Migración Colombia ha inadmitido, en los últimos dos años, a más de 100 extranjeros en el aeropuerto José María Córdova por llegar con posibles fines de explotación sexual. Hablamos con Paola Salazar, directora regional de la entidad, sobre las cifras, métodos de control y sus diferencias con el enfoque que le ha dado la Alcaldía de Medellín al fenómeno.
En diciembre de 2025, un usuario de X publicó una fotografía tomada en la fila del control migratorio del aeropuerto José María Córdova, en Rionegro, en la que se veían decenas de hombres extranjeros que hacían fila para ingresar al país. Esa imagen es el reflejo de un patrón que empezó a hacerse visible en Medellín después de la pandemia: hombres que, bajo la excusa del turismo, ven en la ciudad un destino para explotar sexualmente a mujeres.
En El Armadillo hemos reportado este fenómeno en historias como la de los “Passport Bro Trips”, que revelan el funcionamiento de hermandades digitales que ofrecen consejos sobre cómo buscar relaciones amorosas o sexuales soportadas en la idea de que en Medellín encontrarán, como ellos mismos dicen, mujeres “de fácil acceso” y “de alto valor”.
Durante 2025 y hasta febrero de 2026, Migración Colombia inadmitió, en los diferentes puntos de control de todo el país, a 127 personas extranjeras por sospecha de posibles delitos sexuales o de turismo con fines de explotación sexual. Casi la mitad de esos casos, 63, se registraron en el Aeropuerto José María Córdova.
Solo en 2023, la cifra de inadmitidos por estas causas fue de 34 y en 2024, 93. De acuerdo con Migración Colombia, dicho aumento se debe al endurecimiento de las condiciones para ser admitido al país.
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Hablamos con Paola Salazar, directora de la Regional Antioquia-Chocó de Migración Colombia. En su oficina, como en la de muchos otros funcionarios, está enmarcada la foto del presidente Gustavo Petro. Es abogada egresada de la Universidad Autónoma Latinoamericana, con una especialización en Derecho Administrativo en la misma universidad. Llegó a la administración pública por su cercanía con el proyecto político. Fue directora regional de Prosperidad Social entre 2023 y 2024 y, desde hace un año, dirige la regional de Migración Colombia.
La inadmisión de extranjeros por explotación sexual es uno de los pocos temas en los que coinciden las agendas de la Alcaldía de Medellín y las del Gobierno Nacional. El alcalde Federico Gutiérrez ha convertido la lucha contra este fenómeno en una de las banderas de su administración, a través de campañas, ruedas de prensa y anuncios en redes sociales. Sin embargo, la decisión de inadmitir o permitir el ingreso de un ciudadano extranjero recae exclusivamente en Migración Colombia.
Esto ha supuesto un reto adicional para Paola Salazar: articularse con la Alcaldía pese a la confrontación política entre el alcalde Gutiérrez y el presidente Petro.
Ahora, ante la llegada de un nuevo Gobierno Nacional, la pregunta es qué continuidad tendrá esta apuesta institucional y si seguirá siendo una prioridad en la política migratoria del país.
¿Por qué pasamos de reportar menos de 50 casos de inadmisión por posibles delitos sexuales a más de 100 al año? ¿Qué cambió?
Cuando yo ingresé (a la entidad) observé que los oficiales de Migración no tenían una lectura del territorio en lo que tiene que ver con el fenómeno del que estamos hablando. Algo importante fue que logré, de alguna forma, alinearme con ellos en eso, porque no se trata solamente de impartir un lineamiento a un personal, sino también de involucrarse, por decirlo de alguna forma, en la dinámica del control.
Vale también mencionar que esos controles no solamente se hacen en los filtros en el aeropuerto, sino también a través de un grupo que se llama Verificaciones Migratorias, que ejerce la misma competencia de vigilar el estatus migratorio, pero cuando el extranjero ya ha ingresado al territorio nacional.
