La propuesta de Andrés Julián Rendón para transformar la estructura de la Gobernación enfrenta cuestionamientos por su enfoque y por alcanzar apenas una octava parte del ahorro prometido. Además, a menos de un mes de que arranque su implementación, no se conocen los estudios técnicos que la soportan.
Por: Vanesa Restrepo y Juan David Ortiz Franco.
El 9 de julio, durante una sesión de la Asamblea de Antioquia, Jonathan Roldán, diputado del partido Liberal, sugirió aprovechar la presencia en esa corporación de Martha Patricia Correa, secretaria general de la Gobernación, para pedirle que socializara “a dónde quieren llegar” con la transformación de la estructura y la planta de cargos del departamento, una decisión que el gobernador Andrés Julián Rendón anunció un mes antes, sin dar muchos detalles.
Cuando Correa tomó la palabra dijo que si bien tenía el tema en la cabeza, había asistido para hablar de otro proyecto y prefería regresar después, con el apoyo de un equipo técnico. También señaló que crear cargos es fácil, pero reducirlos, muy difícil; y terminó esa parte de su intervención diciendo que el asunto es ‘muy subjetivo’: “Es como una mujer bonita; para unos es bonita, para otros es fea. Lo importante es que ustedes miren que ninguna misionalidad se dejó desatender. Esa es la esencia».
Justamente el tema de las mujeres —que poco tiene que ver con el concepto de belleza de la secretaria— es uno de los que más ruido ha generado desde que el pasado 8 de julio la Gobernación de Antioquia dio a conocer un documento que resume el “rediseño institucional” que se propone implementar el gobernador Rendón.
Esa transformación fue autorizada por la misma Asamblea en su primera ordenanza desde que asumió funciones, en la que le otorgó al gobernador facultades extraordinarias durante seis meses para crear, suprimir, modificar o fusionar dependencias, y cambiar sus nombres o funciones. En la sesión en la que se aprobaron esas facultades extraordinarias, se propuso incluir un artículo que blindara de las reformas a las secretarías de Mujeres, Ambiente y Tecnologías, pero la iniciativa fue rechazada con 20 votos negativos y solo cinco positivos.
Lo que pretende Rendón, en síntesis, es una reducción del tamaño del gobierno, pasando de 33 a 17 dependencias del nivel central de la Gobernación de Antioquia. Para ello, entre otros ajustes, cambia el nombre de la Secretaría de las Mujeres a Secretaría de las Mujeres y del Cuidado; y modifica la denominación de dos organismos, anexándolos a ese despacho como direcciones de inferior categoría: la Gerencia de Maná, encargada de la soberanía alimentaria en el departamento, que pasará a ser la Dirección de Nutrición; y la Gerencia de Infancia y Adolescencia, que pasará a llamarse Dirección de Familia.
Menos Estado, ¿menos burocracia?
Aunque sin el show que protagonizó Javier Milei en su campaña, cuando jugó a hacer una reforma del Estado argentino en directo por televisión —que ya empezó a hacer realidad—, la de Rendón es una apuesta que coincide, por lo menos en parte, con la visión de un Estado más pequeño que también declaró desde su campaña.
En su programa de gobierno, Rendón insistió en la necesidad de reducir el “gasto burocrático” y en su discurso de posesión reiteró esa idea. Dijo que su meta es “adelgazar la burocracia excesiva”, y que para ello no ocuparía el 40% de los cargos de libre nombramiento y remoción. También, que nombraría secretarios que temporalmente tendrían a cargo más de una dependencia. Los cálculos de ese primero de enero eran ambiciosos: ese día Rendón aseguró que su reforma generaría ahorros cercanos a los $200 mil millones anuales.
Lee aquí: Burocracia: ¿exceso de administración?
