En 2009, cuando era procuradora delegada para la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Ilva Myriam Hoyos, recién designada ministra de Educación del gobierno de Abelardo De la Espriella, lideró una cruzada en contra de un proyecto de la Alcaldía de Medellín para construir una clínica enfocada en la salud de las mujeres y en la garantía de sus derechos sexuales y reproductivos.
El editorial de El Colombiano del 28 de julio de 2009 llevó un título sintomático: Griten por quienes no pueden gritar. En 650 palabras, ese texto recopiló los argumentos que ese periódico, junto a varios de sus columnistas, opinadores y varias organizaciones “provida” reprodujeron durante varios meses para confrontar una iniciativa de la Alcaldía de Medellín que buscaba construir una clínica enfocada en la salud de las mujeres y en la garantía de sus derechos sexuales y reproductivos.
“¿Cómo podríamos aprobar que se acabe con la vida de un niño en gestación, un ser que tiene el código genético desde que el óvulo materno es fecundado por el espermatozoide masculino? ¿Que se acabe con la vida de una personita que en el vientre materno siente, se alegra y se entristece? ¿Que desarrolla con prontitud el cerebro y vive alerta, que se comunica por códigos más universales que la palabra?”, dice el editorial en un párrafo que sintetiza la posición que —spoiler— finalmente se impuso en el debate y frenó el proyecto.
La historia tiene varios antecedentes: la idea de una clínica para las mujeres en Medellín la empezaron a movilizar a finales de los 90 varias organizaciones feministas, pero fue desde 2006 —luego de que la Corte Constitucional despenalizó el aborto en tres circunstancias— que la Mesa de Trabajo Mujer de Medellín concretó esa idea en una exigencia que articuló a las agendas ciudadanas que venían construyendo para incidir en elecciones.
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Al año siguiente, ya en medio de la campaña que llevó a Alonso Salazar a la Alcaldía de Medellín, ese grupo de mujeres les solicitó a varios candidatos que la clínica hiciera parte de sus programas de Gobierno.
Melissa Franco es politóloga de la Universidad de Antioquia y para su maestría en Gobierno y Políticas Públicas investigó lo ocurrido con la Clínica de la Mujer. Recuerda que de ese colectivo hacían parte varias activistas, algunas de ellas profesionales de la salud, que construyeron los argumentos técnicos para explicar por qué ese proyecto era necesario. “Ya venía el año electoral y ellas tenían una agenda ciudadana de las mujeres que promovían aproximadamente desde 2003 para identificar y presentarles los temas que consideraban prioritarios a los candidatos a la Alcaldía”, cuenta.
Franco agrega que un momento clave para abrir la ventana de oportunidad que puso el tema en la agenda de esas elecciones fue una reunión en el teatro Pablo Tobón Uribe en la que participaron cerca de 500 mujeres y varios candidatos. Allí, Alonso Salazar asumió el compromiso de impulsar la iniciativa.
Y así fue: luego de ganar las elecciones de octubre de 2007, el entonces alcalde electo invitó a Rocío Pineda-García, una líder feminista muy reconocida en la ciudad —que además había sido parte de la movilización a favor de la clínica— para que fuera su secretaria de las Mujeres y le pidió liderar el proyecto.
Pineda-García recuerda que durante los primeros meses de ese gobierno se enfocó en consolidar la propuesta y que su inclusión en el Plan de Desarrollo, que luego aprobó el Concejo de la ciudad, no generó mayores debates. Sin embargo, asegura que la persecución contra la clínica empezó en 2009 luego de una rueda de prensa que convocó la Alcaldía para anunciar un concurso para los diseños.
“El Colombiano, la Iglesia Católica y organizaciones ‘provida’ instalaron la narrativa de la clínica de la muerte —cuenta la exsecretaria—. Esa fue una polémica de tres meses en la que finalmente intervino la Procuraduría, en cabeza de Ilva Myriam Hoyos”.
En 2009 el alcalde Salazar informó que la Clínica de la Mujer no haría interrupciones voluntarias de embarazos después de una conversación con el arzobispo de Medellín.
El activismo de la Procuraduría
La ahora ministra de Educación designada, Ilva Myriam Hoyos, era en 2009 la procuradora delegada para la Infancia, la Adolescencia y la Familia. Había llegado a ese cargo en enero de ese año junto al procurador Alejandro Ordóñez Maldonado, que había sido elegido por el Senado en diciembre de 2008.
