La directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) le contó a El Armadillo detalles, hasta ahora desconocidos, sobre los choques entre esa entidad y el despacho de la JEP que ordenó las medidas cautelares que permitieron retomar las excavaciones en La Escombrera. Aseguró que “se está judicializando la búsqueda” y que las decisiones del magistrado Gustavo Salazar han hecho más lento el proceso.
El 18 de diciembre de 2024, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ofrecieron una rueda de prensa y luego publicaron un comunicado. Ambas entidades, de forma conjunta, anunciaron el hallazgo de los dos primeros cuerpos en la zona conocida como La Escombrera, en la comuna 13 de Medellín.
Sin embargo, lo que en ese momento se entendía como el resultado de la colaboración armónica entre esas dos entidades creadas por el acuerdo de paz de 2016, fue también el punto de partida de una tensión que fue creciendo en los meses siguientes. Todo empezó con diferencias sobre la forma de comunicar los avances y escaló hasta el escenario actual: aunque hay versiones contradictorias sobre las razones, lo cierto es que la Unidad de Búsqueda ya no participa del proceso.
Vea también: La disputa por la memoria que muestran los muros en Medellín
Un nombre clave en la historia es el de Gustavo Salazar*, magistrado de la sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP, que ordenó en 2020 las medidas cautelares —prorrogadas en 2024— que permitieron proteger la zona y retomar la búsqueda que antes había avanzado de forma intermitente y sin hallazgos.
Salazar ha sido, además, el funcionario más visible en ese proceso: en diciembre encabezó los anuncios sobre los primeros cuerpos recuperados, en enero hizo una ronda de medios para hablar de las primeras identificaciones y a principios de junio le dio una entrevista a El Tiempo —que circuló muy poco, porque su acceso está limitado solo a suscriptores—, que es la única postura oficial suya y de ese tribunal sobre las dificultades entre ambas entidades.
En esa entrevista, Salazar dio su versión sobre las razones por las cuales la UBPD dejó de participar: “La Unidad de Búsqueda manifestó que ya no contaba con presupuesto para cubrir el pago de la maquinaria amarilla y por eso se retiró”. También dijo que el rol de ese organismo en La Escombrera tenía “un alcance limitado” por su “carácter extrajudicial y humanitario”.
Sin embargo, fue también Salazar quien antes de esa entrevista, en una comunicación del 20 de mayo de 2025 dirigida a un fiscal de la UIA —la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP que tiene funciones de policía judicial y controla el polígono de excavación— dio una orden que, a juicio de la UBPD, significó su exclusión definitiva de los trabajos en la zona.
Esa orden consistió en que, desde ese momento, las familias de las personas desaparecidas y las organizaciones que las acompañan deberían presentar semanalmente un listado con los nombres de las personas y los horarios de ingreso a la zona para que su despacho lo autorice. La restricción también opera sobre “toda institución estatal, organizaciones no gubernamentales y/o personas naturales que quieran ingresar al polígono protegido”.
Así, esa orden ubicó en la misma posición a cualquier persona natural que quiera ingresar y al equipo forense de la UBPD, y estableció que deben contar “con autorización previa de la magistratura sin excepción alguna” y presentar, con al menos una semana de anticipación, “una solicitud debidamente motivada” que debe ser aprobada por su despacho.
Vea también: El titular engañoso de IFM Noticias sobre la identificación de cuerpos en La Escombrera
Durante meses, esas diferencias se tramitaron en medio del silencio de la JEP —con excepción de la entrevista a El Tiempo—; varias filtraciones de información, publicaciones en algunos medios en las que abundaban las fuentes reservadas; la decisión de la mayoría de las víctimas y sus representantes de no hablar sobre el tema; y una única posición pública que expuso la situación: la de María Victoria Fallon, abogada del Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos (GIDH) y representante de una de las familias buscadoras, que en sus redes explicó su preocupación por las decisiones de la JEP.
