El poder privado que vigila a El Retiro (segunda entrega)

Una corporación, conformada por residentes de algunas de las parcelaciones más costosas de El Retiro, está contratada por la Alcaldía de ese municipio para operar el sistema de videovigilancia local. Además, financia un grupo de hombres armados que coopera con el Ejército y la Policía.

Por Juan David Ortiz Franco y Mateo Isaza Giraldo.


En septiembre de 2006 fue registrada ante la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño la Corporación Fondo Integrado de Parcelaciones de El Retiro (Cofir). Según consta en un formato diligenciado a mano y que hace parte de los expedientes empresariales de esa entidad, las actividades para las que fue creada consisten en “mejorar la calidad de vida”, “colaborar con las autoridades” y “velar por la seguridad”.

Hoy, esa corporación, cuyo domicilio se ubica en la parcelación Fizebad Colinas, un lujoso condominio campestre en las afueras de El Retiro, está contratada con recursos públicos para operar el sistema de videovigilancia municipal y financia un grupo de seguridad privada que opera en conjunto con la Policía y el Ejército .

A propósito de las más de 330 capturas por tráfico de drogas desde 2015* y de las inconsistencias en algunos procesos judiciales que varias familias califican como “falsos positivos” y un intento de “limpieza social”, El Armadillo revisó documentos oficiales, reconstruyó la historia e identificó a los protagonistas de un modelo de seguridad en el que los privados, en particular algunos de los más adinerados del municipio, han tenido un papel determinante.   

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La red de cooperantes

Aunque conservó la sigla de Cofir, la corporación modificó su nombre en 2011 y retiró la palabra “parcelaciones”. Ahora llamada Fondo Integrado de El Retiro, aparece referenciada en el diagnóstico de seguridad del Plan de Desarrollo 2020-2023 de la Alcaldía de ese municipio. Allí la administración local asegura contar con “redes de apoyo y trabajo articulado” con diferentes actores entre los que están Cofir, juntas de acción comunal, comerciantes, asesores de seguridad de municipios vecinos y empresas de seguridad privada.

Además de esa mención, la corporación tiene un rol decisivo por medio de una serie de por lo menos siete contratos que le han permitido operar, desde 2017, el sistema de cámaras de seguridad, un centro de monitoreo y una red de apoyo ciudadano. Por ese servicio, la Alcaldía de El Retiro ha pagado a esa entidad sin ánimo de lucro más de $580 millones, incluyendo los $175 millones de un contrato que Cofir empezó a operar en marzo de este año y que termina en diciembre de 2021.

Los informes presentados por la corporación a la Alcaldía, que conoció El Armadillo, dan cuenta de los alcances del monitoreo del sistema de videovigilancia y de su influencia en las actividades de la Policía local. Por ejemplo, en junio, el mismo mes en que fueron capturadas 24 personas en un operativo contra una banda supuestamente dedicada al narcotráfico, Cofir hizo 100 reportes de “novedades registradas por el sistema”. 

De ellas, unas pocas tienen que ver con situaciones de tránsito y otras más con riñas o infracciones a toques de queda por la pandemia, pero buena parte de los reportes se refiere a “casos de inseguridad” e incluye la mendicidad, jóvenes que pegan carteles en las paredes y hasta la presencia de vendedores ambulantes

Muchos de esos registros son catalogados con la palabra “sospechosos” y se refieren a personas que transitan o se reúnen en cualquier lugar vigilado por alguna de las 89 cámaras que para ese mes estaban instaladas. La mayoría de ellas está en la cabecera urbana que tiene una extensión aproximada de 1,5 kilómetros cuadrados.

El mismo informe de junio de este año indica que las imágenes captadas sobre consumo o distribución de drogas deben ser “entregadas al asesor de seguridad [Fabián Londoño, contratista de la Alcaldía de El Retiro] para la coordinación con la Policía Judicial que adelanta procesos investigativos”.   

