En la revisión del POT de Medellín varias organizaciones sociales y colectivos ciudadanos tratan de incidir para que se implementen soluciones de fondo para los barrios informales que llevan décadas creciendo en las laderas. Mientras tanto, la agenda de sectores empresariales promueve la desregulación para facilitar nuevos proyectos inmobiliarios. En medio están las reglas que definirán cómo se transforma el suelo y quiénes asumirán los costos y beneficios de la norma que discute el Concejo de la ciudad.
Por Luis Bonza Ramírez
“Medellín te quiere”, se lee en la gorra de un funcionario de la Alcaldía de Medellín. Detrás de él se ve un hombre con chaleco rompiendo a martillazos un muro de ladrillo. La escena la custodia un grupo de uniformados de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, el antiguo Esmad. Es la mañana del 8 de septiembre del 2026, el día en que inició un operativo de desalojo de más de setenta familias en la parte alta de Manrique, en el nororiente de la ciudad.
El operativo fue realizado en zonas de alto riesgo por desastres naturales: los barrios San José La Cima y El Jardín, donde una quebrada se desbordó en abril de este año y causó la muerte de un menor de edad por el colapso de un muro. Desalojar y demoler fue la respuesta de la Alcaldía, pese a la oposición de las personas que habitan la zona y a los cuestionamientos que se han enfocado en que las soluciones ante el riesgo no pueden ser represivas.
Pero detrás hay una discusión más amplia que Medellín lleva al menos años sin resolver: cómo garantizar los derechos de quienes viven en los asentamientos informales que se extienden por sus laderas y que enfrentan no solamente el riesgo de deslizamientos y desastres, sino que habitan en condiciones indignas, sin acceso a servicios básicos, y muchas veces están sometidos a las imposiciones de grupos irregulares que controlan los territorios.
El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de 2014 creó instrumentos para avanzar en la legalización, regularización y mejoramiento integral de estos sectores, pero poco de eso se ha concretado. “Llevamos más de una década atrasando el desarrollo de los asentamientos informales que ellos llaman. No es solamente la titulación de predios, es mejoramiento integral de barrios que implica mejorar vías de acceso, equipamientos, espacio público, vivienda, reforzamiento estructural”, explica Carlos Velásquez, integrante de la Mesa de Vivienda y Hábitat de la Comuna 8 y dinamizador de la Articulación Diálogo Social – Incidencia POT que lidera la Corporación Región.
Desde 2025, Medellín avanza en una actualización de mediano plazo de ese POT, una revisión que puede modificar un 78 % de los artículos que actualmente orientan el uso, ocupación y transformación del territorio, y la definición de herramientas para que las autoridades promuevan y hagan cumplir esas reglas.
El Concejo de Medellín ha convocado varios cabildos abiertos para escuchar las posturas de personas y organizativa sobre la actualización del POT.
El de la legalización y mejoramiento de los asentamientos informales de las laderas de Medellín es uno de los temas en los que más han insistido las organizaciones que han participado en los espacios de concertación para la modificación de ese instrumento.
“¿Qué han dejado estos más de diez años de gestión en las laderas? El aumento en las situaciones de riesgo, el aumento en la construcción informal, el loteo por parte de grupos armados y que la gente vea ahí una oportunidad de construcción en medio de una ciudad donde el costo de vida es insostenible”, afirma Alejandra Serna, integrante del equipo de defensa del territorio de la Corporación Jurídica Libertad.
Tres semanas antes del operativo en Manrique, la Alcaldía radicó ante el Concejo de Medellín la propuesta de actualización de mediano plazo del POT. El documento abre nuevamente la discusión: ¿qué lugar tienen en esa nueva visión de ciudad quienes ya habitan las laderas de Medellín?
