En público, los candidatos coinciden en oponerse a la actual representante a la Cámara, Karen Juliana López; en privado, el control criminal del clan del Golfo o Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) sigue apareciendo como definitivo para la elección.
*Este artículo fue producido y publicado en el marco de la red de periodistas regionales creada por La Silla Vacía para cubrir las circunscripciones especiales de paz.
En Currulao, un líder social asegura que en la región “la construcción de la verdad ocurre entre susurros”. Y baja un poco la voz mientras lo dice, aunque no hay nadie cerca que pueda escucharlo en ese corregimiento de Turbo, el más poblado de Urabá. “Aquí les decimos los caballos”, explica ese líder. Así evita nombrarlos.
Cuando se pregunta en esta región por el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC, también conocido como clan del Golfo) y por su influencia en la elección de la curul especial de paz a la Cámara de Representantes, las personas hablan bajito y, en general, piden no ser citadas. En algunos casos prefieren no responder.
El silencio es el efecto de la hegemonía y la gobernabilidad criminal impuestos por este grupo, considerado la amenaza de seguridad más grande de Colombia, en la zona donde nació y mantiene varios de sus santuarios.
Según la Defensoría del Pueblo en sus alertas tempranas de octubre de 2025, en Urabá el EGC “impone sanciones y reglas” y cualquier acción contraria a sus intereses “deriva en exclusión o amenaza”. Agrega la entidad que en la subregión los candidatos “necesitan la aprobación informal del grupo armado para participar en elecciones”. Un líder político de Apartadó lo lleva más lejos: dice que allí varias elecciones “se han dinamizado por el narcotráfico y por el clan del Golfo”, que “todo se mueve con plata”. Aunque el EGC no parece una preocupación central en las entrevistas con las campañas, más concentradas en criticar a la actual representante Karen López, sí hay pistas de que bajo la aparente tranquilidad de la región están ellos, “los caballos”, “el grupo”. Que hay que pedir permiso para ingresar a algunas zonas, que la campaña se ha hecho sin un control más fuerte que en otros procesos electorales pero que en definitiva están ahí, en algún lugar.
Arriba a la izquierda: Ciro Valenzuela; arriba a la derecha, Karen Juliana López; abajo a la izquierda: Ayineth Pérez; abajo a la derecha: Víctor Palacios. Fotos: cortesía de las campañas y redes sociales.
Acuerdos, apoyos y hostigamientos
El Reposo es el corregimiento con más potencial electoral de Apartadó, uno de los ocho municipios que, junto a Dabeiba, Chigorodó, Carepa, Mutatá, Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá, conforman la circunscripción transitoria especial de paz 16 (Citrep), figura creada para dar voz a las víctimas de los municipios más golpeados por la violencia del país.
Allí, los postes de luz dan cuenta de la disputa electoral por acá: la actual representante a la Cámara Karen López, apoyada por políticos tradicionales de la región, quiere reelegirse. Varios de sus afiches estaban rasgados y sobre estos o a un lado están, entre los de otros candidatos y en un formato más pequeño, los de Ciro Valenzuela, candidato que estuvo en El Reposo la noche antes, el 7 de febrero. Valenzuela, con un pie también en la política tradicional, es para la mayoría de las personas consultadas para esta historia uno de los contendores con más posibilidades de ganarle a López en un contexto en el que casi todas las candidaturas cuestionan la gestión y legitimidad de la actual congresista y algunas, incluso, están dispuestas a unirse para enfrentarla.
López, inscrita por el movimiento significativo de ciudadanos Yo soy Urabá, ganó hace cuatro años en cinco de los ocho municipios con el 19.6 % de los votos en 2022, cuando se inscribieron 15 fórmulas. Para este año compiten ocho duplas en las que hay nombres más conocidos, campañas con más inversión privada y más presencia de grupos políticos. A esto se suma que el censo electoral creció en 9 % para esta Citrep y que esta figura es menos desconocida que en las elecciones pasadas, por lo que es posible que el 8 de marzo se supere el 34.5 % de participación de ese entonces.
