¿Quién dio la orden? Las convocatorias a marchas que terminaron en redadas

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Por: Juan David Ortiz Franco

Colectivos estudiantiles temen que algunas convocatorias a movilizaciones del paro nacional sean invitaciones falsas de la Fuerza Pública para detener manifestantes y entorpecer las protestas. A ello se suma un factor político: un despliegue militar y de policía que contradice al alcalde de Medellín. 

A las 10:30 de la mañana del domingo 2 de mayo un dispositivo con unos 40 hombres del Batallón de Policía Militar No. 4, adscrito a la IV Brigada del Ejército, estaba en formación en el cruce de la avenida 80 con la calle San Juan. Los militares, distribuidos en pequeños grupos, copaban todas las esquinas de la glorieta. Junto a ellos había también un grupo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, incluyendo a varios integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

Era el segundo día de un toque de queda estricto que la Gobernación de Antioquia decretó por las manifestaciones del paro nacional que comenzaron el 28 de abril. Era un toque de queda dentro de otro toque de queda, pues para ese momento el departamento aplicaba restricciones a la movilidad durante los fines de semana para enfrentar el pico de contagios de covid-19. Aun así, en esos días surgieron varias convocatorias a protestas. Una de ellas, la de San Juan con la 80. 

Pese a la presencia de la Policía y el Ejército, esa mañana empezaron a concentrarse algunas personas que llegaron por cuenta de varias piezas que circularon en redes sociales y a través de grupos de WhatsApp. Invitaban a una marcha que partiría de ese punto para finalizar en La Alpujarra.

Pero nunca hubo marcha. En dos puntos diferentes de ese cruce, antes de las 11:00 de la mañana la Policía y el Ejército retuvieron a los pocos manifestantes que habían llegado. Al primer grupo lo abordaron varios hombres de la Policía Militar y el Esmad en un costado del edificio La Gran Esquina. 

“Nos empezaron a aglomerar, nos requisaron y nos pidieron que les mostráramos todo lo que llevábamos. Había un compañero que tenía una candela y uno de los soldados se la quitó. Él le preguntó por qué y lo único que le respondió el soldado es que para donde iba no la necesitaba”, le dijo a El Armadillo Camilo*, un estudiante de economía de una universidad privada.

Todas las personas que estaban en ese punto fueron forzadas a subir a un camión en el que, según el relato del estudiante, había seis integrantes de la Policía Militar. Ninguno de ellos respondió a las pregunta sobre a dónde los llevaban y, después de un recorrido de 40 minutos, el camión se detuvo en el Centro de Traslado por Protección (CTP) ubicado en Barrio Triste. Allí los dejaron a disposición de la Policía. 

En el mismo lugar donde Camilo fue detenido estaba Valentina*. Vive en la comuna 13 y llegó acompañada por una amiga. “Estábamos en esa esquina y no se veía nadie que organizara la marcha, nadie que la hubiera convocado. Y de pronto varias motos de la policía, de las que llevan un Esmad atrás, cruzaron la calle, llegaron a donde estábamos, dispararon una aturdidora y nos arrinconaron. Nos requisaron de forma muy brusca y nos montaron al camión. Cuando llegamos al CTP nos recibió un policía que nos dijo: ‘Pongan cuidado porque allá adentro las violan y las matan’”.

Camilo recuerda que vio la pieza que convocaba a la protesta casi a la medianoche del sábado en un grupo de Facebook sobre el paro nacional. En ese mismo grupo preguntó por los detalles de esa actividad y un usuario, a quien no conocía, le respondió que asistiera, “que iba a ir mucha gente”. El Armadillo le pidió buscar la publicación original y el perfil de la persona que lo animó a participar. Sin embargo, cuando trató de ingresar nuevamente, el grupo había desaparecido. 

Entre tanto, Valentina la vio en una historia de Instagram que publicó una amiga que, a su vez, la tomó de varios grupo de WhatsApp de líderes juveniles de la comuna 13. El Armadillo se comunicó con la persona que publicó la imagen y ella explicó que incluso decidió eliminarla de sus redes cuando en esos grupos expresaron dudas sobre la convocatoria: “El mismo día de la movilización empezamos a preguntar quién había convocado a eso. Preguntamos en varios grupos sobre esas dos imágenes y nadie sabía”. 

