El 28 de agosto, la mayoría de integrantes del Consejo Asesor de Todos por Medellín decidió que esa veeduría no debía pronunciarse por la destinación de recursos públicos a un foro de Vicky Dávila en Eafit. La discusión interna por cuenta de ese evento y por la postura ante la alcaldía de Federico Gutiérrez expone, además de diferencias internas, las disparidades de poder en esa organización.
En la mañana del 28 de agosto se resolvió a voto limpio una discusión que describe las tensiones en la veeduría Todos Por Medellín por cuenta de su postura ante el gobierno de Federico Gutiérrez. En un mensaje que envió ese mismo día en el chat que comparte con todos sus asociados, Piedad Patricia Restrepo, vocera de esa organización, anunció que luego de discutir «a profundidad en un lapso de 90 minutos», el Consejo Asesor, que actúa como junta directiva, decidió por seis votos contra tres no pronunciarse a propósito de un foro que se convirtió en acontecimiento político.
La historia tiene sus bases en el origen y la conformación de la veeduría, incluye luego un capítulo en las elecciones regionales de 2023, pero tiene su punto de inflexión en un trino: el 17 de agosto, Vicky Dávila, directora de la revista Semana, publicó en su cuenta de X un mensaje en el que invitaba a la primera parada de una gira que llamó “Vicky en Semana por Colombia”. Dijo que sería un recorrido por 30 ciudades y regiones, y lanzó una consigna: “Lo importante es estar en la calle con los colombianos, y tener la oportunidad y el privilegio de escucharlos”.
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Nada, salvo su propia carrera en medios y la marca de Semana, permitía entender su invitación como parte de una iniciativa periodística. Eso, sumado a que Dávila ha evadido las preguntas sobre su eventual aspiración a la Presidencia de la República, a que la revista que dirige se ha convertido en trinchera de oposición y a que su nombre aparece entre las posibles candidaturas para 2026 en una encuesta pagada por ese mismo medio, puso a las instituciones que apoyaron el evento a hacer equilibrismo para justificar su vinculación a un foro con el contexto, el tono y la apariencia de un acto de campaña.
El asunto se conecta con Todos por Medellín porque en los logos de la pieza gráfica que acompañó el trino aparecían los de la Alcaldía de Medellín, EPM y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá entre las entidades que participaron y financiaron el evento. Como lo publicamos en esta historia, la sede fue Eafit y a esos apoyos se sumó el de Comfama. Finalmente, también se subió Nutresa, propiedad del Grupo Gilinski, dueño de Semana.
Y eso, la vinculación de entidades del Conglomerado Público de la Alcaldía de Medellín y la destinación de recursos del distrito —$46 millones, según esta orden de servicio que nos entregó la Secretaría de Comunicaciones— a una iniciativa con tantos tentáculos en la política electoral, llevó a que, desde el mismo día del trino de Dávila, varios integrantes de la veeduría solicitaran que la organización emitiera un comunicado.
Fue esa solicitud la que derivó, primero, en intercambios de mensajes de WhatsApp y correos; luego, en las renuncias de Daniel Suárez y Gerardo Pérez, dos activistas sociales e integrantes de la veeduría y de su Consejo Asesor; finalmente, en la reunión extraordinaria de ese órgano directivo en la mañana del 28 de agosto —casi en paralelo con el evento en Eafit—, y en la votación en la que por una mayoría de seis a tres, Todos por Medellín decidió no pronunciarse.
Las cargas en ese organismo, que hasta antes de esas dos renuncias estaba conformado por 12 personas, se dividieron así:
Fiscalizar lo público o fiscalizar a Quintero
La veeduría Todos por Medellín fue constituida el 25 agosto de 2020, dos semanas después de que ocho integrantes de la junta directiva de EPM —todos, con excepción del alcalde, que la preside— presentaron de manera colectiva su renuncia a ese organismo. Esa decisión, motivada por determinaciones de Quintero 1Dos hechos puntuales llevaron a esos ocho integrantes de esa junta a considerar que se desconocía el papel de ese organismo de dirección y, en consecuencia, el Convenio Marco de Relaciones, un acuerdo de 2007 para fijar reglas de juego a la influencia de los alcaldes en EPM. Esos dos hechos no consultados con la junta fueron, primero, la presentación ante el Concejo un proyecto de ampliación del objeto social de la empresa, luego, la demanda contra los contratistas de Hidroituango. que consideraron contrarias al gobierno corporativo de la empresa, representó un punto de no retorno en la relación entre el entonces alcalde y un sector del empresariado antioqueño acostumbrado a participar y a influenciar decisiones en lo público.
El acta de constitución de la veeduría tiene varias pistas sobre el contexto político de la ciudad, pero revisada en perspectiva expone por lo menos tres elementos adicionales que son centrales para comprender el momento actual: primero, la influencia que tuvo en esa iniciativa justamente ese sector del empresariado que rompía con Quintero; segundo, que algunas de las figuras de ese empresariado se estrenaban como veedores ciudadanos luego de una corta relación de cooperación con el alcalde, como la tuvieron con muchos gobiernos anteriores; y tercero, la posición secundaria de otros integrantes como algunas ONG y activistas sociales.
