El 10 de enero, la JEP anunció el hallazgo de otros dos cuerpos en La Escombrera. Antes, en redes sociales y a través de declaraciones públicas, el Centro Democrático y el expresidente Álvaro Uribe reaccionaron a finales de diciembre al hallazgo de los primeros restos óseos. Según ese partido, el propósito era “desmentir falsas narrativas sobre la comuna 13”. Revisamos tres de sus afirmaciones, y esto fue lo que encontramos.
Por: Sofía Naranjo
En El Armadillo decidimos analizar algunas de las declaraciones emitidas por el Centro Democrático tras el hallazgo de los primeros restos óseos que podrían corresponder a personas desaparecidas en La Escombrera, Comuna 13 de Medellín. Entre estas declaraciones, ese partido justificó la intervención militar y defendió el actuar de la fuerza pública y a quienes lideraron la operación.
Masacres y asesinatos en la Comuna 13 datan de 1978 en adelante
Calificación: engañoso
La primera afirmación que verificamos fue emitida por ese partido en un hilo de X. “Lastimosamente, las masacres y asesinatos en la Comuna 13 de Medellín datan de 1978 en adelante y se han extendido hasta épocas recientes”. Este primer tweet tuvo 625.000 visualizaciones, 1000 reposteos, 1700 me gusta y 531 respuestas.
Decir que “datan de 1978 en adelante y se han extendido hasta épocas recientes” es engañoso debido a que esa idea omite una parte importante del contexto sobre los crímenes que víctimas y organizaciones sociales aseguran que ocurrieron en La Escombrera: una mayoría significativa de las desapariciones forzadas en esa comuna se ubica en los meses en que se desarrollaron varias operaciones militares, incluyendo a Orión, ordenada por el expresidente Uribe.
El universo de los 502 desaparecidos
La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) maneja dos cifras para las desapariciones en la Comuna 13: la primera cifra la han obtenido gracias al cruce de bases de datos proporcionadas por distintas fuentes (organizaciones de la sociedad civil, entidades públicas, familiares que buscan, excombatientes, entre otros).
Según esta base de datos el universo de casos son 502 personas desaparecidas, cifra que ha sido expuesta en varios comunicados y declaraciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a propósito de la búsqueda y los hallazgos de cuerpos en la zona. Incluso, la menciona el Centro Democrático en su hilo. Sin embargo, le preguntamos a la UBPD por ese dato discriminado por año y, de acuerdo con la información que esa entidad nos entregó, solo en 2002 (Orión fue el 16 y 17 de octubre de ese año) ocurrieron 116 desapariciones forzadas. Es decir que entre los 41 años en que se reportan desapariciones, 2002 fue, por mucho, el año que más casos tuvo, seguido del 2003 con 46.
La UBPD aclara que existen 110 casos de los que aún no se ha podido determinar el año exacto de la desaparición, porque los familiares no tienen certeza de la fecha y por esa razón la denuncia se encuentra comprendida entre dos o más años.
Adicionalmente existen siete casos sin información, o sea, que no hay una fecha que permita ubicar los hechos en un momento específico.
La segunda cifra que maneja la UBPD corresponde únicamente a las solicitudes de búsqueda formales que ubican a la Comuna 13 como el lugar donde ocurrió la desaparición.
Según esos datos, 2002 también fue el año con más solicitudes de búsqueda, con 77, seguido del 2003 con 38.
El contexto de Orión y La Escombrera
Bajo la dirección del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez y la ministra de Defensa Marta Lucía Ramírez, los días 16 y 17 de octubre de 2002 se llevó a cabo en la Comuna 13 de Medellín la Operación Orión. Este operativo tuvo como objetivo desarticular a los grupos guerrilleros que operaban en la zona, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y los Comandos Armados del Pueblo (CAP).
Aunque la operación fue liderada por las Fuerzas Armadas colombianas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentencia del 23 de agosto de 2023 por el Caso Guzmán Medina y otros vs Colombia determinó que existe “un contexto comprobado de relacionamiento entre agentes estatales y grupos paramilitares en la fase de consolidación de la Operación Orión”.