Pero la invitación ya había circulado ampliamente por distintos medios. A un segundo grupo de manifestantes lo abordó la Policía en el costado noroccidental de la glorieta. Ese punto también estaba custodiado por el Ejército. Eran varias personas con camisetas de la Selección Colombia de fútbol, la mayoría mujeres e incluso una familia con dos niños. 

Uno de los policías pidió la cédula de los mayores de edad que estaban esperando que comenzara la marcha. Cuando ya tenía en su poder todos los documentos, les anunció que por violar el toque de queda serían trasladados al CTP para “restablecer sus derechos”.

Toda la escena fue transmitida en vivo en un video de 14 minutos en la cuenta en Instagram de Globoenfoques, medio alternativo y colectivo de estudiantes de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Daniel Vanegas, estudiante de derecho y uno de los integrantes de ese equipo, pasaba por el sitio cuando vio el despliegue militar y un camión que estaba a un par de cuadras del lugar ya con varias personas detenidas. Por ello, cuando llegó a la glorieta decidió empezar la transmisión.

“Me fui acercando más y me pidieron la cédula. Ahí estaban familias, gente tranquila. A ellos también les pidieron la cédula y luego nos dijeron que estábamos violando el toque de queda y que nos subiéramos al camión”, recuerda Daniel. 

Según Camilo, Daniel y Valentina fueron aproximadamente 50 las personas detenidas, todas ellas con la figura de “traslado por protección”. Ese mecanismo, contemplado en el Código Nacional de Policía, establece que “cuando la vida e integridad de una persona o de terceros esté en riesgo o peligro, el personal uniformado de la Policía Nacional, podrá trasladarla para su protección o la de terceros”. 

Los casos que contempla el código para aplicar esos traslados son las alteraciones de conciencia por el estado mental de las personas o por el consumo de sustancias, las riñas o los comportamientos agresivos o temerarios y, en todo caso, solo pueden hacerse efectivos cuando “sea el único medio disponible para evitar el riesgo a la vida o integridad de la persona o los terceros”. 

El Armadillo verificó en detalle los videos, las versiones de las personas detenidas y de funcionarios de la Alcaldía de Medellín que llegaron al lugar.

Ni en las imágenes ni en los testimonios encontró algún indicio ni de los riesgos estipulados en el Código de Policía ni de que el traslado fuera la única alternativa para proteger la vida o la integridad de los manifestantes o de otras personas. Ese 2 de mayo, de acuerdo con los registros de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, fueron 96 los “traslados por protección” en toda la ciudad.

A las 3:20 de la tarde salió del CTP un primer grupo de detenidos. En la minuta con el registro de la liberación dice que las personas fueron trasladadas por el sargento del Ejército Johan Alberto Reyes Rojas “en el marco del incumplimiento del toque de queda y de las informaciones que se tenían para vandalizar de manera sistemática la ciudad”.

“Eso era una trampa”

El 3 de mayo también circuló en redes y grupos de WhatsApp una convocatoria a un supuesto plantón estudiantil a las 9:00 de la mañana del día siguiente en la sede del ITM en Castilla. “Vimos esa invitación e hicimos la alerta porque eso no salió de nosotros ni de otros estudiantes. El domingo pasado también salió una pieza así para una movilización en la 80 con San Juan y llegó la Policía a capturar a la gente”, le dijo a El Armadillo un líder estudiantil de esa institución. 

Incluso, para esa semana el movimiento estudiantil del ITM ya había elaborado una agenda en la que definió participar solo en dos protestas, ninguna en esa sede. “Es que nosotros nunca hemos citado a una concentración en el ITM de Castilla, es una zona apartada, sin buena seguridad. Cuando nos dimos cuenta les avisamos a los estudiantes que tuvieran mucho cuidado. Y al fin no hubo concentración, nadie fue. En varios medios de otras universidades también empezaron a alertar que eso era una trampa”, dijo el estudiante. 

