Dos autores de un libro señalan a la Gobernación de Antioquia y a la Alcaldía de Támesis de plagiar su obra para construir la Calle de las Mitológicas en ese municipio del Suroeste. La denuncia llegó hasta una orden de arresto para el secretario de Infraestructura del departamento, Sebastián Castaño, y un incidente de desacato en contra del alcalde, Juan Pablo Pérez Ramírez.
Por Álvaro Guerrero Arango
El pasado 23 de septiembre, el Juzgado Segundo Civil de Medellín confirmó una sanción de cinco días de arresto domiciliario y una multa de cinco salarios mínimos mensuales que, por no acatar una tutela, otro juzgado le impuso en días previos a Sebastián Castaño Gómez, secretario de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia.
La tutela la interpuso Juan Pablo Arteaga Peña, uno de los autores del Diccionario de Petroglifos, un libro que publicó en 2024 en compañía de John Esteban Ardila. La obra es el resultado del trabajo de meses con la comunidad emberá chamí de la vereda La Mirla, de Támesis, para desentrañar los significados de 30 petroglifos que llevan decenas de siglos tallados en las rocas de esa región y cuya interpretación han compartido y transformado de generación en generación.
Cada página del libro tiene una figura con su respectivo significado en español y en emberá. La primera es un círculo grande con otros más pequeños adentro, que representa un cordón umbilical. En la última hay una rana vista desde arriba que parece aplastada; la comunidad dice que sirve para llamar el agua o la lluvia.
Arteaga y Ardila hicieron el libro gracias a un estímulo de $10 millones que se ganaron en una convocatoria del Ministerio de las Culturas en 2024. Su publicación fue todo un acontecimiento en el pueblo y gustó tanto que en diciembre de ese año, un mes después de la publicación, la Alcaldía de Támesis los contrató para que montaran, con base en el libro, una exposición permanente en el Museo Arqueológico Cartama. Esa exposición la financió con $25 millones el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia (ICPA) y se inauguró en marzo del 2025. Hasta ahí, todo bien.
El problema empezó en junio de 2026 cuando Arteaga y Ardila se dieron cuenta de que la Gobernación y la Alcaldía iban a inaugurar la “Calle de las Mitológicas”, un museo de arte rupestre a cielo abierto — financiado en un 90 % por la Gobernación y en un 10 % por Támesis— que reproduce, exactamente, el contenido de su libro: los diseños, los textos y las traducciones. Todo sin pedirles autorización ni darles créditos, ni a los autores ni a la comunidad que participó del libro. De hecho, se enteraron de la remodelación de la calle solo porque algunos habitantes de Támesis les escribieron para “felicitarlos” por la obra que creían que era de ellos.
Desde entonces, los autores le han pedido a la Gobernación de Antioquia y a la Alcaldía de Támesis la información de los contratos y las finanzas de la obra, y han reclamado por sus derechos de autor. Pero, por no responderles de forma “completa, clara y congruente”, la justicia sancionó al secretario Sebastián Castaño Gómez, y abrió un incidente de desacato en contra del alcalde de Támesis, Juan Pablo Ramírez. Solo hasta el pasado 23 de septiembre, cuando se confirmó la sanción de arresto, la Gobernación envió completa sus respuestas y el juzgado decidió abstenerse de sancionarlo.
Y ese sería el fin de la historia de no ser porque las respuestas incompletas, evasivas y contradictorias de las entidades públicas han dejado cada vez más interrogantes y la sensación en los demandantes de que detrás de esta negativa a reconocer su trabajo se podrían estar escondiendo malas prácticas de contratación y uso indebido de los recursos públicos. Así que veamos la película completa y lo que dicen o callan los implicados.
Parte 1: El diccionario
Juan Pablo Arteaga, politólogo de la Universidad Nacional, que hasta diciembre del 2023 trabajó para el Museo Arqueológico Cartama, de Támesis; y Esteban Ardila, periodista de la Universidad de Antioquia, se ganaron en julio del 2024 una de las doce becas “para la creación y divulgación de contenidos culturales en Bibliotecas Públicas adscritas a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas” del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, con el proyecto titulado: Diccionario de Petroglifos: memoria local del resguardo indígena La Mirla en el municipio de Támesis, Antioquia. El premio fue de $10 millones y, según un certificado del propio Ministerio, se terminó el primero de noviembre del 2024. Pero el diablo está en los detalles, y en esta historia el diablo son las fechas.