Con Ordóñez y Hoyos, la Procuraduría desplegó sus capacidades en contra de las iniciativas que buscaban la ampliación de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y de reivindicaciones como el matrimonio igualitario y la adopción por parte de parejas del mismo sexo.
En mayo de 2009 se cumplían tres años de la sentencia C-355 de 2006. Y ambos funcionarios, cuya trayectoria se había construido en una mezcla entre la academía, el servicio público y el radicalismo religioso, dispusieron la autoridad de esa entidad y su lobby en contra de esa decisión y de lo que ya empezaban a llamar “ideología de género”.
La clínica que pretendía construir la alcaldía de Salazar representaba justamente eso que la Procuraduría combatía: además de prestar servicios especializados en mujeres, contemplaba cumplir la sentencia de la Corte frente a la interrupción voluntaria del embarazo. Según explica la exsecretaria Rocío Pineda-García no se trataba solo de una clínica para practicar abortos sino que respondía a una necesidad más amplia de las mujeres de la ciudad. Melissa Franco recuerda, por ejemplo, que uno de los énfasis estaba en el uso de tecnología para la detección temprana del cáncer.
Sin embargo, entre muchos otros frentes sí estaba previsto que la clínica ofreciera el acceso a abortos seguros para las mujeres que cumplieran con las causales estipuladas en la sentencia y que encontraban muchas barrreras en otras instituciones de salud.
La militancia antiaborto de Hoyos era ya reconocida. Por ejemplo, en 2005 publicó el libro La constitucionalización de las falacias del que fue editora y coautora. En ese libro, según sus propias palabras, se detuvo “a presentar y refutar las falacias de las demandas” que para ese momento cursaban en contra del artículo del Código Penal que criminalizaba el aborto.
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Pero además del debate jurídico y académico —Hoyos ha sido profesora y decana de la Universidad de La Sabana— ya como procuradora delegada empezó una persecución personal e institucional contra la abogada Mónica Roa, entonces directiva de la organización Women’s Link Worldwide y una de las demandantes en el caso que derivó en la sentencia de 2006.
Con ese antecedente, a principios de septiembre de 2009 el procurador Ordóñez ordenó la creación de un grupo especial de funcionarios de esa entidad para hacer “control preventivo” al proyecto de la Clínica de la Mujer. Ilva Myriam Hoyos acompañó de cerca a ese grupo.
La exsecretaria de las Mujeres Pineda-García recuerda una reunión de un viernes en la tarde en el salón del Consejo de Gobierno, en el piso 12 de la Alcaldía de Medellín. Hoyos viajó desde Bogotá y, entre otras personas, participaron ella, el alcalde Salazar y la secretaria de Salud de ese momento, Luz María Agudelo.
“La reunión se dio en un ambiente tenso porque ya el debate había trascendido a Medellín y estaban involucrados los medios de comunicación. Yo sabía quién era el procurador y quién era la procuradora [delegada]. Ya sabíamos a qué nos enfrentábamos. Le explicamos qué era la clínica y ella nos dijo que iba a llevar a cabo una labor preventiva y que le iba a hacer seguimiento al desarrollo del proyecto. Eso se convirtió en una amenaza para la clínica y muchos actores empezaron a sumarse a esa posición, incluyendo a algunos concejales y concejalas”, dice Pineda-García.
Esa presión de la entidad que tiene a su cargo la vigilancia disciplinaria de los servidores públicos la complementaron varias organizaciones “provida” que convocaron marchas y plantones, la Iglesia Católica y El Colombiano. Ese periódico, además del editorial en que sugería a las jóvenes evitar “la salida fácil” y en su lugar ayudar a que los niños pudieran “tener una vida feliz en sus brazos o en los de padres adoptivos, quienes los esperan con sus brazos abiertos”, fue el megáfono de decenas de artículos de opinión de su propia planta de columnistas —y de varios más invitados— para escribir en contra de la clínica.
