Una semana después del crimen del reportero, el presidente Gustavo Petro y el gobernador Andrés Julián Rendón mantienen un pulso por asignar responsabilidades. Mientras tanto, la violencia arrasa con Briceño: el alcalde tuvo que salir del pueblo, el personero renunció y los desplazamientos forzados no dan tregua.
El día que lo asesinaron, Mateo Pérez Rueda salió en su moto y atravesó el parque de Briceño, en el Norte de Antioquia, solo con un celular y una libreta. Iba sin casco —como mandan las leyes no escritas de las zonas de conflicto— y con la esperanza de encontrar líderes veredales que le contaran lo que había estado leyendo en informes oficiales: que los enfrentamientos entre grupos armados ilegales tenían a los campesinos sitiados y que, como en los peores años de la guerra, muchos de ellos habían tenido que dejar sus casas para no ser asesinados.
Mateo había llegado a Briceño desde Yarumal un día antes, el lunes 4 de mayo. Ese mismo día estuvo en la Alcaldía y la estación de Policía, se identificó como periodista de la revista El Confidente, hizo preguntas sobre la situación de seguridad y derechos humanos, y habló de su intención de conversar con la gente en las veredas. “Le advertimos de los riesgos, pero él decidió continuar”, señaló una fuente de una de esas instituciones, que pidió mantener en reserva su identidad.
Los pocos reportes que la comunidad le ha entregado a las autoridades locales señalan que Mateo llegó hasta el corregimiento Las Auras, donde almorzó, y desde allí tomó rumbo a las veredas Travesías, El Roble, El Hoyo y Palmichal. Fue en esta última donde lo interceptaron hombres armados que le pidieron identificarse y lo señalaron de ser un espía o infiltrado.
La información sobre lo que sucedió después ha ido llegando de a poco. Sergio Mesa, abogado, periodista, amigo de Mateo y quien viajó a Briceño para buscarlo junto al fotorreportero Jesús Abad Colorado, explicó que los hombres de las disidencias —en la zona operan los frentes 18 y 36 de las antiguas Farc, además del Ejército Gaitanista (EGC)— suelen ser muy paranoicos, entonces el hecho de que alguien no conocido y sin contactos en la zona llegara de la nada era alarmante. “Es una zona en la que no se puede salir después de las 6:00 p.m. y donde hay drones vigilando. No es fácil pasar desapercibido”, dijo.
Por eso, agrega, una de las primeras cosas que Mateo intentó hacer fue buscar que alguien confirmara que era periodista. “Desde Palmichal él llamó a alguien de la Alcaldía, no hemos podido saber a quién, pidiendo ayuda para que los líderes de allá dijeran que lo conocían. Pero nadie lo conocía y en esas condiciones nadie se juega la vida por nadie”, contó Mesa.
Esa misma versión fue recibida por otra fuente cercana a la misión que recuperó luego el cuerpo del periodista. Sin embargo, dos fuentes de la Alcaldía de Briceño con las que hablamos para esta historia dijeron que no tenían información al respecto. En lo que sí coincidieron todas las fuentes consultadas —y que también fue reconocido por la Alcaldía de Briceño en un comunicado— es que el Ejército, con el que se cruzó en retenes a la salida del pueblo, le advirtió que era “peligroso”.
Lo que pasó después de la llamada aún no es claro. Solo hasta el miércoles la familia hizo público el caso, pues en sus palabras no habían conseguido una respuesta de las autoridades. “Necesitamos con urgencia recuperar a nuestro hijo Mateo (…) no nos dejen solos”, clamó Gloria Rueda, madre de Mateo, en un video grabado en la tarde del miércoles 6 de mayo y difundido en la mañana del jueves por el fotorreportero Abad Colorado.
Ese mismo miércoles en la tarde, la Fundación para la Libertad de Prensa emitió una alerta reportando que “según información preliminar, Mateo Pérez Rueda, periodista y director de la Revista El Confidente, de Yarumal (Antioquia), habría sido asesinado en la Vereda Palmichal, en Briceño. Pérez Rueda, quien está desaparecido desde ayer, martes 5 de mayo, se encontraba realizando trabajos de reportería en la zona”.
