El concejal Andrés «Gury» Rodríguez sostuvo en el Concejo de Medellín que varios municipios de Antioquia votaron por Iván Cepeda bajo presión de grupos armados y pidió que se conviertan en objetivo de operaciones militares. Revisamos las cifras, lo que dicen los expertos y por qué la Defensoría del Pueblo calificó sus declaraciones como un discurso incompatible con la democracia.
Por Santiago Bernal Largo y Andrés Camilo Tuberquia Zuluaga
El 23 de junio, cuando faltaban poco más de diez minutos para las 4:00 p.m., el concejal y vicepresidente del Concejo de Medellín, Andrés «Gury» Rodríguez, pidió la última palabra de la sesión de ese organismo ese martes, dos días después de la segunda vuelta presidencial y a unas pocas horas del segundo partido de la Selección Colombia en el Mundial:
«Si ya sabemos exactamente en qué mesas de votación hubo irregularidades, en donde porcentajes superiores al 80 % fueron votos dirigidos a Iván Cepeda, pues entonces los próximos ataques, bombardeos y demás tienen que ser dirigidos hacia esas zonas, porque en esas zonas están los bandidos de este país, en esas zonas están los bandidos de este departamento», dijo.
Rodríguez vestía la camiseta amarilla de Colombia, que se volvió también un símbolo de la campaña de Abelardo De la Espriella, ahora presidente electo de Colombia; y se refería al llamado «voto fusil», una idea que empezó a circular con fuerza antes de las elecciones, pero mucho más luego del 21 de junio, para asegurar que las altas votaciones en algunas zonas del país por el candidato del Pacto Histórico las explican la presión de grupos armados sobre los electores.
En su intervención, el concejal Rodríguez se dirigió al mandatario electo, al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Hasta le dio “un consejo” al general Henry Yesid Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá: “Obviamente aquí en Medellín ya sabemos las zonas en donde hubo una votación irregular, y en toda el área metropolitana. Hombre, un consejo para el general Bello: ya sabemos y tenemos esos indicios, ¿qué tal si nos tomamos esas zonas por parte de la Policía y empezamos a indagar y a investigar, y por qué no, a atacar a esos bandidos en donde hubo constreñimiento al elector? Es muy fácil, ¿no? Ya perdieron, el inicio está ahí, arranquemos entonces”.
¿Votar con un arma apuntando a la cabeza?
El «voto fusil», convertido ya en una especie de concepto, se refiere a la presión ejercida por grupos armados ilegales sobre la población civil para influir en sus decisiones electorales y se hizo más conocido después de la primera vuelta, cuando la influenciadora Jerome Sanabria publicó un video en TikTok en el que afirmó que el candidato Iván Cepeda había «arrasado» en las zonas del país con mayor presencia de «guerrillas».
Para sustentar esa afirmación, Sanabria se valió de una tabla de Excel con datos incompletos del preconteo de la primera vuelta y de mapas desactualizados. La alianza RedCheq de Colombiacheck revisó este video y concluyó que la información era “selectiva y exagerada”.
Para el politólogo Jorge Mantilla, el «voto fusil» es ante todo un artefacto narrativo que mezcla un hecho verificable (el control territorial de grupos armados) con la intención de deslegitimar al oponente. «Esos hechos que son reales se convierten en verdades a medias cuyo propósito no es verificar si algo es cierto, sino poner un manto de duda sobre la realidad y movilizar sentimientos como rabia o miedo», explica.
Otros políticos y activistas como la saliente senadora María Fernanda Cabal, el senador electo por el Centro Democrático Andrés Forero y el periodista Luis Carlos Vélez retomaron el señalamiento, haciendo énfasis en el aumento de la participación en algunos municipios del país. Así se ha promovido la idea de que los tres millones de votos adicionales que obtuvo Cepeda entre las dos vueltas responderían, al menos en parte, a presiones armadas.
Para Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), el voto fusil no es un concepto, sino una narrativa. Menciona que, tras la presentación del término en redes sociales, “una cosa que es falsa e imprecisa terminó convirtiéndose en una realidad para muchas personas”. Asimismo, menciona que “los fenómenos de gobernanza armada en el país son muy distintos” a la narrativa que se ha popularizado.
Detrás de la narrativa del «voto fusil», dice, está la idea de que, si en una zona con presencia de grupos armados un candidato obtiene una votación alta, esta fue necesariamente impuesta y no decidida.