“Antioqueños, la palabra se honra”, dijo el gobernador el pasado 8 de julio, en un video en el que anunció los cambios en las diferentes dependencias. En esa declaración, Rendón redujo la cifra que dio en su primer discurso como gobernador y dijo que el ahorro llegaría a $69 mil millones durante el cuatrienio; es decir, unos $17.500 millones por año. Es decir, una octava parte de lo que inicialmente prometió. La Secretaría de Talento Humano le ratificó esa cifra a El Armadillo a principios de agosto.
José Obdulio Gaviria, uno de los asesores de Rendón, aseguró que la apuesta es que haya “un papel gerencial del gobernador muy poderoso” y señaló como referentes de esta reforma a personajes como Margaret Thatcher, Ronald Reagan y Álvaro Uribe (en su faceta como gobernador de Antioquia). Según Gaviria, la inspiración de esta visión del Estado es la Escuela Austríaca de Economía, una corriente de pensamiento basada en el individualismo metodológico, que ha sido también la base para visiones de Estado como la del presidente de Argentina, Javier Milei.
“Esto no es solamente austeridad, es eficiencia y modernización. El objetivo es muy claro: eficiencia, una alta gerencia y un ahorro en todos esos recursos que son aportados por la gente, porque el Estado no produce nada”, dijo Gaviria.
Jasblleidy Pirazán García, docente de Gestión y Administración Pública de la Universidad Nacional y exdirectora de Planeación de Medellín, aseguró que uno de los problemas de esta visión es que el tamaño del Estado no es el único criterio para medir su eficiencia. “El gobernador parte de una línea ideológica, un axioma, de que el Estado debe ser pequeño. Pero realmente la única capacidad que tiene para hacerlo pequeño es modificar los cargos de libre nombramiento y remoción, porque la planta (de personal) no la puede tocar. Entonces con esos cambios vamos a tener funcionarios cargados de muchísimo más trabajo, que deben atender muchísimas más cosas, a cambio de un ahorro ínfimo”, dijo.
Agregó que le preocupa el tipo de funcionarios que Rendón espera encontrar para secretarías que abordarán temas diversos, como la de Agricultura que en este nuevo modelo tendrá a su cargo las direcciones de Desarrollo rural, Turismo, Productividad y Minero energética. “No sé si haya un directivo que sepa de desarrollo rural y a la vez de puertos, minas, energía, turismo y competitividad. Si no lo hay, seguramente va a tener que contratar asesores. Luego, lo que te ahorraste suprimiendo un cargo, lo vas a tener que usar ahí”, precisó.
Un subsecretario de la Gobernación de Antioquia, que pidió mantener su identidad en reserva, le dijo a El Armadillo que las reducciones se hicieron específicamente en las dependencias de mayor impacto social. “La instrucción fue priorizar seguridad e infraestructura, que son más ‘duros’ y que sabemos que dan más votos en los municipios. Lo particular es que el Gobernador dice que el ahorro se va a invertir en lo social, pero no sabemos ni cómo ni con quién, porque los programas de infancia, mujeres, minorías y hasta cultura, son los que quedaron más golpeados con esta reforma”, señaló.
Para Rendón, el cuidado y la familia recaen sobre las mujeres
El anuncio de modificar la Secretaría de las Mujeres para que también se ocupe de temas “de la familia” fue el más polémico. En cuestión de horas, casi un centenar de mujeres se movilizaron para rechazarlo y formaron lo que hoy llaman la Asamblea Permanente de Mujeres, que en las últimas dos semanas hizo plantones y logró reunirse a puerta cerrada con el gobernador.
Dora Saldarriaga, exconcejala de Medellín y vocera de la Asamblea Permanente, contó que Rendón recibió a cinco integrantes de la mesa el pasado 29 de julio y que estaba acompañado, entre otras personas, por su esposa, Susana Ochoa, y la secretaria de las Mujeres, María del Pilar Solano. Además del rechazo por la modificación en la dependencia, las voceras le señalaron su preocupación porque la política pública de atención de sobrevivientes de violencia que se está construyendo no tiene indicadores claros en aspectos tan importantes como derechos reproductivos y la protección de las mujeres rurales.
