El 20 de agosto, el alcalde de Medellín anunció la que, dijo, será la obra más ambiciosa de su administración: un complejo deportivo y recreativo que incluye “un mar” con un área de playa que Gutiérrez comparó con la de Johnny Cay. ¿Qué dice esa iniciativa sobre intereses, apuestas y modelo de ciudad?
Prometón era un tipo desaliñado. Aparecía con la corbata mal puesta o combinaba un blazer con una camisa de cuadros azules y un corbatín rojo. Fue una iniciativa pedagógica de Telemedellín para las elecciones regionales de 2011 y las presidenciales de 2014 que construía la caricatura del político clientelista y corrupto que hacía campaña con promesas absurdas.
Las ideas de Prometón incluían prohibir las clases de 6:00 de la mañana en las universidades, poner más días festivos y hacer que la Selección Colombia ganara el Mundial. En uno de sus “actos de campaña” dijo que Medellín se estaba “convirtiendo en una gran ciudad”, pero que le hacía falta algo “para estar a la par con otras ciudades del mundo”. Entonces, el candidato hizo un anuncio: “A Medellín lo voy a poner a disfrutar de la playa, no la del centro, una playa con mar de verdad”.
Más de una década después, esa caricatura se hizo realidad. El pasado 20 de agosto, el alcalde Federico Gutiérrez anunció una obra para intervenir el corredor que va desde la pista de BMX Mariana Pajón hasta la unidad deportiva María Luisa Calle. Las obras incluyen la renovación de esos escenarios, la ampliación de la pista de trote y ciclismo del Aeroparque Juan Pablo II, varias piscinas olímpicas y semiolímpicas, y la construcción de un “mar” con todo y playa.
“A nosotros nada nos queda grande, Medellín tendrá mar”, dijo Gutiérrez en el evento en el que presentó ese proyecto, que estará a cargo de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), como la más grande obra de infraestructura de su administración. Dijo que costará cerca de $195 mil millones, empezará con las obras de la pista de BMX y de la unidad deportiva, y se extenderá hasta 2027 con el resto de las intervenciones. El mar artificial reemplazará el complejo acuático de piscinas recreativas que hoy administra Metroparques.
El alcalde agregó que el mar “ya no estará a un avión de distancia” y que será “el mejor centro de triatlón público del mundo”. Ese es, justamente, el deporte que Gutiérrez practica.
¿Pa’ qué mar si no hay casa?
El Plan de Desarrollo Distrital (PDD) de la administración de Gutiérrez no contempla la construcción de un mar. En cambio, sí fija una meta de casi 213 mil metros cuadrados de espacios públicos construidos y mejorados. Eso, sin contar con las obras de las etapas 1 y 2 de Parques del Río Norte que aparecen como un proyecto independiente y suman otros 56 mil metros cuadrados.
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Ese componente del PDD incluye un diagnóstico: para 2021, Medellín tenía un índice de espacio público efectivo urbano de 3.96 metros cuadrados por habitante, y aunque el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de 2014 fijó la meta de llevar esa cifra a 7 metros cuadrados, ahora, cuando ese instrumento está en plena revisión de mediano plazo, ese objetivo se ve muy distante:
“Por la relación histórica creada entre el ritmo de construcción, el crecimiento poblacional y la expansión urbanística, la meta de 7m2/hab será difícil de conseguir sin inversiones significativas en la construcción, el mejoramiento y el mantenimiento del espacio público”, dice el Plan de Desarrollo.
Entonces, la intervención de un gran parque público, que suma 210 mil metros cuadrados, suena coherente con los diagnósticos, ¿o no?
Fernando Zapata es politólogo, magíster en Procesos Urbanos y Ambientales, y coordina un proyecto sobre el derecho a la ciudad en Corporación Región. Nos dijo que el anuncio es “indignante” porque atiende una necesidad, la de espacio público, que no es prioritaria frente a otras como la de vivienda, gestión del riesgo y adaptación al cambio climático. Todas estas igualmente diagnosticadas, pero que además cobran vidas.