Pero las horas pasaban y no había ninguna noticia que confirmara o desmintiera el rumor. Así que Mesa y Abad salieron el jueves hacia Briceño en una camioneta particular a la que le instalaron una bandera blanca hecha con una funda de almohada. Estuvieron todo el día en el casco urbano buscando ayuda, pero no pudieron avanzar hacia La Aurora porque no había “permiso” de los grupos ilegales que controlan la zona.
Lo único que lograron recuperar fueron las pertenencias que Mateo había dejado en un hotel de la Calle del Comercio. “Cuando dije que buscaba el morral ‘del muchacho desaparecido’, la señora del hotel me miró con terror. Le dije que iba a llamar a la familia para que la autorizaran a entregarme todo, pero ella dijo que no llamara a nadie, que me llevara las cosas rápido porque ‘ya vinieron aquí’. Cuando llegué a Yarumal entendí: habían sustraído el computador que llevaba Mateo”, dijo el abogado Mesa. La moto en la que viajaba el reportero fue recuperada por el Ejército este lunes 11 de mayo.
Mientras todo eso ocurría, Carlos Pérez, padre de Mateo, daba entrevistas a emisoras y noticieros de televisión pidiendo ayuda para encontrar a su hijo. En varias de ellas contó que en la última conversación que tuvieron, el lunes, le había pedido que se cuidara porque esa región estaba “muy caliente”, pero el joven le respondió que no tenía miedo porque la zona estaba militarizada.
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Durante todo el jueves, funcionarios de la Policía, la Fiscalía y el Ejército llegaron a Yarumal y Briceño, mientras que desde Bogotá la comisión del Gobierno Nacional que negocia la Paz Total contactaba a líderes de las disidencias en las cárceles para buscar la entrega de Mateo. A las 5:00 p.m. la información llegó: desde la cárcel de Cómbita (Boyacá), alias Leo, uno de los líderes de las disidencias del Frente 36, comunicó que se había logrado la autorización para entrar a la zona.
Dos de las fuentes consultadas para esta historia coinciden en señalar que, por orden directa de las disidencias, nadie de la comunidad entregó información sobre lo sucedido con Mateo ni sobre la ubicación de su cuerpo. La comisión humanitaria que se encargó de la búsqueda también recibió información en el mismo sentido: “No dan la ubicación porque lo torturaron demasiado. Que toda la noche torturaron a ese muchacho. Que los campesinos escuchaban”, se lee en uno de esos reportes.
En la tarde del viernes 8 de mayo, una comisión integrada por la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo llegó hasta el sitio donde estaba enterrado Mateo, logró recuperar su cuerpo y trasladarlo a una sede de Medicina Legal. Hasta ese momento, el informe forense aún no había sido difundido. Finalmente, el domingo 10 de mayo fue sepultado en su natal Yarumal, en medio de una concurrida ceremonia.
Los sueños que ya no serán
Mateo Pérez Rueda nació en una familia conformada por una profesora y un comerciante, y sus amigos lo recuerdan como un hombre curioso, que amaba la poesía, sobre todo la de Julio Flórez y Gonzalo Arango. Incluso escribió y publicó varios poemas, y participó y ganó concursos de escritura como el del libro Antología del Sello de Autores Yarumaleños, en 2022.
“Aunque se emocionaba terriblemente por la poesía, también le gustaba mucho la investigación. Amaba profundamente Yarumal. Entonces empezó en el periodismo por esa curiosidad. Digamos que El Confidente fue su forma de comunicarse, y aunque lo empezó con noticias muy básicas del pueblo, también hablaba de lo que le gustaba. Entonces de un momento a otro veía que publicaba una noticia de que posiblemente habían pedido una coima y luego, un resumen de la Vuelta a Colombia o alguna carrera así, porque también amaba el ciclismo”, asegura John Esteban Pérez, gestor cultural y amigo de Mateo.
Pérez recuerda una de las conversaciones que tuvo con Mateo en la que hablaron de los sueños. Los del periodista, en los últimos meses, incluían graduarse de Ciencia Política en la Universidad Nacional y convertir a El Confidente en un proyecto de mayor alcance, “que fuera esa voz social frente a las injusticias de la administración pública, de la guerra y del contexto difícil de nuestro territorio”, dice su amigo.