Ese documento de agosto de 2020 reconstruye la primera asamblea de Todos por Medellín y expone, por ejemplo, el rol de la Cámara de Comercio de Medellín y de Proantioquia. Lina Vélez de Nicholls, presidenta de la Cámara, fue quien presidió la asamblea y expuso el manifiesto con el que la veeduría declaró sus principios fundacionales. Entretanto, Azucena Restrepo, entonces presidenta de Proantioquia, propuso a Piedad Patricia Restrepo, quien venía de dirigir Medellín Cómo Vamos, para que asumiera la representación legal y la vocería de esa organización.
Apenas unos meses antes, ambas, Lina Vélez de Nicholls y Azucena Restrepo, habían integrado el equipo de empalme que conformó Quintero cuando fue elegido.
Entre otras intervenciones que recoge el acta de la reunión está la que hizo Jorge Blandón, director de la Corporación Cultural Nuestra Gente, que pidió no repetir el error de excluir a las organizaciones de las decisiones en las que han intervenido el empresariado y el sector público de Medellín. También la de Isabel Sepúlveda, directora de Corporación Región, quien dijo que esa ONG se sumaba a la veeduría porque consideraba importante “tejer puentes” entre actores diversos, pero llamó la atención porque en algunos comunicados que surgieron en ese momento, “pareciera que las organizaciones sociales no hicieran parte de este espacio”.
También en esa asamblea se definió la conformación del Consejo Asesor integrado por cuatro miembros permanentes: la Cámara de Comercio, Proantioquia, un gremio del Comité Intergremial de Antioquia —que delegó a la Andi— y la Federación Antioqueña de Organizaciones no Gubernamentales. Además, ocho miembros elegidos por la asamblea general para un periodo de dos años: seis seleccionados entre las demás personas e instituciones que integran la veeduría y dos miembros independientes que no hacen parte de la asociación.
Por su parte, Piedad Patricia Restrepo, ya ratificada como vocera, habló entre otros temas de la voluntad de que la veeduría fuera un espacio plural, de la importancia de mantenerla en el tiempo y aseguró que los primeros días “fueron complejos”. También hizo una aclaración que es clave para entender lo que ha pasado desde entonces: “No somos una plataforma para revocar el mandato del alcalde”.
Y eso es importante porque la complejidad de la que habló Restrepo en esos primeros tres días de Todos por Medellín tiene que ver con otro trino y con muchos más que vinieron después: el 26 de agosto de 2020, el alcalde Daniel Quintero retomó una publicación del expresidente Álvaro Uribe en la que compartía la invitación a la rueda de prensa con la que fue presentada la veeduría y escribió: “Daremos al expresidente Uribe y a su movimiento revocatorio todas las garantías democráticas en Medellín”.
Esa primera posición pública de Quintero sobre esa organización marcó el tono de una disputa que se prolongó durante todo su periodo: una veeduría dedicada a vigilar al alcalde en un ejercicio de fiscalización sin antecedentes en la ciudad, y un alcalde calificando a esa organización como parte de una iniciativa para revocar su mandato y como un apéndice del GEA, la sigla con la que simplificó su confrontación con el empresariado.
¿Una persona, un voto?
Los recursos para el funcionamiento de Todos por Medellín provienen de tres fuentes principales que son, a su vez, las organizaciones que ocupan tres de los cuatro asientos permanentes en el Consejo Asesor: la Cámara de Comercio, Proantioquia y la Andi.
Piedad Patricia Restrepo nos dijo que en el caso de la Andi se trata de donaciones, mientras la Cámara y Proantioquia tienen con la veeduría convenios de cooperación para asuntos específicos. De acuerdo con los estados financieros de la veeduría a 31 de diciembre de 2023, ese año el aporte de la Cámara fue de $1511 millones y el de Proantioquia de un poco menos de $775 millones para actividades que deben ejecutarse hasta diciembre de 2025.
Esa relación entre plata e influencia explica, por lo menos en parte, las tensiones que varias fuentes que consultamos y que han participado de las discusiones internas de la veeduría, aseguran que comenzaron en el contexto de las elecciones locales y regionales de octubre del año pasado. Daniel Suárez, Gerardo Pérez y otros dos integrantes de Todos por Medellín que nos pidieron no publicar sus nombres, nos contaron que, cuando se acercaban esas elecciones, el Consejo Asesor acordó que quienes integraban ese organismo no deberían hacer expresiones proselitistas, y que al resto de las personas y organizaciones de la veeduría se les enviaría un comunicado con recomendaciones en el mismo sentido.