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Por ejemplo, sobre el déficit de vivienda hay investigaciones, análisis y opiniones expertas que, si bien consideran diferentes factores, coinciden en la urgencia de atender el problema. En abril de este año, Diego Alejandro Palacio sustentó su tesis de la maestría en Estudios Urbano-Regionales de la Universidad Nacional, en la que investigó sobre la incidencia de la planeación urbana territorial en la producción de vivienda de interés social.
De acuerdo con sus hallazgos, entre 2019 y 2023, en Medellín se duplicó la escasez de vivienda. Para ese año, se calculaban cerca de 16.000 viviendas faltantes, a lo que se suman por lo menos 96 mil hogares que enfrentan condiciones inadecuadas en sus casas.
Eso, pese a que justamente en 2019 la Alcaldía, durante el primer gobierno de Gutiérrez, publicó el Plan Estratégico Habitacional de Medellín (PEHMED) que fijó la meta de reducir ese déficit a 2030. A cinco años de que se cumpla ese plazo, esa posibilidad se ve remota. La investigación de Palacio concluyó, además, que de 30 acciones para mejorar el acceso a vivienda que contempla ese plan, solo se han implementado cuatro.
Esa problemática también quedó consignada en el Plan de Desarrollo que reconoce, entre otros aspectos, “una baja capacidad del Gobierno local para cubrir las demandas habitacionales” y que “la rentabilidad y el lucro, ignoran políticamente la existencia de la inequidad socio-territorial y los déficits históricos de la vivienda y el hábitat”.
Entonces, para atender la situación, el PDD fijó una meta de 1.260 hogares que superan el déficit cuantitativo de vivienda y 12.000 que superan el déficit cualitativo. “Si bien estas metas representan un avance dada la creciente agudización de la problemática de vivienda en Medellín, también hay que afirmar que son muy mínimas con respecto a la magnitud de los déficits cuantitativo y cualitativo. Es decir, hay tanta gente sin vivienda, y tanta gente en viviendas precarias, que estas metas son mediocres”, nos dijo Fernando Zapata.
Le preguntamos al Isvimed —dependencia de la Alcaldía de Medellín encargada de ese componente del PDD— por los avances a la fecha en esa meta, pero al momento de publicar este informe esa entidad no nos había entregado los datos.
A eso se suma la otra prioridad que el mismo Zapata mencionó, la de gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático. El deslizamiento en Granizal, donde el pasado 24 de junio murieron 27 personas en límites entre Medellín y Bello, es un ejemplo de la intersección entre esos dos problemas: entre mayor es el número de familias que no puede acceder a una vivienda digna, es igualmente mayor la probabilidad de que sigan ubicándose en asentamientos precarios e informales en los bordes de la ciudad, lo que las pone en situación de riesgo.
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Sin embargo, Zapata nos dijo que hay que desmontar el mito de que el problema de vivienda es exclusivo de los pobres. En eso interviene la falta de acciones estatales para promover la construcción de vivienda de interés prioritario y social, el encarecimiento que dificulta el acceso para personas con alguna capacidad de endeudamiento y el fenómeno de turistificación que tiene efectos incluso sobre personas de estratos medios y altos.
“Ese problema de la vivienda obligaría a dirigir el gasto público a solucionarlo. Instrumentos de planeación como el PDD y el POT no son solamente la voluntad de un político, sino acuerdos que exigen atender los problemas que aquejan a la sociedad. Ante el reconocimiento de que no tenemos recursos infinitos, hay que entender que hay prioridades”, agregó Zapata.
El 21 de agosto radicamos ante la Alcaldía de Medellín una solicitud de información con un cuestionario de 10 puntos. También lo remitimos como una consulta de prensa a la Secretaría de Comunicaciones del Distrito. Sin embargo, hasta el momento de la publicación de este informe no habían respondido nuestras preguntas. Nos dijeron que tratarían de hacerlo antes, pero que esa solicitud está sometida a los términos del requerimiento formal, es decir, 10 días hábiles.
Allí preguntamos, entre otros aspectos, por la forma como se distribuye la inversión de $195 mil millones que anunció el alcalde, cómo la administración concluyó que el proyecto debería incluir un mar artificial, los avances en diseños y las empresas seleccionadas para la ejecución de las obras.