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Para la graduación no faltaba mucho. Carlos, el padre de Mateo, contó en una entrevista con Blu Radio que el joven estaba a la espera de hacer sus prácticas profesionales y que, mientras ubicaba una plaza, había empezado un negocio en el garaje de la casa familiar. “Me dijo que no quería quedarse ‘de balde’, entonces empezó a vender ensaladas de frutas y jugos, aprovechando que acá al frente hay una escuela”.
Mientras tanto continuaba buscando información para El Confidente. Sus últimos reportes noticiosos fueron el asesinato de un domiciliario y la firma de un contrato entre la alcaldía de Yarumal y Caracol Radio, por $80 millones, que le permitió al alcalde tener espacios de entrevistas en medios de alcance nacional. En sus propias redes, Mateo había señalado que esa información le había generado problemas con varias personas en el municipio.
En una publicación de octubre de 2024, Mateo mencionó que su celular había sido “interceptado” por autoridades locales. El Armadillo buscó al alcalde de Yarumal, Cristian Céspedes, para preguntarle sobre los señalamientos del periodista y su situación de seguridad, pero al cierre de este artículo no habíamos obtenido respuesta.
Según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), “Mateo se convirtió en una voz fundamental para la comunidad local. Informó y cubrió temas relacionados con corrupción administrativa, orden público, seguridad y política local en los municipios antioqueños de Yarumal, Briceño, Valdivia e Ituango, zonas afectadas por la violencia y el control armado de grupos ilegales”.
En los registros de la FLIP consta que Mateo ya había reportado presiones legales, como tutelas y citaciones a conciliación por sus investigaciones sobre economías ilícitas vinculadas a actores armados.
¿Y los asesinos?
Hasta el momento, el crimen de Mateo Pérez Rueda es atribuido a las disidencias del Frente 36, lideradas por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá Córdoba. Ese frente mantiene el control territorial en Briceño e Ituango, pero en esa región se habla al mismo tiempo de disputas y alianzas con las demás estructuras que tratan que tomar el control de negocios como la coca y la minería.
Diversos informes de la Defensoría del Pueblo, la Gobernación de Antioquia y el Ministerio de Defensa señalan que las acciones del Frente 36 responden a la comandancia del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), es decir, la estructura que lidera Calarcá. El EMBF hace parte de las mesas de negociación que tiene el Gobierno nacional con distintos grupos criminales, como parte del proyecto de Paz Total.
El presidente Gustavo Petro señaló como responsable del homicidio a Jhon Edison Chalá Torrejano, alias Chalá, quien, según fuentes militares, llegó al Norte de Antioquia proveniente del Catatumbo con la misión de consolidar una estrategia de vigilancia con drones y contener la expansión de las fuerzas del frente 18, que responden a alias Mordisco.
Según el presidente Petro, Chalá ya no integra los grupos bajo el mando de Calarcá, sino que pertenece al Frente Darío Gutiérrez, una facción disidente escindida del Frente 36. «Con esta banda de Edison Chalá no existe negociación alguna con el gobierno. La banda de Edison se dedica al control de la minería ilegal del oro», afirmó el mandatario.
Esa postura le ha valido fuertes críticas a Petro, en particular de parte del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien sostiene que “Chalá es el sicario de Calarcá” y que, por tanto, Petro y el gobierno central tienen responsabilidad en lo ocurrido. Una fuente militar le dijo a El Armadillo que hasta la fecha los informes de inteligencia destacan que Chalá ha sido leal a las órdenes de Calarcá.
El pasado sábado 9 de mayo los bloques comandados por Calarcá emitieron un comunicado en el que se desmarcan de su responsabilidad en el crimen. “Esta dirección nunca fue informada sobre la detención del periodista (…) de ser veraz la participación del Frente 36 en ese asesinato, los autores lo hicieron a título personal, sin autorización, sin consultar”, se lee en el documento.
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El asesinato de Mateo se ha convertido entonces en otro frente de la pelea entre el presidente Petro y el gobernador Rendón. Este último, solo entre el jueves y el sábado, publicó ocho mensajes en la red social X refiriéndose al caso y ofreciendo una recompensa de $300 millones por alias Chalá, aunque el Ministerio de Defensa ya había ofrecido $600 millones.
En cinco de los ocho mensajes, Rendón menciona a Petro, mientras que a la familia del periodista solo la mencionó dos veces, ninguna de ellas dando condolencias, como sí hizo al referirse a la muerte del exvicepresidente Germán Vargas Lleras.
