La Universidad de Antioquia ha sido una de las que más integrantes de su comunidad ha perdido por cuenta de la violencia del conflicto armado. Mientras reflexiona sobre la estigmatización histórica y su relación con la guerra, la universidad pública más importante del departamento también se enfrenta a nuevos señalamientos. Miedo y rabia son las emociones más presentes entre las personas de la comunidad universitaria que se han sentido estigmatizadas.*
I. Etiquetas que matan
—No sabemos quién mató a mi papá —dice Héctor Abad Faciolince en la última escena de Carta a una sombra, el documental que dirigió Daniela Abad sobre su abuelo, el médico salubrista, defensor de derechos humanos y profesor de la Universidad de Antioquia Héctor Abad Gómez. Están todas las hijas, el hijo y Cecilia Faciolince, la viuda, alrededor de una mesa en un amplio patio de una finca de recreo. Entonces, una de las hermanas responde:
—Yo lo que me imagino es que los militares, pues, algunos militares hacen las cosas que creen que les gusta hacer a los que tienen más poder. No es que les den la orden. Oyen que les fastidia lo que dice este…
—… y van y ejecutan —complementa Héctor—. Es así como funcionan las cosas.
Cecilia Faciolince, la madre, sigue:
—No necesitan decir ‘vaya mátelo’.
—Hablan mal y los otros les hacen el favor y quedan muy agradecidos —finaliza Clara Inés, otra de las cinco hijas.
Del médico Héctor Abad Gómez habían hablado tantas personas que muchos, militares o paramilitares, podrían haberse sentido con la potestad de asesinarlo, como ocurrió el 25 de agosto de 1987. Lo señalaban de ser comunista en un momento en el que, lejos de entenderse como una postura legítima, representaba un peligro.
De esta escena nació la idea de una investigación que Manuel Alberto Alonso espera concluir antes de abril, cuando se jubila. Alonso es profesor del Instituto de Estudios Políticos y director del programa Hacemos Memoria de la UdeA; encabeza la investigación Señalar, valorar y encuadrar. Marcos interpretativos y violencia en tres universidades colombianas, que indaga por los encuadres semánticos en los que fueron estigmatizadas la UdeA, la Universidad Nacional y la Universidad Industrial de Santander (UIS) entre las décadas de 1960 y de 1990.
Abad Gómez fue uno de los 91 integrantes de la comunidad universitaria asesinados entre 1958 y 2025, según la Unidad Especial de Paz de esta institución. La Comisión de la Verdad documentó que entre 1962 y 2011 fueron asesinados en Colombia 588 estudiantes universitarios. La misma comisión señala que en el año del asesinato de Abad Gómez asesinaron a otras 16 personas de la UdeA, entre estudiantes y docentes, y que decenas se vieron forzadas al exilio.
“Todo proceso de estigmatización pasa primero por la asignación de unas etiquetas a unos sujetos”, explica el profesor Alonso. Esas etiquetas se inscriben en unos “campos semánticos”, es decir, en unos significados más grandes que a su vez agrupan y relacionan esas etiquetas. Muchas de las que se les han atribuido a las universidades públicas y sus integrantes se enmarcan en el campo semántico del conflicto armado y, por lo tanto, de la violencia. Al insertar a los sujetos en un campo semántico como este a través de etiquetas como “guerrilleros”, “terroristas” o “vándalos”, se les convierte en una “amenaza” para el orden público, la nación, los valores religiosos o, más recientemente, la patria, dice Alonso.
El médico salubrista Héctor Abad Gómez fue docente de la UdeA y fundador del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos.
Según el Diagnóstico de Convivencia en la Universidad de Antioquia, editado por la Dirección de Bienestar Universitario como parte del proyecto Conciencia Colectiva y publicado en marzo de 2026, “la estigmatización antecedió y ha sido sincrónica con el origen y desarrollo de otras agresiones, extendiéndose hasta la actualidad”.
Un capítulo de ese diagnóstico se dedica a la violencia política y se detiene en la estigmatización para señalar que esta es “un medio para hacer daño” que puede ser proporcional al poder de quien la ejerce, “siendo más grave y peligrosa cuando proviene de agentes estatales, grupos armados no estatales o instancias sociales con gran capacidad de divulgación, como los medios de comunicación”.