Durante la reunión, las representantes de la Asamblea le presentaron a Rendón cuatro peticiones: 1) retirar las direcciones de Familia y Nutrición de la Secretaría de las Mujeres, 2) priorizar la iniciativa de un sistema de cuidado en una instancia superior a la Secretaría, porque necesita más recursos y esfuerzos; 3) crear una mesa técnica para revisar indicadores y 4) hacer una consulta con las comunidades étnicas antes de tomar decisiones.
“Tengo que reconocer que él tomó atenta nota de lo que le dijimos, pero nuestras preocupaciones se mantienen. Meter en la misma bolsa el tema de niños y nutrición, convierte esto casi que en una disputa por nuestros derechos. Sí, hay que darles prioridad a los niños, pero eso debe hacerlo otra dependencia para que esta pueda seguir enfocándose en nuestros derechos, que incluyen transformar ese imaginario de que las mujeres solo están para la familia”, señaló Saldarriaga.
En ese mismo sentido Milena Arboleda, activista feminista del Bajo Cauca, explicó su preocupación por el aumento de los feminicidios y la violencia machista. “El gobernador quiere repartir en toda la familia los recursos destinados a proteger nuestra vida y nuestros derechos. ¿Cómo cree él que vamos a poder cuidar de otros si no estamos seguras, a veces ni siquiera en nuestra casa?”, dijo.
En la página de presentación de su plan de desarrollo, Rendón escribió que Antioquia “es femenina” y que “como mujer tiene todos los dolores: violencia, maltrato, pobreza y, también, todas las alegrías: trabajadora, disciplinada y amorosa”. Esa frase —como lo señalaron dos funcionarios de la gobernación que hablaron bajo reserva de la identidad por temor a represalias— refleja la posición del mandatario en asuntos de género.
Una idea que refuerza la posición de José Obdulio Gaviria: “Esa Secretaría de la Mujer, que abarca tantas actividades trascendentales, va a tener su mejor expresión y balance con las decisiones tomadas con respecto a Maná y a la presencia de las propias comunidades en la atención de asuntos como la alimentación, en particular de los niñitos y de los ancianos”.
La gestión del riesgo en un segundo plano
Otro de los grandes cambios que anunció Rendón tienen que ver con el Dagrán, la dependencia que se encarga de prevenir y atender situaciones de riesgo y desastres. En el organigrama del gobernador, el Dagrán deja de ser un Departamento Administrativo (una dependencia por encima de las secretarías y que les da línea) y se convierte en una Gerencia, que solo ejecuta, y que en este caso estaría adscrita a la Secretaría del Interior. Esa misma secretaría se encargará de la Gerencia Indígena, la de Afrodescendiente y de la Dirección de Participación y Cultura Ciudadana.
“Literalmente nos estamos devolviendo como 20 años. En términos prácticos, la gestión del riesgo debe estar en manos de alguien experto en el tema, pero si por encima de él van a estar secretarios de despacho que no tienen conocimiento técnico, las decisiones se pueden enredar. Y estamos hablando de vidas en peligro”, explicó un exfuncionario de esa dependencia que también pidió proteger su identidad.
La duda de esa fuente y de varios funcionarios que siguen en el Dagrán es si con esta decisión se están violando normativas del orden nacional. Esto porque la Ley de Gestión del Riesgo (Ley 1523 de 2012) establece que los departamentos, distritos y municipios con más de 250 mil habitantes deben tener una oficina de primer nivel dedicada a la gestión de riesgo de desastres. “Si hay un secretario por encima, la oficina no es de primer nivel. Imagínese todo lo que se puede demorar una decisión entre toda esa burocracia, en medio de una situación de urgencia como un desastre natural o una emergencia como la que vivimos en la pandemia”, agregó.