Lo que pasó después se divide en tres escenas, todas en una misma semana. La primera ocurrió el 14 de septiembre de 2009, cuando el alcalde Salazar le pidió la renuncia protocolaria a todo su gabinete durante un consejo de gobierno. La segunda fue poco después: Salazar se reunió con el arzobispo de Medellín, monseñor Alberto Giraldo y luego de ese encuentro publicó una carta en la que anunció que el proyecto de la clínica seguía en pie, pero que ya no practicaría abortos. «Son muchos servicios que se han desvirtuado por la controversia y yo voy a sacar a mi clínica de esa discusión», dijo el alcalde en palabras que recogió El Colombiano en una nota publicada el 17 de septiembre.
Uno de los temas claves en la reorganización que hizo el entonces alcalde Alonso Salazar fue la discusión sobre los alcances de la Clínica de la Mujer, un proyecto que al final no vio la luz.
“Yo conocí esa carta con la que, por supuesto, no estuve de acuerdo. Su compromiso con la clínica terminó allí. De hecho nunca más se hizo algo al respecto en su administración, posterior a la carta. Siempre pensé que el alcalde, a pesar de ser considerado un líder moderno y un gobernante honesto, en el fondo no estaba de acuerdo con el aborto. Si hubiese tenido una posición política favorable al derecho de las mujeres a elegir libremente la maternidad, otra hubiese sido su decisión. En Medellín, el alcalde le entregó en bandeja de plata la clínica a monseñor Giraldo. Y ahí están los resultados”, dice la exsecretaria.
La tercera escena llegó el 19 de septiembre. Ese día, el alcalde Salazar aceptó las renuncias de sus secretarias de Salud y de las Mujeres. Ellas, las dos personas a cargo de impulsar la Clínica de la Mujer desde la Alcaldía, fueron junto al secretario de Gobierno Jesús María Ramírez —que decidió por su cuenta que su renuncia sería irrevocable— las únicas que salieron del gabinete.
“Pidieron la renuncia de todo el gabinete y solo nos la aceptaron a nosotras. Sé que era mucha la presión de parte de la Procuraduría y de la Iglesia Católica, y sé que un gobernante debe cumplir con lo que la ley y la Constitución señalan sin entrar en un debate de creencias personales y de prácticas íntimas. Pero en ese momento primó esa fuerza conservadora y la ciudad se quedó sin un proyecto que era fundamental para la vida y la salud de las niñas y las mujeres”, afirma Pineda-García. Desde el pasado jueves 3 de septiembre estuvimos buscando al exalcalde Salazar para esta historia. Sin embargo, no respondió a nuestros mensajes.
En 2012, cuando ya había terminado su periodo en la Alcaldía de Medellín, la Procuraduría de Ordóñez destituyó a Salazar y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos. Según ese organismo, había participado indebidamente en política al denunciar supuestos favorecimientos de grupos armados de la ciudad al exalcalde Luis Pérez Gutiérrez durante su fallida aspiración para volver a ese cargo en las elecciones de 2011.
Esa decisión de la Procuraduría en contra de Salazar la tumbó el Consejo de Estado en 2014 por considerarla desproporcionada. En ese momento, el exalcalde le dijo a El Colombiano en una entrevista que la verdadera motivación que tuvo la Procuraduría en su contra fue no ser un “camandulero corrupto”. También estableció una conexión con el proyecto de la clínica: “Nos vigiló mucho en distintos procesos como en la Clínica de la Mujer, que logró bloquear. Pero no encontró ninguna otra razón para investigarme”.
Trece años después de que la Procuraduría y varios grupos “provida” lograron frenar la Clínica de la Mujer, la Corte Constitucional despenalizó por completo la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 y mantuvo las tres causales sin límite gestacional.
Es justamente esa decisión la que pretende revertir el gobierno de De la Espriella. Mientras fue candidato, el hoy presidente declaró su oposición al aborto, pero negó que su gobierno fuera a ocuparse del tema. Sin embargo, una diapositiva usada en una reunión interna del Departamento Nacional de Planeación el pasado 21 de agosto, en la que se discutían las bases del Plan Nacional de Desarrollo, indica que ese será uno de los objetivos de “la patria milagro”.
El pasado 2 de septiembre, al anunciar que Ilva Myriam Hoyos será la nueva ministra de Educación en reemplazo de Viviane Morales —que duró menos de un mes en el cargo— la Presidencia de la República dijo en un comunicado que Hoyos representa “el talante, la fortaleza, la honradez y la firme defensa de los valores”.