Hasta ahora, la postura de la UBPD se reducía a un hilo en X del 31 de marzo en el que hablaba de la terminación del presupuesto para mantener la intervención con maquinaria pesada, y a dos comunicados —uno publicado el 8 de abril y el otro el 26 de mayo— en los que hablaba de las restricciones para el acceso de las víctimas y de sus propios funcionarios. Además, a una declaración que la directora de esa entidad dio a Caracol Radio a finales de junio en la que señaló a dos magistrados, Gustavo Salazar y Raúl Sánchez, como responsables de excluir a esa entidad de algunos procesos clave. Aunque mencionó a La Escombrera, no ofreció mayores detalles sobre ese caso.
En esta entrevista con El Armadillo, la directora de la UBPD, Luz Janeth Forero, ahonda en esas tensiones y explica el impacto que, a su juicio, tienen las decisiones del magistrado Salazar en la búsqueda de las personas desaparecidas en la comuna 13.
¿Qué está pasando en La Escombrera en este momento?
No tengo la más remota idea.
No sabemos si en realidad ha avanzado la excavación o cuántos equipos forenses puedan tener. Hace muy poco hubo una publicación que hizo la Secretaría de Paz y Derechos Humanos [de la Alcaldía de Medellín] diciendo que ya tenían maquinaria, aunque hablar de maquinaria es ser muy ambiciosos. En realidad es una foto de una máquina pequeña y eso es lo único que sabemos desde hace casi tres meses.
Contexto: En su entrevista del 5 de junio para El Tiempo, Salazar dijo que luego de la salida de la UBPD, la JEP ajustó su presupuesto y emitió órdenes judiciales para garantizar la presencia de maquinaria pesada, obreros y su propio equipo forense. “Nuestro deber es garantizar la excavación y, si se puede trabajar conjuntamente, ese sería el escenario ideal. Pero si no, la Jurisdicción asegura plenamente la continuidad y la terminación del proceso de búsqueda”, dijo el magistrado.
El 31 de marzo la UBPD anunció que por problemas presupuestales no podía mantener esa maquinaria. ¿En ese momento terminó su participación en el proceso?
No, el anuncio sobre los recursos se hizo mucho antes. Ese día se hizo efectivo porque hasta ese momento podíamos pagar la maquinaria, pero el equipo siguió yendo porque todavía podía seguir haciendo labores arqueológicas y de recuperación. Ese equipo estuvo hasta hace poco, cuando ya no los dejaron pasar. Hasta ese momento seguían subiendo todos los días, acompañando a las señoras y compartiendo con ellas, a pesar de que desde los primeros días de abril no los dejaban arrimar a la intervención.
¿Quién no se los permitía?
El equipo de la UIA. Ellos empezaron a asumir el control físico del espacio y llegaron diciendo: “Por orden de la magistratura ustedes no pueden entrar aquí”. Inclusive, hubo un incidente muy particular: en algún momento vino el subdirector de la UBPD [Carlos Hernán Marín]. Estuvo acá, habló con las señoras y entraron al polígono. En ese momento llegaron a decirles que no podían estar ahí.
¿Eso cómo se ha manejado institucionalmente? ¿Usted se ha reunido con la JEP?
Ellos se comunican a través de autos [comunicaciones o pronunciamientos de los jueces]. Ahí empezó una cosa que es compleja y es que nos advierten que este es un escenario judicial. Pero hay otra cosa que es bueno contar: al principio y antes del hallazgo ellos iban eventualmente, entonces esas tensiones tampoco era que se pudieran presentar, porque en realidad empezaron a tener una presencia mucho más permanente y juiciosa en el lugar después del hallazgo.
Contexto: El hallazgo de los dos cuerpos en diciembre de 2024 lo hicieron forenses de la UBPD. Aunque Forero afirma que solo a partir de ese momento la JEP empezó a estar presente de forma permanente en la zona, el magistrado Salazar le dijo a El Tiempo que si bien la Unidad de Búsqueda “acompañó en este trabajo durante más o menos año y medio (…) en La Escombrera la búsqueda la ha liderado desde el comienzo la JEP”.
Cuando usted habla de ellos, ¿es en general del personal de la JEP?
Esto tiene un nombre y un apellido del despacho relator del caso. En realidad nuestras relaciones con la JEP son maravillosas. Tenemos demasiadas experiencias exitosas de trabajo conjunto, colaborativo, complementario, armónico, respetuoso y que reconoce la misionalidad y las competencias del uno y del otro.
