Homicidios y masacres, parte de la cotidianidad violenta de Colombia, son explicados por las autoridades y los medios en muchas ocasiones como líos entre la criminalidad. ¿Por qué reducirlo a esta explicación es problemático y qué sugiere entre líneas hablar de esos “ajustes”?
En agosto de 2022, cuando cuatro personas asesinadas fueron halladas en una camioneta en la Autopista Norte, en Bogotá, las autoridades comenzaron a difundir una hipótesis problemática y poco novedosa que los medios replicaron.
La Revista Semana, por ejemplo, tituló: “Un ajuste de cuentas, la hipótesis más fuerte de la masacre en Autopista Norte”. Allí explicaba que esa conclusión se desprendía del “modus operandi y la forma en cómo [sic] fueron encontrados los cadáveres en el puesto trasero y el baúl del vehículo”, con tiros de gracia y signos de tortura.
Otros medios, como El Tiempo y W Radio, también replicaron la hipótesis. Esta emisora habló con el coronel Helbert Benavides, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, quien dijo: “Aún no se han identificado los cuerpos, por lo que lanzar una hipótesis de manera preliminar es un poco complicado. Sin embargo, en la forma que fueron encontrados estos cuerpos se puede inferir que fueron dejados en ese sitio, que habían fallecido horas antes. Se puede hablar de un posible ajuste de cuentas”.
Además de esta declaración contradictoria, el coronel Benavides dijo que el contexto que explica ese “ajuste de cuentas” es que existen estructuras criminales y problemas de microtráfico en Bogotá.
Esa misma explicación se reproduce por todo el país: sea en Aguazul (Casanare), en Bucaramanga, en La Ceja (Antioquia) o en Ciénaga (Magdalena), y sean las víctimas mototaxistas, jíbaros, comerciantes o pagadiarios. Si algo debían, quizás por eso los mataron, sugiere el lenguaje oficial que se naturaliza en los registros de los medios de comunicación.
Lo injustificable
La idea de “ajuste de cuentas” sugiere la existencia de una deuda previa, de una “obligación que alguien tiene de pagar, satisfacer o reintegrar a otra persona algo, por lo común dinero”, según la definición de la Real Academia Española.
En una definición más técnica, los economistas Steven Riascos y María del Pilar Castillo explican el ajuste de cuentas como “la interacción entre un jefe (principal) y un subordinado (agente), con conflicto de intereses, en una organización criminal”. En esa interacción se busca “corregir” por parte del principal “la conducta oportunista del agente”, es decir, mediante el homicidio u otras formas de violencia se ejerce coerción y corrección para, en últimas, mantener un orden que le es favorable al principal.
Pese a la exactitud de esta explicación teórica, cuando el ajuste de cuentas se convierte en el comodín para explicar la violencia en general, y la violencia homicida en particular, tiene consecuencias en la comprensión de la sociedad sobre estas.
Se trata de una forma fácil de nombrar un fenómeno complejo, dice la profesora Heidy Gómez, magíster en ciencias sociales e integrante del grupo de investigación Conflicto, Violencia y Territorio, de la Universidad de Antioquia.
Ella cuestiona que se reduzca la comprensión de los “ajustes” a un asunto de confrontación entre bandas. Se trata de hechos ejemplarizantes frente a unas reglas que también se imponen a quienes están por fuera de las estructuras criminales y que, ante cualquier desobediencia, no solo pueden resultar asesinadas, sino también desaparecidas o desplazadas.
El ajuste de cuentas “no tiene únicamente un desenlace fatal. Si bien determina algunos casos de homicidio, esta [Medellín] es una ciudad que siempre ha estado en disputa, pero el ajuste de cuentas se da más frente al mandato no obedecido, tradicionalmente no entre partes iguales porque hay una subordinación de una de las partes que cumple o no cumple lo establecido por una orden superior”, dice esta investigadora especializada en violencia urbana.
Julián Machado, coordinador de la campaña No Copio, desde la cual se defiende como lema que “nada justifica el homicidio”, dice que “claramente es un concepto súper problemático desde la misma concepción de que una ofensa se paga con otra ofensa”.
En estos “ajustes” también caen personas ajenas al conflicto y se dan, por ejemplo, feminicidios contra mujeres con alguna cercanía con “el duro” o con “el pelado emproblemado”, dice Machado.