“Cada vez vemos más cómo se criminaliza la gente por asentarse en zonas con condición de riesgo, desconociendo que los barrios de ladera están cimentados en una desigualdad estructural inmensa y en el desplazamiento. ¿El tratamiento va a seguir siendo el mismo? ¿Desalojar cada vez que ocurra un desastre? ¿Cuánta gente nuevamente se va a ver obligada a asentarse en zonas con condición de riesgo?”, se pregunta Serna.
En medio de las críticas, las organizaciones que han seguido de cerca la discusión también ven en la actualización del POT una oportunidad para que la ciudad empiece a resolver de fondo el problema de los asentamientos informales de las laderas, que se concentra en el nororiente de la ciudad.
Una de esas propuestas surgió de la Mesa de Vivienda y Hábitat de la Comuna 8, Villa Hermosa, que propone el procedimiento para desarrollar un piloto de legalización de barrios en esa comuna y que, a partir de esa experiencia, se pueda construir una estrategia de mejoramiento integral para otros sectores populares de Medellín.
La intención es que esa propuesta, que en la actualización del POT se inscribe en los Planes de Legalización, Regularización y Mejoramiento del Hábitat, quede integrada, priorizada y reglada. “Le estamos solicitando a la administración que nos deje claro cuál es el procedimiento de cómo va a ser el acompañamiento técnico para las comunidades hacer ese proceso”, dice Velásquez.
Al respecto, el Departamento Administrativo de Planeación de la Alcaldía respondió un cuestionario a El Armadillo en el que dice que la actualización del POT contempla que esos planes efectivamente van a dejar de estar condicionados a los macroproyectos y que podrán promoverse directamente por las comunidades. Incluso, se compromete a “eliminar dependencias que han dificultado su implementación”.
La mesa de la Comuna 8 hace parte de la Articulación Diálogo Social – Incidencia POT junto a más de cuarenta organizaciones de la ciudad que han participado entre 2025 y 2026 en los espacios de revisión del POT de Medellín: audiencias públicas, encuentros con grupos poblacionales y otros mecanismos de participación ciudadana. De acuerdo con el alcalde Federico Gutiérrez, “cerca de 10.000 personas participaron y dejaron casi 7.000 aportes. Y 6 de cada 10 fueron acogidos en la propuesta”.
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Pero más allá de la posibilidad de participar, las organizaciones han generado una serie de alertas para que lo escrito se convierta en inversión y transformación. También les preocupa cuáles intereses terminarán teniendo mayor peso en la definición de esa visión de ciudad. En esa discusión aparece el gremio de los constructores, sector económico que, además, se ubicó en el primer lugar entre los financiadores de la campaña de Gutiérrez.
La ciudad negocio
En marzo de 2026, Gutiérrez asistió a la 69° Asamblea de Afiliados de Camacol Antioquia, donde dijo, según una nota de prensa de esa asociación, que “el sector de la construcción es el aliado estratégico número uno de su administración”.
La escena fue muy similar a la del año anterior cuando, como publicó El Armadillo, el alcalde también participó de la asamblea anual de ese gremio, que aprovechó para entregarle un documento con sus recomendaciones para la actualización del POT y dinamizar la industria de la construcción. En ese momento, Eduardo Loaiza, gerente de Camacol Antioquia, nos dijo: “Nosotros sugerimos, pero el alcalde y el Concejo deciden”.
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Para entender qué significa esa cercanía entre el gremio de los constructores y la Alcaldía en la actualización del POT hay que mirar qué está cambiando en las reglas para construir. Fernando Zapata, politólogo, magíster en procesos urbanos y ambientales y docente universitario, explica que el POT de 2014 establecía mecanismos de planeación a escala intermedia, como los planes parciales, para proyectos privados ubicados en la franja del río.
La lógica, dice, era que quienes se beneficiaran de construir sobre suelos con buena infraestructura, servicios públicos, transporte y cercanía a centralidades contribuyeran también a financiar obras y espacios públicos que la ciudad necesitaba en otros sectores.