Un petroglifo es un diseño simbólico o una figura grabada sobre una superficie rocosa mediante el desgaste, cincelado o picado de su capa superficial. El término viene del griego: petra, de piedra, y glyphein, de tallar o grabar. En Támesis está la mayor concentración de petroglifos de Colombia. Según la Gobernación, en este municipio del Suroeste se han identificado más de 1.500 grabados en apenas 120 piedras. Un estudio de la Universidad de Antioquia, realizado por la antropóloga Alba Nelly Gómez, encontró que estas inscripciones simbólicas se realizaron entre los siglos II y V después de Cristo. En el capítulo de Antioquia es mágica — la iniciativa de la Gobernación para promover el turismo en el departamento— dedicado a Támesis, el primer plan recomendado es “conocer y explorar los lugares mágicos, como sus caminos y petroglifos”.
“Los emberá chamí tienen tres mundos: el mundo astral donde habitan los seres del cielo; el mundo terrenal donde habitan las plantas, animales y humanos; y el mundo de las rocas donde habitan los espíritus debajo de la tierra”, se lee en el libro.
El libro es pequeño, cabe en el bolsillo de atrás del pantalón. La carátula es verde y tiene 74 páginas. En el reverso de la portada, en la primera página, están el índice y los créditos. En la parte de abajo dice “Apoyan” y luego hay una serie de logos: el del Ministerio de las Culturas, el de la Biblioteca Nacional, el del ICPA, el de la Gobernación de Antioquia y el de la Alcaldía de Támesis. Según los autores, pusieron el logo de la Alcaldía porque les prestaron la biblioteca municipal para hacer los talleres de investigación y producción con la comunidad emberá.
La presentación del libro se hizo en el marco de la Feria del libro de Támesis, el sábado 16 de noviembre de 2024 en la Casa de la Cultura y asistió, entre otros, Luis Fernando Figueroa, el secretario de Turismo y Cultura del municipio. Ese día Teleantioquia hizo una nota sobre la presentación del libro en el noticiero, y el alcalde Juan Pablo Pérez la publicó en su Instagram: “¡Descubramos el secreto de nuestras rocas sagradas! Lanzamiento del Diccionario de Petroglifos, para que tejamos nuestra identidad y memoria de nuestro territorio”, escribió en la descripción del video.
Parte 2: Los contratos para la sala del museo
Aquí empieza el drama: el 3 y 4 de diciembre del 2024, dos semanas después de la presentación del libro, Arteaga y Ardila firmaron, cada uno, un contrato de prestación de servicios con la secretaría de Cultura y Turismo de Támesis. Ardila firmó el 3, por un valor de $4.6 millones y una duración de siete días. El de Arteaga es del 4 de diciembre, por seis días, y $5 millones. El objeto de ambos contratos es: “Prestación de servicios profesionales para el apoyo a la coordinación, investigación, recopilación y categorización referente al diseño museográfico tendientes a la difusión de la memoria oral indígena y del conocimiento científico sobre el arte rupestre del municipio de Támesis, Antioquia”. Ese párrafo, su amplitud, ambigüedad y la capacidad de las palabras escogidas para decir todo y nada al mismo tiempo, es la nuez de la discordia. Para la Alcaldía, con esos contratos les pagó a los autores por los derechos de su obra, mientras que para los autores ese pago correspondía a un trabajo totalmente diferente.
Arteaga trabajó en el museo del pueblo hasta el 2023 (un año antes de la publicación de libro), pero lo conocía bien. Sabía que allí, a pesar de la conocida riqueza de arte rupestre del municipio, no había una sala dedicada a los petroglifos ni mayor información al respecto. Solo había, dice, “un espacio en el que colgaban cinco cuadros a escala real de los petroglifos, pero sin guion ni diseño museográfico que le entregara una experiencia e información al público”.
Por eso, la Alcaldía y los autores, que para esa fecha (septiembre del 2024) trabajaban en la producción del libro, acordaron participar en la “Convocatoria Departamental de Museos 2024”, un programa del ICPA que financia iniciativas y proyectos en los museos de todo el departamento.
Arteaga y Ardila hicieron la propuesta que Támesis le presentó a esa entidad: un proyecto que buscaba “suplir la necesidad de complementar una sala dedicada a los petroglifos en el Museo Cartama con contenidos pertinentes para sus visitantes”. La nueva sala tendría tres componentes para hacer divulgación científica sobre los petroglifos y dar a conocer la cosmovisión indígena sobre su significado. Consistía en llevar el material del Diccionario al museo, por medio de impresiones 3D de algunas figuras y explicaciones sobre su significado. Además, contemplaba la impresión de 1.000 cartillas. En la propuesta se lee textualmente que en la nueva sala del museo “se incluirán los resultados del Diccionario de Petroglifos, beca para creación y divulgación de contenidos culturales del Ministerio de Cultura”.