Alejandro Blanco, historiador y doctor en Ciencia Política, dice que esa lectura es simplista: «Una votación concentrada en Antioquia, el Caribe o cualquier otra región no necesariamente se explica por miedo o coerción. También pesan la historia política del territorio, los liderazgos locales, las redes partidistas, el rechazo o apoyo a un gobierno, la identidad regional, las iglesias, los medios y las maquinarias».
Por su parte, el Instituto de Pensamiento Progresista (centro de investigación y debate dedicado a generar políticas públicas alineadas con el progresismo) analizó la votación de los 1.102 municipios del país con cuatro modelos econométricos y encontró que, cuando se controlan factores como pobreza, urbanización e historia regional, la presencia de grupos armados deja de predecir el voto por Cepeda, entre otras razones porque los municipios con presencia de grupos armados son casi siempre los mismos que tienen características de pobreza histórica o condiciones de exclusión estructural. Además, en segunda vuelta Cepeda ganó en 308 municipios con presencia de grupos armados y De la Espriella en 299: una diferencia de apenas nueve municipios que hace difícil sostener que el fusil favoreció a solo uno de los dos.
Esa misma lógica, además, estigmatiza territorios que históricamente han sido señalados, perseguidos o incluso atacados bajo el argumento de que «ahí están los bandidos», como dijo Rodríguez. Tratar un resultado electoral como prueba de afinidad con un grupo armado y usarlo para justificar operaciones militares, como pidió el concejal, carece de sustento en los datos.
La misma narrativa del “voto fusil” se ha tratado de sostener con mentiras, como que el candidato del Pacto Histórico había obtenido más del 85 % de los votos en los 112 municipios del país con riesgo de injerencia por el grupo armado ilegal Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), cuyo jefe es Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’. Colombiacheck también desmintió ese mensaje de una cuenta desinformadora serial de ultraderecha, pues Cepeda solo superó ese umbral en dos de esos lugares y perdió en la mayoría de ellos.
Antioquia, ¿tierra de fusiles?
En Antioquia, Abelardo De la Espriella fue, de lejos, el candidato más votado en la segunda vuelta presidencial: ganó con 2.186.826 votos, el 63,77 % del total. Además, se llevó la mayoría en 108 de los 125 municipios del departamento. Fue también el candidato más votado en siete de sus nueve subregiones: Magdalena Medio, Nordeste, Norte, Occidente, Oriente, Suroeste y el Valle de Aburrá. Los resultados de la primera vuelta fueron muy similares: el aspirante del grupo significativo Defensores de la Patria obtuvo 1.725.297 votos, el 53,74 % del total, ganó en 110 municipios y fue el más votado en esas mismas siete subregiones.
Sin embargo, durante su intervención en el Concejo, Andrés Rodríguez le atribuyó el aumento de votos por Cepeda a la influencia de grupos armados. Lo que omitió es que el candidato del Pacto Histórico creció en todos los municipios del departamento entre la primera y la segunda vuelta, sin importar si tienen o no influencia de grupos criminales. En Medellín, pasó de 300.517 a 421.385 votos, un incremento del 40,2 %, un porcentaje muy cercano al crecimiento de 40,4 % departamental.
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Además, De la Espriella también creció en todos los municipios. En conjunto, su votación en Antioquia aumentó un 26,7 % respecto a la primera vuelta, con incrementos aún más marcados en municipios como Angostura (118 %), Caicedo (104 %) y Vigía del Fuerte (107 %), este último ganado por Cepeda.
Campamento, en el Norte de Antioquia, estuvo en el centro de la intervención de Rodríguez en aquella sesión del 23 de junio. Según dijo, allí los votos por el candidato del Pacto Histórico «pasaron de 400 a 2.500″. Agregó que “todos sabíamos de las amenazas de las FARC para que votaran Iván Cepeda». A partir de ese señalamiento, el concejal pidió que las autoridades dirigieran sus acciones hacia esa zona: «Podemos arrancar por ahí, podemos arrancar las fumigaciones por ahí, podemos arrancar los ataques del Ejército y la Policía por ahí, podemos arrancar con los bombardeos por ahí».
Sin embargo, las cifras oficiales no coinciden con lo que dijo el cabildante distrital. En primera vuelta, Campamento registró 2.074 votos, de los cuales 1.131 fueron para De la Espriella y 426 para Cepeda, no 400, como dijo Rodríguez. Y en segunda vuelta, el municipio pasó a 4.717 votos: De la Espriella ganó con 2.227, y Cepeda obtuvo 2.136, no 2.500 como aseguró el concejal.