La idea del ajuste de cuentas “invisibiliza que todas las vidas tienen la misma importancia y que todas las víctimas nos tienen que doler”, agrega Machado. Además, el concepto sugiere que quien lo sufre, de alguna manera se lo merecía, como si tener algún tipo de “deuda” le sustrajera el derecho a la vida, lo que permite que en ciudades como Medellín o Bogotá, matar a alguien resulte “barato en términos morales”.
El doctor en Filosofía y exdecano de la Escuela de Artes y Humanidades de la Universidad Eafit, Jorge Giraldo, complementa al decir que “el término ajuste de cuentas da la idea de que el problema del crimen es de una gente mala que viste así, que vive en tales partes y tiene este tipo de características”.
Giraldo ejemplifica que si un hombre como él, blanco, mayor, educado y sin antecedentes fuera asesinado, probablemente nadie plantearía la hipótesis del ajuste de cuentas, pero si se trata de un hombre joven, pobre, sin empleo conocido o con algún antecedente, se asume que algo debía.
Además de ese sesgo de clase, el concepto deposita la carga del hecho violento sobre la víctima y no sobre el victimario. “Invisibiliza la equivocación del homicida”, en palabras de Julián Machado. En últimas, lo justifica.
Más que ‘vendettas’
La profesora Heidy Gómez considera que la práctica del “ajuste de cuentas” pudo adoptarse de organizaciones mafiosas, pero no cree que se quede allí. También se ha infiltrado tanto en las grietas de la vida cotidiana como en las dinámicas de la violencia asociada al conflicto armado.
En el primer caso pone como ejemplo los linchamientos, que considera “un ajuste de cuentas que se instala dentro de las prácticas sociales que hemos aprendido de cómo se resuelven los conflictos”. Y es que según la investigadora, se trata también de un señalamiento, de un estigma sobre quien “no pertenece”, como un ladrón callejero.
“Creo que hemos entrado en la sociedad de la sospecha donde nadie sale librado o librada, la sociedad de ‘por algo sería’ o ‘algo habrá hecho’”, dice Gómez. El ajuste de cuentas entonces se refleja en cualquier acto de castigo ejemplarizante.
En el segundo caso, el del conflicto, dice que el ajuste de cuentas “tiene una particularidad y es que tiene memoria”. Se refiere a una ideologización por la cual cualquier persona que haya pertenecido a un grupo armado tiene una “cuenta” pendiente. “Pueden pasar años para desmovilizados o reinsertados, pero hay sociedades que no perdonan porque han construido el imaginario nefasto del enemigo”, señala en referencia al asesinato de excombatientes.
En ambos casos, el linchamiento o el asesinato de excombatientes, hay algo en común: un “ajuste” no necesariamente pasa por un hecho criminal del pasado, sino por la exclusión misma de la sociedad de aquello que considera externo o ajeno.
Sin embargo, como apunta el profesor Giraldo, estos otros casos, sobre todo los asociados a la convivencia ciudadana, no son calificados como “ajustes de cuentas” por los medios de comunicación. Y para él es importante esta distinción porque en sus investigaciones ha defendido que, en Medellín particularmente, la mayoría de crímenes y hechos violentos no se explica por el conflicto urbano, sino por razones distintas.
Además, considera que cuando las autoridades lanzan esa hipótesis del ajuste, envían a la ciudadanía “un mensaje inmoral, porque la moral social en cualquier sociedad civilizada depende de un factor mediador: la existencia de la ley, que es la que dice qué está bien y qué está mal y establece unos grados de castigo para lo que está mal”.
En cambio, cuando se pretende explicar la violencia como ajustes de cuentas se comunica “que hay una norma arbitraria y una pena desproporcionada y que quien aplica la pena es un privado”, lo que termina socavando la idea de la ley y la existencia misma de un Estado que regule los conflictos sociales.
En últimas, la idea del “ajuste de cuentas” replicada por los medios de comunicación se instala como una justificación de la violencia que redunda en menores esfuerzos de justicia para ciertos casos, pero también como un imaginario de lo que está mal y, sobre todo, de quién está mal en una sociedad, a veces con efectos perversos.