Ese despacho relator es el del magistrado Gustavo Salazar, ¿usted ha hablado con él sobre esto?
Nosotros hablábamos y tuvimos muchas interacciones, pero mi última conversación con el señor magistrado fue el 19 de marzo sobre una entrega digna de una de las personas recuperadas.
¿Pero le ha expresado al magistrado Salazar su postura ante estas decisiones?
Hay demasiadas comunicaciones oficiales que les hemos enviado hablando del tema.
Contexto: En una carta del 23 de mayo dirigida al magistrado Salazar y a Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, la UBPD aborda las restricciones para el ingreso a La Escombrera. La entidad argumenta en ese documento que esa decisión “pone en grave riesgo la labor humanitaria y extrajudicial de búsqueda que la UBPD adelanta, contraviniendo los principios de centralidad de las víctimas y colaboración armónica que rigen el Sistema Integral para la Paz”. Agrega que eso se suma a “un conjunto de otras decisiones del Despacho Relator (…) que ha impedido la intervención efectiva de la UBPD en La Escombrera”.
¿Y la JEP qué ha respondido?
No es que digan mucho, la verdad. Salen los autos.
¿Y ha hablado con el presidente de la JEP?
Todas las comunicaciones nuestras se las mandamos al presidente y al despacho relator. En una de ellas, en la que anunciamos el problema del talud, el presidente nos contestó que ese tema era solo con el despacho relator.
Contexto: Forero se refiere a varias alertas que hizo la UBPD sobre la estabilidad del talud en la zona de las excavaciones, por cuenta de los riesgos que, a juicio de esa entidad, existían por los empozamientos de agua en la zona de interés forense y desprendimientos de tierra y rocas en el terreno.
En dos cartas, una del 10 de abril y otra del 30 de ese mismo mes, esa entidad solicitó primero al presidente de la JEP, Alejandro Ramelli; y luego al magistrado Salazar su autorización para realizar adecuaciones en la zona. En la carta del 30 de abril, dirigida a Salazar, la Unidad de Búsqueda dijo que la situación era de “extrema gravedad”, que no había recibido respuesta a sus peticiones previas y que por eso solicitaba de nuevo “con carácter urgente la autorización para el desarrollo de las obras requeridas”. La misma carta dice que “no cabe duda alguna en que peligra la vida de las personas que en este momento se encuentran en el lugar de intervención, por lo que es imperativo que no se continúe excavando hasta tanto no se adelanten las acciones de adecuación y aseguramiento de la obra”.
En su entrevista en El Tiempo, el magistrado Salazar dijo que no es cierto que existieran los riesgos que expuso la UBPD: “Lo que pasa es que los taludes tienen una vida propia y requieren mantenimiento, pero en ningún momento ha existido un riesgo de deslizamiento”.
Volvamos a enero, cuando la JEP publicó el comunicado sobre la identificación de los dos primeros cuerpos, ¿por qué la UBPD no lo suscribió?
Yo leí el borrador del comunicado y, después de leerlo, dije que no iba a ser comunicado conjunto si no se mejoraba, se moderaba en sus lenguajes y en sus anuncios. En primer lugar, porque para mí la descripción de las víctimas era absolutamente individualizante. Esa fue la primera preocupación que manifesté a la magistratura. La segunda preocupación es que señalar que las víctimas no tienen antecedentes judiciales es un acto de estigmatización que yo no puedo permitir desde una entidad humanitaria y extrajudicial, porque nosotros los buscamos a todos y todas sin excepción. Y lo tercero que me preocupó mucho fueron detalles forenses, que eran innecesarios en ese momento porque todo eso está sujeto a interpretaciones posteriores.
Vea también: En nombre de las víctimas: ¿cuáles son los límites de la JEP para informar sobre La Escombrera?
¿Qué pasó cuándo ustedes expresaron sus reparos sobre ese borrador?
No pasó nada. Yo no te puedo decir a ciencia cierta si del primero que vi al que finalmente publicaron hubo cambios, pero para mí los tres aspectos problemáticos no se solucionaron.
La respuesta que en ese momento nos dio la JEP, cuando les preguntamos por ese comunicado, fue que la información que se hizo pública se concertó con las familias de las personas identificadas, ¿ustedes participaron de esa concertación?