Si bien es cierto que el respaldo al senador de izquierda creció de forma significativa entre una vuelta y otra (un aumento del 401 %), ese crecimiento no fue exclusivo para él ni excepcional frente al comportamiento general del municipio, pues el presidente electo también casi duplicó su votación (97 % más) y la participación total en el municipio se incrementó en 127 %.
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El «voto fusil» tampoco explica los resultados en los demás municipios de Antioquia. Según la Misión de Observación Electoral (MOE) de la sociedad civil, Antioquia tiene 55 municipios con algún tipo de riesgo electoral. De la Espriella ganó en 42 de ellos: nueve de los 18 con riesgo extremo (Amalfi, Andes, Briceño, Buriticá, El Retiro, Medellín, San Andrés de Cuerquia, Yarumal y Yondó), diez de los 12 con riesgo alto (Armenia, Betulia, Carmen de Viboral, Dabeiba, Girardota, Necoclí, San José de la Montaña, Toledo, Urrao y Vegachí) y 23 de los 25 con riesgo medio (Belmira, Campamento, Cañasgordas, Concordia, Copacabana, Fredonia, Guarne, Guatapé, Jericó, La Estrella, Nariño, Nechí, Olaya, Pueblorrico, Puerto Triunfo, Sabanalarga, Salgar, San Francisco, San Juan de Urabá, San Luis, San Pedro de los Milagros, Sonsón y Uramita).
Según la Defensoría del Pueblo, entre 2018 y 2026 se han definido 45 alertas estructurales o inminentes de control criminal para 68 municipios de Antioquia. Los resultados de la segunda vuelta muestran que el abogado ganó en 52 de estos lugares.
Y, de los 71 municipios con presencia de grupos armados organizados (GAO), según Pares, ganó en 56. En primera vuelta la tendencia fue la misma: el candidato del movimiento Defensores de la Patria se impuso en 53 de los 68 municipios con alertas de control criminal y en 58 de los 71 con presencia de esas estructuras.
Lo que sí explica el resultado actual es la tendencia de voto en las subregiones donde ganó Iván Cepeda: Bajo Cauca y Urabá. Tanto en la segunda vuelta de 2022 como en la de 2026, estas fueron las dos subregiones que más respaldaron a los candidatos del Pacto Histórico. Hace cuatro años, el hoy presidente, Gustavo Petro, se impuso en Apartadó, Cáceres, Carepa, Caucasia, Chigorodó, El Bagre, Murindó, Mutatá, Segovia, Tarazá, Turbo y Vigía del Fuerte. En esta segunda vuelta, ese partido volvió a ganar en esos 12 municipios y sumó además Anorí, Guadalupe, Remedios, Valdivia y Zaragoza.
Laura Bonilla explica que, en el ciclo de violencia posterior a 2016, los actores armados han concentrado su presión «sobre el voto local, no sobre el voto nacional», porque su verdadero interés está en controlar a la clase política regional o las juntas de acción comunal, que es lo que les permite ejercer control territorial. Dice también que la hipótesis del «voto fusil» es incoherente con varios datos: hay zonas «donde no hay presencia o sospecha de control de actores armados» que también votaron mayoritariamente por Cepeda.
Tampoco le encuentra sentido estratégico al señalamiento: «No se entiende muy bien cuál sería el propósito» de que un grupo armado movilice recursos y violencia para obtener apenas «mil, dos mil, tres mil votos».
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Ahora bien, sí existe la injerencia de grupos armados en procesos electorales en Colombia, pero no es tan simple. Alejandro Blanco lo resume así: «Esto no significa negar que los grupos armados hayan influido históricamente en la política colombiana. Lo han hecho mediante amenazas, control territorial, restricciones a campañas, presión sobre comunidades y alianzas con poderes locales. Pero una cosa es estudiar seriamente esas formas de coerción y otra muy distinta es usar una etiqueta para deslegitimar regiones enteras».
Lo cierto es que ni los resultados electorales, las alertas de seguridad ni los mapas de presencia de grupos armados respaldan la tesis del «voto fusil» en Antioquia. Lo que sí sostienen los datos es que el voto por Cepeda se concentró, casi en su totalidad, en los mismos territorios que ya eran bastiones del Pacto Histórico desde 2022.
¿Quién pierde cuando se duda del voto?
El 25 de junio, en entrevista con Caracol Radio, Iván Cepeda se refirió al «voto fusil» y a las denuncias sobre presuntas irregularidades. Aunque reconoció que en el país hay poblaciones que actúan bajo presión armada, aseguró que eso debe señalarse con todos los elementos de juicio: «Afirmar que una población que ha tomado una decisión electoral actúa bajo las órdenes de un grupo armado es ubicarlos inmediatamente bajo el riesgo, no solamente de retaliaciones por parte de algún grupo armado, sino también de una profunda estigmatización». Sobre las declaraciones del concejal Rodríguez, cuestionó: «¿Cómo es posible que se hagan afirmaciones tan graves y tan irresponsables?».