Entonces, a través de esos dos grupos nos dimos a la tarea, primero, de hacer una lectura y diagnóstico del problema en territorio, y segundo, de transmitir la importancia de tener conciencia sobre cómo aplicar nuestras competencias para prevenir.
Y creo que lo hemos logrado. Eso se puede ver en los resultados en lo que tiene que ver con control de legalidad, en inadmisiones y también en detecciones en territorio de ciudadanos extranjeros que están inmersos en estas dinámicas.
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¿Cuál es el perfil de esas personas que son inadmitidas? ¿Qué patrones han encontrado?
Nosotros ejercemos el control y las inadmisiones con dos instrumentos. El primero es la información de nuestros sistemas misionales: una vez la persona llega al filtro y entrega su pasaporte, verificamos la identidad, verificamos que corresponde a la misma persona y se revisan las alertas que pueda tener.Esas alertas saltan cuando se cruzan bases de datos de la Policía Nacional, de Interpol, de otras agencias migratorias homólogas, de jueces…Migración Colombia es usuaria de muchas bases de datos de otras entidades, y en esa medida se pueden identificar, por ejemplo, las de Angel Watch, un convenio de cooperación entre Colombia y Estados Unidos que lleva varios años, no es reciente, aunque así lo han dicho ellos en algunos medios, pero eso no es cierto.
Cuando un viajero puede tener antecedentes en Estados Unidos por delitos sexuales contra menores de edad, Colombia toma la decisión soberana de inadmitir a ese ciudadano. Es un lineamiento de esta administración: siempre se inadmite a un ciudadano que pueda tener una alerta de Angel Watch en nuestro sistema de información. Igualmente, los pasaportes de los ciudadanos estadounidenses que tienen esos antecedentes vienen con una anotación.
En esos casos siempre se inadmite. Ahí no vamos por perfil, sino por sistemas de información y alertas: esa es la primera herramienta. De esas 102 inadmisiones [solo en el aeropuerto de Rionegro] que te conté de este año, 15 son de Angel Watch; el resto son de entrevista migratoria, que es la segunda herramienta que hemos trabajado.
Esa segunda herramienta consiste en la entrevista que hace el oficial de migración al extranjero que se acerca al filtro migratorio. Además de verificar los requisitos de ingreso, el oficial interactúa con el viajero y le pregunta: «¿Qué viene a hacer usted a Colombia? ¿Cuál es su motivo de viaje?». En esos casos, nuestros oficiales han llegado a la conclusión de que esos ciudadanos, con alta probabilidad, vienen a ejercer no turismo, sino explotación sexual, que son dos cosas diferentes.
Esto es algo que se ha posicionado en redes y se ha normalizado por el auge de algunos creadores de contenido, influenciadores y streamers, tanto extranjeros como colombianos, pero sobre todo extranjeros, que promocionan a Medellín como un destino turístico con fines de explotación sexual.
¿Y cuando ya están en territorio colombiano? ¿Cuándo deciden que ya no pueden estar acá?
En esos casos también funciona el tema de alertas, porque puede ser que un ciudadano ingresó sin alerta, se quedó en territorio nacional y es sujeto de verificaciones.
Nosotros tenemos un sistema de información que cruza las mismas bases de datos —Interpol, Policía, etcétera— y nos llegan esas alertas cuando esos ciudadanos ingresan a un hotel, cuando celebran un contrato de transporte terrestre, fluvial o marítimo, cuando son empleados por una persona en Colombia con contrato laboral, o bajo otras modalidades que se reportan. Detectamos esas alertas en tiempo real.
Cuando eso sucede, un grupo de Verificaciones Migratorias, también de oficiales de Migración, va al sitio a verificar la alerta y la identidad de la persona, y tenemos la facultad de hacerla comparecer al Centro Facilitador de Servicios Migratorios, donde podemos ampliar la información, solicitarla a otras autoridades, y tenemos un plazo de 36 horas para definir su situación jurídica.
