Como si existiera una doble vara para juzgar, en los medios no todas las personas que actúan ilegalmente son llamadas “ilegales”. Cuando a un grupo de personas se le nombra con esa etiqueta no hay solo un cuestionamiento frente a una acción contraria a la ley, también se reproducen prejuicios e incluso, en algunos casos, se deja de explicar en qué consiste el carácter ilegal de sus acciones.
Ilegales no son las personas, ilegales son las acciones: es la crítica que resuena con más fuerza cuando se cuestionan los usos asociados a esa palabra en los medios de comunicación. “No hay una persona que sea contraria a la ley. La ilegalidad es una situación de contradicción con la ley, y ya. Algunas conductas son ilegales, pero no podría decirse que sustancialmente alguien sea ilegal”, explica David Orrego, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia.
Para entender lo que implica el uso de esta expresión hay que partir de lo más simple: qué es lo que hace la ley y qué es lo que significa hablar de ilegalidad. La ley, en su definición más básica, puede entenderse como preceptos que regulan las relaciones sociales y, por lo tanto, hablar de algo ilegal se refiere a una acción o situación que es contraria a tales preceptos.
La ilegalidad remite pues a la acción, la conducta, la situación, pero no a una persona. “Pienso técnicamente cómo concebirlo respecto a una persona y no me da. Ni desde el punto de vista civil, ni desde el punto de vista penal, ni desde el punto de vista migratorio una persona es ilegal”, dice Sebastián Pérez, profesor de Derecho Procesal Penal, también de la Universidad de Antioquia.
«Es la desnaturalización de la persona»
El cubrimiento de las temáticas asociadas a las migraciones ha mostrado el problema de situar lo ilegal en las personas. Pese a que organizaciones internacionales han denunciado lo peligroso que resulta referirse a las personas que migran irregularmente como “ilegales”, en los medios sigue apareciendo esta forma de nombrar a quienes buscan mejores condiciones de vida en otros países o huyen de realidades difíciles en sus lugares de origen.
La Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados enuncia tres problemas con el uso de este término cuando se traslada a una persona. El primero es por lo incorrecto: su uso supone una actuación criminal y la migración no es un delito. Las otras dos están ligadas a sus efectos: que su uso puede derivar en la negación de derechos y tiene un impacto real en la percepción pública y en las políticas para abordar la migración, al llevar a pensar que son personas que deben ser castigadas.
Para Sebastián Pérez se trata de un asunto de dignidad: “El hecho de que usted se refiera a alguien como ilegal es la desnaturalización de la persona. Lo excluye de un plano de igualdad”. Agrega, además, que el uso de esas etiquetas en los medios de comunicación contribuye a la construcción de un otro y un nosotros, amigos y enemigos, con efectos en el ordenamiento jurídico y en cómo la sociedad en general trata a determinadas personas.
¿A quiénes llaman ilegales los medios?
No todos quienes actúan alguna vez fuera de los preceptos de la ley son ilegales para los medios, ni todas las situaciones que caben dentro del amplio espectro de la ilegalidad suelen ser nombradas así.
Este término se ha asociado de manera preponderante, en nuestro contexto, a fenómenos como el transporte, las drogas, la minería, la migración y el conflicto armado. En muchos casos hay un uso indistinto de términos como informal, irregular, ilícito o ilegal.
Para Sebastián Pérez, en el uso de una u otra expresión hay una valoración de los medios o los periodistas. Lo explica con un ejemplo sencillo: “No todo lo ilegal se llama ilegal en los medios. Hay muchas prácticas que son ilegales: nosotros en la universidad tenemos un horario. Hay normas que dicen que uno se tiene que quedar hasta determinada hora, pero si uno se va antes no es un ilegal que está andando por ahí. Estoy caricaturizando el asunto pero, ¿por qué nadie llama a eso ilegal?”.
Aunque reconoce que es difícil encontrar patrones porque son usos disímiles, para Pérez es claro que hay diferencias a la hora de abordar asuntos como la financiación ilegal de campañas, la participación indebida en política, las interceptaciones ilegales, el porte ilegal de armas, la malversación de fondos o delitos como el hurto.
“El que se roba un celular en el centro provocó un daño de $500.000. ¿Qué pasa con las grandes defraudaciones bancarias? A aquel se le dice que es un ladrón o un delincuente”, dice Pérez. Agrega que, en cambio, a los responsables de actos de corrupción suele atribuírseles el calificativo de “polémicos” o “cuestionados”.
Así ha sucedido, por ejemplo, en casos como el de Emilio Tapia, condenado por el “carrusel de la contratación” en Bogotá y procesado por casos como el de Centros Poblados. Pese a sus actuaciones ilegales, demostradas con fallos judiciales en su contra, y a que sus acciones han sido cometidas por carteles dedicados a torcer la contratación estatal, no se usa el calificativo de “ilegales” para referirse a Tapia y quienes han sido sus cómplices.
Explicar la ilegalidad
El problema más grave para Pérez es que en el uso del término ilegal, en sus palabras, se deje de “explicar lo que se tendría que explicar”. Es decir, que con su uso se reemplace la descripción de esas situaciones y de por qué en ellas hay acciones o conductas que pueden ir en contravía de la ley.
Es frecuente, por ejemplo, que algunos medios que cubren temas de minería, motivados por declaraciones de las empresas, organizaciones gremiales o funcionarios del Estado, recurran al término para nombrar a grupos de personas que se dedican a esta actividad sin un título minero o en los títulos asignados a otros. Muchas veces, más que explicar en qué consiste la ilegalidad de esas prácticas, se antepone el calificativo.
Pérez y Orrego coinciden en asociar los usos comunes del término ilegal con la preponderancia del derecho penal. Es ese el primer escenario en el que la gente se sitúa para llevar las discusiones y juzgar las acciones. “Se cree que la ilegalidad es una contradicción grave con el sistema —dice Pérez—, es que la palabra tiene un contenido muy fuerte: es ilegal, es que usted está rompiendo la ley. Y hay formas de romper la ley, hay formas sutiles de romperla”.