Participamos en una reunión en nuestra anterior sede, donde al menos una de las familias se opuso rotundamente a que saliera algo que las pudiera relacionar. Yo no sé si después hubo otras conversaciones, pero ese día ellas fueron muy claras en que no estaban de acuerdo. Nosotros tenemos evidencias, que no vamos a revelar, donde las familias incluso nos acusan por el manejo que se dio a esa información.
¿Pero ustedes conocen alguna consecuencia de ese comunicado o de la información que dio la JEP?
Sí, las familias se sintieron muy afectadas, muy revictimizadas. Inclusive una de ellas dijo que tenía problemas de seguridad.
¿Se puede decir que con ese comunicado empezó la ruptura con la JEP?
Insisto en que no es con la JEP, es con este despacho. Con el hallazgo hubo muchas cosas en las que no estuvimos de acuerdo por la inobservancia de los protocolos, pero nada que tú no puedas manejar. Pero yo creo que el comunicado sí fue el punto de quiebre y lo que va pasando después con el tema de los recursos, con las entregas dignas…
¿Qué pasó con las entregas dignas?
Que hubo mucha interferencia y mucho reclamo por el relacionamiento que nosotros teníamos con las familias. Casi que nos decían: “¿Ustedes por qué hablan con las familias si esto ya es un tema judicial?”. Y perdón, pero es que las familias son el objeto de nuestro trabajo. Es una mirada muy miope de lo que significan los procesos. Todo el mundo cree que encontrar un desaparecido es que a uno le digan dónde está, vaya y exhume, hágale una prueba de ADN y esa prueba dice “Pedro Pérez”. Antes de llegar a un sitio hay mucha investigación, mucha triangulación de fuentes humanas y documentales. Tú vas al campo y puedes recuperar, pero puede que ni siquiera aisles material genético.
En este caso en particular ninguna de las cuatro familias víctimas de La Escombrera hace parte de las organizaciones peticionarias [de las medidas cautelares ordenadas por la JEP], ni siquiera teníamos solicitudes de búsqueda de las familias y tuvimos que salir a buscarlas, casi como una búsqueda inversa. ¿Quiénes son las familias de estos cuerpos? Entonces mira todo lo que significa el proceso. Por eso es que hay que hablar, por eso hay que entrevistarse muchas veces con ellas.
Vea también: Siguen apareciendo cuerpos en La Escombrera. Chequeamos lo que ha dicho el Centro Democrático
A finales de mayo, Semana publicó un informe en el que asegura que usted se reunió el año pasado con “Don Berna” en Estados Unidos. ¿Qué tan determinante fue esa reunión para los hallazgos que hubo después?
No te puedo decir eso, porque hace parte de nuestra reserva y del respeto que tenemos hacia las personas que aportan a la búsqueda. Lo que sí te puedo decir, y tú sacas tus propias conclusiones, es que la visita mía a Diego Fernando Murillo Bejarano sucedió en el mes de octubre. Ya se estaba empezando a hablar de las posibles gestorías de paz, luego de unas comunicaciones que él le había enviado al presidente de la República donde ofreció trabajar por la paz de Colombia.
Yo hago visitas a muchos aportantes de información. Son acercamientos a personas que participaron directa o indirectamente en hostilidades para invitarlos a trabajar en la búsqueda, para contarles cuál es nuestro mandato, qué significa que ellos nos entreguen información. Para muchos, trabajar con nosotros permite que les acreditemos una contribución efectiva a la búsqueda y eso en el ámbito de la justicia transicional sirve muchísimo.
En ese marco se hizo. Aprovechamos una visita mía a Washington, me fui hasta Carolina del Norte, y le conté a Diego Fernando Murillo cómo funcionamos. En ese espacio él firmó algo que es absolutamente importante: un consentimiento informado para trabajar con nosotros, que es la apertura para que empecemos a construir rutas individuales de aporte a la búsqueda.
Contexto: En su informe, Semana incluyó una declaración de Michel Pineda, abogado de Diego Fernando Murillo, alias Don Berna. El apoderado del exjefe paramilitar que fue extraditado a Estados Unidos dijo que las colaboraciones con la Unidad de Búsqueda “fueron materializadas y dieron éxitos, al punto de que se encontraran los primeros desaparecidos en La Escombrera”.
