La doble maldición del agua en Granizal

Por Mateo Isaza Giraldo

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31 de julio de 2025

Cerca de 35 mil personas que viven en este barrio, en límites entre Bello y Medellín, afrontan las secuelas de una avenida torrencial que el 24 de junio dejó cientos de damnificados y 27 muertos, aunque la comunidad dice que pueden ser más. Aquí, un recuento de los dolores y reclamos de quienes viven sin acueducto ni alcantarillado en un asentamiento que supera en población a cerca del 80 % de municipios del país.


Un joven, con pantaloneta verde y sin camisa, desciende las escaleras que lo separan de la calle con un bidón vacío en cada mano. En la pierna izquierda calza una chancla negra y la pierna derecha es una prótesis metálica que empieza arriba de la rodilla y choca contra el piso apoyada en un tenis deportivo blanco. El hombre mira hacia el tanque con agua potable que surte ese sector y maldice la fila: diez, doce, quince vecinos, cada uno con sus bidones. Son las 5:40 de la tarde del martes 22 de julio en el sector Manantiales de Granizal. El agua amenaza desde arriba en forma de nubes, pero sobre todo escasea abajo en el calor del barrio.

Hace un mes Granizal se volvió noticia, también, por el agua. En la madrugada del 24 de junio, un movimiento en masa y una avenida torrencial en la quebrada La Seca, que separa a Bello de Medellín, arrastró decenas de casas de lado y lado. El reporte oficial habla de 27 muertos y 163 familias damnificadas, pero los vecinos de la zona denuncian que puede haber otras familias de migrantes que desaparecieron y a las que ninguna institución siguió buscando.

La tragedia de Granizal es la segunda con más víctimas en el país en los últimos tres años. Foto: @UNGRD

Es una vereda convertida en barrio a fuerza de migraciones, desplazamientos y loteos en la ladera oriental del Valle de Aburrá. Desde hace cinco años ese asentamiento, donde viven más de 35.000 personas, tiene filas todos los días luego de que una sentencia del Consejo de Estado le ordenó a la Alcaldía de Bello y a EPM garantizar el suministro de agua potable en dos de los ocho sectores. Los carros llegan y surten el agua, y alrededor de los tanques negros se forma siempre un corrillo.

“La comunidad se siente muy afectada porque el agua no alcanza y dependemos de la movilidad de los carrotanques. Hay bidones en zonas que tienen más de 100, 150, 200 casas y lo que termina pasando es que hay peleas, intolerancia con el tema del agua porque unos cogen más que otros o alguien no alcanzó”, cuenta Liliana Cuadros, lideresa del sector Manantiales e integrante del colectivo Unidos por Granizal.

Granizal ahora es, además, una comunidad que continúa luchando por el agua. El pasado 24 de julio, día en que se cumplió un mes de la tragedia, decenas de habitantes marcharon hacia la autopista Medellín-Bogotá. Reclamaban soluciones a dos problemas que se agravaron con la emergencia: la falta de agua y de vivienda digna.

“Llevamos mucho tiempo reclamando los mismos derechos que tiene cualquier persona y siempre que nos reunimos con los gobiernos nos pasan por la galleta. Pedimos agua potable y legalización, que no es nada diferente a lo que pedíamos hace años que llegamos. Estamos cansados de reclamar porque siempre nos dicen que no hay plata”, nos dijo, durante la movilización, un habitante del sector El Siete.

El pasado 24 de julio, decenas de habitantes de Granizal marcharon para pedir soluciones de fondo a los problemas de vivienda y agua potable.

«Yo ya no quiero luchar»

A Carmen Cruz Palencia, de 57 años, la violencia la había sacado corriendo siempre de los lugares donde llegó a vivir con su esposo Pedro: primero de Carepa, en Urabá; y luego de Aures y Santo Domingo, en Medellín. En 2020 había conseguido una casa en Granizal con espacio para sembrar, pero la avenida torrencial de hace un mes se llevó gran parte de lo que construyeron en estos cinco años.

“Recuerdo ese día y me da impotencia, tristeza, dolor, rabia. Eso se llevó el gallinero, todo el lado de las piezas, y también los sembrados de yuca y la platanera. Lo único que se salvó fue un palito de limón. Yo vengo de violencia en violencia y a mí la vida se me partió en dos otra vez (…) La psicóloga nos decía que Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros, pero yo ya no quiero luchar. Desde que tengo uso de razón la vida es una lucha y ya el alma se me murió”.

Esa tristeza de perder su espacio por la tragedia y la incertidumbre de vivir arrimados donde una hija se le convirtió a Carmen en un dolor que no la deja dormir. Su esposo Pedro le borró del celular las fotos de cómo se veía la casa antes de la emergencia porque no paraba de verlas y le hacía daño. Ahora solo tiene imágenes en las que se ve una casa a medias y un sello azul, de gestión del riesgo, que ordena la “evacuación definitiva”.

Jesús Edilberto Blandón, de 64 años, otro de los sobrevivientes, logra conciliar el sueño en el albergue en Prado en el que lo tienen ahora, pero se despierta a medianoche con la pesadilla de que vuelve a pasar la emergencia. Dice que la comida no les ha faltado, pero le preocupa la falta de soluciones a largo plazo porque las autoridades, luego de muchos requisitos, solo les ofrecen 590 mil pesos mensuales por tres meses para pagar un arriendo.

Parte de la dificultad en la que coinciden algunos de los damnificados y varios líderes comunitarios de la zona es que, aunque el límite de la quebrada es claro, en la práctica muchos de los vecinos que viven en jurisdicción de Bello tienen servicios (salud, educación, entre otros) en Medellín y viceversa. Esa confusión se agudizó en el afán de la atención de la emergencia.

