Héctor García, profesor de la Facultad de Medicina, acaba de ser designado por el Ministerio de Educación como rector de la Universidad de Antioquia en reemplazo de John Jairo Arboleda. A esa decisión le antecede un informe que habla de “una crisis sistemática provocada” y señala a la administración universitaria como posible responsable de varios delitos.
La secuencia de los hechos de las últimas semanas alrededor de la Universidad de Antioquia permitía —aunque aún con mucha especulación— anticipar en buena medida el desenlace que se conoció en las últimas horas: una resolución del Ministerio de Educación (MEN) con fecha del 29 de diciembre relevó de su cargo al rector John Jairo Arboleda en el marco de las medidas de vigilancia especial que ordenó esa misma entidad en agosto. El nuevo rector y representante legal de la UdeA es Héctor Iván García García, profesor de la Facultad de Medicina.
El Armadillo consiguió un informe preliminar enviado el primero de diciembre por la inspectora designada por el MEN para buscar las razones de la crisis financiera que enfrenta esa institución. En ese documento, que hace ya un mes recomendaba el reemplazo del rector y otros directivos, están algunas de las claves de la decisión. Resumimos algunos de sus puntos más importantes y analizamos algunas implicaciones y los movimientos políticos que serán determinantes en el futuro de una de las universidades públicas más importantes del país.
«Una crisis sistemática provocada»
En el primer semestre de 2024 el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia designó para un tercer periodo como rector a John Jairo Arboleda Céspedes. Aunque los problemas financieros que enfrentaba la institución fueron uno de los aspectos centrales en los debates entre las personas que aspiraban a ese cargo, Arboleda evadió los cuestionamientos sobre su gestión y, en diferentes escenarios, trató de reducir las dimensiones del problema.
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Sin embargo, muy poco después de esa (re)reelección la crisis estalló en sus manos. A mediados de ese mismo 2024 la UdeA incumplió con el pago oportuno de varias de sus obligaciones de nómina, lo que hizo evidente que el problema era mucho mayor de lo que parecía. Desde entonces, se han implementado medidas para reducir el gasto que se han enfocado, sobre todo, en las condiciones laborales de los profesores, principalmente los de cátedra.
Aunque las cifras cambian según la fuente y la forma de calcularlas, lo cierto es que el desfinanciamiento histórico con el que carga la UdeA —que se resume en la diferencia entre los recursos que recibe y los que necesita para su funcionamiento— se ha profundizado. De acuerdo con la propia administración de la institución, para cerrar 2025 quedaban faltando cerca de $135 mil millones.
Esa situación de crisis motivó que en agosto el MEN ordenara medidas de vigilancia especial para la UdeA. Una de ellas fue la designación de Angielly Paola Martínez, una inspectora in situ, para revisar la información financiera, acompañar las reuniones de los órganos directivos y analizar procesos administrativos. El objetivo era explicar las decisiones y los elementos particulares de la universidad, que se suman a los problemas estructurales que se desprenden del modelo de financiamiento de las universidades que estableció la Ley 30 de 1992.
“Lo que hemos dicho es que claro que la Ley 30 ha sido un problema, pero que la administración de la universidad no puede lavarse las manos con eso, porque ese mismo modelo de financiamiento que ahora el Congreso acaba de modificar aplica para muchas otras universidades que no están pasando por esa misma crisis”, nos dijo un profesor que ha estudiado de cerca la situación financiera de la UdeA, pero nos pidió no publicar su nombre.
Los hallazgos que hasta el momento ha logrado esa inspección quedaron resumidos en una carta del primero de diciembre que conocimos apenas el 30, pero que ya anticipaba las decisiones que el Ministerio de Educación acaba de adoptar. La comunicación la envía Martínez al ministro Daniel Rojas y le dice, entre otras cosas, que la UdeA enfrenta “una crisis sistemática provocada” y que ha enfrentado una “obstrucción sistemática y deliberada” a su rol de vigilancia.
Además, y ahí está quizá el elemento central, que el objetivo de enviar ese informe preliminar “es dotar al Ministerio de Educación Nacional de la evidencia técnica y jurídica necesaria para adoptar medidas cautelares y decisiones de fondo urgentes —incluyendo el reemplazo de funcionarios directivos que obstaculizan la vigilancia—, con el fin de proteger los recursos públicos, garantizar la continuidad del servicio educativo y detener el detrimento patrimonial en curso”.
Esas afirmaciones las sustentan ocho hallazgos y un listado de requerimientos que, según la inspectora, no fueron respondidos adecuadamente. Entre ellos se destacan aspectos como que “la administración ha presentado y aprobado presupuestos ficticios para simular un equilibrio inexistente”, y ha creado “nóminas paralelas” y “esquemas contractuales para desviar recursos misionales hacia el sostenimiento de burocracia administrativa”.
