La representante electa a la Cámara, Karen Juliana López Salazar, reconoce que su campaña casi triplicó los topes de financiación para las curules de paz y que no tiene experiencia en el trabajo de derechos humanos. Recibió el apoyo de políticos de la región cercanos a varias alcaldías municipales.
El Urabá antioqueño ha sido tierra fértil para que de sus casi 500 mil víctimas registradas ante el Estado emerjan todo tipo de liderazgos. Sin embargo, el pasado 13 de marzo, en las elecciones legislativas, una mujer casi desconocida y sin trayectoria en la defensa de los derechos de las víctimas resultó elegida para la curul especial de paz número 16 de la Cámara de Representantes.
Karen Juliana López Salazar es odontóloga de la Universidad del Sinú —Montería—, nació hace 27 años en Sincelejo —Sucre— y creció en el corregimiento San Vicente del Congo, de Turbo. Conquistó la curul de las víctimas por la lista Yo soy Urabá y le contó a El Armadillo que su campaña costó “un poco más de 90 millones de pesos”. Según la información reportada por la candidata al portal Cuentas Claras, su campaña tuvo ingresos por $95,5 millones, de los cuales $88 millones fueron créditos o aportes de familiares o de su propio patrimonio. Allí también dijo que los gastos de campaña fueron más de $67 millones, de los cuales $20,6 millones se destinaron a actos públicos, $16 millones a servicios de transporte y solo $4,5 millones a propaganda electoral.
Comparado con el costo de una campaña tradicional al Congreso, suena a poco dinero. Por ejemplo, la campaña de Jhon Edison Molina, cabeza de lista a Cámara Antioquia por el Partido Conservador, costó casi $197 millones; la de Guillermo León Palacio, cabeza por el Partido de La U, más de $290 millones; y la de Hernán Cadavid, quien encabezó la del Centro Democrático, poco más de $303 millones. Pero las curules especiales tenían limitaciones distintas para su financiación.
El Acto Legislativo 02 del 2021 estableció que la financiación de las curules debía ser “preponderantemente estatal” y dejó claro, en su artículo octavo, que “no se permiten aportes privados directos a campañas” de las circunscripciones de paz.
Además, el Consejo Nacional Electoral —CNE— estableció que el tope de gastos para estas campañas era de $37 millones por lista, todas conformadas por dos candidatos. Para Verónica Tabares, coordinadora de la regional Antioquia de la Misión de Observación Electoral —MOE—, “solo por esa razón es posible que, si se da un proceso de investigación, se declare la silla vacía sobre esa curul”.
Los particulares solo podían donar a las campañas por curules de paz a través del Fondo Nacional de Partidos, y no directamente a las listas. Pero la representante electa reconoció que ese dinero fue donado por sus familiares, es decir, por privados. Además, dijo que el Gobierno no cumplió con la obligación de girar recursos para la financiación de estas campañas a pesar de hacer las gestiones pertinentes, una queja en la que coincidieron candidaturas de todas las curules especiales en el país, pero que no excusa que la suya casi haya triplicado el tope legal.
Tabares, de la MOE, explicó que incluso cualquier ‘vaca’ o bazar que se haga se considera donación privada. Y lo dice porque en la MOE también recibieron denuncias sobre este tipo de eventos convocados por la campaña de Yo soy Urabá. A principios de marzo, días antes de las elecciones legislativas, cinco municipios de la subregión sufrieron inundaciones. A raíz de esto, la campaña de López inició una ‘donatón’ y recogió ayudas para las familias damnificadas. Luego, usando su publicidad política, entregó las donaciones, como lo registró en su página de Facebook. Esto podría considerarse como un aporte en especie a su campaña.
De hecho, varios líderes políticos y sociales de la región consultados para este artículo y que pidieron la reserva de su identidad dijeron que, según sus propios cálculos, esa campaña gastó mucho más dinero que el reportado. Sienten que la competencia por los votos en las zonas rurales de los ocho municipios de la circunscripción 16 —Carepa, Chigorodó, Dabeiba, Mutatá, Necoclí, San Pedro de Urabá, Apartadó y Turbo— fue desequilibrada.
Y hay razones para inferir que las correrías de la candidata por Urabá fueron costosas. Sus fotos en redes sociales evidencian gastos en vallas, en publicidad impresa y en merchandising como gorras y camisetas para todos los asistentes a sus eventos. También muestran al menos dos camionetas con fotografías de la candidata.
“Solo el día de las elecciones se gastaron alrededor de $1.000 millones, le dieron comida a todos los testigos electorales, a todos los jurados, un almuerzo gourmet prácticamente, que costó alrededor de 40 mil pesos. Eso fue en los ocho municipios: alrededor de 120 mesas, con seis jurados electorales y un testigo por mesa, una cosa impresionante. Y tenían a los jurados inclusive con camisetas distintivas y el logotipo de Adidas en los puestos de votación”, dijo una de las fuentes.