Ante ese acuerdo, Gerardo Pérez nos dijo que consideraba contradictorio que, aun cuando no hicieran declaraciones públicas a favor de un candidato, empresas o personas vinculadas a la veeduría financiaran algunas campañas.
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Como lo publicó La Silla Vacía en una nota sobre estas mismas tensiones, entre los financiadores de la campaña de Federico Gutiérrez está Manuel Santiago Mejía, presidente del grupo Corbeta y uno de los empresarios más influyentes de Antioquia. También, Josefina Agudelo, presidenta de TCC, que hizo parte de esa junta hasta mayo de este año. En enero había sido nombrada por el mismo Gutiérrez como integrante de la junta de EPM. Además, Mejía fue el segundo mayor donante de la campaña a la Presidencia en 2022 del ahora alcalde.
Luego de que Gutiérrez fue elegido para su segundo periodo, las alertas se hicieron más explícitas. De acuerdo con esas fuentes, varios integrantes del Consejo Asesor solicitaron una reunión en la que señalaron los riesgos que, consideraban, tenía la cercanía de algunos otros miembros con el alcalde electo. “Fue un espacio amable, todos los cercanos al alcalde expresaron su compromiso con el control social y que todo seguiría igual. Que la apuesta era la misma”, dijo una de ellas.
Sin embargo, a juicio de Gerardo Pérez y Daniel Suárez eso no ocurrió. Ambos nos dijeron que si bien su decisión de retirarse de Todos por Medellín fue una consecuencia directa del manejo que dio la veeduría a la discusión sobre el foro de Vicky Dávila, el asunto tiene raíces más profundas. Nos aseguraron, por ejemplo, que durante la alcaldía de Quintero no se ponía a consideración del Consejo Asesor cada pronunciamiento o las declaraciones públicas de la vocera.
También, que pese a la insistencia sobre temas a los que la veeduría podría hacer seguimiento en este gobierno, el equipo de Todos por Medellín permanecía concentrado en acompañar los procesos judiciales contra funcionarios de la alcaldía anterior.
“Gerardo era incisivo señalando algunos temas a los que había que ponerles atención en esta alcaldía, como el estado de los colegios, Buen Comienzo y la inversión en publicidad. A diferencia de Daniel Quintero no ha habido sucesos que ameriten investigaciones profundas relacionadas con corrupción, pero ‘Fico’ va a ser un alcalde muy político, dedicado desde el día uno a decirle cosas al Gobierno Nacional y debería hacerse un llamado a que se concentre en Medellín”, nos dijo Suárez.
Pérez, por su parte, nos aseguró que fue muy explícito en sus posturas, pero que se sintió relegado: “Yo manifesté de múltiples maneras mi desacuerdo con la forma como la veeduría venía actuando y mi voz no fue tenida en cuenta”.
Buscamos a Piedad Patricia Restrepo, que prefirió responder a un cuestionario por escrito. Le enviamos ocho preguntas; una de ellas, si considera a la veeduría una organización políticamente neutral. “Sí —respondió—, somos neutrales frente a posiciones partidistas electorales. (…) Basamos nuestro trabajo en hechos e información confiable solicitada a las distintas entidades que son objeto de nuestro control o que sin serlo manejan recursos públicos de dichas entidades, y contrastamos con todas las fuentes que estén disponibles”. (Para conocer las respuestas completas dé click aquí)
También le preguntamos si considera que en la veeduría hay posiciones más influyentes que otras. Nos dijo que no y que el Consejo Asesor ha intentado tomar sus decisiones “idealmente por consenso”, pero que cuando eso no ha sido posible “se han tomado por mayoría simple, siempre respetando la deliberación y las posiciones individuales”. Dijo, además, que “cada persona tiene el mismo nivel para influir en una decisión: una persona, un voto”.
Buscamos la opinión de Lina Vélez de Nicholls, la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Medellín. Una de las preguntas que le enviamos fue sobre la postura que defendió en la reunión extraordinaria del Consejo Asesor de Todos por Medellín en el que ese organismo tomó la decisión de no pronunciarse sobre el foro de Vicky Dávila. (Para conocer las respuestas completas dé click aquí)
Aunque no respondió sobre su posición y dijo que se trató de una decisión colegiada, en el documento que nos remitió su equipo de comunicaciones citó un apartado del acta de esa reunión. Esa idea expresa la tensión entre las decisiones políticas y la pretensión de neutralidad: “Todos por Medellín debe cuidar su voz y no opinar sobre todas las situaciones que se dan en el contexto local y se deben elegir cuidadosamente cuáles son los temas y discusiones en las que participará para no comprometer su credibilidad”.
Nota editorial: Juan David Ortiz, autor de esta historia, hace parte de la junta directiva de Corporación Región. Mateo Isaza, periodista de El Armadillo, quien participó de la edición de la nota, pero no en su redacción, trabajó en el equipo de comunicaciones de la veeduría Todos por Medellín entre octubre de 2020 y mayo de 2021.
