Desde marzo de 2024, Wilmar Mejía representa al presidente de la República en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia. Noticias Caracol reveló un esquema de supuestos favorecimientos del Gobierno nacional a una facción de las disidencias y expuso, al mismo tiempo, que durante meses Mejía ha tenido el doble rol de funcionario de inteligencia y delegado presidencial en el máximo órgano de dirección de una de las universidades más importantes del país.
En una de las últimas sesiones del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia, Wilmar de Jesús Mejía, delegado del presidente de la República en ese órgano directivo, llegó acompañado por varios escoltas al Edificio de Extensión de esa institución. Algunas de las personas que también participaban de la reunión le preguntaron las razones: “Nos dijo que trabajaba en la DNI [Dirección Nacional de Inteligencia] y que por asuntos de seguridad debía hacerlo”, le dijo a El Armadillo una de ellas.
Mejía no ofreció más detalles sobre su rol en esa entidad de inteligencia y, salvo por algunos rumores que se movieron desde entonces entre unos pocos estudiantes, profesores y directivos universitarios, el asunto pasó de agache.
Así se mantuvo hasta el domingo 23 de noviembre, cuando un informe de Noticias Caracol reveló testimonios y la transcripción de conversaciones entre integrantes del grupo disidente Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), que es comandado por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá Córdoba. Allí aparecen los nombres de Wilmar Mejía y del general Juan Miguel Huertas, que está al frente del Comando de Personal del Ejército, cargo para el que fue reincorporado al servicio activo luego de que apoyó la campaña de Gustavo Petro.
Según la investigación de Caracol, Mejía y Huertas habrían tenido reuniones, entregado información privilegiada que les permitió esquivar operativos e incluso asesorado algunos movimientos del grupo disidente.
El informe se basa en información extraída de varios computadores, memorias USB y celulares que fueron incautados a mediados del año pasado, cuando el Ejército interceptó una caravana de camionetas en que se desplazaban varios líderes de esa facción de las disidencias por el Nordeste de Antioquia, entre ellos, alias Calarcá.
La mayoría de los integrantes de ese grupo fueron liberados horas después con el argumento de que sus órdenes de captura se encontraban suspendidas por su participación en conversaciones de paz con el Gobierno, lo que generó cuestionamientos, sobre todo de sectores políticos de oposición, que criticaron al Gobierno y a la Fiscalía por los beneficios que otorgaron a los jefes de esa agrupación.
Aunque la investigación no revela grabaciones ni conversaciones directas de Mejía o Huertas con integrantes de esa disidencia —los dos involucrados e incluso el presidente Petro aseguraron que los documentos en que se sustenta el informe son falsos—, sí expone numerosas menciones a ambos que construyen no solo los antecedentes y el contexto de la detención y posterior liberación de quienes iban en esa caravana, sino que le da fuerza, entre otros aspectos, a la tesis de que hay un tratamiento diferenciado y favorable para el EMBF por parte de autoridades civiles y militares.
Pero otro aspecto que se deriva de las varias revelaciones de la investigación de Caracol —también hay información sobre un supuesto apoyo de las disidencias a la campaña de Petro, por ejemplo— tiene que ver con el rol de Mejía en la Universidad de Antioquia, aunque ese no es un asunto en el que profundice el informe.
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Y eso, que la universidad aparezca en el panorama, responde a por lo menos dos razones. La primera, que la investigación de Caracol hizo explícito el lugar de Mejía en la DNI: el delegado presidencial en el CSU de la Universidad de Antioquia es, al mismo tiempo, el director de Inteligencia Estratégica de esa entidad, lo que lo ubica en el segundo nivel de jerarquía luego de la Dirección General.
Sin embargo, y de acuerdo con Caracol —a partir de numerosas fuentes que dice haber consultado ese medio—, en realidad su influencia y su cercanía con el presidente es tal que muchas personas lo consideran como el número uno de ese organismo de inteligencia.
