El Ministerio del Trabajo de Abelardo De la Espriella derogó el 20 de agosto una circular que establecía lineamientos para inspeccionar y vigilar el trabajo doméstico remunerado. Las trabajadoras exigen herramientas que les garanticen condiciones dignas de trabajo.
Por Gisele Tobón Arcila
Los domingos solían ser ajetreados para Reinalda Chaverra. Debía organizar su casa, dejar listos a sus hijos y bajar desde el barrio 8 de Marzo, en el oriente de Medellín, hasta Envigado, donde trabajaba: planchaba, cocinaba, sacudía, barría, trapeaba, lavaba, limpiaba paredes y cuidaba a dos niñas. Por aquel entonces, era la trabajadora estrella de una familia y su empleadora la felicitaba siempre.
Fue así hasta un domingo de 2003. Cuando dejó enfriando la aguapanela para sus hijos mientras se uniformaba en el cuarto, Reinalda escuchó un grito que venía de la cocina. Era su hija Carolina, que tenía un año. Allí la encontró tendida en el piso e inmediatamente la cargó. Su otro hijo había derramado accidentalmente la aguapanela sobre su hermana.
Reinalda bajó a su hija para revisarla y el cuero de la piel de la niña quedó pegado en su hombro. De inmediato llamó a su “patrona” y le dijo: “Doña Diana, no puedo ir hoy porque la niña se accidentó, se me quemó con una aguapanela”. La empleadora le contestó: “¿Cómo que no va a venir? ¿Mañana cómo voy a hacer para ir a trabajar y con quién voy a dejar a la niña? Usted es una irresponsable”. Reinalda, preocupada, le respondió: “Doña Diana, haga lo que pueda que yo tengo que llevarme la niña para urgencias”.
Al otro día hablaron nuevamente por teléfono y la empleadora le dijo a Reinalda que hiciera lo que quisiera, que ella ya había solucionado. El martes, la amenazó con que debía pagarle porque había dejado el trabajo tirado. La trabajadora doméstica le dijo: “Si el que mi niña se haya accidentado para usted es dejar el trabajo tirado, entonces yo la voy a demandar”. Diana le respondió: “Si usted me demanda va a ser mi palabra contra la suya. Si me da la gana de acusarla de ladrona, la acuso de ladrona y un juez me va a creer más a mí”, cuenta Reinalda.
Ese fue el inicio de un pleito legal que duró tres años y culminó luego de una conversación informal en la que Diana le pidió perdón a Reinalda y le propuso una conciliación. Del acuerdo quedaron $3.500.000 que repartieron entre la trabajadora doméstica y un abogado que la asesoró. Ese fue el nacimiento de una necesidad y una pasión: el sindicalismo. Este 2026, cumplió 13 años de pertenecer a la Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico (Utrasd).

Reinalda tenía trece años cuando empezó a trabajar en una casa del Doce de Octubre, Medellín. Foto: Gisele Tobón.
2026 también fue un año importante para Utrasd y el resto de trabajadoras domésticas colombianas. El 29 de julio, el Ministerio de Trabajo del gobierno de Gustavo Petro expidió la Circular 0089, que establecía lineamientos de inspección, vigilancia y control para el trabajo doméstico remunerado.
En resumen, la circular orientaba cómo garantizar los derechos laborales, cómo prevenir abusos y promover el trabajo digno, y cómo inspeccionar los hogares. Además, indicaba que el inspector podía ingresar con el consentimiento escrito de la persona empleadora y que, si esta se negaba, la visita podía hacerse desde la puerta. Solo cuando hubiera peligro inminente para la trabajadora doméstica, el equipo podía entrar sin autorización, dejando constancia de las razones de la urgencia.
La circular iba a cumplir un mes de expedición cuando fue derogada, el 20 de agosto, por la nueva ministra del Trabajo, Natalia López, designada por el presidente Abelardo de la Espriella. En la Resolución 2708 de 2026, la ministra argumentó que la circular era una “extralimitación de funciones”, contenía errores jurídicos y técnicos, y clasificaba en la depuración normativa que promueve el nuevo gobierno.
Con esa decisión, las trabajadoras domésticas nuevamente quedaron en una posición en la que tienen una legislación amplia, pero sin lineamientos claros para hacerla cumplir. Utrasd, junto a cinco sindicatos, piden al Ministerio que defina cuáles son las medidas transitorias que ofrece como alternativa ante la derogación.