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Otro aspecto que se destaca del documento son los reportes de Cofir a una empresa de seguridad privada: Segurtec. Esa compañía, que presta sus servicios de vigilancia a la corporación, aparece referenciada por lo menos desde 2017 en actividades de vigilancia en los alrededores de las parcelaciones asociadas. 

Ese año, en una publicación en su página web, Cofir destacó los “patrullajes conjuntos” entre tropas del batallón Juan del Corral del Ejército, con sede en Rionegro, y lo que llamaron “nuestro esquema de vigilancia privada”. A mediados de 2018, el esquema se fortaleció. Cofir anunció que, a partir de entonces, estaría “integrado por tres motocicletas de 250 cc, con hombres armados, dotados de chalecos blindados y pistola 9 mm”[sic].

Este es el esquema de seguridad de la empresa Segurtec que presta sus servicios a Cofir. La foto fue publicada en 2018 en el sitio web de la corporación. 

De acuerdo con el acta de la asamblea de asociados de febrero de este año, a Cofir lo integran 38 corporados, de los cuales cerca de 30 son parcelaciones o condominios residenciales. Su consejo de dirección está integrado por 10 personas entre las que está Juan Felipe Posada Moreno, expresidente de Industrias Estra, de la Sociedad Colombiana de Orquideología y de la junta directiva del Jardín Botánico de Medellín.

También hacen parte de ese organismo Jorge Luis González Hencker, exsuperintendente de Industria y Comercio, y Luis Guillermo Jaramillo Mejía, exviceministro de Defensa y exdirector de Findeter durante el gobierno Uribe, que además fue candidato al Senado como parte de la lista cerrada que presentó el Centro Democrático en las elecciones de 2014.  

En la actualidad, el representante legal y director ejecutivo de Cofir es Jorge Iván Cano Ríos, un suboficial retirado de la Policía, con estudios de derecho en la Universidad de Medellín y, entre 2012 y 2013, asesor de seguridad de la Alcaldía de El Retiro. 

A propósito de la relación entre Cofir y la Alcaldía, más allá del vínculo contractual para la operación del sistema de cámaras, otra publicación, también de 2017, se refiere a la última reunión ordinaria que tuvo ese año el consejo de dirección de la entidad y a la que asistieron el alcalde de entonces, Camilo Botero Rendón y su secretario de Gobierno, Rodrigo Gómez Bedoya. 

El Armadillo contactó a Jorge Iván Cano para consultar sobre la influencia de Cofir en la definición de políticas de seguridad en El Retiro. Aseguró que su papel se centra en el norte del municipio, en las veredas Carrizales, Los Salados, Normandía, La Fe y Santa Elena por medio de su propio esquema de vigilancia privada, pero que “eventualmente” la corporación participa “en reuniones de coordinación con la Alcaldía y con la Fuerza Pública”. 

Sobre los contratos para la operación del sistema de cámaras de seguridad, dijo que su objeto social los faculta para ese tipo de actividades y agregó que, aunque han suministrado la información que solicita la Alcaldía o la Policía, no han tenido ninguna participación en los megaoperativos y en las capturas masivas de jóvenes acusados de pertenecer a estructuras del narcotráfico. 

Santiago Montoya, secretario de Gobierno de El Retiro, explicó ese doble rol que cumple Cofir: hacerse cargo de la seguridad en su área de influencia y operar el sistema de videovigilancia de toda la localidad; una estrategia que creció más del 200 % en menos de dos años al pasar de 39 cámaras en enero de 2020 a 129 en la actualidad.

“Ellos tienen un sistema de seguridad privado que es financiado por todas esas parcelaciones y por las personas naturales afiliadas (…) tienen patrullas móviles en toda esa zona de influencia y eso nos ha servido mucho porque al estar asentada ahí población de un estrato socioeconómico medio-alto, pues obviamente nos preocupan los hechos de seguridad que se presenten en la zona. Al tener la vigilancia privada, la verdad nosotros, y lo hemos hablado en reuniones con ellos, priorizamos otros puntos del municipio que están descubiertos”, dijo el secretario. 