La segunda razón va por cuenta de la reacción del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón que, además de pedir la renuncia al CSU del representante de Petro, insinuó, sin presentar pruebas, que está relacionado con las actividades de agrupaciones clandestinas en esa institución.
¿Quién habla en nombre del presidente?
Wilmar Mejía ocupa la representación del presidente de la República en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia desde marzo de 2024. Llegó a esa posición en medio del proceso de designación rectoral que derivó en la reelección de John Jairo Arboleda para su tercer periodo en el cargo.
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Como publicamos en ese momento, ese proceso tuvo como contexto estrategias de desinformación, negociaciones burocráticas y un enfrentamiento abierto entre el gobernador de Antioquia y el presidente de la República para mover las fichas de cada uno en la universidad. También, la influencia del empresariado que jugó sus cartas a favor de la reelección de Arboleda.
El CSU está conformado por nueve miembros y, además de ser responsable de la designación de rector, adopta las políticas administrativas y de estructura organizativa. En síntesis, es el máximo órgano directivo y por tanto un escenario de disputa política. Su conformación ha hecho, además, que las cargas allí dependan no tanto de las coincidencias o diferencias entre sectores universitarios, sino del contexto regional y nacional.
Otro punto que puede ayudar a entender el rol que ocupa hoy Wilmar Mejía en el CSU es el perfil y la duración de sus antecesores: en 25 años, entre 1998 y 2023 solo tres personas ocuparon ese lugar. Se trata del empresario Manuel Santiago Mejía (1998-2010, en los gobiernos de Pastrana, Uribe y Santos) y del exrector, exministro y excongresista Antonio Yepes Parra (2011-2023, en los gobiernos de Santos, Duque y durante los primeros meses de Petro). La tercera persona es Salomé Restrepo, una trabajadora social, también designada por Petro, que duró unos pocos meses en el cargo.
Pero esta no es la primera vez que Mejía hace parte del CSU. De hecho, su nombre es bien recordado entre algunos profesores y egresados de la Universidad de Antioquia porque fue representante estudiantil entre 2003 y 2004, cuando estaba matriculado en la Licenciatura en Educación Física, pregrado del que es egresado.
Aunque los detalles sobre su salida son contradictorios, durante dos décadas hizo carrera entre las organizaciones universitarias la idea de que Mejía traicionó al movimiento estudiantil. Incluso, desde ese momento y por más de 20 años la representación estuvo vacante —hasta septiembre de 2025— por la desconfianza del estudiantado con esa figura.
“Se comportaba como un parlamentario. Totalmente alejado de las bases. La palabra que condensa eso es lo que ramplonamente llamamos corrupción. Recuerdo que incumplió muchos acuerdos y muchas decisiones que se tomaron en asamblea y tomó decisiones a espaldas y en contravía de los procesos organizativos. Por algo fue que duró tan poco y lo sacaron”, nos dijo un profesor que hacía parte del movimiento estudiantil en esa época.
Sobre esas versiones le preguntamos al propio Mejía en marzo de 2024, cuando recién asumía como representante del presidente y en medio del proceso de designación rectoral. Nos dijo que, por el contrario, fue víctima de amenazas y persecuciones de organizaciones guerrilleras, paramilitares y de organismos del Estado por defender una postura de independencia.
¿El jefe de los «estudiantes eternos»?
En enero de 2024, el recién posesionado gobernador Andrés Julián Rendón asumió también la presidencia del Consejo Superior Universitario. Luego de su primera sesión en ese organismo aseguró que en la UdeA hay “estudiantes eternos” e insinuó que entre ellos “podrían estar los que van a la universidad a cosas diferentes a estudiar”.
En una rueda de prensa que convocó el pasado lunes para ofrecer a los medios sus reacciones al informe de Noticias Caracol, Rendón pidió la renuncia de Mejía y conectó este caso con lo que dijo el año pasado: “Quiero que ustedes sepan que los estudiantes eternos, a mi modo de ver y según lo que hemos registrado recientemente, parecen tener un jefe, un instructor, le sirven en la mayoría de los casos al terrorismo».
