Juan David Sandoval, vocero del frente 36 de las disidencias de las Farc, habló de una eventual negociación de paz. Negó que controlen cultivos de coca en el Norte, el Nordeste y el Bajo Cauca, dijo que están dispuestos a compartir una mesa de diálogo con paramilitares y dio su versión sobre el asesinato de tres geólogos en 2018.
Por: Juan David Ortiz Franco
La voz de Juan David Sandoval vende la idea de que el frente 36 es una guerrilla campesina que poco tiene que ver con los negocios ilegales que se mueven en el Norte, el Nordeste y el Bajo Cauca de Antioquia. Según dice, la decisión de algunos de los integrantes de esa organización de mantenerse en armas, luego de la negociación entre las Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos, obedeció a los reclamos de protección por parte de las comunidades de esa región que se veían amenazadas por grupos paramilitares y a la persistencia de las condiciones de pobreza y exclusión que dieron origen a las guerrillas.
En el reverso de esa interpretación está una que reduce a las disidencias a la criminalidad organizada. Esa, que fue la posición oficial durante el gobierno de Iván Duque, se puede resumir en que ese frente es simplemente uno de los actores en la disputa por la plata de la coca, la extorsión y la minería ilegal.
Pese al contraste entre esas dos lecturas, hay hechos verificables. Por ejemplo, que la zona donde esa organización opera es una de las regiones de confrontación histórica entre guerrilla, fuerzas del Estado y paramilitares en el departamento; que ha sido una región en permanente riesgo humanitario y que buena parte de su población ha sido privada de derechos fundamentales y condiciones para transitar a modos legales de subsistencia.
También es un hecho objetivo que un grupo de los antiguos combatientes del frente 36 se desmovilizó en el marco de los acuerdos, que muchos de ellos hoy continúan sus procesos de reincorporación y que, desde la entrega de armas, sus antiguos integrantes han estado sometidos a amenazas y persecuciones, como ocurre con excombatientes de todos los frentes.
Pero también que esa organización ha sido responsable de reclutamientos, del uso de minas antipersonal, de una participación ampliamente documentada en el negocio de la coca y de la minería ilegal, y de crímenes tan mediáticos como el asesinato en 2018 de tres geólogos que trabajaban para la multinacional minera Continental Gold.
En el nuevo mapa de la confrontación armada, el frente 36 hace parte del Bloque Magdalena Medio de las disidencias de las Farc, que tiene su fortín más importante en el Catatumbo y que, según le confirmó a El Armadillo una fuente cercana a ese bloque, ya se encuentra en contacto con delegados del gobierno de Gustavo Petro.
A propósito, el frente 36 publicó en agosto un comunicado en el que dijo valorar los anuncios sobre la búsqueda de la paz total y anunció que acoge el llamado a un cese al fuego multilateral. Eso ocurrió luego de una visita del presidente a Ituango en la que quedó claro que esa región tiene una importancia especial en ese propósito.
Juan David Sandoval es el nombre de guerra del guerrillero que actúa como vocero de esa organización para temas de paz. Habló con El Armadillo sobre una eventual negociación, las razones para que parte de ese grupo se haya marginado del proceso de La Habana y sobre las disputas territoriales y el negocio de la coca.
¿Cuáles son las condiciones para iniciar una negociación formal con el gobierno de Petro?
Crear las bases de confianza. Salimos de un proceso de paz estropeado y por eso hay que crear esas nuevas condiciones reales de confianza para que no vuelva a permitirse el regreso del conflicto armado y evitar que los combatientes que quieren hacer una nueva vida regresen a la guerra.
Pero ustedes ya hicieron parte de un proceso y decidieron continuar en armas. ¿Qué tendría que ser distinto esta vez?
Es que realmente nada tendría que ser distinto. Queremos que se implementen los acuerdos. Lo que pedimos es acompañamiento porque nosotros salimos de la guerra a encontrarnos con un mundo de cosas a las que éramos ajenos. Si para la gente de las ciudades es difícil hacer filas en las EPS o esperar un bus para llegar a su casa a descansar, imagínese para nosotros que no estábamos sujetos a eso.
El Estado Social de Derecho no les ha aplicado a los ciudadanos para mejorar sus condiciones de vida. Si el Estado no era capaz de solucionarle las necesidades básicas a la gente, pues mucho menos a nosotros que veníamos de la guerra y no sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar.
