La empresa El Roble, de la que son accionistas el gobernador y su familia, es cuestionada por el no pago de regalías, el incumplimiento de obligaciones ambientales y la exploración en zonas de nacimientos de agua.
El pasado 14 de marzo, cuando el paro minero del Bajo Cauca y el Nordeste de Antioquia ya cumplía dos semanas, el gobernador Aníbal Gaviria compartió en sus redes sociales los videos de tres quebradas que, según dijo, quedan en el municipio de El Bagre. «Dos semanas sin extracción ilícita de minerales le han dado un respiro a la naturaleza en el Bajo Cauca», fue la frase con la que acompañó las imágenes. Varias veces apareció en medios de comunicación con declaraciones parecidas sobre los impactos de la minería.
A 135 kilómetros de Medellín, en el municipio de El Carmen de Atrato, Chocó, Angelina* vio el mensaje con extrañeza. «A mí que me expliquen por qué ese señor sale a hablar mal de los mineros, si él y el papá fueron los que trajeron ese negocio aquí», comentó vía telefónica.
Angelina no quiere dar su nombre porque teme poner en riesgo una de las fuentes de ingresos de su familia: la mina El Roble, fundada por Guillermo Gaviria Echeverri, padre del gobernador de Antioquia y que hoy pertenece en un 90% a la multinacional Atico Mining Co.
Pero casi medio siglo de vida entre las montañas del Atrato le da autoridad a Angelina, que se reconoce como campesina, para recitar de memoria la historia del pueblo: que era muy rural, que los conocían como la despensa agrícola de Chocó, que en los 80 llegaron varios paisas buscando oro y encontraron cobre, y que la montaña de la vereda El Roble se fue «pelando». En los 90 la violencia arreció y la gente empezó a desplazarse. Hoy muchos han regresado, pero ninguno volvió a cultivar. «La mina paga mejor, aunque a veces ensucie la quebrada», dice.
Marcela Sánchez Sánchez, guardiana del río Atrato El Cuerpo Colegiado de Guardianes del Atrato es un grupo constituido para ejercer la representación legal del río Atrato por parte de las comunidades ribereñas, de acuerdo con lo ordenado por la Corte Constitucional en la SentenciaT-622 de 2016, que lo reconoce como un sujeto de derechos. y líder comunitaria y ambiental de El Carmen de Atrato, señala que las preocupaciones alrededor de la mina El Roble van desde el riesgo de contaminación de quebradas hasta la falta de una licencia de operación por una zona gris que existe en la norma. «Pero lo que más me preocupa es la expansión. La empresa está explorando en zonas cercanas a la quebrada El Carmelo, que es la que surte al acueducto municipal. Y eso no fue socializado con las comunidades», explica.
¿Y qué tiene que ver Gaviria con todo esto? Para empezar, que las dos licencias de exploración que hoy tiene El Roble aparecen a nombre del gobernador, y fueron solicitadas el 12 de noviembre de 2002 y el 2 de diciembre de 2003 para buscar cobre, oro, plata y otros minerales en dos zonas: la primera de 1.555 hectáreas en la zona de confluencia de los ríos Habita y Atrato, y la segunda de 952 hectáreas cerca de la quebrada La Cristalina y el río Atrato.
La única vez que Gaviria se ha referido públicamente al tema de la mina fue en una entrevista a El Colombiano en 2011, cuando era candidato a la Alcaldía de Medellín. Allí reconoció esas dos licencias a su nombre, pero señaló que «no generan ninguna incompatibilidad ni inhabilidad» porque están fuera de Medellín.
En la entrevista, el entonces candidato dijo que estuvo vinculado a El Roble como accionista. “Ya no soy socio de ella, pero si lo fuera tampoco sería incompatible con mi aspiración a la Alcaldía de Medellín”, dijo en ese momento.
Sin embargo, registros empresariales demuestran que la empresa Las Vegas S.A. es dueña del 5,10% de las acciones de Minera El Roble (es la segunda mayor accionista, después de Atico Mining, que controla el 90%). Y los dueños de Las Vegas son los hermanos Gaviria Correa Los hermanos Gaviria Correa son socios de empresas de minería, exportación de bananos, productos agrícolas y negocios inmobiliarios, buena parte de ellas fueron fundadas por su padre, Guillermo Gaviria Echeverri. Los hermanos del gobernador son los siguientes: 1. Irene, exdirectora del periódico El Mundo e integrante de las juntas directivas de Uniban, Inversiones Gaco y la firma Inversiones y Administraciones Gaviria. 2. Sofía, exsenadora y exembajadora del gobierno Duque en Suiza. 3. Jorge Julián, socio de Agropecuaria Grupo 20, Tropical Marketing (empresa de Uniban en Bélgica) y Agropecuaria Carmen de Bolívar, empresa sancionada tres veces en procesos de restitución de tierras. 4. Adelaida, residente en Estados Unidos y esposa de un político demócrata del estado de Maine, además de socia de la empresa Agropecuaria Grupo 20 y de la Bananera Fuego Verde. 5. Pedro Sergio, socio de Grupo 20 y Agropecuaria La Llave. 6. León Toné, uno de los principales aportantes a las campañas de Aníbal. En la de 2019 para la Gobernación le dio más de $270 millones. Es biólogo de profesión y participa en las empresas Grupo 20, Agropecuaria La Llave, Bananeras Fuego Verde, Inversiones y administraciones Gaviria, Comercializadora Grupo 20 y Agroservicios San Felipe. y dos empresas: Inversiones y administraciones Gaviria e Inversiones Gaviria Márquez, en las que Gaviria aparece como socio gestor.