Dignificar, visibilizar y formalizar el trabajo de sobar pisos
“La derogación de la Circular 0089 significa un retroceso a la posibilidad de inspeccionar hogares donde laboran las trabajadoras domésticas. Si bien esta circular no resolvía todo el problema, sí permitía operativizar la inspección laboral, porque muchos inspectores por años decían que no había un instrumento legal que lo permitiera”, dice Claribed Palacios García, presidenta de Utrasd.
Claribed es una mujer chocoana de 47 años y tiene “una desvinculación reciente de sobar pisos”: hace cinco años dejó el trabajo doméstico remunerado para asumir la presidencia del sindicato. Empezó en el trabajo a los 14 años, luego de que fue desplazada a Medellín. Allí fue víctima de trata con fines de servilismo y esclavitud a sus 15 años. Vivía en un pequeño cuarto al lado de la cocina, debía limpiar desde las cinco de la mañana hasta las seis de la tarde, todos los días, a veces sin desayunar, y una de las integrantes del hogar la insultaba por ser negra. La historia se repitió a sus 21 años.
A los 34 llegó a Utrasd, cuando la invitaron a una “reunión de mujeres negras”, en la que realizó una intervención que la hizo destacar: “No se olviden de estudiar, eso es lo más importante de todo”, dijo en aquella reunión.

Actualmente, Claribed divide su tiempo entre estudiar, trabajar y hacer activismo. Foto: Ministerio de Cultura.
Corría 2013 y Claribed trabajaba cerca del barrio Suramericana, sus pagos nunca eran garantizados ni suficientes; tampoco tenía uniforme y ganaba $125.000 pesos quincenales. “¿Tú qué haces con esa plata y una hija?”, cuestiona la sindicalista. Por aquel entonces, Utrasd apenas estaba consolidándose con un grupo de 28 mujeres afrodescendientes lideradas por María Roa Borja. Nació poco después de la expedición de la Ley 1595 de 2012, que ratificó el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el trabajo decente para las personas trabajadoras domésticas. Desde entonces luchan por la dignificación y la formalización de su labor en Colombia.
“Con esta circular se hicieron algunas inspecciones. Hubo algunos departamentos donde se pudo inspeccionar y arrojar datos que para uno no son nuevos. Pero fue la oportunidad de estar más cerca, conociendo esa realidad de boca de las trabajadoras en el lugar de trabajo”, dice Claribed.
Ante la derogación de 11 circulares laborales que tumbó el Ministerio del Trabajo, esa cartera ha presentado el documento Conpes 4189 —que es la Política Nacional de Trabajo Digno y Decente— como la principal alternativa para mantener la vigilancia. Sin embargo, Claribed afirma que “no pueden confundir el caldo con las tajadas. Ellos saben que en el país la desigualdad se está ahondando y que a veces el tema ni siquiera es de normas. La norma también hay que ponerla a andar y lo que hacía la circular era eso. Salíamos de lo macro para buscar cómo inspeccionar, al menos de manera preventiva”.
La sindicalista considera que “el Ministerio debería tener algo contundente, no venirse a amparar con el Conpes”. Y es por esa inconformidad que Utrasd junto a otros cinco sindicatos —Sintrahin, Utrahogar, Sintrehoc, Sintrahoincusa y Sintraimagra—, rechazaron la Resolución 2708 y exigieron información sobre las medidas transitorias. Para el 18 de octubre, esa petición titulada “El trabajo doméstico no puede seguir siendo invisible para el Estado” permanece sin respuesta.
Utrasd y otras organizaciones sindicales impulsaron la idea de inspeccionar y vigilar el trabajo doméstico en Colombia; eso empujó la creación de la circular. En consecuencia, Claribed asegura que los lineamientos estaban construidos de acuerdo con las necesidades de las trabajadoras: “Siempre nos decían: es que no podemos avanzar porque la inspección no está permitida porque los hogares son inviolables, y en Colombia tenemos constitucionalmente el derecho a la privacidad. Pero también saben que hay un choque con un derecho fundamental, el del trabajo digno”.
Las organizaciones hicieron un trabajo grupal a nivel nacional, con perfiles y testimonios de familias empleadoras para establecer qué era lo que se debería inspeccionar. “Si bien la circular resolvía acercarse hasta la puerta de la casa, también trataba de cuidar eso, de no irrumpir”, dice Claribed. La presunta irrupción constituyó uno de los principales argumentos del Ministerio para derogar la circular.
A la sindicalista le indigna que ahora no sea claro qué pasa si la trabajadora doméstica está en una situación de emergencia: “Entonces llega el inspector hasta la puerta y le dicen que no puede entrar. Ahí está el detalle. Uno se da cuenta de la mezquindad del país y de los legisladores, porque fue más posible expedir la Ley Ángel para proteger a los animales, que expedir la ley para proteger a trabajadoras domésticas en casos de vulneración”.