¿Qué implica que la UBPD ya no esté en el proceso, a propósito de los contactos con esos informantes?
Estas instituciones se crearon con apertura para que las personas que participaron en las hostilidades puedan trabajar con nosotros. Eso es algo que no pasa en ningún mecanismo de búsqueda en el mundo. Y no es un trabajo meramente instrumental, está lleno también de espacios de reconciliación, de reconocimiento y hasta de perdón, porque podemos generar también interacciones entre ellos y las víctimas. Se pierde también porque estos aportantes de información pueden sentir que la confianza y la legitimidad que hemos ganado con ellos se ve amenazada.
Pero también se pierde porque el proceso de búsqueda tiene un objetivo reparador y restaurador. En un marco judicial es muy distinto. Las señoras se extrañaban porque un antropólogo nuestro cada vez que había algún hallazgo inmediatamente se iba a donde ellas a contarles: “Miren, aquí estamos encontrando esto, aquí tenemos que hacer esto, aquí tenemos que partir la cuadrícula”. Esa cercanía con toda seguridad se pierde. Son dos riesgos muy potentes, muy poderosos, por lo cual no podemos permitir que la búsqueda de desaparecidos se judicialice.
Con los dos hallazgos de diciembre, mucha gente se imaginó que se venían rápidamente otros. Luego hubo otros dos y puede haber una explicación técnica para que no hayan sido más, ¿pero también hay otra política?
Es increíble que el hallazgo terminó deteniendo el proceso. Lo detuvo literalmente porque nosotros teníamos todo un equipo y todos los relevos para continuar y no tener ni siquiera vacaciones en Navidad y Año Nuevo. Pero hubo una decisión de las víctimas de que paráramos y descansáramos. Si las víctimas me piden eso, yo tengo que decirles que sí, porque no puedo seguir excavando si ellas no están presentes.
Después seguimos excavando y empezaron a darse también tensiones técnicas [con el equipo forense de la JEP] y ahí desde la Unidad también hubo molestias grandes. Porque, ¿quiénes son los expertos? Nosotros sabemos hacer esto, somos en este momento la capacidad de búsqueda forense más grande casi que del mundo. Mientras se conciliaban esos reparos técnicos, se terminó enlenteciendo el proceso. Luego vino el problema de que no teníamos plata para seguir moviendo la maquinaria pesada, pero teníamos más de 20 personas en campo. Nosotros nunca retiramos el equipo forense, ¿por qué no podíamos seguir haciendo arqueología tradicional si además ya estábamos llegando al suelo histórico? Era mucho lo que se hubiese podido hacer solo con arqueología y con los forenses allí.
Le hago la pregunta en otros términos, ¿para usted las decisiones de este despacho de la JEP pueden explicar que no se hayan dado más hallazgos?
Enlentecieron la búsqueda. Como la quieras llamar: judicial, extrajudicial, o lo que sea, pero enlentecieron la búsqueda.
¿Usted cómo se explica las razones de este choque?
Yo no sé, porque era algo que venía bien, que fluía y en que todos teníamos claridad sobre cuáles eran nuestros roles, nuestras competencias y nuestros alcances.
¿Cuáles son las consecuencias de fondo de esas decisiones?
Estamos judicializando la búsqueda y eso significa un retroceso enorme como país, como sociedad y un retroceso para la paz. Esta Unidad nació como reclamo de las víctimas que estaban absolutamente decepcionadas de lo que significaba la búsqueda judicial que tiene una misión clara, que es buscar culpables, no personas. En cambio, nuestra misión es buscar personas, no culpables. Y ahí es donde se debe dar la complementariedad del sistema. Está bien que en ese marco la JEP siga con su tarea de buscar a los responsables y nosotros de buscar a las personas.
Lo que está pasando es un atentado al acuerdo de paz, literalmente. Para nosotros es demasiado grave y entendemos que probablemente no se comprenda en su amplitud lo que significa, pero entonces, ¿no vamos a poder volver a entrar a ningún sitio donde haya una medida cautelar porque la búsqueda es judicial?
¿Qué les han dicho las organizaciones y las familias que acompañan la búsqueda?