El autor de este capítulo es Leyder Perdomo, profesor e investigador de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UdeA, quien dice que entre la estigmatización y la violencia política hay una “causalidad bidireccional, circular y estructurante”. Señala que hay una discusión respecto a si más estigmatización genera más violencia o si más bien han sido los momentos álgidos del conflicto armado los que han marcado los picos de violencias y estigmatización contra la universidad pública y la UdeA en particular. Para él, los tres fenómenos están relacionados.
En la encuesta de diagnóstico sobre convivencia, realizada para el informe publicado este año, les preguntaron a los participantes qué tan de acuerdo estaban con esta afirmación: “Alguna vez he sido estigmatizado”. El 33 % dijo estar “muy de acuerdo” y otro 26 % respondió estar “más o menos de acuerdo”.
II. Orgullo público y señalamiento moralizante
“Si tú vas a una cita médica o tienes contacto con un profesional que es de la Universidad de Antioquia, de alguna manera sientes tranquilidad porque sabes que es una buena universidad”, dice Verónica López, defensora de derechos humanos e integrante del semillero de investigación Protesta social, represión y derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Lo paradójico, según señala ella, es que esa imagen se adquiere al salir de la universidad: “Al parecer, cuando nos graduamos dejamos de ser vándalos y revoltosos, y pasamos a ser personas de bien”. Los estudiantes reciben etiquetas como estas, pero cuando hacen parte de repertorios de protesta “disruptivos o incluso violentos se les dice que no son estudiantes”.
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La UdeA parece enfrentar dos reputaciones distintas. Es una de las mejores universidades en Colombia y América Latina. Por ejemplo, el ránking Quacquarelli Symonds la ubicó en el puesto 20 de la región en 2026. En el ítem de reputación académica la UdeA recibió 91.3 puntos sobre 100 posibles.
Por otro lado está la que algunos gobernantes y opinadores despliegan. Es el caso del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien el 4 de octubre en una de sus menciones más recientes a la UdeA, dijo: “Son varias IES que deben recuperarse. La UdeA es un claro ejemplo de ello”. Esto fue en respuesta a una noticia sobre los señalamientos del presidente Abelardo de la Espriella al rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Torres, a quien le dijo: “Se le acabó su tiempo. Usted no merece estar sentado en esa silla de la rectoría” y calificó de “politiquero”.
Según Rendón, la UdeA lleva “más de 20 años en manos de personas que no han estado a la altura del Alma Máter de los antioqueños. Dejaron convertir el espacio público de su campus en una plaza de vicio; destruyeron sus finanzas; y permitieron estudiantes eternos, algunos ventrílocuos del terrorismo”. E insistió en que, para él, se debe autorizar el ingreso de la Policía a las IES “cuando se registren hechos de violencia” sin autorización previa de las autoridades académicas.
Aunque el gobernador ha enfilado sus declaraciones contra la UdeA en varios momentos de su mandato, estas últimas coinciden, por un lado, con el cambio de Gobierno Nacional. Con Gustavo Petro, Rendón sostenía una confrontación pública sobre múltiples asuntos, incluida la gobernanza de la UdeA. En cambio, con De la Espriella hay coincidencias políticas e ideológicas que van incluso hasta el cambió de los lineamientos de acción estatal frente a la protesta social.
El profesor Leyder Perdomo considera que hay dos razones para que los gobernantes tengan tan presentes a las universidades en sus agendas en un momento en que no atraviesan por episodios de confrontación o violencia significativos: una, porque “genuinamente” ven en la universidad una amenaza al orden social que defienden y un centro de pensamiento crítico; la otra, que no excluye a la anterior, es que es un “blanco fácil” que genera réditos políticos frente a sus simpatizantes más conservadores.