El rechazo general a la congresista López se sustenta en su despliegue económico, sus apoyos políticos y la falta de legitimidad ante sectores de víctimas. El 14 de febrero pasado, el Instituto Popular de Capacitación y la Asociación Campesina de San José de Apartadó hicieron un foro con las candidaturas a la curul de paz. Casi todas las listas inscritas enviaron a uno de sus aspirantes, pero la ausencia más notoria fue la López, quien no respondió la invitación.
“Hay comunidades que nunca se vieron representadas. Karen se dio a conocer hace tres o cuatro meses que volvió a caminar Urabá y a venir a las emisoras, pero ella no se pudo legitimar”, dice el líder político de Apartadó, quien además intentó contactarla varias veces estos cuatro años, pero nunca recibió respuesta.
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Menderson Mosquera, quien aspiró a la curul de paz en 2022 y coordinó la mesa departamental de víctimas de Antioquia, dice que invitó a la representante López a esa instancia, pero que ella nunca fue ni se articuló con su trabajo. “Eso ofende mucho a los representantes de víctimas”, dice Mosquera, que ahora apoya a una candidata llamada Olga Guzmán.
“Nunca se ha querido sentar con las mesas de víctimas, la hemos buscado más de una vez. A la mesa departamental la invitamos y no ha ido”, ratifica Birleyda Ballesteros, integrante de la mesa de víctimas de Apartadó y delegada en la mesa departamental. Ella apoya al candidato Víctor Palacios y dice que López “se convirtió en la representante de los músculos financieros del municipio de Turbo”. Se refiere a los apoyos que tiene su campaña y que, de hecho, tuvo también hace cuatro años.
“Nosotros ayudamos a que Karen fuera representante, nosotros le creímos. Es una realidad que no desconocemos. Nosotros nos equivocamos”, dice el candidato Ciro Valenzuela. Se refiere al equipo del entonces alcalde de Turbo Felipe Maturana, quien hoy está con López. Valenzuela, por su parte, es cercano a la casa política liberal de Envigado.
A Karen López también la apoya Édgar Morales, excandidato a la alcaldía de Turbo en 2019 y a la Cámara de Representantes en 2022. Luz Amparo Dávila, quien fue asesora de Morales en esa última campaña, es desde 2023 la coordinadora regional de la Agencia para la Renovación del Territorio en Urabá, según varias fuentes, como cuota de Karen López.
Los hermanos Angulo Palacio son otra fuerza tradicional de Turbo que apoya a López, tal como lo hicieron en 2022. Ariel Angulo ha aspirado a la alcaldía de ese municipio por el partido Liberal y fue, entre 2020 y 2021, asesor de despacho del alcalde Maturana tras declinar su candidatura al mismo cargo; desde el 2023 hasta 2025 fue director territorial para Antioquia y Chocó de la Agencia para el Desarrollo Rural, también como cuota de López. Su hija, Karen Angulo González, es integrante de la UTL de la representante López. Víctor Angulo, hermano de Ariel, fue candidato a la Alcaldía en 2023, pero declinó y se unió a la campaña de Alejandro Abuchar, actual alcalde de Turbo.
Justamente, la estructura del alcalde Abuchar está dividida, pues algunos concejales de su coalición apoyan a Karen López, pero otros más cercanos a su movimiento apoyan a otra candidata llamada Adriana García, la dupla de Víctor Palacios por Asodene.
De izquierda a derecha: Ariel Angulo, director regional de la ADR; Luz Amparo Dávila, coordinadora de la ART para Urabá; representante a la Cámara Karen López; Alexis Cuesta, director de Corpourabá. Foto de Facebook de Ariel Angulo.
Y Never Jacinto Carvajal, alcalde de San Pedro de Urabá, también estaría con López, según indicaron varias fuentes. Aunque ese municipio apenas representa el 8 % del censo electoral de la curul de paz, en 2022 le representó a López la quinta parte de su votación, después de Turbo, que le dio casi la mitad de sus votos (47 %).
Entre 2022 y 2026, el censo electoral rural de San Pedro de Urabá creció 34 % (2.325 votos más), mientras el de esta curul creció 9 %. Esto se explica sobre todo porque en 2024 el Concejo de ese municipio aprobó la creación de cinco corregimientos adicionales a los cinco existentes, lo que favorece que personas con cédulas inscritas en lo urbano pasen a lo rural, que es donde por ley se vota para esta curul. Para el momento en que se crearon esos nuevos municipios, el secretario de Planeación del municipio era Jaime Fabián López Salazar, hermano de la representante a la Cámara que hoy se quiere reelegir.