La resolución del ICPA que anunció a los museos ganadores de la convocatoria se publicó el 23 de octubre. La propuesta de Támesis sacó una puntuación de 90 de 100 puntos posibles y recibió un estímulo de $25 millones. La carta de compromiso entre el ICPA y el alcalde de Támesis se firmó el 1 de noviembre. Hasta entonces, a Arteaga y a Arcila no les habían pagado nada por hacer esa propuesta. Por eso, ellos aseguran que los dos contratos de prestación de servicios que se firmaron esa semana eran el pago por el trabajo de la propuesta para el estímulo de la Gobernación, pero que el libro se pagó con la plata del Ministerio de las Culturas.
“Nosotros les montamos la propuesta, diseñamos, investigamos, les creamos toda la obra. Estuvimos hasta marzo. La sala del museo se inauguró en marzo. Nosotros, sin contrato, trabajamos esos tres meses pendientes de la instalación, de la impresión, de hacer correcciones. Les entregamos 1.000 diccionarios impresos para que los usaran en la obra”, asegura Ardila. En esa sala sí aparecen los nombres de los dos autores y reciben el crédito por sus aportes a la investigación sobre los petroglifos en la región. Además, ambos aparecen mencionados en la ficha técnica de la sala como responsables de la “coordinación e investigación”. Por eso, para ellos no hay problema con que la sala del museo funcione como un apéndice del Diccionario, pues así se concibió. El problema es con la obra pública en la calle que vino después.
Pero el alcalde Pérez Ramírez piensa otra cosa. A pesar de que no respondió al cuestionario que le enviamos, en la primera respuesta al derecho de petición de los demandantes el pasado 14 de julio aseguró que “en ambos contratos (los de prestación de servicios) se pactó de manera expresa que la propiedad intelectual y los derechos patrimoniales sobre estudios, documentos y, en general, sobre todos los productos derivados de la ejecución contractual, corresponden al Municipio de Támesis, sin límites temporales ni territoriales”. El argumento principal de la Alcaldía — y que respalda la Gobernación— es que en la cláusula número 27 de ese contrato, dice que “la propiedad intelectual y los derechos patrimoniales sobre los estudios, documentos y en general los productos de la ejecución resultantes de la ejecución del contrato, son del municipio, de conformidad con la normativa vigente”, y luego, en la cláusula siguiente de ese contrato que tiene más páginas que días de ejecución, dice que “el contratista reconoce que el municipio es el titular de los derechos patrimoniales de todas las obras y productos derivados del contrato”.
La salida del problema del diccionario está precisamente en la definición de un término: “productos derivados del contrato”. Los autores dicen que es la exposición del museo, entre otras cosas porque el libro se terminó incluso antes de la firma del convenio; pero la Alcaldía insiste en que es dueña de todo, incluido el libro. Son dos lenguas diferentes. Según el argumento del Municipio, si García Márquez hubiera firmado un contrato como el que firmaron Ardila y Arteaga para poner en el museo una sala con mariposas amarillas, sería el alcalde de Támesis el que hubiera firmado el contrato con Netflix y no los hijos del autor de Cien años de Soledad.
No obstante, en ninguno de los dos contratos aparece la palabra “libro” ni “diccionario”. Todas las actividades descritas en las responsabilidades del contratista están relacionadas con la “Sala de Petroglifos del Museo Arqueológico Cartama”.
Parte 3: La Calle de las Mitológicas
Convencida entonces de que por esos nueve millones y medio contratados un mes después de la presentación del libro el Municipio de Támesis era dueño de todo lo que se había escrito allí, en adelante la administración municipal sacó de la historia a los autores originales de la obra y la negoció a nombre propio con la Gobernación de Antioquia.
El 7 de noviembre del 2025, un año después de los contratos de prestación de servicios y de la convocatoria para la nueva sala del Museo, la Gobernación, por medio de la Secretaría de Infraestructura Física, y la Alcaldía de Támesis firmaron un contrato interadministrativo por $337 millones para “la adecuación de la Carrera 9 del municipio de Támesis, mediante la implementación de una intervención de urbanismo táctico denominado Calle de la Mitológica”. De los $337 millones, el departamento puso $300 millones y el municipio, $37 millones. El contrato tenía una duración de tres meses y fue firmado por el entonces secretario de Infraestructura Física y actual precandidato a la Gobernación de Antioquia, Horacio Gallón. A él también le enviamos un cuestionario, pero hasta la publicación de esta historia tampoco ha respondido.