No obstante, este domingo Rendón asistió a las exequias de Mateo en Yarumal. Desde allí publicó un video en el que alternó planos de oraciones con imágenes de Gloria Rueda, la mamá de Mateo, mientras aseguraba que la mejor forma de honrar a madres como ella es que “la fuerza pública entre con contundencia a Briceño y neutralice a los criminales asesinos”. Además, se refirió al comunicado de las disidencias, diciendo que “ese es el cuento que está esparciendo Petro por todas partes” porque Calarcá es “su protegido”.
Entre tanto, Petro ha hablado del caso tres veces en su cuenta de X. La primera fue el 7 de mayo, en respuesta a las versiones sobre el asesinato, diciendo que nada estaba probado. Las dos siguientes fueron en la tarde del viernes 8 de mayo para reportar el hallazgo del cuerpo y atribuirle el crimen a alias Chalá, y para referirse a la madre de Mateo: “Le he expresado mi sentido pésame y hablaremos personalmente después”.
En la noche del viernes, en medio de un evento en Indumil, Petro aseguró que Mateo había llegado a Briceño a “tomar fotos del paisaje para su periódico que sacaba desde el colegio en Yarumal”. Sus declaraciones fueron rechazadas por Mesa y Pérez, amigos de Mateo, quienes reafirmaron que su visita tenía propósitos periodísticos, como lo reportó la FLIP.
Y mientras tanto, Briceño sitiado
Entre 2020 y 2025, la Defensoría del Pueblo emitió por lo menos seis alertas tempranas sobre el progresivo deterioro de la situación de seguridad en la zona de Briceño e Ituango, donde los frentes 36 y 18 de las disidencias, además del EGC, buscan expandirse para hacerse al control de puntos estratégicos de movilidad y rentas ilegales.
La situación se agravó tanto que el Ministerio Público emitió, el 18 de noviembre pasado, una Alerta Temprana de Inminencia —un mecanismo que se usa para pedir respuesta urgente de las autoridades ante una amenaza contra la población civil o un riesgo de violación de derechos en un corto plazo— en la que advirtió sobre una reconfiguración armada y una crisis humanitaria, luego de que más de 2.100 personas provenientes de 25 veredas de Briceño tuvieran que desplazarse forzadamente por el recrudecimiento de la disputa entre el EGC y el Frente 36.
En ese momento, la Defensoría advirtió que un recrudecimiento aún más amplio de la violencia era inminente pues el Frente 18, que había conformado un nuevo grupo llamado Guerrillas Campesinas Los Cabuyos, había oficializado su paso al Nuevo Estado Mayor Central y existía un alto riesgo de que retornaran a Briceño para sumarse a la disputa, como efectivamente ocurrió.
Desde abril de este año la escalada de violencia ha causado el desplazamiento de 163 personas, la interrupción de las sesiones del Concejo Municipal y la renuncia del personero Wilmer Moreno. Incluso el alcalde Noé Espinosa está despachando desde Medellín, luego de que apareciera un panfleto en el que fue declarado objetivo militar.
El Armadillo les preguntó a las autoridades qué habían hecho respecto a esta situación. La Séptima División del Ejército reportó que desde febrero se reforzó la presencia militar en la zona, aunque no dio detalles de cuántos hombres habían llegado. Lo que sí dijeron es que esas tropas hombres han desactivado 16 artefactos explosivos y destruido tres laboratorios de coca, entre otras acciones. La Gobernación de Antioquia, por su parte, informó que ha atendido a más de 700 familias desplazadas, con asistencia psicosocial y entrega de kits humanitarios, y que han solicitado, a través de oficios dirigidos al Ministerio de Defensa, la priorización de la atención en Briceño y “la adopción inmediata de medidas operativas frente al accionar de actores criminales, en especial del grupo liderado por alias Calarcá”. Hasta el cierre de esta historia, el Ministerio de Defensa no respondió nuestras preguntas sobre esas gestiones.
En Briceño la gente prefiere no mencionar el tema. El Armadillo contactó a tres campesinos vía telefónica y todos pidieron no volver a ser contactados por temor a represalias. “Es mejor que no me pregunte por esas cosas. Uno no sabe quién lo está oyendo o viendo por aquí. De todas maneras voy a bloquear su número porque uno nunca sabe”, dijo uno de uno de ellos, en la única llamada que duró más de cinco segundos.