Desde febrero, la Agencia de Prensa del Instituto Popular de Capacitación —IPC— se preguntaba: ¿Quién financia a los candidatos de ‘Yo soy Urabá’? Mientras los demás ganadores de curules de paz fueron avalados por movimientos sociales y de víctimas, ella fue la única representante electa por un movimiento significativo de ciudadanos en el país, gracias a 18 mil firmas recogidas, según contó aquel artículo.
Uno de los ejemplos más públicos de los gastos en que incurrieron las campañas de Yo soy Urabá fue el concurso ‘Cantando por el litoral’, celebrado el 19 y 20 de marzo, una semana después de las elecciones al Congreso. La publicidad del evento anunciaba que el primer puesto recibiría $7 millones patrocinados por Everto Arroyo Pérez —el otro candidato en esa lista— y el segundo lugar obtendría $5 millones por cuenta de la candidatura de López.
La candidatura de Arroyo Pérez reportó a Cuentas Claras ingresos por $62 millones y gastos por $41,4 millones. Es decir, entre los dos candidatos de Yo soy Urabá recibieron, por lo menos, $157,5 millones, un exceso de más de $120 millones respecto al límite legal de financiación.
Ese concurso fue una feria de publicidad política con participación de diferentes candidaturas. La Fundación Abuchar —del exalcalde de Turbo Alejandro Abuchar, del Centro Democrático— patrocinó el premio al tercer lugar por $3 millones. Según una de las fuentes consultadas, Abuchar no apoyaba a Yo soy Urabá, pues su candidato habría sido Diober Blanco. Esa misma fuente aseguró que detrás del movimiento de Arroyo y López estaba la actual administración del distrito de Turbo, del alcalde Felipe Maturana.
Aunque Karen López ganó en Apartadó, Carepa, Dabeiba y San Pedro de Urabá, no lo hizo en Turbo. En ese distrito el más votado fue su compañero de lista, Everto Arroyo. Sin embargo, ella sí recibió por lo menos un apoyo cercano a la alcaldía.
Apoyos cuestionados y negocios de familia
Ariel Angulo es un viejo conocido de la política turbeña. Fue concejal y candidato a la Alcaldía por el Partido Liberal dos veces, en 2012 y en las últimas elecciones, cuando declinó su aspiración para unirse a Maturana. Fue asesor del alcalde entre febrero y diciembre de 2021 con un contrato por $76’250.000, para hacer seguimiento a proyectos en la zona rural de Turbo.
Una solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura de López, presentada por otra campaña ante el CNE, denunciaba que Angulo, quien tenía un cargo de confianza en la Alcaldía pese a que formalmente era contratista, apoyaba públicamente a Karen López. Sin embargo, su contrato terminó en diciembre, por lo que ese apoyo no habría coincidido con el tiempo de campaña. Además, existe una zona gris respecto a la participación en política de los contratistas, pero su procedencia política inmediata es evidente.
La misma candidata le reconoció a El Armadillo la cercanía de Angulo: “Es amigo personal de mi familia desde hace más de 15 años, líder social y comunitario del municipio de Turbo y su apoyo se basó en contactarnos con sus amigos en la zona rural para que apoyaran mi aspiración a la Cámara de Representantes”.
La solicitud ante el CNE contra la candidatura de López fue presentada por el abogado Jhon Eduardo Díaz, gerente de campaña de Dibia Estela Escobar, segunda en las legislativas especiales, exsecretaria de Movilidad en la administración Abuchar y quien, según el diario El Espectador, presuntamente falsificó su título profesional.
El CNE desestimó las denuncias presentadas en esta solicitud, en las que el principal argumento contra López era que Jaime López, padre de la candidata, ejercía un cargo directivo en la institución educativa de San Vicente del Congo, lo que supuestamente la inhabilitaría para aspirar a la curul de paz.
Alrededor de la figura de Jaime López se tejieron algunos equívocos durante la campaña. Varias fuentes con las que hablamos a lo largo del proceso electoral señalaban que se trataba de un hombre involucrado en despojo de tierras. Sin embargo, El Armadillo estableció que se trata de un caso de homonimia, en el que se le confundía con Jaime de Jesús López Echeverri. Este último estuvo involucrado en un caso de testaferrato, aparentemente, a favor de los hermanos Castaño. Pero el padre de la candidata López se llama Jaime de Jesús López Puentes y su número de identificación es distinto al de López Echeverri.
Aún así, López Puentes, padre de Karen, sí tuvo líos con la justicia. Él también es un viejo conocido de la política local, pues fue concejal de Turbo entre 2002 y 2008. Ha trabajado como docente de religión y en 2017 estuvo detenido tras entregarse a las autoridades en Montería. Se le señaló de ser alias El Profe, supuesto integrante del Clan del Golfo: “al parecer sería el testaferro de la organización criminal y también se encargaría de las finanzas en los municipios de San Pedro de Urabá, Turbo y Necoclí (Antioquia)”, informó la Fiscalía en ese momento.
El padre de la representante electa estuvo detenido entre el 3 de marzo del 2017 y el 22 de octubre de 2018. Según los registros de la Rama Judicial, se le juzgó por concierto para delinquir agravado, pero quedó en libertad luego de que un juzgado penal especializado de Antioquia lo absolvió.