Hasta ahora, la información que ha puesto a circular la Alcaldía de Medellín no ofrece detalles sobre ninguno de esos puntos que permitirían conocer, por ejemplo, si existen estudios técnicos, ambientales y sociales. Por otra parte, rastrear los intereses privados detrás de una obra de esas dimensiones. Como publicamos en noviembre de 2023, 19 empresas del sector inmobiliario y de la construcción hicieron donaciones a la campaña de Federico Gutiérrez, lo que ubicó a ese sector económico como el mayor aportante de su candidatura.
¿Incomodidad de «biempensantes»?
Luego del anuncio del alcalde, y ante las críticas que empezaron a moverse sobre todo en redes sociales, algunos secretarios del gabinete distrital publicaron mensajes para defender el proyecto. Por ejemplo, Camilo Cano, secretario de Participación, dijo que “mucha gente que no conoce el mar, lo va a poder hacer”. Uno de los argumentos a los que acudieron apuntó a la supuesta molestia porque se destinen recursos públicos a una iniciativa centrada en la recreación de las clases populares.
Sin embargo, la información que existe hasta ahora sobre la iniciativa tampoco da cuenta de que se haya implementado algún proceso participativo o se haya establecido un mecanismo de diálogo con las comunidades para definir lo que quieren y necesitan.
María Clara Echeverría es profesora emérita de la Universidad Nacional, fue decana de la Facultad de Arquitectura y directora de la Escuela del Hábitat en la sede Medellín de esa institución. A nuestras preguntas respondió, primero, con más preguntas: “¿A partir de qué pensamiento y qué enfoque surge? ¿Cuál es el proyecto de ciudad al que se articula? ¿Hay un proceso de participación? ¿Tiene que ver con los enfoques del POT? ¿Hay una revisión de lo ambiental?”.
Nos dijo, sí, que esa iniciativa se enmarca en “un discurso prepotente y megalómano que ha olvidado todas las luchas de la gente y de la base social territorial que se ha pensado esta ciudad durante mucho tiempo”. Y cuestionó que sin contar con las comunidades, y “sin ningún proceso de participación, la Alcaldía se atribuya la palabra de la ciudadanía”.
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Para ella, la primera fase de Parques del Río, otro proyecto que tuvo en su momento muchos cuestionamientos, es un ejemplo de un espacio público importante para la ciudad, pero con una oferta que está lejos de donde se ubican esas clases populares a las que, se supone, deberían estar dirigidas estas iniciativas. Nos dijo que hoy Parques del Río excluye a muchas personas porque no tienen un pasaje para llegar o porque no pueden pagar lo que cuestan sus restaurantes:
“Medellín debería estar pensando, más bien, en una distribución de posibilidades para hacer accesible la recreación y el deporte para esos sectores populares. Ojalá proyectos de esa magnitud apuntaran a la calidad, habitabilidad y estabilidad de los territorios. El mar no es lo que le falta a la ciudad. Y además, que no engañen a la gente, eso no es un mar, son unas piscinas con arena”.
A propósito de Parques del Río, hay un antecedente: en diciembre de 2015, a pocos días de que terminara su administración, el alcalde Aníbal Gaviria adjudicó un contrato por $161 mil millones con el que dejó amarrada la continuidad de ese proyecto. Federico Gutiérrez, entonces alcalde electo, criticó a Gaviria: “Yo lo que he sostenido es que para mí no es la gran prioridad el proyecto de Parques del Río, puede ser un proyecto que mejore el espacio público, que recupera zonas del río, pero si a mí me dieran la posibilidad de decir qué hacer con $161 mil millones, los invertiría en otros temas”.
El pasado 21 de agosto, Nicolás Ríos, secretario de Gobierno de Medellín, defendió el proyecto en una publicación que hizo en X: «Al parecer, usar bien los recursos públicos, en beneficio de toda la ciudad, llevando a Medellín a otro nivel en lo deportivo y lo recreativo, incomoda a los ‘bien pensantes'», escribió en un post en el que bloqueó la opción que permite que los usuarios de esa red respondan.
Le preguntamos a Fernando Zapata si se considera un bien pensante: “Sí, pero no, —nos dijo—. Cuando sale un mandatario distrital con ese espectáculo tengo que pensar mal. Entonces esto también incomoda a los malpensantes como yo”.