Según Zapata, la propuesta de revisión hace una modificación para que, desde el centro hacia el norte, el desarrollo se haga predio a predio, sin tener que someterse a un plan parcial. “Esto, sentían los empresarios, los limitaba, generaba una cosa que era demasiado engorrosa. Lo que estamos viendo es efectivamente esa relación cercana del sector inmobiliario y constructor con la alcaldía de turno, que se refleja en que se relajan las regulaciones y se generan más beneficios para el que construya,” sostiene.
En un video con el que Camacol recapituló algunos momentos de su asamblea, se escucha al alcalde Gutiérrez decir: “Yo siempre he tenido una visión y es que desde el sector público tenemos que generar las condiciones para que los empresarios generen empleo, generen riqueza y haya una buena distribución, que haya empleo. Vamos por más viviendas, vamos por más proyectos”.
Lo que hay de fondo, propone Zapata, es una perspectiva en la manera en que la administración pública entiende su papel en el desarrollo de la ciudad. Según su lectura, “se delega esa responsabilidad al sector privado. Les damos más incentivos para que hagan vivienda y que los sectores más empobrecidos, tal vez, puedan acceder a ellas, lo cual efectivamente es una mentira”, finaliza.
La discusión no se limita a los nuevos proyectos de vivienda. Otra de las actividades que hace parte de la discusión sobre el POT, y que se ha llevado parte del interés mediático durante las últimas semanas, es la de vivienda turística y rentas cortas. El borrador que presentó la Alcaldía de Medellín establece restricciones en zonas de la ciudad donde predomina el uso residencial, y facilita su ubicación en sectores con vocación para actividades de servicios y entretenimiento.
Que se fijen esas condiciones ha sido interpretado por organizaciones como Fenalco y Libertank como un exceso de intervención del Estado que, desde su perspectiva, no tendría efectos sobre problemáticas de convivencia y en otras como el incremento en el costo de vida y particularmente en el del precio de los arrendamientos.
En medio de este debate apareció un estudio de la Universidad Javeriana que concluye que Airbnb tiende a instalarse en zonas donde la vivienda ya era costosa, y no necesariamente a encarecerla. El estudio fue presentado públicamente a mediados de septiembre, justo cuando avanzaba la discusión del POT en el Concejo. Sin embargo, como reveló una investigación de El Armadillo, el estudio fue realizado en el marco de un contrato de consultoría entre la Javeriana y Airbnb Latin America, que aportó una parte significativa de su financiación.
Eso, además, hizo explícito el lobby de Airbnb y de algunos grupos de poder que se oponen a la regulación y que han buscado reuniones con concejales y funcionarios del distrito, además de reproducir datos para respaldar sus posturas.
(Vea también: Un estudio pagado por Airbnb a la Javeriana expone el lobby frente a la actualización del POT en Medellín)
“Hagan el lobby de frente a la ciudadanía. ¿Quién financia toda esta campaña? Lo sabremos”, escribió Federico Gutiérrez en X para defender la propuesta de regularizar la vivienda turística en Medellín.
En la respuesta que entregó el Departamento Administrativo de Planeación al cuestionario de El Armadillo, se afirma que la revisión del POT busca actualizar las reglas para responder a las necesidades actuales de la ciudad: “La revisión del Plan de Ordenamiento territorial incluye estrategias diferenciales que buscan facilitar el desarrollo de vivienda y así, aportar a la superación del déficit habitacional tanto cuantitativo y cualitativo, teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio”.
Para las organizaciones que participaron en el proceso, el reto es que esa nueva norma no termine reproduciendo la misma desigualdad que buscan transformar. Mientras unos sectores de la ciudad esperan desde hace años la legalización y el mejoramiento de sus barrios, otros se preparan para aprovechar las nuevas reglas para desarrollar el suelo y hacer negocios. El nuevo POT tendrá que definir cómo se encuentran esas dos ciudades.