En particular el GIDH ha manifestado de muchas formas no estar de acuerdo con lo que pasa. En primer lugar, sienten que esto es un atentado directo a la búsqueda humanitaria y extrajudicial, que es el principio fundamental, no solo porque es por el cual se crea la UBPD, sino también por lo que se pensó, en el marco de un proceso de paz, como un ejercicio restaurador para las víctimas de desaparición y las familias buscadoras.
Entonces muestran mucho su tristeza porque la Unidad no esté allá porque desarrollamos una relación distinta con las personas, no es la relación de una institución formal. Es de mucha más cercanía, proximidad, empatía, y de reconocer las necesidades y las expectativas del otro y de las víctimas.
La Alcaldía de Medellín anunció hace algunos días que junto a la JEP iba a garantizar los recursos para la búsqueda, ¿qué interacción han tenido ustedes con el distrito?
La Alcaldía tenía que asumir la maquinaria pesada y nunca lo hizo en el gobierno anterior. Nosotros entendíamos perfectamente que, al principio, este gobierno no iba a tener la capacidad de asumirla y por eso fue que nosotros lo hicimos, pero siempre dijimos que era una medida transitoria mientras llegaban y se acomodaban. En muchas mesas técnicas informamos que los recursos se agotaban el 30 de marzo, e inclusive en una reunión a la que yo vine en febrero, que era con el alcalde pero solo estuvo el secretario de Paz y Derechos Humanos, les volví a decir que los recursos se me acababan. Esas fueron las únicas conversaciones que tuvimos con ellos.
¿A la UBPD la invitaron a participar de ese acuerdo para continuar la búsqueda?
No. Cuando se estaba agotando el recurso empezábamos a decirles a ellos: miren Alcaldía de Medellín y JEP, la Unidad de Búsqueda tiene una fiducia que fue la que usó para invertir recursos en movimiento de tierras. Inyecte los recursos y, a través de esa misma fiducia, podemos seguir con el proceso. Era absolutamente sencillo. Eso se analizó 15 días y finalmente no se llegó a ningún acuerdo. En muchos casos decían que hiciéramos una reunión y no se hacía o no aparecían los que tenían poder de decisión.
Contexto: el 21 de mayo el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, y el secretario general de ese tribunal se reunieron con el alcalde Federico Gutiérrez. Luego de esa reunión, la JEP publicó un comunicado en el que aseguró que la búsqueda nunca se ha detenido, que a partir de la segunda semana de junio se intensificaría y que se reforzaría el equipo forense con más personal y con la participación de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala. En ese mismo comunicado se anunció que la Alcaldía dispondría la maquinaria que hasta marzo costeó la UBPD.
¿Entonces para usted ese acuerdo fue una sorpresa?
Para mí no es sorpresa porque era lo que se esperaba. Es más, se demoraron mucho. ¿Cuánto lleva esta alcaldía? Un año y medio, y uno esperaría que al menos los recursos se hubiesen destinado desde mitad del año pasado o cuando empezó a armar sus proyectos presupuestales para este año. Es lo mínimo que uno hubiera esperado en un ejercicio de planeación. Porque el auto [la decisión de la JEP que incluye las medidas cautelares y ordena la búsqueda] dice que es la Alcaldía de Medellín la que tiene que asumir el componente de maquinaria pesada y de adecuación del espacio para la intervención forense.
Voy a cerrar con una pregunta infantil: usted sale de acá, se encuentra al magistrado Salazar y se pueden tomar un tinto, ¿qué le dice?
Yo creo que el que tiene que hablar es él. Hemos ido muchas veces a la Jurisdicción y a todos los espacios con el corazón abierto siempre pensando qué es lo mejor para las víctimas. Pero esto ya necesita una decisión que no pasa por mí. El campo de decisión en este momento está en ese lugar. Por eso no creo que sea yo la que tenga que hablar.
*Buscamos a la JEP para pedir una entrevista con el magistrado Gustavo Salazar o para recibir una respuesta oficial de ese organismo que nos permitiera contrastar lo expresado por la directora de la UBPD. Sin embargo, la Subdirección de Comunicaciones de ese tribunal nos respondió que no se pronunciarán al respecto.