A eso se suma que el representante legal de Las Vegas es Juan Esteban Álvarez, quien no solo es la mano derecha de Aníbal en sus negocios privados, sino que en los últimos tres años ha firmado cuatro contratos por más de $396 millones para asesorar al mandatario en “temas estratégicos” del Departamento. En los registros corporativos también consta que desde 2018 Álvarez forma parte de la junta directiva de El Roble.
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Hay que aclarar que El Roble no aparece mencionada en la declaración de bienes, rentas y registro de conflicto de interés que Aníbal Gaviria entregó en enero de 2020 para posesionarse en el cargo, ni en las actualizaciones que entregó en 2021 y 2022, en la que los funcionarios deben informar de las juntas y sociedades en las que tienen participación, así como de las actividades económicas privadas de las que se benefician.
Los cuestionamientos a El Roble
La minería fue parte esencial de los negocios de la familia Gaviria. En 1987 Guillermo Gaviria Echeverri (fallecido en 2014), padre del Gobernador, firmó un contrato con el Ministerio de Minas para explotar cobre, oro y plata en esa mina del Carmen de Atrato. Hasta la fecha esta es la única mina que explota cobre en Colombia, un mineral que se considera estratégico para la transición energética promovida por el Gobierno Nacional.
El contrato tenía una cláusula para el pago de regalías que establecía que «cuando el nivel de producción anual supera las 100.000 toneladas, la participación nacional por la explotación será equivalente al 3% del precio de venta del mineral en bruto». Como lo reportaron Chocó7días.com y El Espectador, en los 24 años que la familia Gaviria fue dueña absoluta de la mina, no se excedieron esos topes. Pero en 2013, tras la venta a Atico Mining, la producción se disparó y aunque el tope se excedió, nunca hubo pago de regalías.
A mediados de 2021 la Contraloría abrió una investigación que encontró que efectivamente había una deuda, que luego fue reconocida por Atico Mining en un comunicado del 29 de diciembre de ese mismo año, en el que le informa a sus inversionistas el ofrecimiento de un acuerdo de pago a las autoridades colombianas por 21,9 millones de dólares más intereses. «El importe representa todos los pagos de cánones pendientes que la Agencia Nacional de Minería ha reclamado hasta finales de diciembre de 2021”, se lee en el documento.
En febrero de 2022 la Contraloría anunció que la empresa había firmado un acuerdo para pagar a cuotas más de $87.900 millones que le adeudaba al Estado.
Los problemas ambientales también han rondado la mina. Marcela Sánchez señala que el proyecto no tiene licencia ambiental, pues los permisos de explotación fueron entregados antes de 1993, cuando se creó esa figura. La ONG Siembra, que hace activismo en la región, señaló que entonces la ley solo obligó a la mina a crear un plan de manejo ambiental que «se encuentra extraviado por Codechocó», la autoridad ambiental que tiene competencia en la zona.
Además, el pasado 21 de febrero, la Fundación Mesa Social y Ambiental de El Carmen de Atrato le envió una carta a la ministra de Minas, Irene Vélez, en la que alerta sobre la «riesgosa situación» a la que dicen estar expuestos por al existencia de una presa de desechos mineros a la que consideran como una amenaza constante para el pueblo, pues según su denuncia, en 2009 hubo una fuga de materiales peligrosos allí.
De acuerdo con la Mesa, el terreno sobre el que está construida la presa es zona de expansión urbana. Por eso sus integrantes pidieron que se haga una audiencia pública para socializar la situación de la mina y que se les exija una licencia ambiental. El Armadillo consultó a la autoridad minera, pero al momento de la publicación de este texto no había recibido respuesta.
En junio de 2022 la Agencia Nacional de Minería informó, en su respuesta a un derecho de petición de Consonante, que hay una solicitud de un nuevo contrato minero presentada por El Roble. Además, aclaró que, según el Decreto Ley 09 de 2012, la mina puede seguir operando hasta que haya una decisión de fondo respecto a la solicitud.