Una lectura complementaria es la que hace el profesor Max Yuri Gil, director del Instituto de Estudios Políticos de la UdeA. Para él, hay un discurso moralizante sobre los integrantes de la universidad por parte del gobernador: cuando juzga a los “estudiantes eternos” o califica a los profesores como perezosos con salarios exorbitantes, pese a que no sean fenómenos estadísticamente representativos —en 2024 la media de los salarios estaba en 10.5 millones de pesos y la mediana de 9.5 millones, como lo expuso este ensayo—; o cuando presenta a la universidad como un “robadero” o una “gran plaza de vicio”. Esto da cuenta de una transformación en la que aparece menos el término “comunista” o “subversivo” y se transita hacia rótulos menos políticos.
Manuel Alonso considera que este discurso moralizante es muy específico de la UdeA, en tanto las “semánticas” desplegadas tienen que ver con la confrontación de lo que la profesora María Teresa Uribe describió como el ethos antioqueño: “Hay un discurso muy moral porque es esto de la religiosidad, el trabajo”, explica. Así, la etiqueta de “vagos” se da en un contexto que valora la productividad y la laboriosidad, a diferencia de lo que pasa en la Universidad Nacional, donde el campo semántico es el de “amenaza a la integridad de la Nación” o en la UIS, donde se plantea la protesta en una universidad ‘industrial’ como una “amenaza al desarrollo”.
Otra particularidad tiene que ver con quién ejerce la violencia que se justifica en el estigma. Natalia Marín, docente de Sociología que ha trabajado con la Unidad Especial de Paz de la UdeA, dice que en Medellín “las formas más vinculadas al paramilitarismo se quedaron muy enquistadas en la población en general”, lo que hace que, a diferencia de otros contextos, incluso actores civiles vean legítimo confrontar a los actores de la universidad etiquetados.
Es más: la UdeA tiene una historia particular con la presencia paramilitar en el campus que quedó documentada en un capítulo del libro Violencia y conflicto en la Universidad de Antioquia. Una apuesta por la verdad y el esclarecimiento (1958-2018). Esta va desde el nacimiento de Muerte a Secuestradores en respuesta al secuestro por parte del M-19 a Martha Nieves Ochoa dentro de la universidad, en 1981; hasta la presencia de al menos cinco unidades paramilitares dentro de la UdeA, como “los Grupos de Autodefensa Urbana (GRAU-ACCU), los Núcleos Urbanos de las ACCU, los Comandos UdeA de las ACCU (CU-ACCU) y las Autodefensas Universidad de Antioquia (AUDEA)”, que se materializó en los asesinatos del profesor Hernán Henao y el estudiante Gustavo Marulanda. Junto a múltiples amenazas, estos “provocaron el desplazamiento y el exilio de un número indeterminado de líderes y activistas estudiantiles, además de aterrorizar a la comunidad universitaria”.
Pero, claro, los paramilitares no han sido los únicos actores armados ilegales con presencia en la universidad.
III. Desde, contra y en la universidad
El 23 de septiembre, cientos de estudiantes marcharon en Medellín en contra de las primeras declaraciones del presidente De la Espriella sobre el ingreso de la Policía a las universidades en eventos de protesta. Más allá del primer decreto, Verónica López menciona que hay todo un paquete legislativo que va en contra de lo que ya ha dicho la jurisprudencia constitucional respecto al derecho a la protesta y que la estigmatización lo que hace es ambientar la opinión pública para aprobar esas reformas, por ejemplo, el proyecto de “ley anticapuchos”.
Ese miércoles, las arengas repetían un reclamo intergeneracional: “¡Los estudiantes no somos terroristas!”. No había encapuchados, apenas algunas caras tapadas por pañoletas rojas, blancas y negras, otras pintadas de clown y otras apenas enrojecidas por el calor. El solo hecho de taparse la cara tiene protección constitucional, igual que muchas acciones “disruptivas” que sectores más conservadores pueden leer como violentas, como las pintas sobre las paredes o la mera permanencia en la vía pública, explica López.
El sociólogo Jaime Rafael Nieto formuló en 2013 una periodización según la cual la violencia se ejerció desde la universidad en los años 60 y 70, para señalar el momento de agitación y proselitismo de movimientos insurgentes; contra la universidad en los años 80, para referirse a la ofensiva contrainsurgente; y en la universidad durante los 90, cuando el campus se convirtió en el escenario de la confrontación. Leyder Perdomo está de acuerdo en que existen esas tres formas, pero considera que han ocurrido de manera más simultánea y menos cronológica.