Un par de fuentes conocedoras señalan que podría haber trashumancia electoral, no solo entre lo urbano y lo rural por los cambios administrativos, sino también porque han recibido información de que llegaron personas del vecino departamento de Córdoba a inscribirse en puestos de votación como Alto Rosario, en San Pedro de Urabá, que pasó de no existir como puesto de votación a tener un censo electoral de 863 personas. La candidata Olga Guzmán denunció estos hechos ante la Registraduría.
Para Valenzuela, la única razón por la que la actual representante es una candidata fuerte “es por el tema económico”. Lo dice por lo que se ve: reuniones multitudinarias, vallas de gran formato, publicidad en calles, gorras y camisetas y, según varias fuentes que coinciden, ofrecimientos económicos a líderes rurales. Esto último no pudimos verificarlo en terreno.
Hace cuatro años, la campaña de López reportó gastos por 95.5 millones de pesos, por encima del tope de financiación fijado por el Consejo Nacional Electoral, pero esa entidad no abrió ninguna investigación sobre esto. Al cierre de este artículo ninguna candidatura había recibido el anticipo estatal que debían recibir en enero. Todas las campañas se están llevando a cabo con recursos propios o donaciones privadas, pese a que la ley ordena que sea “preponderantemente estatal”. Ninguna los ha reportado en Cuentas Claras. El tope de financiación está fijado en 1.034’698.445 pesos.
Karen López ha votado sí a las reformas impulsadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro. En 2024 fue una de las ponentes de la fallida reforma a la salud. Sus informes de gestión de 2024 y 2025 muestran una actividad legislativa relacionada con temas de víctimas y paz, territorios PDET, mujeres y población afro, pero líderes políticos y sociales señalan que ese trabajo no es socializado en Urabá ni con las víctimas. La candidata dijo a finales de 2025 que su gestión ha significado 180 mil millones de pesos para la región, pero la líder de víctimas Birleyda Ballesteros considera que en esa cifra se adjudica proyectos que se gestionaron a través de mecanismos como el PDET.
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El pasado 5 de febrero del 2026, Eider Gaviria, hasta ese día candidato por la Asociación de Reclamantes de Tierra – Tierra y Paz, renunció y se sumó a Ciro Valenzuela, quien recibió el aval de la fundación educativa Fundaemín, pero para la campaña creó, junto a su fórmula Olga Guzmán, el movimiento Podemos.
La otra candidata por la lista a la que renunció Gaviria es la líder reclamante de tierras Ayineth Pérez, quien quedó sola en la lista y por lo tanto en desventaja frente a las demás listas, pues la curul se le otorga a la persona con más votos en la lista más votada.
En la tarde del día siguiente, 6 de febrero, la campaña de Pérez denunció en un comunicado que “otros candidatos aspirantes a la curul de paz de Urabá presionan a la candidata, a sus hijos y su familia para que desista de su candidatura”. Ella explicó ese mismo día, en entrevista, que fueron llamadas insistentes durante varios días hasta tarde, y que cuando ella dejó de contestar empezaron a llamar a sus familiares.
Según el aspirante Ciro Valenzuela, varias y varios candidatos se reunieron varias veces antes de inscribirse “precisamente para buscar una convergencia que nos permitiera tener una candidatura más fuerte” para enfrentar a la actual congresista. “Todo el mundo dice lo mismo: cualquiera menos ella”, dice. Al cierre de este artículo no se habían concretado más adhesiones.
Lluvias y caballos
También a inicios de este febrero, las lluvias provocadas por un frente frío en el Caribe afectaron veredas de varios municipios del Urabá, sobre todo en el norte. Al WhatsApp de un taxista llegó una foto de única visualización en la que aparecían varias bolsas con mercados para las familias afectadas por las inundaciones en Necoclí. Tenían un sello del EGC. Las fotos circularon después en medios locales. “¿Cómo habrán hecho para llevar esa comida hasta allá?”, se preguntó el taxista. Varias zonas permanecían incomunicadas porque las inundaciones afectaron puentes y vías.