Lo llamativo es que para el momento de la firma del convenio, la Gobernación de Antioquia ya tenía los planos de la intervención en la Carrera 9, pues se los había encargado previamente al arquitecto John Octavio Ortiz Lopera, un contratista habitual de la Secretaría. “El proyecto cuenta a la fecha con diseños arquitectónicos, urbanos y técnicos, certificados y todos los documentos respectivos para el inicio del proceso contractual, los cuales hacen parte integral de los presentes estudios previos”, se lee en el convenio interadministrativo.
Pero pese a que el arquitecto Ortiz Lopera firmó sus contratos de prestación de servicios a título personal, los planos de la Calle de las Mitológicas aparecen firmados en su rótulo por “Arquiurbano Taller”, la firma de arquitectura de la cual Ortiz es, según su perfil de Linkedin, cofundador y director. La misma empresa compartió en sus redes sociales un render en abril del 2026, donde se ven los petroglifos del libro sin hacer ninguna mención a la obra o a sus autores. Al contrario, en el margen de los planos fechados el 18 de julio (cuatro meses antes de la firma del contrato) se lee: “Este plano y su contenido están protegidos por la ley de derechos de autor” y que quien lo use sin autorización de Arquiurbano estaría violando la Ley 23 de 1982 sobre derechos de autor.
Los demandantes alegan que la Gobernación habría usado un contrato de prestación de servicios con una persona natural para evadir los trámites de selección objetiva, licitación pública o concurso de méritos que la ley exige cuando el objeto real corresponde a servicios que naturalmente debía prestar una persona jurídica con equipo, infraestructura y capacidad técnica propios. Después de que los autores del libro empezaran a reclamar el crédito de su obra, la empresa eliminó las publicaciones relacionadas de sus redes sociales.
Parte 4: Preguntas sin respuestas
En todo caso, los diseños de Arquiurbano terminaron plasmados en la vía pública de Támesis con 28 de los 30 petroglifos, textos y traducciones que recopilaron y publicaron Arteaga y Ardila, quienes, desde el 22 de junio —una semana antes de la inauguración de la obra— han intentado por todas las vías legales saber quién realmente la diseñó, quién la aprobó y quién y cuánto pagaron por el trabajo que, según ellos, consistió en copiar y pegar el suyo. Y eso es, según la justicia, lo que no respondieron de forma “completa, clara y coherente” ni el secretario de Infraestructura Física de Antioquia ni el alcalde de Támesis sino hasta que estuvieron cerca del arresto.
Pese a que la solicitud de información de los autores iba dirigida tanto a la Alcaldía como a la Gobernación, solo la primera respondió, pero parcialmente, por lo que un juzgado civil de Medellín resolvió, el pasado 29 de julio, tutelar el derecho a la información de los demandantes y ordenarle a la Alcaldía responder detallada y claramente a todas las preguntas en un plazo máximo de cinco días. Luego, el 18 de agosto, otro juzgado le ordenó al secretario de Infraestructura de Antioquia entregar toda la información solicitada por los demandantes en un plazo de 48 horas.
Sin embargo, la Gobernación no se volvió a comunicar con el Juzgado ni con los autores del libro hasta dos semanas después cuando, el 7 de septiembre, aseguró que ya había enviado toda la información requerida al correo de Arteaga pero que este no lo había revisado. Arteaga y Ardila insistieron en que esas respuestas eran incompletas. Según ellos, la Gobernación no había explicado si la obra “Calle de las Mitológicas” tenía finalidad comercial o turística; además no se discriminaron los rubros del presupuesto ni se identificaron todos los contratos o convenios relacionados con la planeación, diseño y ejecución, y no se aclaró la relación contractual con Arquiurbano. Tampoco se acreditaron las autorizaciones para el uso de contenidos del Diccionario de Petroglifos. El juez abrió entonces un incidente de desacato y le ordenó al secretario Castaño Gómez responder en un máximo de tres días, que se vencieron el pasado 12 de septiembre.
De nuevo, la Gobernación insistió en que ya había respondido y en que no había nada irregular con la contratación del arquitecto Ortiz Lopera, pero los autores, que habían aprendido algunas palabras en emberá, persistieron en la fangosa lengua de los abogados y tuvieron éxito. El pasado 21 de septiembre, el juzgado determinó que, a pesar de haberles pedido explicaciones una y otra vez, la Gobernación solo había dado respuestas “completas y de fondo” a dos de los nueve interrogantes de los autores. Por eso, resolvió que Castaño Gómez, a quien acusó de “conducta dilatoria y evasiva”, incurrió en desacato y le ordenó cinco días de arresto y la multa de cinco salarios mínimos mensuales.