Por otro lado, según el sindicato, el Ministerio incumplió el principio de publicidad que incluye todas las resoluciones con impacto nacional. Debido a eso, hay demandas en el Consejo de Estado. El incumplimiento de la divulgación provocó que algunos empleadores tomen la derogación como una disminución de derechos, señala Utrasd, que ha recibido quejas de trabajadoras desde Medellín y Cali en cuyos empleos han aprovechado la falta de información para no garantizar derechos.
Las cuentas pendientes del Estado
La Circular 0089 nació de la mesa de seguimiento al convenio 189, integrada por las organizaciones sindicales de trabajadoras domésticas y el gobierno Petro. El espacio fue liderado por la ex viceministra Sandra Milena Muñoz junto a la Dirección de Derechos Fundamentales del Trabajo. Todo a partir de las necesidades que planteaban las organizaciones de trabajadoras domésticas.
Muñoz, abogada laboralista y ex viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, cuenta que en el gobierno pasado desarrollaron la circular tras hacer estudios que evidenciaron la posibilidad de inspeccionar, vigilar y controlar el trabajo doméstico “por lo menos hasta la puerta de los hogares, sin ingresar”.
La ex viceministra describe el modelo que tenían de inspección preventiva, no sancionatoria, así: primero, se verificaba desde la puerta. Quien inspeccionaba le preguntaba al empleador si tenía trabajadoras domésticas y, si era el caso, explicaba que ellas tienen derecho a un trato digno, a estar afiliadas a la seguridad social integral, a la salud, a estar en un espacio libre de violencias y a sindicalizarse. Si no cumplía con esos derechos, hacía un acta de seguimiento con el propósito de mejorar para la próxima visita.
Esa tarea era acompañada de un sello que pegaban en la puerta de la casa, siempre que el empleador autorizara, y que decía: “En esta casa se cumple con el trabajo decente. Una inspección con propósito”. Luego, daban herramientas a las personas empleadoras, como textos con rutas de afiliación a la seguridad social, modelos de contratos de trabajo escritos o guías de riesgos laborales.



“No hay ningún impedimento para hacer inspección a hogares hasta la puerta. La circular es posterior porque es el resultado de lo aprendido en las inspecciones”, dice Muñoz. Previo a la circular, el Ministerio de Trabajo de Gustavo Petro realizó inspecciones en La Guajira y Antioquia. Fotos: Ministerio del Trabajo 2025.
Al momento de redactar la circular, concluyeron que en caso de riesgo para la trabajadora doméstica también era necesario llamar a la policía. En eso coinciden Sandra Muñoz y el Ministerio del Trabajo actual. Sin embargo, Muñoz dice que con la circular estaban “tratando de reflejar una realidad extrema que puede pasar en medio de una inspección” y que “no había que derogar porque era una reivindicación histórica y encontramos la forma de que fuera hasta la puerta de la casa. Si a la ministra le parecía una extralimitación, debía aclararla mediante otra circular, no derogar y dejar el vacío que hoy tiene”.
La legislación sobre el trabajo doméstico no dejará de existir porque se haya derogado esa circular, pero tanto Claribed como la ex viceministra dicen que mientras quienes inspeccionen no reciban orientaciones ni lineamientos específicos, no van a moverse.
“¿Qué es lo único que falta? Hacer realidad las normas en la vida de las personas. Si no se inspecciona, te quedas con esas normas ahí. Si no vas a las casas y socializas y haces pedagogía con los empleados, difícilmente avanzaremos”, afirma Muñoz.
El 10 de septiembre, El Armadillo envió un derecho de petición con un cuestionario al Ministerio del Trabajo —que tuvo que transformarse en tutela debido a un incumplimiento del plazo de respuesta—. Por orden de un juez, el Ministerio respondió que uno de los fundamentos de la derogación es que no había una ley que respaldara el acceso a una vivienda sin consentimiento.
También que ante situaciones de riesgo, en lugar de ingresar a las viviendas, los inspectores deberán hacer requerimientos documentales, citaciones y actuar “desde el exterior del domicilio”. En caso de que se trate de posibles delitos, dice el Ministerio, “corresponde la articulación con la Policía Nacional y la Fiscalía y, ante riesgos graves o inminentes, con las autoridades de protección o emergencia según sus competencias”.
Por ahora no hay nueva circular porque la Dirección de Inspección dice que está estudiando “la necesidad de crear un instrumento para la protección de las trabajadoras del servicio doméstico”. Además, la Dirección Territorial de Antioquia informó que desde la derogación no han hecho ninguna inspección a hogares en Medellín, una de las ocho ciudades que el Conpes 4189 prioriza para esas visitas.