Juan Carlos Arenas, profesor e investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, menciona que el efecto al que aspira la narrativa del “voto fusil” es la deslegitimación del nombre de Cepeda, del Pacto Histórico y de la magnitud con la que fueron apoyados. Dice, además, que “la aspiración de esta estrategia es borrar la lectura de que el triunfo de De la Espriella es estrecho y que 49 de cada 100 votantes en el territorio nacional lo hicieron a favor de la alternativa derrotada”.
El politólogo Mantilla va más lejos y señala que el objetivo final es modificar la logística electoral: «La idea del ‘voto fusil’ busca decir que hay mesas que se tienen que quitar, hay votos que no deben contar y que están en determinadas regiones del país que no favorecen a quien ganó la Presidencia».
El 25 de junio, el concejal Rodríguez publicó en X un video con un fragmento de otra sesión del Concejo, en el que ampliaba sus declaraciones sobre el «voto fusil». Allí dijo que su llamado no buscaba atacar a la población civil sino protegerla, y que ya había hablado con el alcalde de Campamento, Cristian Agudelo, quien lo invitó a ese municipio.
Asimismo, citó cifras de dos puestos de votación rurales de ese municipio: en la escuela La Chiquita, dijo, los votos por Cepeda habrían pasado de 25 a 122 entre la primera y la segunda vuelta, «casi un 388 % más»; y en la escuela Norizal, de 27 a 181, «un aumento del 570 %». Según el cabildante, ese comportamiento «coincide con las alertas que dio el gobernador Andrés Julián» sobre presunto constreñimiento a campesinos en la zona rural del municipio.
Rodríguez extendió luego el señalamiento a varios municipios del Cauca, como Jambaló, Timbiquí, Toribío y Guapi, donde más del 90 % de la votación favoreció a Cepeda, y atribuyó esos resultados al control de la Segunda Marquetalia y las disidencias de las antiguas FARC lideradas por alias Iván Mordisco (el Estado Mayor Central) y Calarcá. Luego, cerró su intervención asegurando que, tras sus declaraciones, había recibido amenazas de los frentes 36 y 18 de esos grupos, que lo habrían señalado como objetivo militar.
Sus datos de nuevo fueron imprecisos: dijo que en La Chiquita «el candidato Abelardo había sacado 142 votos», cuando en realidad esa cifra corresponde al total del puesto en primera vuelta, no a los votos individuales de De la Espriella, que obtuvo 67. Algo similar ocurrió con Norizal, donde citó bien el dato de Cepeda (27 votos en primera vuelta), pero no mencionó que De la Espriella, en ese mismo puesto, pasó de 36 a 64 votos entre las dos vueltas.
El total de votantes en ambos puestos también creció: 83 % más en La Chiquita y 262 % más en Norizal, lo que indica que el fenómeno principal en esas mesas no fue un giro exclusivo hacia Cepeda, sino un aumento generalizado de la participación entre la primera y la segunda vuelta, que también benefició al ganador.
Luego de esas declaraciones, la Defensoría del Pueblo calificó el discurso de Rodríguez como «incompatible con el Estado Social y Democrático de Derecho» y advirtió que podría configurar conductas delictivas como instigación a delinquir o incitación a ataques contra civiles. El organismo también precisó que un cargo de elección popular no autoriza a promover ese tipo de discursos y que asociar territorios con la idea de «enemigo» por el sentido del voto alimenta narrativas de exclusión y profundiza la polarización.
El Armadillo contactó al concejal para preguntarle sobre sus declaraciones y las fuentes en las que las sustentó. «Cuando rectifiquen sus calumnias les respondo. Saludos», respondió. Se refiere a esta historia que publicamos en diciembre de 2025: “El cambio de versión del concejal Andrés “Gury” Rodríguez sobre la muerte de un supuesto atracador”. Allí, con base en documentos oficiales, demostramos las inconsistencias en sus declaraciones sobre un atraco en que una persona murió por un disparo de un integrante de su equipo. Aunque en ese momento reaccionó en X y anunció que interpondría una solicitud de “retractación”, hasta la fecha eso no ha ocurrido.
*Este explicador se hizo como parte de RedCheq, la red de verificadores aliados de Colombiacheck, en el marco de un proyecto con Chequeado para fortalecer la integridad informativa electoral en América Latina.