Max Yuri Gil explica que la doctrina de seguridad nacional ha sido fundamental para establecer la relación entre terrorismo, vandalismo y protesta que atraviesa cierta lectura sobre la universidad pública. Esa lectura del siglo XX todavía permanece en el señalamiento político a la universidad, pero también se despolitiza con otros señalamientos como el de ser una “plaza de vicio”.
La estigmatización también cambia en relación con el pulso entre procesos democráticos y autoritarios. Natalia Marín señala dos hitos importantes de la última década. Primero, el Acuerdo de Paz, por el cual salieron del escenario las Farc; un actor que se usaba para atacar a la universidad y que, en efecto, tuvo presencia y diferentes expresiones en la UdeA. Esto, sin embargo, no cambia del todo el encuadre porque el ELN y las disidencias de esa antigua guerrilla siguen teniendo influencia con grupos clandestinos en algunas universidades y por tanto, mantienen la brecha que facilita la estigmatización. Segundo, el estallido social, que fue clave para el triunfo de Gustavo Petro y el impulso de reformas sociales, pero que también radicalizó la lectura de un sector de la sociedad sobre la protesta social como un evento peligroso y el reclamo al Estado para que la reprima.
IV. Principios de diferenciación
El reconocimiento de estas violencias complejiza la conversación sobre la estigmatización pues, si en efecto la universidad ha tenido presencia y accionar de guerrillas, entre otros actores, ¿mencionarlo resultaría en sí mismo estigmatizante?
Para Verónica, “es innegable que ha habido presencia de movimientos insurgentes y seguramente la hay, como la hay en todos los escenarios de la sociedad. Y de movimientos contrainsurgentes”. Señala que mientras persistan las “causas estructurales” del conflicto, habrá quién se arme para confrontar el status quo o para defenderlo, y que la UdeA, en tanto expresión de la sociedad, no es ajena a esto.
El límite entre el señalamiento real y el estigmatizante, dice, pasa por la presunción de inocencia y por el deber del Estado de establecer responsabilidades penales individuales: “Tú no puedes señalar a toda una comunidad universitaria por acciones de guerra que desarrolle un grupo armado que nada tiene que ver con la universidad, solo porque una persona, que puede pertenecer a ese grupo, pero que no está en la confrontación bélica, está en la universidad”.
En últimas, dice, como no se ha podido comprobar una “toma” de la universidad por estos grupos, sino que ha sido más bien una expresión marginal, “se opta por la sanción social y por la sanción mediática”.
El libro Violencia política y conflicto en la Universidad de Antioquia dedica al menos dos capítulos a la comprensión de la presencia de grupos insurgentes en la UdeA y su accionar. Es decir, no es una realidad desconocida ni negada.
Natalia Marín dice que en efecto se ha dado la confluencia de múltiples actores, pero que no ha sido necesariamente como expresión armada o con acciones bélicas, y que la respuesta a estas expresiones no necesariamente ha pasado por el combate con la fuerza legítima del Estado y por la judicialización con garantías democráticas. Por ejemplo, personas que militaban en movimientos como el PCC-ML, expresión política del EPL, “no murieron en combate” ni en acciones de guerra.
El profesor Manuel Alonso suma otro par de elementos. Primero, dice que es necesario distinguir si el señalamiento se hace sobre el sujeto (específico o colectivo) o sobre una acción. Ejemplifica así: si un universitario lanza una molotov que incendia un bus y causa una muerte, no es estigmatizante señalar esto como un asesinato, pero se hace estigmatizante el juicio que no recae sobre la conducta sino sobre la identidad del individuo, tanto si en lugar de ser un universitario pasa a ser un “terrorista”, como si este hecho se transforma en un juicio a toda la comunidad universitaria de la que hace parte.
Y el segundo es que es necesario entender que entre violencia y estigmatización hay un proceso relacional, pues el señalamiento propicia reacciones que pueden volverse violentas y que reafirman el estigma, en una suerte de profecía autocumplida en la que el agente estigmatizador provoca aquello que vaticina.