La idea de que existen falsas convocatorias con el objetivo de entorpecer las movilizaciones o de retener manifestantes se reforzó con una más, citada para el 9 de mayo. “Porque el paro no para. Plantón en contra de la censura militar”, decía la pieza. En realidad, tenía un error en la fecha, “9 de abril”, pero las imágenes de fondo y el contexto respondían a un hecho concreto: en la noche del 7 de mayo un grupo de militares borró un mural con la expresión “Estado asesino” que varios artistas callejeros pintaron días antes, casualmente, en el deprimido de San Juan con la 80.

A eso se refería la protesta. La invitación, eso sí, promovía el autocuidado: “Se recomienda seguir todos los protocolos de bioseguridad y asistir acompañado”.

De nuevo, agrupaciones estudiantiles advirtieron sobre esa convocatoria, no lograron identificar si algún colectivo u organización social la citaba y al día siguiente en esa zona, a la hora en que comenzaba el supuesto plantón, estaba dispuesto no solo el usual dispositivo militar que protege la brigada sino un operativo del Esmad y la Policía. Finalmente, en ese lugar no hubo “traslados por protección”, pero unas pocas personas fueron detenidas durante algunos minutos por miembros del Ejército y la Policía.

Adriana Arboleda, directora de la Corporación Jurídica Libertad, una de las organizaciones de derechos humanos que ha acompañado las protestas, dice que es necesario considerar que en medio del “estallido social” pueden surgir iniciativas espontáneas que no corresponden a colectivos u organizaciones reconocidas y mucho menos al Comité de Paro. 

Sin embargo, asegura que también es cierto que existe infiltración en las protestas. “Y claro, como hacen las convocatorias por redes sociales, esas redes son vigiladas por la inteligencia militar.

Entonces puede ser que, como ya saben que existen, decidan intervenirlas previamente. Hay una estrategia clara de desestabilización. Nos han llegado denuncias de cómo paramilitares en los barrios están pagando a personas para que generen disturbios con el ánimo de deslegitimar la protesta”, dice Arboleda. 

“El alcalde puede decir hasta mierda” 

A las dudas sobre esas convocatorias y sus orígenes se suma un factor político que tiene en el centro la relación entre la Alcaldía de Medellín y la Fuerza Pública. Ese aspecto puede rastrearse desde el 28 de abril, día de la primera movilización del paro nacional, cuando hubo enfrentamientos en los alrededores de La Alpujarra y cerca del parque de El Poblado. La jornada finalizó con varias denuncias de agresiones contra manifestantes, videos que evidenciaron la violencia policial y daños en edificaciones y locales comerciales. 

Los enfrentamientos comenzaron en la avenida San Juan, cuando un grupo de manifestantes destruyó una cámara de fotomultas. “Habían concertado que el Esmad no intervenía sin que el alcalde diera la orden. Arbitrariamente el coronel Daniel Mazo [comandante operativo de la Policía de Medellín] tomó la decisión de intervenir sin cumplir lo que habían dicho. Evidentemente la Policía no nos estaba haciendo caso”, dijo un funcionario que estuvo presente en el Puesto de Mando Unificado.

Pasadas las 4:30 de la tarde Quintero ordenó un toque de queda en el centro de la ciudad. Entre tanto, en un grupo de WhatsApp usado para los anuncios de la Secretaría de Seguridad a la prensa, varios periodistas solicitaron, sin éxito, un balance de las protestas por parte de la Alcaldía. 

La Policía sí hizo una convocatoria a medios de comunicación. “El día anterior durante la marcha, cuando le preguntábamos a la Secretaría de Seguridad, chutaban la pelota y decían que le preguntáramos a la Policía. Al final la Alcaldía no citó. Y cuando llegó la información de la rueda de prensa de la Policía, estábamos esperando que fuera un balance conjunto, pero habló solo el general”, dijo uno de los periodistas que asistió a esa atención a medios el 29 de abril en la mañana. 

Más que una rueda de prensa, fue una declaración del general Pablo Ruiz, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. “Se paró en el atril y se puso a leer el balance. Después de eso un colega le preguntó si había mala comunicación o mala relación con la Alcaldía y él dijo que no iba a responder, que no tenía nada por decir sobre ese tema. Hizo un gesto malencarado y se fue”, dijo otro periodista. 