Definir la situación jurídica puede significar decirle: «Hasta luego, no hay problema con usted, está bien». O proferir una decisión administrativa, que puede ser una sanción económica, una deportación, una expulsión. E incluso, en algunos casos, la cancelación de permisos de turismo.
Cuando ingresa un extranjero que declara que va a hacer turismo y el oficial le cree y lo deja seguir, puede pasar que después recibamos una denuncia que diga: «Ese ciudadano extranjero está ejerciendo explotación sexual» o «intentó realizar un acto que altera la convivencia». En esos casos tenemos la facultad de cancelarle el permiso y decirle que tiene cinco días para salir del territorio nacional, porque ya no tiene permiso de turismo.
Esas alertas se verifican básicamente a través del sistema SIRE (Sistema de Información y Registro de Extranjeros) pero también por denuncias ciudadanas, y para nosotros ese último componente es muy importante: por ejemplo, a partir de una denuncia ciudadana fue como nos enteramos de la existencia de la comunidad religiosa Lev Tahor en Colombia, en noviembre del año pasado.
¿Cuántas de esas personas que son inadmitidas por fines de explotación sexual son mujeres?
Muy pocas. Ni el 1 %, yo creo. De Angel Watch, este año nos han llegado dos mujeres, de esas 15 que te dije. De entrevista migratoria no se ha inadmitido ninguna mujer, todos son hombres, en su mayoría estadounidenses.
Hablemos un poco de esa posición de evaluar si una persona viene con fines de explotación sexual: creo que también es una posición de mirar esto con enfoque de género, y no ser tan ingenuos con lo que nos contabas antes sobre lo que se vive en el territorio. ¿Cómo ha sido esa articulación y cuál es el límite que tiene la Alcaldía y cuál el que tiene Migración?
Es claro que las entidades territoriales no tienen ninguna facultad en materia migratoria. Esa es una primera aclaración necesaria, porque ha sido muy común que el alcalde salga a decir que inadmitió a alguien. Eso no es preciso: es una función exclusiva de una entidad del orden nacional, como es Migración Colombia, que está en el sector de relaciones exteriores, con la Cancillería a la cabeza.
En segundo lugar, con la Alcaldía sí hay una cooperación fuerte. Todas las entidades territoriales tienen fondos de seguridad que se financian en parte con el 5 % de los contratos de obra pública que se ejecuten en su territorio. Las alcaldías o gobernaciones están obligadas a recaudar esos recursos y a distribuirlos en la manera en que se concerte en cada mesa técnica de los comités territoriales de orden público, entre los organismos de seguridad, entre los cuales está Migración Colombia.
Allí está la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Unidad Nacional de Protección, el Ejército. Hay una cooperación económica fuerte con la Alcaldía, que podría ser mejor, dependiendo del fortalecimiento de las capacidades del personal de migración para presentar proyectos. Esa es una tarea que hay que fortalecer, y se lo diré al director que llegue. Pero sí hay cooperación económica.
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En segundo lugar, con la Alcaldía también hay articulación a través de la Secretaría de Seguridad, y me gustaría que hubiera más trabajo con la Secretaría de las Mujeres y con el Comité de Lucha contra la Trata de Personas, más fuerte en términos de denuncia ciudadana, canalizándolas a través de la línea 123. Muchas de esas denuncias, cuando tienen que ver con ciudadanos extranjeros que puedan estar incurriendo en estas conductas, nos llegan a nosotros y hacemos las verificaciones en campo.
¿Qué más pediría o creería que la Alcaldía debería apoyar? Ellos están afrontando el fenómeno desde una visión que, en mi concepto, es importante: hay que reconocerle al alcalde la conciencia que tiene sobre la necesidad de proteger a los niños, niñas y adolescentes, y que ha realizado cooperación internacional con agencias estadounidenses, dado que la principal nacionalidad que viene a cometer estos delitos acá es la estadounidense. Pero tengo dos críticas hacia la Alcaldía en ese sentido.
¿Cuáles?