El funcionario resaltó que por el limitado pie de fuerza en el municipio —23 policías que se dividen en tres turnos al día y que deben cuidar a los detenidos que permanecen en el comando—, esas alianzas son importantes para priorizar y cubrir los 243 kilómetros cuadrados de la localidad.

Sobre la relación contractual para que operen el centro de monitoreo, Montoya aclaró que ese vínculo viene de años atrás y señaló que Cofir ha cumplido con todas las obligaciones contractuales y que es idónea para prestar el servicio de monitoreo. 

“Aún así esta administración nunca ha hecho una contratación directa con Cofir. Todos los procesos se han sacado a una licitación pública para que exista pluralidad de oferentes y garantías para que cualquier persona que tenga la idoneidad y que cumpla con los requisitos pueda presentarse”, dijo el secretario. 

¿Lo que quieren es darles buena imagen a los ricos?

La primera parte de esta historia comienza con las palabras de una mujer que desde junio de 2021 tiene a dos de sus familiares presos, acusados de integrar una red de narcotráfico. Ella, como las madres, hermanas y tías de otros jóvenes que hacen parte de la lista de 24 capturados en un operativo simultáneo el 9 de junio, alega la inocencia de sus allegados, pero además aventuró una hipótesis para explicar lo que consideran una persecución contra muchachos que le estorban a un sector de la élite de El Retiro: “Este es un pueblo de ricos y lo que quieren es darles buena imagen”. 

Lo cierto es que ese municipio se ha convertido en uno de los destinos predilectos en el Oriente antioqueño de personas de altos ingresos, lo que se expresa, por ejemplo, en un “boom” de la construcción. Los datos del Dane indican que después de tener 22.233 metros cuadrados licenciados en 2015, el municipio llegó a un pico de más de 90.000 metros cuadrados en 2017, ubicándose, de lejos, como el municipio del Oriente cercano con el mayor incremento proporcional de licencias de construcción otorgadas en los últimos años.

La variación porcentual de los años se deriva de un comparativo respecto al año inmediatamente anterior. Fuente: DANE.

Para Emanuel Ospina, urbanista, investigador y docente universitario, esos cambios rápidos que provoca una explosión inmobiliaria tienen impactos sociales y de seguridad en procesos que tardan muchos más años como la convivencia y que se construyen con presencia de la fuerza pública y con medidas de choque, pero también con empatía, confianza y un sentido de justicia: “No es que crecer o dar licencias urbanísticas sea malo per se, pero hay una disonancia entre la velocidad a la que se desarrolla la vivienda y la velocidad en que el territorio prepara para satisfacer todas las otras necesidades”.   

Esto, de acuerdo con Ospina, se agudiza con el enfoque que se le ha dado a algunos sectores del Oriente para que sea el espacio de retiro o la segunda vivienda de la gente más adinerada del Valle de Aburrá. En consecuencia, dijo, se provoca un fenómeno de gentrificación que implica una pérdida de identidad y de dificultades en las estructuras básicas de convivencia.

«No es que sientan que el municipio se diseñe para los ricos, es que los ricos están diseñando el municipio a su conveniencia. Y no es como mucha gente podría pensar: que es un discurso comunista ni mucho menos, pero hay economías dominantes, empresas grandes, industriales que son finalmente los que desarrollan, compran lotes, hacen publicidad, montan empresa y construyen allá», dijo. 

El fenómeno urbanístico en el Oriente y sus efectos sobre los municipios no es nuevo ni exclusivo de El Retiro, pero allí está el ingrediente adicional de que un sector de la población tiene ojos en toda la localidad y, con el argumento de la cooperación, puede imponer su propia interpretación de seguridad.


*En la primera parte de esta investigación decíamos que el 19 de noviembre sería la audiencia en la que se leería la sentencia en contra de Pedro Gutiérrez y Fernando Franco, acusados de pertenecer a una red de narcotráfico en El Retiro. Esa diligencia fue aplazada para el próximo 14 de diciembre por decisión del Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Antioquia.

El Armadillo
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