El Ministerio y la Dirección de Inspección también afirman que “la derogación no elimina ni reduce, por sí misma, los derechos de las personas trabajadoras domésticas. Las garantías reconocidas en la Constitución, los convenios internacionales aplicables y la legislación laboral permanecen vigentes, al igual que las obligaciones de los empleadores y las competencias del Ministerio para protegerlas”.
¿Para qué inspeccionar?
Según datos del tablero Valor Doméstico, de la fundación Hablemos de Trabajo Doméstico, en Colombia hay más de 716 mil personas dedicadas a esta labor. De ellas, el 91,6% son mujeres y su edad promedio es 43 años. El 83,5 % de los contratos son verbales. Las ciudades con mayor número de empleadas domésticas son, en orden, Bogotá, Cali, Barranquilla y Medellín. Esta última ciudad es, además, la de menor índice de informalidad, con el 51%, casi 30 puntos por debajo del promedio nacional.
Hablemos de Trabajo Doméstico promueve esta labor como parte de un sector económico estructural e incentiva la formalización laboral y las condiciones de vida dignas de las trabajadoras domésticas. Su directora, Andrea Londoño, que lleva más de 15 años estudiando el tema asegura que las inspecciones benefician la formalización.


El entorno natural de trabajo de muchas empleadas son las casas y, según Andrea, eso influye en la vulneración de derechos. Esa “unidad de convivencia no está hecha para generar relaciones laborales. Aquí no hay una cartelera con el reglamento de trabajo. La tradición nos trae un anclaje de que en la casa no hay trabajo, hay amor de las mujeres. Pero resulta que puede ser un trabajo y allá dentro no hay quien vigile”, comenta.
Las inspecciones de las viviendas donde hay trabajadoras domésticas no son una novedad. En América Latina, Uruguay sentó las bases en 2006 y años después le siguieron Argentina y Chile. Allí, este mecanismo se sigue implementando. Basándose en análisis de rentas presuntivas, que tienen en cuenta los ingresos de las casas, mapean cuáles tienen una empleada. “Es una forma efectiva de aumentar la formalidad y es muy fácil. Es usar bases de datos, entonces sí es posible replicarlo aquí”, dice Andrea.

La lucha de las trabajadoras que sostienen la vida
“Al Estado le ha faltado voluntad política. Es humillante ver que los congresistas no avanzan porque muchos tienen sus trabajadoras domésticas sin garantías de derecho. Y lo digo porque hablé con más de uno haciendo lobby político. Ahí descubrimos que muchos tenían a las trabajadoras sin seguridad. ¿Cómo van a legislar si saben que va en contra de ellos?”, dice Claribed.
Para más del 10 % de personas trabajadoras domésticas en Colombia hay un factor diferencial en su experiencia: la etnia. “Sí, a todas las pueden tratar mal, pero hay una venganza sobre los cuerpos racializados, sobre una mujer negra o indígena, porque de cierta manera, esa sociedad empleadora la interpreta más vulnerable”, agrega Claribed. Ella misma tuvo que soportar actos y comentarios racistas desde que era adolescente.
Lo mismo le ocurrió a Reinalda Chaverra, que vino a Medellín a sus 13 años, desde Quibdó, a donde llegó antes, desplazada de Tutunendo. Recuerda que le decían “negra manteca, hueles a cebolla”, y que ella peleaba de vuelta. Tampoco olvida la vez que en una casa no la contrataron por ser negra: “Porque todas las empleadas que habían tenido eran blancas y a los niños no les gustaban las negras”.
A pesar del racismo, de la desigualdad, de las condiciones laborales, ambas resisten desde sus distintos lugares. Claribed cuenta que aunque quería irse del país este año, se arrepintió porque quiere seguir peleando hasta que sea necesario. Con lágrimas en los ojos dice que le encanta “hablar de todas, de sueños colectivos. Soy porque somos. No tenemos la magia para resolver el mundo, pero las cosas que hacemos son necesarias para que algunas personas puedan decir: tengo un mínimo”.
Reinalda disfruta de su trabajo —excepto limpiar paredes, eso lo detesta—, y cuenta que lo hace por gusto, no por necesidad. Con orgullo dice que “todavía hay mucha tela por cortar, pero muchas cosas han mejorado”. Y como trabajadora doméstica, más que cualquier otra cosa, exige el reconocimiento de que ellas son la columna vertebral del país: “Que la sociedad se dé cuenta de que nosotras sostenemos la vida. Nosotras somos como un lazo, una trenza que busca la unidad”.