“A mí como defensora me gustó mucho el ejercicio de ayer”, dijo Verónica López un día después de la marcha del 23 de septiembre, “porque tal vez puede ayudar a quitar muchos de esos miedos: no necesariamente tocar la calle equivale a una represión directa”. Ese día no hubo confrontaciones. La marcha salió y llegó por la portería de la calle Barranquilla, al lado de las cerámicas con los nombres de las víctimas de la UdeA que fueron instaladas el 21 de noviembre del 2025 y que representan una de las razones por las que la universidad se ha planteado ser reconocida como sujeto de reparación colectiva, como víctima del conflicto armado.
V. Secuelas del estigma
La última amenaza masiva contra la UdeA ocurrió en 2020, cuando circuló un panfleto firmado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en el que señalaba a estudiantes y docentes como “guerrilleros, comunistas y milicianos”. Un par de días después, la profesora Sara Fernández fue apuñalada en su domicilio.
Leyder Perdomo recuerda que este episodio causó que algunos de los amenazados, incluida la profesora Sara, se fueran del país, y otros tuvieran que desplazarse, como en el caso de él, al menos durante unos días que coincidieron con el encierro por la pandemia de covid-19.
Max Yuri, que ha acompañado durante años y desde distintos roles a integrantes de la comunidad universitaria en contextos de protesta, dice que el primer efecto de la estigmatización es el repliegue, que se puede expresar en la despolitización de las personas, en la desintegración de las organizaciones o en formas de vergüenza que se manifiestan incluso en entornos cercanos como el familiar. Es una “atmósfera” de miedo que no solo se basa en el señalamiento del presente, sino también en el miedo por la historia heredada: lo que ha pasado antes como medidor de lo que podría volver a pasar.
La encuesta de convivencia ratifica que el miedo es una de las emociones que más despierta la estigmatización (43 %). La otra es la rabia (67 %), que termina configurando lo que Perdomo llama “subjetividades con vocación sacrificial”, por ejemplo, a través de la participación en las confrontaciones violentas.
Además de facilitar las condiciones para que las personas sean asesinadas, desaparecidas o torturadas, la estigmatización también causa “maneras no letales de morir”, como el confinamiento, dice Perdomo. O como las formas de desarraigo, complementa Natalia Marín, tanto por la ruptura del vínculo geográfico como por la degradación de los vínculos sociales y la fractura del tejido organizativo “a muy bajo costo político” para quien estigmatiza.
Además, ella agrega que la estigmatización habilita violencias “ejemplarizantes”, es decir, hace que actores como los estatales se sientan autorizados a “castigar” a los manifestantes, acosar y violentar sexualmente a las mujeres y ejercer distintos tipos de tortura, como se documentó durante el estallido social.
Verónica López señala otra consecuencia: la judicialización. Dice que hay formas de “administración” de justicia que utilizan a integrantes de la comunidad universitaria como conejillos de indias cuando necesitan a quién señalar de un hecho de alto impacto, como el atentado al centro comercial Andino, en Bogotá en 2017, de cuyo proceso contra estudiantes de la Universidad Nacional han sido documentadas varias irregularidades y no se ha registrado ninguna condena.
De hecho, Max Yuri dice que si bien hay casos específicos de personas judicializadas en el contexto de su pertenencia real a grupos subversivos, estos son pocos si se contrastan con las múltiples absoluciones o procesos precluidos contra estudiantes o docentes a quienes la justicia nunca les demostró sus acusaciones.
Aunque varias de las fuentes consultadas para este reportaje indagaron entre sus conocidos de varias generaciones recientes si alguien quería hablar sobre su historia personal de violencia y estigmatización, al cierre de este texto ninguno había accedido. Una de estas fuentes lo explicó así: “La gente está muy dañada y nadie quiere hablar de nuevo”.
*Este reportaje fue construido en alianza con el proyecto Conciencia Colectiva de la Dirección de Bienestar de la Universidad de Antioquia. El autor es docente ocasional en la Facultad de Comunicaciones y Filología de esa institución.