El gobernador también dijo que el delegado de la Presidencia maneja “los tentáculos del Gobierno nacional en otras instituciones de educación superior donde seguramente también tienen la misma pretensión de abonarles el camino a los criminales y terroristas”. En esa misma rueda de prensa y luego en varias salidas en redes sociales y medios de comunicación, se refirió a Mejía como alias Chulo, el apodo con el que aparece mencionado en algunas de las conversaciones entre integrantes de las disidencias.
Le preguntamos a la Gobernación de Antioquia si Rendón cuenta con información adicional que sustente esas acusaciones y si, de ser así, lo ha denunciado formalmente ante las autoridades judiciales. Su equipo de prensa nos devolvió un corto mensaje en el que evadió la pregunta: “El informe de Noticias Caracol es grave y contundente. El Gobernador ha cuestionado que un directivo de inteligencia del DNI no tiene nada que estar haciendo en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia”.
Por su parte, este 26 de noviembre, cuando hizo una ronda de medios radiales, Mejía acudió al mismo argumento que nos dio en 2024: “No milito ni hago parte de grupos ilegales, sean de izquierda o de derecha. Por el contrario, en algún momento me tocó irme del país porque fui víctima de todos, incluso del mismo Estado. Yo fui víctima del DAS, yo sé qué es ser perseguido”, le dijo a Caracol Radio.
En esa misma entrevista le preguntaron si consideraba compatible su rol de funcionario de la DNI con el de integrante del Consejo Superior de la UdeA y cómo habrían reaccionado los estudiantes si en la época del DAS se hubiera descubierto que un integrante de ese órgano de dirección era, al mismo tiempo, agente de inteligencia del Estado. Mejía respondió que eso hace parte de sus debates internos, dijo que depende de las personas y que ni él ni este gobierno harían lo mismo que hicieron otros. También aseguró que no lleva ni trae información sobre lo que pasa en la universidad y que tiene muy buena relación con otros integrantes del CSU.
Pero los límites son difusos. En esa misma entrevista dijo que cuando llegó a la representación no tenía ningún vínculo con el Gobierno distinto a que conocía y algunas veces se había saludado con el presidente, pero que más adelante, por la visibilidad que tenía en esa posición, algunas personas de las Fuerzas Militares asumieron que tenía línea directa con Petro y le dieron información relacionada con desvíos de armas y municiones que terminaban en manos de grupos armados.
Según su relato, fue por cuenta del acceso que tenía a ese tipo de información que primero fue nombrado agente de inteligencia y luego en el cargo directivo que ocupa en la actualidad. Ambas posiciones en la DNI las asumió cuando ya era integrante del CSU.
El mismo símil con el DAS que le plantearon a Mejía en Caracol Radio nos lo propuso un directivo docente que nos pidió no publicar su nombre: “Esto equivaldría a que en el gobierno de Uribe hubiera sido nombrado José Miguel Narváez, que era el subdirector del DAS, como representante ante el Consejo Superior Universitario. Me parece que hay que exigir la misma coherencia al gobierno de Petro. Yo no tenía idea de que ese era el cargo de Wilmar, pero me impresiona aún más que sabiendo esto personas en el CSU lo hubieran normalizado».
Al respecto, María Isabel Duque, representante del profesorado en el CSU, nos dijo que “no es para nada normal, en una institución como la nuestra, que un funcionario de inteligencia tenga asiento en el Consejo Superior, ni en gobiernos de derecha, centro o izquierda”. Y si bien nos dijo que se enteró hace poco —aunque no nos dijo cuándo— de que Mejía trabajaba para la DNI, cree que “ningún miembro del Consejo Superior (a excepción, probablemente, del representante del Ministerio de Eduación) conocía el cargo o las labores” que desempeñaba. “Por extensión, creo que la comunidad universitaria no tenía información al respecto”, agregó.