Sin embargo, Orión no fue la única intervención militar en 2002. Entre febrero y octubre se realizaron 11 operativos militares como estrategia del Estado para pacificar la Comuna 13. En febrero se llevaron a cabo las operaciones Otoño I y Contrafuego. En marzo se realizaron Otoño II y Marfil. En abril tuvo lugar la operación Águila, mientras que en mayo se ejecutaron Horizonte II y Mariscal. En junio se desarrolló Potestad, en agosto Antorcha y en septiembre Saturno. Finalmente, en octubre, se llevó a cabo la operación Orión.
La Escombrera, es un terreno ubicado en la Comuna 13 utilizado históricamente como vertedero de escombros y materiales de construcción. Se convirtió desde 2002 en un punto señalado como posible cementerio clandestino utilizado por grupos armados durante y después de Orión. Este ha sido nombrado repetidamente en testimonios de desmovilizados y en las denuncias de los familiares de las víctimas.
La búsqueda en La Escombrera inició en 2015 cuando el CTI de la Fiscalía excavó entre agosto y diciembre sin encontrar restos humanos, lo que llevó a la suspensión de los trabajos. Posteriormente, en 2020, la JEP decretó una medida cautelar para proteger un área de 6.912 metros cuadrados perteneciente a la empresa El Cóndor.
Desde ese momento entró en acción un equipo forense de la Unidad de Búsqueda, que comenzó la segunda etapa de excavaciones en julio de 2024 y tras remover más de 36,000 metros cúbicos de desechos, el 18 de diciembre encontró por primera vez restos humanos que para el momento de esta publicación se encuentran aún en proceso de identificación
Lea aquí Es engañoso decir que en La Escombrera es un mito y que solo hay restos no humanos
Por todo lo anterior, calificamos como engañosa la afirmación del Centro Democrático donde asegura que “las masacres y asesinatos en la Comuna 13 de Medellín datan de 1978 en adelante y se han extendido hasta épocas recientes”, debido a que omite que los datos oficiales dan cuenta de que las desapariciones forzadas se concentraron en el año 2002, periodo que coincide con la ofensiva militar en la comuna.
«Operación Orión se ejecutó con respeto a los derechos humanos»
Calificación: falso
En el mismo hilo, el Centro Democrático continúa diciendo que “dado el contexto de violencia, en octubre de 2002, se decide realizar la denominada Operación Orión la cual se ejecutó con respeto a los Derechos Humanos”. Este segundo trino tuvo 43.000 visualizaciones, 109 me gustasy 80 republicaciones en X:
Esta afirmación es falsa debido a que en diversas ocasiones el Estado colombiano ha sido encontrado culpable por la violación de derechos humanos durante la Operación Orión, adicionalmente, en otros casos el mismo Estado ha aceptado la culpabilidad por crimenes cometidos durante dicha intervención militar.
El primer fallo que ejemplifica esto fue emitido en 2016 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y corresponde al Caso Yarce y otras vs Colombia. La Corte encontró al Estado colombiano responsable de varias violaciones a los derechos humanos, entre ellos los derechos a la vida, la libertad personal, la integridad, la propiedad y el derecho a la protección judicial, entre otros.
Esta sentencia reconstruye la historia de tres defensoras de derechos humanos: Ana Teresa Yarce, María del Socorro Mosquera y Mery del Socorro Naranjo, quienes fueron detenidas de manera ilegal y arbitraria en 2002. La Corte determinó que el Estado no tomó las medidas adecuadas para prevenir la violencia contra Ana Teresa Yarce, lo que resultó en su asesinato. Además, concluyó que el Estado no facilitó el retorno seguro de varias defensoras que se encontraban en situación de desplazamiento forzado.
Otro caso similar es Guzman Medina y otros vs Colombia. Arles Edisson GuzmánMedina trabajaba vendiendo pollos en el barrio 20 de Julio cuando miembros del Bloque Cacique Nutibara de los paramilitares,vestidos de civil, lo interceptaron en su trabajo el 30 de noviembre de 2002 diciéndole que los debían acompañar para que respondiera unas preguntas. Su familia nunca lo volvió a ver.
La corte concluyó que hubo colaboración entre agentes estatales y grupos paramilitares, y que el Estado tuvo responsabilidad de la desaparición forzada al haber permitido que paramilitares operaran con conocimiento de la fuerza pública. Adicionalmente se estableció que hubo falta de diligencia en la investigación para determinar el paradero de la víctima y para identificar a los responsables.
Entre la lista de derechos violados en este caso están el derecho a la vida, a la integridad, a la libertad, el derecho a las garantías judiciales, la protección judicial, el derecho a la verdad y la integridad de los familiares de la víctima.