La primera es que lo están viendo únicamente como un tema de seguridad, cuando es un tema de política pública; es también un tema de la desigualdad estructural que tenemos en Medellín y en el departamento de Antioquia, y también un problema del gobernador, que no se ha querido meter en esto como sí lo ha hecho el alcalde.
Y, segundo, que lo han limitado solamente a la explotación de niños, niñas y adolescentes, sin observar la incidencia que tiene, y creo que es el problema de base, la visión patriarcal y machista que hace que todos esos turistas pongan como foco a las mujeres.
Y no son solamente mujeres de Medellín; son mujeres de otras nacionalidades también, sobre todo venezolanas, pero también hemos encontrado mujeres de República Dominicana, Costa Rica o Ecuador, e incluso en contextos de posibles víctimas de trata de personas. Me parece que es una visión un poco limitada, y de pronto tiene también un ánimo un poco populista.
Todos vemos lo que sucede en el Parque Lleras, pero no solo sucede ahí, porque también sucede en la Comuna 10 de Medellín, de una forma mucho más estructural y crónica. En el Parque Lleras el fenómeno es, digamos, novísimo: desde 2021, si no estoy mal. Pero en la Comuna 10, La Candelaria, esto sucede desde hace muchísimos años.
¿Y por qué, si es tan visible?
Es un problema complejo que tiene que ver también con cómo el Estado trata la situación de las mujeres en prostitución o en trabajo sexual. Y eso parte por dar esa discusión desde la institucionalidad, de cara a la ciudadanía y a las mujeres.
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Otra de las cosas que hemos visto es que, además de cómo se ofrece Medellín como una ciudad de fiesta, colorida, con gente muy amable,, a la par hay un montón de discursos de hombres, específicamente en YouTube, en Reddit y en Instagram, hablando de una ciudad como destino para explotar mujeres. ¿Ustedes también están teniendo en cuenta lo que se habla de Medellín desde afuera?
Sí. La verdad, me gustaría que eso fuera una línea de trabajo para Migración Colombia, incluso para el grupo de policía judicial, y que hubiera una articulación mucho más fuerte con ciberseguridad y con expertos en temas de redes. Es un tema global; no creo que seamos el único país con esa situación.
Justamente ahora estaba en un webinar sobre ese tema, escuchando a una experta argentina que ha estudiado a los incel y a estas comunidades que alimentan ciertos estereotipos frente a las mujeres, sobre todo frente a las mujeres de América Latina y de Asia. Se ve mucho en redes sociales, en Instagram: son comunidades donde se alimenta un estereotipo de la mujer latina, y especialmente de la mujer colombiana, porque incluso hay grupos segmentados por nacionalidades: Brasil, Tailandia, Colombia.
Se caracterizan por una hipersexualización de las mujeres, pero detrás de ese mensaje también hay un problema relacionado con visiones violentas y misóginas hacia ellas.
Nos caracterizan como más sumisas, más tranquilas. A partir también de un grupo de hombres, los «involuntariamente célibes», que se caracterizan como personas que en sus países no pueden ser tan exitosas, y acá, según ellos, hay mujeres por montón, y eso es lo que les pintan.
Entonces, la verdad, hemos estado buscando mucho sus perfiles, mirando, en nuestras posibilidades, cómo prevenir que lleguen, pero eso no se puede hacer con el trabajo de una sola institución; para eso se necesita aumentar las capacidades del Estado en investigación, la regulación de las redes sociales y de sus contenidosl
Creo que el Estado colombiano debería empezar a pensar en eso. Se acaba de prohibir en Francia el uso de redes sociales para menores de 15 años. Colombia debería empezar a dar pasos también en esas regulaciones, porque esos contenidos no requieren sino darse de alta en una red social, decir que se tienen 15 años y ser varón, para que empiece a llegar información donde se ofrece a las mujeres como un producto, como algo que se puede explotar y sobre lo cual se pueden descargar todos esos impulsos de dominación que también se difunden en ese tipo de grupos, que por lo demás son muy cercanos a la extrema derecha internacional.