El documento destaca lo sucedido en dos entidades: la Corporación Interuniversitaria de Servicios (CIS) y la la Fundación Universidad de Antioquia (FUA). A la primera le atribuye la denominación de “brazo operativo”, pues sobre ella recae un esquema de tercerización que, según asegura el informe, actúa como una “nómina paralela estructural”. Sobre la segunda, la carta acusa a la universidad de opacidad en la información y, pese a que dice no haber recibido la documentación solicitada sobre esa figura, concluye que la fundación opera como “una caja externa”.
“La Universidad le entrega el dinero (o el contrato) a la FUA para que esta lo ejecute bajo normas de derecho privado, saltándose los procesos de licitación pública de la Ley 80 que rigen a la Universidad”, dice la carta de la inspectora.
Así, el documento concluye que los hallazgos pueden tener implicaciones fiscales, disciplinarias y penales. En consecuencia, recomienda compulsar copias de esos hallazgos a la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía. También recomendaba —recordemos que la carta es del primero de diciembre— el reemplazo del rector, la vicerrectora general, el vicerrector administrativo y la jefa de la División de Gestión Financiera.
La política interna. Y sobre todo la externa
La designación de Arboleda en 2024 fue un pulso político entre los gobiernos nacional y departamental. No era el candidato de Gustavo Petro ni de Andrés Julián Rendón, pero terminó convirtiéndose en la carta del presidente para no perder. Por eso, llegó en medio de un ambiente abiertamente hostil por parte del gobernador Rendón —que es además el presidente del Consejo Superior Universitario— , con una deuda difícil de saldar con el Gobierno Nacional y con dificultades internas de gobernabilidad.
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La crisis financiera expuso las diferencias entre dos modelos: uno, de una universidad que debería estar guiada por criterios de eficiencia, austera, con capacidad de graduar profesionales rápidamente y acoplarse a las demandas del mercado. Y otro, que la reivindica como una universidad de base popular, con mayor compromiso social y debate político.
Por supuesto que esas dos visiones tienen muchas más complejidades y puntos medios, pero lo cierto es que la confrontación entre Petro y Rendón ha tenido en la UdeA uno de sus campos de disputa. Eso, además, tuvo en medio las acusaciones mutuas sobre a dónde debería apuntar la responsabilidad de aportar recursos extra ante la crisis financiera.
Sin embargo, en el cruce entre la política universitaria y la política “a secas” hay varios elementos adicionales. Por ejemplo, la manera como están distribuidas las fuerzas en el CSU expone también un juego de estrategia. Si bien la decisión de sacar a Arboleda no pasó por ese órgano directivo, de acuerdo con numerosas fuentes que consultamos, cinco de sus nueve integrantes participaron con mayor o menor influencia en discusiones sobre el posible reemplazo del rector. Además del designado del presidente de la República —el director de Inteligencia estratégica de la DNI mencionado en el escándalo de los archivos de Calarcá— y del representante del Ministerio de Educación, ese bloque lo conformaban la representación estudiantil, la profesoral y la de egresados.
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Sin embargo, la profesora María Isabel Duque, representante del profesorado en el CSU, nos aseguró que conoció la decisión apenas el 30 de diciembre: “La conocimos el día de ayer y no participamos en discusiones o acuerdos sobre este tema”. También nos dijo, no obstante, que respeta las funciones de inspección y vigilancia que tiene el MEN sobre la universidades, que considera muy grave que esa tarea se haya obstaculizado y que no se haya entregado información completa por parte de las directivas universitarias. “Esperamos que esta decisión se tome para proteger el patrimonio público y la continuidad de las labores misionales de la institución”, agregó.
Por su parte, Melissa Olarte, la representante estudiantil en el CSU, publicó un hilo en X, en el que afirmó que, si bien no se alcanzó a discutir en profundidad, en las asambleas estudiantiles recientes surgieron dos posiciones: una a favor de medidas del Gobierno contra la administración de la universidad y otras que expresaban preocupación por sus implicaciones sobre la autonomía universitaria. “Ambas posiciones son comprensibles y no son excluyentes. La crisis financiera y de gobernanza de la UdeA es real, pero la autonomía universitaria no puede relativizarse ni ponerse entre paréntesis sin debate público”, escribió.
Agregó que la posición colectiva del estudiantado debe madurarse en los próximos días, pero anticipó su postura: dijo que la medida “es consecuencia de una cadena de incumplimientos y decisiones que profundizaron el déficit y debilitaron la gobernanza financiera”, pero cuestionó el momento en que se anunció: “En receso académico, sin comunidad activa ni deliberación pública, cuando la Universidad necesita debate abierto y decisiones colectivas”.
