Mediante una cooperativa agropecuaria, los reincorporados que aún quedan en ese municipio del occidente de Antioquia han creado proyectos productivos colectivos para mejorar sus condiciones económicas y resistirse a las ofertas de guerra del territorio.
Por: El Armadillo*
De los 326 firmantes del acuerdo de paz que se agruparon en 2017 en Dabeiba, hoy solo quedan 99 en el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Llanogrande, un caserío de estructuras metálicas que se asoma entre las montañas del noroccidente antioqueño.
Los excombatientes que se han ido lo han hecho persiguiendo, algunos, ofertas de guerra, y la mayoría, oportunidades económicas para mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Los que permanecen en el lugar donde entregaron las armas tienen el mismo objetivo, pero un plan diferente para conseguirlo: los proyectos productivos colectivos.
A 40 minutos del ETCR de Llanogrande está Taparales, la vereda que le da el nombre a una finca en la que los firmantes apuestan por sembrar un futuro cargado con cosechas de cacao, limones, yuca, plátano y arroz. En ese predio, que mide 270 hectáreas y está a 20 minutos de Mutatá, los excombatientes depositaron el capital semilla que les entregó el Gobierno Nacional a cada uno: $8 millones para el arranque de proyectos productivos que podían ser ejecutados de manera individual o colectiva.
La Producción Agro Diversa de Cacao por la Paz, una plantación de 5.600 árboles de cacao, fue posible, por ejemplo, gracias a la unión de nueve excombatientes que juntaron $72 millones para ese proyecto. Además de ese cultivo, en Taparales hay otros proyectos avícolas, piscícolas y de agricultura.
“Uno solo no hace nada. Mucha gente, de los $8 millones, ya no tiene nada; compraron un bote, montaron una cantina, un almacén de ropa, un taller de motos. Eso se ha ido, pero los que estamos aquí somos los que nos unimos en grupos. Es más fácil como comunidad, como colectivo”, explica Luz Mary Cartagena, quien fue la vicepresidenta del ETCR Llanogrande entre 2017 y enero de 2024.
La forma como se agrupan los diferentes proyectos productivos es la Cooperativa Multiactiva Agropecuaria El Progreso, Agroprogreso, de la que hacen parte 64 reincorporados. A través de esa figura reciben y administran los recursos tanto de los excombatientes que sumaron su capital a proyectos colectivos, como de quienes presentaron iniciativas individuales pero también son asociados.
Cartagena estuvo en la antigua guerrilla de las Farc durante 39 años, desde que tenía 15, en el Frente Quinto, que se movía por Urabá. Allí fue enfermera “de combate, de guerra y de verdad” y aprendió a curar heridos, pero en el tránsito hacia la vida civil cuenta que “la atropellan” la tecnología y las formas organizativas diferentes a las militares, como la de una cooperativa.
Para comprender el modelo asociativo colectivo, así como sus roles y beneficios, la excombatiente afirma que ella y sus compañeros han recibido capacitación de la Cooperativa Confiar en el ETCR. Cartagena también fue secretaria de Agroprogreso y en noviembre de 2024 fue una de las candidatas para la elección de delegados y delegadas a la asamblea general de Confiar, en representación de los firmantes de Dabeiba.
“Las capacitaciones han sido sobre cooperativismo y economía solidaria, porque muchas veces las personas pensamos que la cooperativa es como una empresa que paga y paga, entonces nos enseñan a formarnos en economía solidaria: cuál es el beneficio, para qué es. También hemos tenido que abrir cuentas para manejar los dineros de los proyectos, y toda la parte bancaria se hace con Confiar”, agrega Sandra Restrepo, una de las asociadas.
La colectividad como resistencia
Alcanzar la sostenibilidad de los proyectos productivos ha sido la principal dificultad para la permanencia de quienes entregaron las armas en Dabeiba. Muchas de las iniciativas empezaron a ejecutarse hace dos o tres años, pero entre ensayo y error, su rentabilidad todavía es una promesa. Recientemente, por ejemplo, la plantación de cacao tuvo una pérdida de más de 800 árboles, pues dos hectáreas de tierra no eran aptas para el cultivo.
Un proyecto de ganadería, para el que se agruparon cincuenta reincorporados, costó $400 millones en 2022, que fueron invertidos en la compra de un predio del que todavía deben más de $100 millones mientras las vacas todavía no generan ingresos. Por el contrario, cada uno de los socios tiene que aportar $28.000 mensuales para el sostenimiento de los animales y del terreno.
Esa es una de las razones por las que muchos reincorporados han optado por realizar proyectos individuales o conseguir empleos que les den una rentabilidad más inmediata, según cuenta Norbey Caicedo, actual representante legal de Agroprogreso.
“Estos proyectos son a largo plazo, entonces mientras empieza su ciclo normal de producción toca invertir un recurso que sale de los socios y esa sacadera de plata es lo que aburre a la gente. Nuestra cooperativa, bien o mal, ha tratado de mantener un grupo numeroso de firmantes, sin importar que no generen ingresos todavía. Seguimos apostando porque así iniciaron muchos de nuestros campesinos”, dice Caicedo.
Otra de las razones que ha desmotivado a los excombatientes a mantenerse en el ETCR ha sido la oferta de los grupos armados que hacen presencia en el territorio. Según cuentan los reincorporados, el Clan del Golfo les ha propuesto a algunos de ellos salarios de $1.5 millones para volver a la guerra.
“Los líderes somos conscientes de que firmamos un acuerdo y que debemos cumplir porque ya está la palabra empeñada, pero nos da miedo por la juventud, que ingresaron ya terminando el proceso, que no tienen la formación que nosotros tuvimos, la moral, la conciencia, entonces están volviendo a coger las armas. Uno les dice: venga, estudie, escuche a las instituciones, pero las ofertas están ahí”, explica Cartagena.
De escuchar a las instituciones ya están cansados. El camino que lleva al ETCR Llanogrande, que está a una hora del parque principal de Dabeiba, ha sido recorrido loma arriba y loma abajo, una y otra vez, desde 2017, por funcionarios de instituciones del Estado, organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación, una dinámica que ellos nombran como un “desfile de chalecos”.
Esos visitantes cada vez encuentran menos excombatientes para las fotos y menos nombres para las listas de asistencia, y las condiciones de los que aún permanecen en el ETCR siguen sin mejorar.
“Necesitamos aliados, no que nos regalen la plata, pero sí que nos financien estos proyectos para poder hacerlos crecer, generar sostenibilidad y generar empleo a las familias de los socios”, afirma Sandra Restrepo, quien desde los 13 años se enfiló entre las mujeres de la antigua guerrilla de las Farc, donde tuvo a una de sus hijas.
Restrepo es escolta de la UNP, hace parte de la junta directiva de Agroprogreso y es una de las integrantes del comité de género del ETCR de Dabeiba. De todos los espacios que integra, el que más le importa es el de su familia: “Aquí no estamos en un proceso de reincorporación a la sociedad como dicen muchas personas, nosotros nunca nos fuimos de las comunidades. La reincorporación es interna, es aprender a darle educación a mi hijo”.
Para los excombatientes, mantenerse en Llanogrande y continuar inyectando recursos al ganado o al cultivo de cacao es un ejercicio de resistencia y paciencia. La recompensa será poder generar bienestar para ellos mismos y para sus familias. “Todo tiende a mejorar, las cosas no nos van a resultar de la noche a la mañana. Hay que ponerle sacrificio y amor”, finaliza Caicedo.
*Este contenido hace parte de una serie de historias financiadas por la cooperativa Confiar, sobre el impacto de proyectos asociativos.