“Vengo de Las Flores [el lado de la tragedia en jurisdicción de Medellín]. Yo allá tenía mi rancho y lo que estamos pidiendo es que nos den vivienda digna o nos reubiquen en una parte que uno pueda vivir tranquilamente. Nos dicen que el desalojo es definitivo. ¿Adónde nos vamos a meter? ¿Cómo nos vamos a tirar a la calle a vivir debajo de un puente?”, nos dijo Jesús Edilberto.

Agua cruda. ¿Respuestas institucionales?

Dos residentes con las que conversamos, y que pidieron omitir sus nombres, le contaron a El Armadillo que la situación del agua en Granizal se agravó en el último mes porque luego de la emergencia en muchos sectores dejó de llegar el “agua cruda”, como le dicen al agua no potable que llega por mangueras artesanales y que desde hace años manejan “los muchachos de la vuelta”.

En muchos hogares esa agua es utilizada para buena parte de las actividades domésticas (ducharse, vaciar sanitarios, lavar la ropa), menos para tomar o cocinar. Cualquier familia de Granizal que quiera el servicio debe pagar 6 mil pesos cada semana. “Uno sabe a quién le paga, pero no hay más opciones”, nos dijo una de ellas.

La Defensoría del Pueblo emitió, en 2019, la alerta temprana 036-19 con riesgos y vulneraciones a los derechos humanos en Bello y documentó que Granizal era controlado por la banda de San Pablo. El reporte denuncia que, además de vender ilegalmente lotes en las zonas de asentamiento, esta organización tenía un dominio sobre el servicio de agua no potable, el comercio de alimentos como arepas y huevos, y de otros insumos como las pipetas de gas.

“A pesar de que la población en un 80 % está por debajo de la línea de la pobreza y la inversión pública es mínima, San Pablo (El Pinar) genera rentas de cualquier servicio básico requerido por la comunidad, siendo el agua uno de los bienes vitales más esenciales del que generan rentas ilegales”, detalla la alerta. El pasado 22 de julio, la Alcaldía de Bello rechazó nuevas actividades “de loteo ilegal detectadas en la zona afectada por el movimiento en masa en Granizal” y habló del peligro de que actores ilegales delimitaran y vendieran lotes en zonas declaradas en riesgo no mitigable.

Un estudio en el que participaron investigadores de la UdeA y el Siata, liderado por el Imperial College de Londres, analizó los acumulados de lluvia de la noche de la tragedia y calificó el fenómeno como aguacero torrencial. Foto: Alcaldía de Bello.

Dos días después, en medio de la protesta en la autopista por la falta de agua, esa misma alcaldía habló de las acciones que adelantó en la modificación del POT para “habilitar a EPM como prestador de servicios públicos en Granizal y redefinir los usos del suelo”. Señaló que pavimentó un kilómetro de vía (que valió $3.300 millones) y dijo, entre otras cosas, que un proyecto de acueducto aéreo que le presentó a Minvivienda pasó la evaluación de requisitos y ahora está en actualización presupuestal. “Demostramos con hechos que Granizal está en el corazón de Bello”, dice el comunicado.

Le preguntamos a EPM por el plan provisional que se adelanta desde mayo de 2020 para llevar agua potable a Granizal y por su papel en la atención de la emergencia. Nos respondió que son 112 tanques distribuidos por la zona, que por solicitud de Bello aumentó de cuatro a siete los carrotanques que abastecen a esa comunidad, y que reforzó el suministro con un camión con bidones y una camioneta que distribuye bolsas de agua de cinco litros.

También, sobre posibles soluciones de fondo y la solicitud de un acueducto, esa empresa dijo que “es muy importante reiterar que el territorio de Granizal está hoy por fuera del perímetro de prestación del servicio de EPM y, por lo tanto, hoy la responsabilidad es del municipio de Bello; dos sectores de la vereda hacen parte de una acción popular en la que EPM ha cumplido con todos sus compromisos”.  (clic aquí para ver las respuestas completas).

El pasado 14 de julio, el lugar donde se escucharon los dolores de la comunidad afectada por la tragedia fue el Concejo de Medellín. Allí, varios líderes hablaron de la falta de agua y de las respuestas poco satisfactorias a la emergencia.

—¿Por qué tiene que pasar algo así para que las instituciones y en sí el Estado nos ponga cuidado?
—La comunidad está preocupada porque vienen y ponen el sticker y tienen que desocupar. ¿Dónde están las garantías? Son familias que viven del diario.
—Las entidades aquí solo se dedican a prohibir dónde se puede o no construir, pero cuando se trata de liderar proyectos que eviten estas tragedias ahí sí no aparecen.
—¿Qué vamos a hacer con un subsidio de arrendamiento si no tenemos enseres para llevar al alquiler? Ni camas ni televisores ni nevera. La gente no tiene nada.

Luego de esas intervenciones habló Carlos Quintero, director del Dagrd, de la Alcaldía de Medellín. Aceptó algunas fallas logísticas, valoró los liderazgos comunitarios, dio pocas respuestas de fondo, pero dejó un mensaje motivacional: “Yo también pasé noches en vela y varios días sin ver a mi familia (…) Yo también soy de fe y creo en dios y creo que todas estas personas que están acá son sobrevivientes y sobrevivieron por algo. Seguramente han perdido mucho, pero no han perdido lo más importante que es la vida y con vida podemos lograr muchas cosas”.

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