Esa sanción fue confirmada dos días después por otro juzgado que fue más vehemente con Castaño Gómez, pues consideró “preocupante el menosprecio por el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales que le asisten a Sebastián Castaño Gómez en calidad de secretario de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia; apareciendo palmaria su conducta conculcadora de los derechos constitucionales fundamentales de Juan Pablo Arteaga”. De nuevo: “Apareciendo palmaria su conducta conculcadora”, un petroglifo lingüístico.
Pero una semana más tarde, el mismo juzgado que ordenó la sanción inicialmente, consideró que ya Castaño Gómez había respondido “de manera clara, precisa, congruente y de fondo”, a las nueve preguntas de los autores, por lo que, a última hora revocó la sanción.
Sin embargo, así como el lenguaje del juzgado y todo este caso, también está enredado con la justicia el alcalde de Támesis. El mismo 21 de septiembre en que el juzgado sancionó al secretario de Infraestructura, el Juzgado Quinto Civil Municipal de Ejecución de Medellín abrió un incidente de desacato contra Juan Pablo Pérez Ramírez, porque, entre otras cosas, no había respondido claramente si él o su núcleo familiar tenía propiedades en la vía intervenida. De no hacerlo en los próximos días, el alcalde recibiría una sanción similar a la del secretario departamental. Hasta el momento, el alcalde Pérez tampoco ha respondido a las preguntas que le hicimos para este artículo.
Parte 5: Respuestas
El secretario Gómez respondió por escrito el cuestionario que le enviamos, e insiste en que su despacho “ha dado respuesta de fondo con los documentos e información que tiene”, y que el 23 de septiembre, dos días después de ordenada la sanción de arresto y la multa, “se envió una nueva comunicación en la que se profundizó en las respuestas y con base en dicho documento se solicitó la inaplicación de la sanción”.”. Esa fue la respuesta por la que lo absolvieron. En esta, por ejemplo, entregó el presupuesto detallado de la obra y se ve que en esta no se gastó ni un peso en derechos de autor ni nada parecido. Sobre la contratación de los diseños, asegura que estos no estaban contemplados en el convenio interadministrativo con la Alcaldía de Támesis sino que se contrataron previamente con el arquitecto Ortiz Lopera a través del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, para apoyar la gestión de la Dirección de Estructuración de la Secretaría de Infraestructura Física. “El contrato tuvo un plazo de ejecución de dos meses, entre el 1 de abril y el 30 de mayo de 2025, por un valor de $12.016.806”.
Sobre si se contrató directamente al arquitecto Ortiz para saltarse una licitación, la Gobernación respondió que “la elaboración de los planos por parte del contratista no comporta un desarrollo arquitectónico de la magnitud que requiere un proceso concursal para su obtención. El ejercicio de elaboración de los planos se limitó a elaborar unas estructuras metálicas que se instalarían como mobiliario urbano, con los distintivos y figuras que identifican al municipio, las cuales fueron proporcionadas por este último”. Sin embargo, respecto al porqué en el plano quedaron el logo de Arquiurbano y las firmas de otros arquitectos diferentes a Ortiz, la Gobernación dice que fue un error del contratista, “que usó la plantilla que utiliza en su ejercicio profesional con el taller ya mencionado”. Finalmente, respecto a si la Secretaría de Infraestructura Física verificó que efectivamente el municipio fuera el titular de los derechos de la obra, la Gobernación reafirmó la postura del municipio, y aseguró que los autores habían cedido toda su obra a cambio de dos contratos de prestación de servicios por una semana y por una suma menor a los $10 millones.
Por su parte, desde Arquiurbano respondieron que como empresa no tuvieron ninguna relación con la Gobernación de Antioquia, ni con la Alcaldía de Támesis, ni con el proyecto “Calle de las Mitológicas”. Aseguran que el arquitecto John Octavio Ortiz Lopera es un “contratista” de la empresa —no cofundador y director como dice en Linkedin— y que los créditos en el rótulo de los planos fueron un error suyo. Sobre las publicaciones en redes sociales, respondieron que en sus canales digitales publican “tanto proyectos propios como también proyectos referentes y contenidos arquitectónicos de interés general. Una vez tuvimos conocimiento de esta controversia, y precisamente por ser ajenos a ella, decidimos retirar el contenido de nuestras redes para evitar interpretaciones equivocadas sobre nuestra participación”.
En todo caso, estas respuestas todavía siguen sin ser suficientes para Arteaga y Ardila, dos autores que lograron entender y plasmar en un libro 30 petroglifos que fueron tallados en piedra hace decenas de siglos, pero que siguen sin saber por qué los borraron del resultado de su obra en menos de un año. Quizás porque las respuestas que han recibido parecen escritas en arena.
