Abel Antonio Henao, alias Abelito (Pachelly) y Sebastián Murillo, alias Lindolfo (Caicedo). Además, hay representación de otras organizaciones como Los Triana, Niquía Camacol, La Unión y El Trianón. Esas vocerías fueron reconocidas en dos resoluciones de la Presidencia de la República, una de mayo de 2023 y otra de abril de 2025.
Sin embargo, esa relación de los voceros con lo que pasa en la calle se mueve en un equilibrismo que incluye sus propias relaciones dentro de la cárcel, su influencia externa y su realidad jurídica. Una de las fuentes que nos pidió la reserva de su nombre nos aseguró que no pueden ser entendidos como “mandos” de esas estructuras porque eso los haría responsables sobre las acciones delictivas de esas organizaciones. En cambio, dijo, son actores “que tienen una red de comunicación con la calle, tienen el respeto de las bandas y han demostrado que les hacen caso”. De acuerdo con su interpretación sobre la manera como interactúan en la mesa, “nadie manda, realmente. Hay una especie de equilibrio y acuerdos territoriales”.
Pero si bien afirman que no existe una relación jerárquica, esa misma fuente y otras dos que consultamos sobre la relación entre los voceros en Itagüí coincidieron en que Douglas, Carlos Pesebre, Tom y Vallejo son los más influyentes. “Creo que tienen respeto de barrio porque ellos son los cuchos y tienen sus propias estructuras, no porque tengan poder militar más que los otros”, nos dijo una de ellas.
Esa idea, la de la influencia, la refuerza el rol que tuvo Pesebre para llegar al acuerdo condicionado de paz urbana. Jorge Mejía, delegado del Gobierno en la mesa de diálogo, aseguró que su papel fue protagónico. “Por eso para mí fue una sorpresa esa renuncia”, dijo. Zuleta coincidió con esa lectura: “En el plan de irreversibilidad Freiner fue el que propuso la mayoría de los puntos”, dijo la senadora.
Aunque reconoció la importancia de esos aportes, Zuleta insistió en que Pesebre mintió en su carta de renuncia cuando habló de improvisación, de informalidad o de que el proceso está estancado. La senadora agregó que no es cierto que los diálogos estén en “un punto muerto”, aunque reconoció que la espera del marco jurídico para el sometimiento que debería haber aprobado el Congreso sí “ralentizó” el proceso.
También aseguró que es cierto, como dice Pesebre, que hay una persecución contra la mesa: “Es que la carta combina verdades con falacias. Por ejemplo, yo tengo más de 12 denuncias en la Corte Suprema de Justicia y a Freiner le compulsaron copias por el ‘tarimazo’ porque fue una de las personas más visibles. Y él tiene todo el derecho a pronunciarse, pero nosotros les hemos explicado que hay separación de poderes”. A propósito, el Consejo de Estado citó para el próximo 23 de febrero una audiencia de pérdida de investidura contra Zuleta. Esa corporación resolverá dos demandas en su contra por una supuesta extralimitación de sus funciones como congresista al haber gestionado ante el Inpec la salida de los voceros a la concentración convocada por el presidente Gustavo Petro, en la Alpujarra, en junio de 2025.
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Pero de vuelta a Carlos Pesebre, que su firma esté en el acuerdo condicionado no implica una retractación sobre la decisión de apartarse y tampoco sobre el contenido de la carta a la que Zuleta le atribuye “un tinte político”. Hasta el momento, de acuerdo con la coordinadora, no han abordado el tema con Pesebre, pese a que coincidieron en varios espacios de la mesa después de la firma del acuerdo: “Lo que esperamos es que la estructura nos diga si sigue Freiner o si nombran a otra persona”. Esa estructura, sin embargo, lleva el nombre de su vocero, o viceversa.
Esas actividades de la última semana en la cárcel de Itagüí estuvieron centradas en las charlas de un experto internacional sobre economías ilícitas que fue invitado para hablar de la experiencia de otras negociaciones: “¿Que como [Pesebre] salió a escuchar al experto es una demostración de voluntad? Yo no me atrevo a decirlo, pero tampoco me atrevo a decir lo contrario —nos dijo Zuleta—. Por eso son tan difíciles las preguntas que ustedes hacen, porque prefieren respuestas más puntuales. Pero en la paz no existen esas respuestas”.