En la respuesta de la ANM a Consonante, se da cuenta de 15 permisos que Codechocó le ha entregado a la mina, incluyendo dos planes de manejo ambiental (uno para la mina y otro para una presa), tres permisos de ocupación de cauce, seis concesiones de aguas superficiales y hasta una autorización para talar una zona de reserva forestal.
Los datos recopilados por Siembra también señalan que esos permisos le han generado 144 obligaciones ambientales a El Roble, incluyendo la siembra anual de por lo menos 10 hectáreas de especies nativas. El problema es que de las casi 350 hectáreas que El Roble debió sembrar hasta 2021, solo había registro de 30, es decir, menos del 10%.
Marcela Sánchez señaló que en los últimos dos años la empresa le informó a la comunidad de nuevas siembras, pero criticó que “se plantaron en predios que son de la mina y que están en la zona donde se están haciendo las nuevas exploraciones”; es decir, teme que los árboles sean talados para abrir nuevos puntos de extracción de cobre.
Otra de las obligaciones de la mina es garantizar el estado de las vías de acceso a sus instalaciones. Sin embargo, los cuatro kilómetros de carretera que conectan la vía Medellín-Quibdó con la cabecera del Carmen de Atrato y que son parte del trayecto hacia la mina están en completo abandono. Este video de la creadora local de contenido Crespitos Queen da un mejor panorama del problema:
Frente a este punto hay una disputa: El Roble argumenta que el mantenimiento de ese tramo de la vía no está dentro de sus obligaciones, mientras Siembra dice que su deterioro se explica por el paso de vehículos pesados de la mina.
Pero sin duda la mayor preocupación de los carmeleños está relacionada con las presas de cola, cuatro piscinas de desechos que se ubican entre la mina y el casco urbano de El Carmen. En la carta a la ANM la comunidad describe una de las presas como una «grandísima piscina de tierra contaminada con químicos de tratamiento para obtención de minerales mezclados con agua».
Marcela Sánchez agregó que una de esas presas “se construyó a una altura mayor que la del pueblo, y se está comiendo parte de la montaña. Se supone que ya la están cerrando porque no cumple las condiciones necesarias, pero yo veo que llevan residuos y siguen comiéndose pedazos de la montaña”.
Este mapa muestra cómo el crecimiento de una de las presas (arriba al centro) y su cercanía con el casco urbano de El Carmen de Atrato.
El Armadillo le preguntó a El Roble por los cuestionamientos ambientales y la influencia del gobernador Gaviria en la empresa, pero no respondió a nuestros mensajes. El mandatario departamental tampoco contestó las preguntas que le remitimos a su teléfono personal y por medio de la oficina de comunicaciones de la Gobernación.
Entre tanto, desde El Carmen, Angelina pidió la intervención de las autoridades para garantizar que, si se renueva la licencia, se haga con las normas ambientales actuales. “Sí, este pueblo hoy depende de la mina, pero eso no les da permiso de hacer lo que quieran”.
El gobernador y la minería
Durante el paro minero del Bajo Cauca, Gaviria fue cuestionado por varios habitantes de la región que lo señalaron de “estigmatizar” a los mineros informales y artesanales y reducir la protesta a la influencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. “Usted no me puede obligar a una legalización cuando una licencia ambiental cuesta 500 o 600 millones de pesos (…) Nosotros estábamos en paz, pero el Estado llegó quemando maquinaria”, le reclamó uno de ellos.
Ese paro no ha sido la única coyuntura que ha motivado intervenciones del gobernador Gaviria a propósito de la industria minera en Antioquia. Desde la campaña que lo llevó a ganar las elecciones de 2019, tuvo una posición ambigua frente a la explotación minera del proyecto Quebradona en Jericó, Suroeste antioqueño.
Si bien expresó preocupación sobre potenciales efectos sociales y ambientales, dijo en una entrevista para La República que “no es cuestión de satanizar la minería, la agricultura también tiene impactos ambientales”.
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En un episodio más reciente, en enero de este año, Gaviria rechazó la decisión del Gobierno Nacional que le quitó al departamento (el único que contaba con esa potestad) la delegación de funciones para la fiscalización, seguimiento y control de los proyectos mineros declarados de Interés Nacional y de Interés Nacional y Estratégico. En un comunicado, la Gobernación de Antioquia dijo que si bien no compartía la decisión, acataría la orden para devolver los expedientes que incluyen, entre otros, los del proyecto Quebradona.
Cabe anotar que ese proyecto, cuyo trámite de licencia ambiental fue archivado en 2022 por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, es propiedad de la multinacional AngloGold Ashanti. Uno de los directivos de esa compañía es Juan Camilo Quintero, un hombre cercano al gobernador: fue su secretario Privado y gerente de Ruta N mientras Gaviria fue alcalde de Medellín entre 2012 y 2015.