Mercados destinados a familias afectadas por las inundaciones de febrero y con sello del Ejército Gaitanista de Colombia o clan del Golfo. Foto: Autor desconocido.
Ese nivel de penetración en la vida social lleva al líder político de Apartadó a afirmar que nadie que aspire al poder en la región puede ignorar al EGC: “Pero una cosa es trabajar con ellos y otra cosa es para ellos”. Y asegura que muchos trabajan para ellos, pero nadie denuncia “porque no hay garantías y todos se conocen”. Aunque históricamente las campañas “nadan en plata”, según un periodista local, “a nadie le han probado que el clan del Golfo financia esas campañas”.
Todas las candidaturas consultadas coincidieron en que han podido hacer campaña. Una candidata dijo que en las vías rurales se ha encontrado menos “puntos” —vigías armados— que antes y otro candidato contó que ha evitado ir a veredas remotas en las zonas montañosas de Turbo y Carepa porque allí hay un control más fuerte del EGC. Otro se ha movido cerca de esas zonas, pero ha tenido que pedir permiso para hacerlo. Según un líder que ha trabajado en campañas, también es usual pedir permiso para hacer actos de campaña en zonas de San Pedro de Urabá y Necoclí. La influencia del “grupo hegemónico”, de “la organización”, de “los caballos” o simplemente de “el grupo” en la región es como una sombra que está a la vista de todos.
En noviembre de 2025, el candidato Víctor Palacios sufrió un robo con arma de fuego en Apartadó, pero duda de que solo quisieran robarle. Dice que en la región es imposible no tener incertidumbre y limitaciones en seguridad. Por eso hace su campaña con un esquema de protección asignado desde ese episodio.
Por su trabajo como líder de restitución de tierras, la aspirante Ayineth Pérez ha recibido varias amenazas a lo largo de los años. Tenía un esquema de seguridad asignado por la Justicia Especial para la Paz (JEP) como víctima acreditada en el macrocaso 04, pero se lo retiraron el año pasado. Según explica, por falta de recursos la JEP le trasladó la tarea de cuidarla a la Unidad Nacional de Protección, pero hasta ahora no ha habido respuesta y así, sin seguridad adicional, ha hecho su campaña.
Y el 15 de febrero, en entrevista con la emisora turbeña Puerto Stéreo, Silvia Velásquez, otra candidata, le pidió al EGC aclarar si apoyan a alguna campaña o no, o si hay líderes que usan el nombre del grupo armado por su cuenta: “Es lastimoso uno llegar a un territorio y que un líder te diga: ‘Aquí nos dijeron que teníamos que votar por fulano o perano y no se permite la presencia de ningún otro candidato’”.
Durante esta investigación, al solicitar información sobre la agenda de la congresista Karen López, un asesor respondió: “Comprenderás que por seguridad de ella esa información la manejamos con bastante reserva”. Hasta el cierre de este artículo no respondieron a la solicitud de una entrevista para preguntarle por esa situación de la campaña y por los cuestionamientos que le hacen de las demás candidaturas.
Mientras la campaña avanza, el EGC mantiene una mesa de negociación con el gobierno de Gustavo Petro en Catar. El 5 de febrero en Urabá se comentaba la decisión que el EGC tomó el día anterior: levantarse de la mesa debido a la reunión entre Petro y Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en la que el mandatario colombiano ofreció priorizar acciones contra varios narcotraficantes, entre ellos “Chiquito Malo”, comandante del EGC. Un líder de víctimas contó que el grupo ha recibido varios golpes en los últimos meses. En efecto, desde 2025 vienen cayendo varios “peces gordos” del EGC, incluido un sobrino del alcalde de Turbo. Pero en la región no se percibe tensión y ninguna fuente consultada en terreno prevé acciones armadas de ningún tipo. Según el líder de Currulao, lo importante para el EGC es obtener algún reconocimiento político y uno de los líderes de Apartadó dice que es justamente por esa pretensión que podrían tener algún interés en incidir sobre la voz de las más de 500 mil víctimas de Urabá en el Congreso de la República.