Y vemos que Colombia hoy es un destino de esos extranjeros.
Completamente. Lo hemos visto. De hecho, este año desarrollamos una acción con relación a ese tema. Detectamos a un extranjero que se hacía llamar Archill Capo, @chillcapo. Estaba en Colombia en permanencia irregular.
Había tenido visas, creo que de nómada digital. Lo detectamos porque empezamos a investigar sus actividades: era un joven, no tan joven ya, afroamericano, que se dedicaba a promover fiestas en Medellín.
Ya tenía todo un ecosistema organizado alrededor de ese negocio, donde promocionaba Airbnb, discotecas, restaurantes, y donde promocionaba a las mujeres. Evidentemente, tenía —o tiene— un montón de seguidores.
Lo detectamos en una discoteca del Parque Lleras y lo deportamos. No daba para expulsión porque no teníamos el sustento suficiente; después me llegó otra información que me habría servido para expulsarlo, pero en ese momento no se pudo obtener. Sabemos que hay muchos perfiles de esos en Medellín.
También hemos visto en redes que ya la gente sabe que hay una postura de Migración de mirar más los antecedentes, de saber con qué fines vienen a la ciudad; entonces empiezan a crear trucos para poder venir acá sin problema. ¿Qué han visto qué han empezado a hacer?
En efecto, esos mismos influenciadores son los que alertan a sus grupos o a sus clientes. Entonces se preparan, simulan itinerarios de turismo. Vienen, por ejemplo, diciendo, si nuestros oficiales les preguntan: «Ah, sí, claro, voy para Piedras Blancas el lunes, voy para el Parque de la Conservación el martes», y se inventan itinerarios falsos. Nuestros oficiales ya lo saben, porque hacemos seguimiento permanente de esas dinámicas, y aun así hemos continuado con los resultados que tenemos.
Sin embargo, es probable que el control se vea retado por esas dinámicas; igual tratamos de hacerlo mejor y de que no tengan éxito en esas estrategias.
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A futuro, ¿qué cree que se tiene que seguir haciendo o que no se ha hecho que se debería hacer?
Escribimos un artículo que vamos a presentar ahora, al final de la gestión, donde vamos a contar la experiencia de la regional en este tema. En ese artículo planteamos una propuesta para el gobierno entrante: que se cree una causal autónoma de inadmisión que contemple específicamente los fines de explotación sexual del turista.
Eso les va a permitir a los oficiales de migración fortalecer su control en filtro porque Colombia también tiene un deber de debido proceso con esos extranjeros.
Si bien ellos no han ingresado al país porque en el filtro, en la zona estéril, en la zona migratoria, todavía no están en Colombia, eso no quiere decir que no deba respetarse su debido proceso y sus derechos humanos. Es un elemento que puede aportar seguridad jurídica, tanto para los viajeros como para Colombia, en términos de sustentar una decisión discrecional, como lo es la de permitir o no el ingreso de un extranjero al país.
Y, en cuanto a otras autoridades, sí creo que es importante que haya un tratamiento mucho más claro, más abierto a la sociedad, con más franqueza, sobre el trabajo sexual y la trata de mujeres en el territorio, que por supuesto también involucra a niños, niñas y adolescentes.
Creo que el tratamiento de ese problema pasa por no verlo solamente desde una perspectiva de seguridad que, de hecho, es complementaria en estos problemas, más que principal.
Es hacer un llamado a las instituciones en el territorio: la Secretaría de las Mujeres, a instancias de gobernanza como el Comité Territorial de Seguridad de las Mujeres y el Comité de Lucha contra la Trata en Medellín, que tristemente está ubicado en la Secretaría de Derechos Humanos y Paz, una secretaría que no tiene muchos recursos, y es un comité que no tiene dinero para funcionar.
Ese comité hoy, por ejemplo, está liderado por unas mujeres que son contratistas, ni siquiera son funcionarias; se quedan sin contrato y el comité no funciona.