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Devolvámonos al momento en que ustedes toman la decisión de no continuar en el proceso de La Habana. ¿Cuáles fueron las razones?
El fenómeno del paramilitarismo y la inseguridad económica y social. Escuchábamos de compañeros que trataban de reincorporarse a la vida civil y no encontraban espacio. La estigmatización también nos llevó a retomar las armas. Por ejemplo, muchos salieron a buscar un empleo y fueron rechazados por ser excombatientes. Recuerdo el caso de un compañero que tuvo unas condiciones favorables en el proceso, pero que nos decía que regresó a las filas porque veía a otros que no tenían ni cómo tomarse un tinto, y a otros que estaban siendo asesinados.
Nosotros creímos en los acuerdos, pero una cosa es creer y otra cosa que los que tiene la capacidad y las facultades para implementarlos, los implementen. Además, la comunidad fue decisiva. La gente nos decía: nos están robando, están entrando grupos diferentes, están saqueando nuestras fincas. El campo necesita una seguridad y esa seguridad la estábamos brindando las Farc.
A propósito del paramilitarismo, ¿cuál es la situación hoy en esa región?
Para los lados del Bajo Cauca el paramilitarismo se ha incrementado. Incluso tuvimos que sacar algunas comunidades de algunos lugares, y líderes y organizaciones sociales hicieron una alerta temprana pidiendo resguardos humanitarios por la presencia de diferentes expresiones del paramilitarismo. Y las podemos mencionar: los Caparros, los Pachelly y las AGC.
En algunos momentos se ha hablado de pactos y de alianzas de las disidencias con algunas de esas bandas, ¿cómo es la relación del frente 36 con ellos?
Nuestra relación con ellos es a muerte. Es combate permanente y confrontación. Nosotros no tenemos ningún tipo de diálogo. Esa es la realidad que estamos viviendo y a la que el Estado colombiano está haciendo caso omiso porque hemos observado que el Ejército hace presencia y no combate a los Caparros ni a los Pachelly, solo a la guerrilla.
Entonces a nosotros nos toca combatir no solamente a los paramilitares, sino defendernos de las Fuerzas Militares porque ellos [el Ejército] no son nuestros enemigos. Lo único que yo les puedo decir que podemos rescatar del proceso de La Habana es que los hospitales no están llenos de militares heridos, pero parece que los militares olvidaron eso y parece que la sociedad también lo olvidó.
Pero ustedes también participan en el narcotráfico y ese negocio es el centro de esa confrontación, ¿quién controla los cultivos ilícitos en el Norte y el Bajo Cauca?
Nosotros somos una insurgencia política y no tenemos ningún control de los cultivos ilícitos. Los cultivos son de los campesinos porque les han incumplido la implementación del punto cuatro del acuerdo y no se han creado condiciones reales para que siembren cultivos nuevos y tengan sostenibilidad económica. No es cierto que el frente 36 saque plata de la coca. Hay un cultivo ilegal y hay unos compradores que son ajenos a nosotros, pero como están entrando como mediadores para comprarle coquita al campesino, nosotros les cobramos un impuesto.
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Hablemos de la ruta que sigue en ese negocio, ¿quiénes son esos mediadores?
La ruta es la del narcotráfico, pero nosotros no le apuntamos a eso. Nosotros no compramos coca; cobramos un impuesto y el campesino cultiva porque la tierra en el campo está muy desvalorizada. El Estado colombiano no ha implementado la reforma rural integral, que es el punto uno de los acuerdos, y no se ha concertado con esas comunidades. La coca les da un ingreso, así les han pagado el estudio a sus hijos, han cubierto enfermedades y necesidades o han construido su casa. El campesino productor solamente utiliza la coca como medio de supervivencia. Si pudieran sembrar oro, sembrarían oro para cosechar bolitas de oro, pero no se puede.
En lo que usted llama el cobro de un impuesto hay un negocio que los conecta a ustedes con las mafias, le insisto, ¿quiénes son esos mediadores?
No sabemos si ese comprador es de los paramilitares o es un comprador independiente. Es que no solo hay compradores de paramilitares. Ellos tienen controles, no es un secreto que tienen cocinas e incluso ponen a trabajadores de ellos a cultivar y a sembrar coca. A nosotros simplemente nos pide permiso algún sujeto independiente y se le da el permiso de entrar a la región con el objetivo de que nos pague el impuesto de la coca que le compra al campesino. Ese es nuestro papel.