Otro fallo que expone la falsedad de la afirmación del CD es de 2018, emitida por el Consejo se Estado en el Caso Jaime Alberto Giraldo Vásquez vs Fiscalía General de la Nación. Giraldo residía en la comuna 13 y fue capturado el 16 de octubre de 2002 durante la Operación Orión.
Fue señalado por testigos como miembro de las FARC, por lo que la Fiscalía le imputó el delito de concierto para delinquir con fines terroristas y lo mantuvo en prisión preventiva durante más de dos años y medio. La captura se realizó sin orden judicial y los testimonios en su contra fueron considerados poco confiables.
En 2008 el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellín lo absolvió por falta de pruebas. El Consejo de Estado determinó que la Fiscalía fue responsable al decretar una medida de aseguramiento sin pruebas sólidas, calificando la privación de la libertad como antijurídica.
Por todo lo anterior, calificamos esta afirmación como falsa, la lista de derechos humanos violados durante la Operación Orión es larga, de ella dan cuenta las múltiples sentencias nacionales e internacionales, además de los testimonios de las víctimas y de sus familiares que manifiestan las situaciones irregulares en las que el Estado participó u omitió su deber de actuar.
«La Comuna 13 estaba bajo el control de grupos guerrilleros y paramilitares»
Calificación: verdadero
El Centro Democrático continuó el hilo con la siguiente frase: “(…)la Comuna 13 estaba bajo el control de grupos guerrilleros y paramilitares. Medios de la época reseñaron lo que algunos habitantes vivían previo a la Operación Orión” y adjuntó tres capturas de pantalla de noticias relacionadas. La primera imagen corresponde a la noticia de la liberación de la estudiante universitaria Carolina Gómez Salazar que se encontraba secuestrada.
La afirmación de que la Comuna 13 de Medellín estaba controlada por guerrillas y paramilitares previo a la Operación Orión es consistente con los hechos documentados en sentencias judiciales y registros históricos. Por lo tanto, esta afirmación es verdadera.
Un fallo del Tribunal Superior de Medellín de 2016 de la Sala de Justicia y Paz, narra cómo durante la década de los 90 y principios del 2000, la Comuna 13 se convirtió en un epicentro del conflicto armado urbano en Colombia.
Este territorio estuvo en disputa entre actores como los Comandos Armados del Pueblo, un grupo con vínculos ideológicos y operativos con el ELN, y estructuras paramilitares como el Bloque Cacique Nutibara de las AUC. Ambas facciones buscaban ejercer control territorial mediante tácticas de intimidación, violencia y cooptación de la población.
Los Comandos Armados del Pueblo, también conocidos por sus siglas CAP, en sus inicios operaban como una fuerza insurgente con ideología marxista-leninista. Recurrieron al reclutamiento forzado de jóvenes a través de actividades culturales y sociales, y posteriormente, los incorporaban a tareas bélicas y delictivas. Su control territorial incluía actividades de vigilancia, cobro de extorsiones y la imposición de normativas internas en los barrios.
En octubre de 2002, la Operación Orión marcó el punto culminante de esta confrontación. Según lo documentado en la sentencia, dicha operación involucró una coalición entre el Ejército, la Policía y los paramilitares, con el objetivo de eliminar la presencia guerrillera en la zona. Esto dejó como saldo graves violaciones a los derechos humanos y consolidó el control paramilitar sobre la comuna.
Además, la sentencia destaca cómo los residentes de la Comuna 13 quedaron atrapados entre estos dos actores armados. A menudo, eran obligados a colaborar con uno u otro grupo, bajo amenazas directas a su vida y la de sus familias.
El secuestro de la estudiante de 19 años Carolina Gómez Salazar es un buen ejemplo de la situación en la comuna. Sobre este hecho existen múltiples notas de prensa que reconstruyen lo que pasó en octubre de 2002. La jóven fue secuestrada por las milicias y la tuvieron retenida durante una semana en la comuna 13. Pedían $50 millones por su rescate y fue liberada durante allanamientos en la Operación Orión.
Por todo lo anterior, calificamos como verdadera la afirmación de que la Comuna 13 estaba bajo el control de grupos guerrilleros y paramilitares. Estos hechos están ampliamente documentados en decisiones judiciales, testimonios de las víctimas del conflicto armado y archivos de prensa.
