En lo corrido de mayo, en Medellín van más de 500 emergencias relacionadas con la temporada de lluvias. Entretanto, el sistema que monitorea y ofrece alertas tempranas sobre la variabilidad del clima opera con menos personal, suspendió varias investigaciones científicas y persisten las dudas sobre su presupuesto.
Un correo con el asunto “Reunión Coordinación de Geociencias” llegó el pasado 10 de febrero a 31 empleados del Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA). En el mensaje, enviado por una coordinadora de la entidad, se informaba que, “de acuerdo con instrucciones recibidas por parte del comité directivo del proyecto”, estaban citados a una reunión presencial al día siguiente a las 8:00 a.m.
La cita fue en el Laboratorio de Innovación de EAFIT, la universidad encargada de la operación del SIATA. Allí, les dijeron que sus contratos laborales a término fijo —que finalizaban el 14 de febrero— no serían prorrogados.
“Con mucha tristeza nos dieron la noticia. Nos dijeron que se sentían muy frustrados porque nos habían recortado los recursos considerablemente. Y que, tristemente, el Área Metropolitana decidió cortar de raíz muchos de los proyectos de investigación que estaban desarrollando los compañeros”, le dijo a El Armadillo una de las personas que salió en febrero del proyecto.
Entre las personas a las que no les renovaron el contrato hay geólogos, ingenieros ambientales y civiles, entre otros perfiles. Algunos, con más de tres años en la institución, estaban encargados de desarrollar proyectos de investigación y de monitorear el sistema.
Antes del anuncio que recibieron los empleados, la veeduría Todos por Medellín ya había advertido sobre una posible desfinanciación del SIATA. Lo hizo en una publicación en X, el 7 de febrero, en la que aseguró que hubo una reducción de los recursos destinados a ese proyecto en comparación con el año anterior.
¿El mayor presupuesto de la historia?
Todos por Medellín se refería a lo asignado en el Plan de Acción 2025 del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), un instrumento que por ley deben publicar todas las áreas metropolitanas del país para definir qué harán y cómo se distribuirá el presupuesto anual.
Según los cálculos que hizo esa veeduría a partir de los datos que le entregó el AMVA, el presupuesto del SIATA este año sería de $15.373 millones. De ese monto, $4.582 millones (el 30 %) están destinados al mantenimiento de equipos, lo que deja $10.791 millones para la operación del sistema.
Sin embargo, Paula Palacio, directora del AMVA, nos dijo que Todos por Medellín no contempló en sus cálculos los recursos destinados al monitoreo de la calidad del aire. De acuerdo con el mismo plan de acción, esa cifra asciende a $6.065 millones.
Si se suman esos valores, el total asignado al programa este año es de $21.438 millones. Ese presupuesto sigue siendo muy inferior al de 2024 que, de acuerdo con el plan de acción de ese año, fue de poco más de 40.000 millones, incluyendo $14.000 millones asignados al monitoreo de la calidad del aire.
Pero volvamos a lo que esas cifras generaron. Tras la alerta de la veeduría circularon varias columnas de opinión. El exconcejal Daniel Duque en El Colombiano y el investigador y consultor Santiago Ortega en La Silla Vacía advirtieron sobre los recortes y sobre el riesgo de enfrentar una emergencia climática con menos recursos y menos personal.
A esas advertencias siguieron respuestas por parte de quienes respaldan la gestión del Área Metropolitana. El 29 de abril, el concejal Alejandro de Bedout, de Creemos, el partido de gobierno, publicó una columna en El Colombiano titulada “Los intocables del SIATA”, en la que negó que hubiera desfinanciación y aseguró que “decir que el SIATA está desfinanciado es desconocer, o peor aún, querer desconocer, la asignación de recursos del AMVA”.
Luego, su compañero de coalición Andrés Tobón publicó un video en el que afirmó que el SIATA tiene el mayor presupuesto de la historia: “Lo que está lloviendo duro es la desinformación”, dijo.
Un comunicado de prensa del 30 de abril, firmado por la directora del AMVA, hizo un llamado a “la cordura y la responsabilidad con la información”. Palacio aseguró que han puesto “la casa en orden para que el sistema siga siendo eficiente y sostenible en el tiempo” y que el presupuesto para el 2025 será de $34.000 millones de los cuales $25.500 millones son para la operación y $9.277 millones serán invertidos en el mantenimiento de equipos como el radar meteorológico y un radiómetro.
La directora explicó que la diferencia entre esta cifra y lo reportado en el Plan de Acción se debe a que, al momento de presupuestar, la entidad no cuenta con la totalidad de los ingresos que va recibiendo a lo largo del año. “Como esto no es algo fijo, ni los ingresos ni los gastos, nosotros los proyectamos pero los vamos ajustando de acuerdo con lo que va ocurriendo mes a mes”, agregó.
Según la directora, la junta aprobó el pasado 16 de mayo un reajuste en el presupuesto, que quedará en la actualización del Plan de Acción. Le pedimos al AMVA ese documento actualizado, pero hasta la publicación de esta historia la entidad no nos lo envió ni lo hizo público. Lo cierto es que esos ajustes ocurrieron solo después de las alertas de Todos por Medellín y de las columnas de opinión que circularon sobre la desfinanciación del sistema.
Llueve en el Siata
En medio de las declaraciones sobre el presupuesto del SIATA, el Valle de Aburrá atravesaba el mes más lluvioso de la década. Llovió 28 de los 30 días de abril, se activaron 61 veces las alarmas de los sistemas de alerta comunitarios y 36 de las 47 quebradas que monitorea ese sistema alcanzaron el nivel máximo de riesgo.
Al mismo tiempo el SIATA, que en temporadas de lluvias advierte si se viene un aguacero o cuándo puede desbordarse una quebrada, y que forma a las comunidades para que sepan cómo anticiparse a los riesgos, operaba con 31 personas menos.