Ahora bien, una de las fuentes que consultamos insistió en que las discusiones previas alrededor del reemplazo de Arboleda fueron amplias: “En esto participó mucha gente. La decisión se demoró más de lo que pensábamos, pero ya había varios acuerdos que se hicieron con las representaciones y el gobierno, e incluso se pusieron muchos nombres sobre la mesa [para el reemplazo]. Al fin el del profesor Héctor vino del lado de Carolina Corcho”, nos dijo un directivo universitario que nos aseguró que desde mediados de diciembre entre un grupo de universitarios estaba clara la decisión que tomaría el Ministerio.
Un movimiento que sustenta esa idea fue una comunicación que envió el MEN al rector Arboleda el 12 de diciembre y que ahora se entiende como un paso que siguió al informe preliminar de la inspectora. Es una carta de cinco puntos en que le ordenaba, entre otras cosas, elaborar y adoptar un plan de contención del gasto, revisar la tercerización de contratos y dar “acceso pleno y sin restricciones” a la información requerida en la labor de vigilancia que adelanta el MEN.
Para todo eso, el plazo que dio el Ministerio fue de solo dos días hábiles. “Fue una orden que estaba pensada para que el rector no la pudiera cumplir”, nos dijo otro directivo de la UdeA que, sin embargo, nos aseguró que todos los requerimientos fueron remitidos dentro de ese plazo. En todo caso, esas respuestas no fueron suficientes para frenar lo que ya parecía cocinado.
Tres fuentes nos aseguraron que desde hace varios días trabajaban con el Gobierno Nacional en varios acuerdos. Uno de ellos tiene que ver con la duración del encargo. Si bien la resolución define que el reemplazo puede ser por un año y es prorrogable, el objetivo es que sea lo más corto posible. “La idea es que se pueda empezar un proceso de designación de rector en propiedad a más tardar en marzo para que no se contamine con las elecciones, pero eso depende de la renuncia de Arboleda y los tiempos son muy estrechos”, nos dijo una de esas fuentes.
Eso, la renuncia de Arboleda que terminaría su periodo regular en 2027, todavía es una posibilidad incierta y en todo caso sería indispensable para el objetivo que mencionan esas fuentes de que llegue pronto un rector en propiedad. La razón es que si bien la medida del MEN nombra por la fuerza un reemplazo, no puede retirar al rector definitivamente de su cargo y, por tanto, no le abre la puerta automáticamente a una nueva designación tal y como lo definen las normas universitarias.
Otro de los acuerdos que mencionan esas fuentes tiene que ver con lo financiero: según nos dijo una de ellas, la medida estaría acompañada, muy pronto, de un desembolso extraordinario del Ministerio de Hacienda. Aunque esa persona nos dijo que rondaría los $50 mil millones, las otras dos nos dijeron que, si bien han hablado del tema, no está clara ni la fecha ni el monto.
Finalmente, otro acuerdo clave tiene que ver con la elección de García y el equipo que lo acompañará. “La prioridad es que no fuera alguien de afuera porque la universidad no lo iba a tolerar”, nos dijo una de esas fuentes. “Su principal virtud es que no quiere ser rector”, nos dijo otra en referencia a García. Según su interpretación, eso permitirá que sea una administración de transición. “Ya hay acuerdos sobre algunas personas que tienen que salir. La vicerrectora general [Marcela Ochoa] y el administrativo [Fracisco Vargas], pero hay dudas con otras personas del equipo rectoral porque hay quienes piensan que pueden abrir rutas de diálogo con sectores que son importantes”, agregó.
La reacción del gobernador Rendón ante la medida del MEN anticipa el tono de lo que puede venir en la disputa por la Universidad. En X citó una nota de El Colombiano con la noticia del reemplazo y dijo que “Petro actúa como un usurpador”. También hizo equilibrismo para mantener sus diferencias con Arboleda, sin dejar de apuntar al Gobierno Nacional: “Una cosa es que el rector sea un mal administrador; otra muy distinta es que, una vez más, Petro vulnere la autonomía de una institución que pertenece a los antioqueños”.
Por un lado, la defensa de la autonomía universitaria que hace el gobernador, y por otro los acuerdos políticos que llevaron al reemplazo del rector por la vía de una resolución ministerial exponen las paradojas que definen el presente y el futuro de la UdeA.
Nota editorial 1: en la tarde del 31 de diciembre, horas después de publicada esta nota, el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, anunció vía Twitter una «inyección de $70 mil millones» adicionales del Gobierno Nacional como parte del rescate financiero a la Universidad de Antioquia.
Nota editorial 2: el autor de esta historia es egresado y profesor de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia.