Pero resulta muy difícil vender la idea de que el narcotráfico no es una de las razones por las que las disidencias decidieron no acogerse al proceso.
Eso es lo que decía el gobierno Duque y los mismos funcionarios que permitieron que se robarán $500 mil millones de los acuerdos. Nosotros somos esencia política. Tendríamos que ser muy irracionales e incoherentes para tomar las armas solamente por el negocio del narcotráfico que degrada a la sociedad y a los campesinos, y crea grupos antisociales. Eso sería poco ético y estaría por fuera nuestros principios revolucionarios.
En el Norte de Antioquia fueron los proyectos piloto de varias iniciativas del acuerdo, ¿qué pasó con la sustitución voluntaria de cultivos?
Nunca hubo un acompañamiento real a los proyectos productivos, ni asesoramiento ni formación. No hubo un interés del Estado en la transformación real del campo y en sustituir de forma concertada y gradual la coca por un producto nuevo. Los campesinos recibieron solo $12 millones que se les volvieron plata de bolsillo.
Cuénteme sobre la línea de mando en el frente 36. ¿A quiénes reconocen como sus superiores?
Tenemos un superior que se llama Raúl Cano, lo enviaron del Bloque Magdalena Medio. Y tenemos otros comandantes, algunos conocidos por los servicios de inteligencia del gobierno y el Ejército. Hay otros de los que no tengo autorización para mencionarlos en este momento.
¿Ustedes tienen interacción con otras disidencias como la de Iván Márquez en la frontera con Venezuela?
Nosotros pertenecemos al bloque Magdalena Medio y ahí reconocemos como jefe al comandante John Mechas. Ya con el tema de Iván Márquez, nosotros respetamos a la Segunda Marquetalia, pero somos autónomos, aunque aportaríamos a la unidad con ellos, si es necesario, siempre y cuando apunte a la paz.
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¿Se sienten representados por el partido Comunes?
La paz no se puede construir a base de burocracia y prebendas políticas porque entonces estamos haciendo lo mismo que la burguesía y que los actores que confrontamos más de 50 años. Para hacer eso nos hubiéramos ahorrado 50 años de tanto derramamiento de sangre y hubiéramos negociado mucho antes por prebendas políticas o económicas.
Ustedes asesinaron en 2018 a tres geólogos de una empresa minera. ¿Reconocen que casos como ese hacen muy difícil darle legitimidad a una negociación?
Si te digo lo que pasó, posiblemente algunos puedan decir que estamos justificando mañas asesinas, pero entre los geólogos había un infiltrado del Ejército que intentó quitarle el arma a uno de los guerrilleros. Eso conllevó a que se armara fuego. La intención no fue matarlos. Jefferson Martínez [Ricardo Abel Ayala, alias Cabuyo. Murió en un operativo del Ejército y el CTI en junio] decía que lamentaba la muerte de los geólogos.
¿Estarían dispuestos a pedirle perdón a esas familias?
Claro. Eso no fue adrede o intencional, fue algo que se salió de las manos. Lamentamos la muerte esos geólogos. Eso no estaba en ningún plan.
¿Cómo se imagina el escenario de la negociación? ¿quiénes tendrían que participar?
Yo creo que no se trata de decir nombres. Lo que nos importa es materializar la implementación de los acuerdos y llevar a cabo la construcción de una paz con el resto de los grupos, no solamente con nosotros, sino con todos los que estén dispuestos a esa negociación.
Hace varias semanas varios paramilitares desde las cárceles dijeron que las organizaciones a las que pertenecen tienen también voluntad de negociar. ¿Ustedes compartirían una mesa de diálogo con esos grupos?
Estamos dispuestos a todo lo que sea necesario para la implementación de los acuerdos, acabar con el narcotráfico, el paramilitarismo y el sufrimiento de los campesinos. Hay que hacerlo porque es un gesto humanitario. Incluso, nosotros propusimos un cese multilateral. Vemos con buenos ojos el cese al fuego entre el gobierno de Petro y el ELN, pero también llamamos a que eso incluya a paramilitares, bandas criminales y narcotraficantes, no solamente a las disidencias. Si hacemos unas exploraciones que nos permitan crear y abonar confianza, y luego sentarnos y vernos la cara todos, lo hacemos.