Para Elizabeth Arboleda, docente de la Escuela de Hábitat de la Universidad Nacional e investigadora en temas de gestión del riesgo, si bien es lamentable que se retroceda en algo que se había logrado, al menos en teoría, la realidad es que nunca se demostró que estos cambios tuvieran impactos reales en términos de gestión del riesgo y emergencia climática.
«La gestión del riesgo es un problema de gestión de la vivienda, de los servicios públicos, de las vías, de la infraestructura. Si vos hacés ordenamiento territorial adecuadamente, con eso gestionás como el 70% de esos problemas que devienen en desastres como inundaciones y deslizamientos. Pero eso no pasa hoy en Colombia porque el país sigue basándose en una atención del desastre y no en una gestión del riesgo”, dijo.
José Obdulio Gaviria calificó este como un debate político legítimo y dijo que en tres años habrá indicadores para evaluar el resultado, pero que el modelo “no puede seguir siendo el modelo corrupto de la Ungrd”.
Arboleda señaló que, en efecto, la contratación por emergencia se ha vuelto una especie de chequera de la corrupción y “la felicidad de los alcaldes locales” que pueden contratar con menos requisitos. “El problema sigue siendo de fondo, de entender la gestión del riesgo como un asunto del desarrollo que hoy en Colombia está, pero en el papel. De la experiencia aprendí que si la cabeza (del gobierno) no entiende qué es la gestión del riesgo de ahí para abajo no hay nada”.
Turismo y la oposición de los empresarios
Las banderas con las que Andrés Julián Rendón llegó a la Gobernación de Antioquia incluían el respaldo a los empresarios. “Escucharlos y poder construir junto a ellos proyectos que beneficien a todos los Antioqueños debe ser un compromiso permanente”, escribió cuando apenas comenzaba la campaña.
Pero la propuesta de reformar la Secretaría de Turismo, que pasa a depender de la Secretaría de Agricultura y Economías Emergentes, significó una grieta en la relación con el sector privado. Los gremios del sector turístico, incluyendo el de bares, hoteles y eventos, le enviaron una carta en la que no solo piden una reunión para discutir la decisión, sino que cuestionan la pertinencia de la misma.
“No comprendemos ni compartimos la transformación (…) Consideramos que este no es el camino apropiado. Aplaudimos su rigurosidad y búsqueda de austeridad pública, sabemos que es por el bien de todos, pero somos miopes si tomamos ese camino en este momento de la historia», escribieron los empresarios, en el comunicado enviado por el Comité Intergremial de Antioquia, el mayor grupo de agremiaciones de la región. La reunión hasta ahora no ha ocurrido.
¿Y los estudios?
Cuando la Asamblea aprobó entregarle facultades al Gobernador, Martha Patricia Correa, secretaria general, confirmó que la transformación sí requería un estudio técnico. “Para reestructurar no se necesita estudio, se necesita es para modificar la planta”, dijo.
Correa anunció en esa sesión del 4 de marzo que el estudio de cargas y diagnóstico se haría con personal del departamento, pero que el otro estudio, el técnico, se estaba negociando con la Universidad de Antioquia, por $800 millones “porque si lo hacemos solos, cuesta más de $2.000 millones”.
El Armadillo le preguntó a la Gobernación por ese contrato y, a través de la Secretaría de Talento Humano, respondió que “está en marcha un estudio Técnico de Levantamiento de Cargas de Trabajo contratado con la Universidad de Antioquia, que permitirá hacer un poblamiento adecuado de los servidores en las diferentes dependencias de la Gobernación de Antioquia”. Pero no detalló los costos ni los tiempos de ejecución.
El último de esos estudios, que se hizo en 2023, evidenció que los funcionarios de cargos directivos tenían un riesgo más alto por demandas de trabajo y carga mental. El plazo para presentar esos estudios y echar a andar la transformación vence la primera semana de septiembre.