El segundo momento que puso en evidencia el corto circuito entre la Alcaldía y la Fuerza Pública fue durante la marcha del primero de mayo, cuando un grupo de manifestantes incineró un carro de la Policía. “Desde el día anterior dejaron abandonada esa patrulla en pleno recorrido de la marcha. Los vecinos no hacían sino llamar al 123 para que fueran a recogerla. Las especulaciones son que ellos esperaban que eso se estallara ahí”, dijo la fuente de la administración.

Y el tercer momento fue el despliegue militar del 2 de mayo. “Para el alcalde fue un mensaje muy complejo ese del Ejército el domingo. Él llamó insistentemente para que se retiraran, pero no se fueron de ahí hasta después de las 2:00 de la tarde. Él pide que no haya Ejército, llega el Ejército, pide que se retire, no se retira”, le dijo a El Armadillo otro funcionario de la Alcaldía de Medellín. 

Apenas 12 horas antes, a las 10:36 de la noche del primero de mayo, Quintero publicó un trino en el que dijo que no solicitaría “asistencia militar adicional” para las movilizaciones del paro nacional y que agradecía al Ejército acompañar la infraestructura crítica en las zonas periféricas y rurales de la ciudad. Respondía así a la instrucción del presidente Iván Duque que, en una alocución, habló de las manifestaciones del Día del Trabajo y anunció que usaría la figura de “asistencia militar” para controlar las protestas.  https://co.ivoox.com/es/player_ej_69992754_6_1.html

El “mensaje complejo” del que habla uno de los funcionarios de la Alcaldía se explica en que sectores antagónicos entre sí cuestionan la forma como Quintero ha tramitado las protestas; unos critican la falta y otros el exceso de fuerza. “Por eso tampoco ha habido mucha bulla, porque que un alcalde salga a decir que no hay gobernabilidad frente a la Fuerza Pública se vuelve problemático. Pero hubo hechos en los que fue evidente que reciben órdenes desde otro lugar. Al alcalde no le han estado copiando” , dijo uno de los funcionarios.

El Armadillo consultó con varias fuentes del Ejército sobre la decisión de militarizar algunos puntos de la ciudad pese a la solicitud de Quintero. En todo caso, no fue una decisión velada: el mismo 2 de mayo la VII División publicó un trino con un video en el que se ven varias motos de Policía Militar, en algunas de ellas se ve incluso que los soldados transportan a efectivos del Esmad. Casualmente transitan por la calle San Juan.

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“Fue una orden presidencial y nosotros nos encargamos solamente de cumplir con la asistencia militar a la Policía Nacional. No fue solo en San Juan. El alcalde puede decir hasta mierda, pero él no es el jefe del Ejército” , dijo un oficial. 

Y es cierto. No existe una línea de mando entre las alcaldías y las Fuerzas Militares, a diferencia de lo que, por lo menos en el papel, ocurre con la Policía de acuerdo con lo establecido en la Constitución del 91: “La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante”. Sin embargo, en la práctica hay grandes dificultades para que eso se haga efectivo, tal como lo explicó ColombiaCheck en septiembre del año pasado. 

Al consultar sobre una posición oficial de la VII División del Ejército, sus responsables de comunicaciones respondieron que las únicas declaraciones sobre temas relacionados con el paro nacional son las que emite el Ministerio de Defensa. 

El Armadillo también le preguntó a la Policía Metropolitana si las intervenciones de esa institución en las protestas obedecen a directrices de la Alcaldía de Medellín. El teniente José Ferney Higuita, jefe de Asesoría Jurídica de Seguridad y Convivencia, respondió —quizá con algo más de cálculo político que el que tuvo su jefe en la rueda de prensa del 29 de abril— que las actuaciones policiales “obedecen al cumplimiento efectivo del mandato constitucional de protección de la vida, honra y bienes” y que “hay una articulación interinstitucional de coordinación en aras de garantizar la manifestación pacífica y el restablecimiento de la convivencia en aquellos escenarios que se tornan violentos”. 

*Los nombres fueron modificados por solicitud de las fuentes.