EAFIT nos respondió que el sistema contaba con 179 trabajadores en 2024 y que hoy son 143; de esa diferencia de 36, cinco fueron renuncias voluntarias y el resto, decisiones de no renovación de contratos.
“La justificación que se nos dio es que el AMVA había recortado el presupuesto a la mitad, y que EAFIT había tomado la determinación de salir de unos puestos de trabajo que se iban a eliminar totalmente. Y efectivamente, así lo hicieron. De mi grupo de trabajo suprimieron cuatro puestos de los diez que había”, contó una de las personas que salió del proyecto.
Aunque EAFIT aseguró que “se conservó la base científica”, el detalle de quiénes salieron muestra lo contrario. El rol con mayor reducción fue el de analista, que pasó de 62 a 43 personas, es decir, 19 menos. Estas personas son las responsables de investigar y desarrollar herramientas para el monitoreo, análisis y pronóstico de fenómenos ambientales. También se redujo el equipo de Apropiación Social del Conocimiento, encargado de contactar a las comunidades en riesgo para desarrollar programas de vigilancia y sistemas de alerta temprana ante emergencias.
“Toda la ciencia que se hace en el SIATA siempre ha estado orientada a salvaguardar la vida de los habitantes de Medellín y el área metropolitana. Esa era la importancia de la investigación”, nos dijo otra de las personas desvinculadas.
Las investigaciones que adelantaban quienes salieron eran diversas. Desde el desarrollo de sistemas para anticipar el crecimiento del cauce de las quebradas antes de que alcanzaran niveles de alerta roja, hasta estudios sobre cambio climático, seguridad estructural ante sismos e incendios forestales.
Frente a la salida de cerca del 20 % del personal del Siata, Paula Palacio nos respondió que es EAFIT la única que toma decisiones sobre la contratación. Señaló, además, que el convenio que tienen con la universidad “es un proyecto de ciencia y tecnología, no de vinculación de personal”.
En el cuestionario que le enviamos, EAFIT explicó que la culminación de algunas de las actividades del contrato suscrito con el AMVA y el cambio de prioridades en esa entidad ambiental llevaron a una “reconfiguración” de los equipos de trabajo.
A eso se suma que muchas de las personas que continuaron en sus cargos siguen recibiendo los mismos salarios del año anterior y han sido vinculadas en 2025 mediante contratos que deben renovar mes a mes.
El último acuerdo mediante el que EAFIT opera el SIATA comenzó el 1 de febrero de 2024 con un plazo inicial de diez meses. Aunque fue suscrito para ese año, sigue vigente en 2025 y ya lleva cinco prórrogas.
El discurso de la eficiencia
A la par de las declaraciones del Área Metropolitana que aseguran que no hay una desfinanciación, hay una palabra que se ha repetido en sus comunicados de prensa, entrevistas y entre quienes respaldan la gestión de la entidad: eficiencia.
La directora Palacio nos dijo que la eficiencia está en que los recursos asignados se distribuyan en los proyectos que realmente necesita el Valle de Aburrá: “En esta temporada de lluvias, por ejemplo, no necesitamos tantos informes sobre calidad del aire. Con los dos que se producen al día es suficiente. Entonces, ¿para qué pagar cinco si no hay una problemática ni un pronóstico que lo justifique? Esa es la eficiencia que buscamos: que los recursos se destinen a las necesidades reales del territorio”.
Esa misma palabra ha sido utilizada por la coalición de gobierno. El concejal Andrés Tobón, por ejemplo, dijo que “hubo un ejercicio de eficiencia: menos eventos, menos gastos administrativos, pero más plata para la ciencia, tecnología y prevención”.
Y el también concejal Alejandro De Bedout, por su parte, escribió en su columna que “la nueva directora del Área Metropolitana llegó a poner la casa en orden: unificar, optimizar, buscar eficiencias y destinar los recursos donde sí se necesitan”. Añadió que “se desmontaron duplicidades de contratos y se revisaron los salarios desproporcionados”.
Hablamos con el concejal De Bedout para precisar a qué se refería con “duplicidad de contratos” y “salarios desproporcionados”. Sin ofrecer detalles, nos dijo que “había varias personas contratadas para lo mismo, entonces se empezó una diligencia para que no hubiesen sobrecostos”. Y sobre los salarios, aclaró que no se refería a quienes salieron del proyecto: “Había otros con salarios superiores que hacían las mismas funciones. Entonces, por eso a ellos les tocó ajustar”.
Sin embargo, como explicó una de las personas que permanece en el SIATA, esa lógica ha derivado en sobrecarga para algunos grupos y en la suspensión de investigaciones científicas.
“Esa supuesta eficiencia se hace a costa de los objetivos misionales, que son fundamentales para la gestión del riesgo. No necesariamente quienes más ganan en el SIATA son quienes se sientan a hacer las tareas más complejas. No están todos los días frente a una pantalla sacando los productos que todo el mundo consume en el Valle de Aburrá, o en campo haciendo trabajo con la comunidad, o incluso pasando la noche en vela para reportar riesgos”, aseguró.
El Plan de Acción Climática de Medellín 2020–2050 identifica múltiples factores que incrementan la vulnerabilidad climática de la ciudad porque combina una alta exposición geográfica con desigualdad social y urbanización en zonas de riesgo.
Ese mismo plan, que debería guiar las acciones del distrito durante las siguientes décadas ante el cambio climático hace una declaración de intenciones: “Medellín reconoce la necesidad de gestionar la transición climática y se suma a los esfuerzos de los gobiernos subnacionales para mitigar el cambio climático, generar resiliencia y reducir la vulnerabilidad frente a los efectos del clima”.