La representante profesoral también dijo que Mejía tiene una historia que lo hace cercano a la universidad, “por lo que de entrada no parecía extraño que el presidente lo nombrara como su representante”. Y que durante el tiempo en que coincidieron en ese organismo tuvieron cercanía en temas como la necesidad de un rescate financiero ante la crisis que enfrenta la universidad, cuestionar el papel de la Gobernación de Antioquia en el financiamiento y las decisiones de la administración del rector Arboleda. (Para conocer su respuesta completa dé clic en este enlace).
Por su parte, Juan Manuel Muñoz, representante estudiantil suplente nos dijo que no sabían que Mejía trabajaba para la DNI y menos “que ocupaba un cargo de esa magnitud”. La información que tenían hasta el domingo pasado era que ocupaba un cargo en el Ministerio del Interior como enlace con el sector defensa.
Muñoz agregó que junto a la representante principal, Laura Melissa Olarte, redactaron una carta dirigida al presidente Gustavo Petro en la que piden que Mejía renuncie y rechazan las declaraciones del gobernador de quien, dicen en ese documento, “nuevamente, y sin prueba alguna, acusa al estudiantado universitario de vínculos con actores armados”.
El representante nos dijo también que consideran “completamente inapropiado, tanto por motivos históricos como por motivos de seguridad, que una persona que hace parte de la Dirección Nacional de Inteligencia esté en el Consejo Superior de una universidad pública por la historia de persecución por parte del Estado al movimiento estudiantil y al movimiento social”.
Aclaró, no obstante, que no es un asunto personal con Mejía con quien, dijo, han tenido una relación cordial y han logrado actuar en conjunto con él y con otros consejeros en defensa de la universidad. “Pero es distinto lo que pensamos de él como persona al rol que ocupa y las contradicciones y riesgos que eso implica”, agregó Muñoz.
Antes de su ronda del miércoles en medios radiales, Mejía nos había respondido algunos mensajes que le enviamos para este informe. En uno de ellos le preguntamos sobre la petición del gobernador para que renuncie y las insinuaciones que también hizo Rendón sobre su responsabilidad en lo que llamó “redes del terrorismo en las universidades”.
Nos dijo que le “sorprende” e “indigna” que lo “señale de terrorista sin pruebas ni fundamento alguno. Como ciudadano y servidor público, tengo derecho a la presunción de inocencia y a que se me trate con respeto y dignidad”. También nos dijo que no ha sido vinculado a ningún proceso judicial: “Estas acusaciones son infundadas y buscan desestabilizar mi posición y mi trabajo al servicio del Estado”.
Le preguntamos también qué buscaba y para qué le sirve al Gobierno su presencia, la de un funcionario de la inteligencia estatal, en el CSU: “Le sirvo porque soy el único en el gobierno que conoce la universidad, sus entrañas y, por lo tanto, de las pocas personas que pueden identificar lo que está sucediendo en nuestra universidad. Llegué para contribuir a la salida de la crisis a la que asistimos hoy. Nada que ver con mi entidad”.
Hasta el cierre de este artículo, el Gobierno nacional no había hecho algún aporte económico excepcional ante la crisis de desfinanciamiento de la UdeA, pese a que sectores profesorales y estudiantiles piden un rescate financiero. Sin embargo, desde septiembre pasado, el Ministerio de Educación designó una inspectora in situ, como parte de un conjunto de medidas de vigilancia especial “tras detectar problemas de liquidez y gestión en la Universidad de Antioquia”.
El miércoles 26 de noviembre en la tarde Wilmar Mejía le dio una entrevista a Noticias Caracol y anunció que presentará su renuncia a la representación en el CSU: “Con esto que acabo de decir queda como un compromiso y ya sabemos quién está celebrando en una universidad que hoy la están saqueando”.
Nota editorial: el autor de esta historia es egresado y profesor de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia.