Por el tiempo que estuvo privado de su libertad, López Fuentes demandó al Estado en 2021. Pero su pretensión de ser reparado fue rechazada por el Juzgado Sexto Administrativo Oral de Montería, pues el plazo para presentarla ya se había vencido.
Además de docente, desde 2019 López Fuentes es coordinador encargado de la Institución Educativa San Vicente Del Congo, donde según el mencionado proceso ante el CNE, Karen López llevó a cabo actos proselitistas, denuncia que se sustenta con fotografías publicadas por la misma campaña.
Según el reporte de Cuentas Claras, López Fuentes le aportó $5,5 millones de pesos a la campaña de su hija. Los otros aportantes reportados fueron Camilo Andrés Báez Salazar, hermano de la representante y odontólogo como ella, con un crédito de $55 millones y $13,5 millones en especie; y Julián David Castaño Blanco, su compañero sentimental, quien aportó $7,5 millones.
Un líder social de Urabá asegura que los apoyos recibidos por Karen López fueron más lejos. Según dice, sectores políticos de origen liberal la apoyaron en Dabeiba, Mutatá, Turbo, Apartadó y Chigorodó. “Pusieron a concejales y a contratistas, les dieron instrucciones para que le hicieran propaganda en las veredas, daban mercados de las alcaldías a nombre de ella, así ella no estuviera presente”, cuenta este hombre.
En San Pedro de Urabá, asegura que el apoyo llegó directamente de la alcaldesa Leyda Ortega Almario, del Centro Democrático. Además, explica la relación de la candidata con este municipio: si bien el corregimiento San Vicente del Congo es de Turbo, geográficamente es más cercano a San Pedro de Urabá que a la cabecera turbeña.
Otra lideresa coincide en este señalamiento. “De hecho, el día de las elecciones había funcionarios de la Alcaldía [de San Pedro de Urabá] apoyando con logística, con refrigerios, esperando los buses”, cuenta. Para ella fue claro el apoyo desde la Alcaldía de Turbo, así como el del candidato al Senado Juan Felipe Lemos Uribe, de La U.
López negó todos estos apoyos. Argumentó que funcionarios como el alcalde Maturana, de Turbo, no pueden participar en política, y que ni él, ni el senador Lemos, ni equipos liberales en Dabeiba u otros municipios, tuvieron “relación alguna” con ella.
Verónica Tabares, de la MOE, cuenta que los observadores internacionales les señalaron la inacción de las autoridades frente a los hechos sospechosos el día de las elecciones, que incluyeron indicios de trasteo, compra y venta de votos.
Para la lideresa citada, todo el apoyo que las maquinarias locales le habrían dado a la candidatura de López tiene que ver con su papá, “porque ahí la popularidad la tiene él, esa chica solo salió ahora”. En esto coinciden las fuentes consultadas, varias de movimientos de víctimas: Karen López no es una persona conocida en la región, y mucho menos en el activismo por los derechos de las víctimas. Además, no hay nada en su hoja de vida que indique que ha trabajado para estas o por el Acuerdo de Paz.
Menderson Mosquera, coordinador de la Mesa Departamental de Víctimas y excandidato a la misma curul, contó que a Karen López no la conocen “en los escenarios de participación de víctimas, en temas de derechos humanos o en alguna organización representativa”. Así se lo ratificaron en las mesas de víctimas de Urabá.
Ciro Abadía, integrante de la Asociación de Víctimas de Apartadó —Asovima— también dijo que, pese a estar en Urabá desde 1982 trabajando con las víctimas, tampoco había escuchado hablar antes de Karen López. Y un abogado de la región consultado dijo que “ella apareció de un momento a otro y apareció con mucha plata […] El derroche de dinero fue increíble”. Al preguntarle si él conocía el origen de esos recursos dijo que no. Pensó un momento y corrigió: “Sí sé, pero no te lo puedo decir”.
El Armadillo le consultó a López por su experiencia con las víctimas de Urabá, a lo que respondió: “No fue condición en el acto legislativo tener experiencia en trabajo con las víctimas del conflicto para aspirar a las curules de paz […] sin embargo mi equipo de trabajo está conformado por líderes que tienen la experiencia suficiente en el trabajo con las víctimas […], conocimiento suficiente para instruirme y hacer una excelente gestión”.
Es cierto que ese no era un requisito. Solamente se pedía estar en el Registro Único de Víctimas. Ella aparece allí por haber sufrido desplazamiento forzado en enero de 1996 en Turbo.
Una elección marcada por irregularidades
A dos días antes de los comicios del 13 de marzo, los candidatos Diana Hurtado y Menderson Mosquera sufrieron un atentado cuando viajaban entre Chigorodó y Carepa. Ella resultó herida por los vidrios desprendidos tras los impactos de bala. Este fue el mayor hecho de violencia registrado en Urabá durante las elecciones legislativas.
Según la caracterización de riesgos de la MOE, Urabá tenía una particularidad respecto a otras regiones como el Bajo Cauca, Chocó o el Sur de Bolívar. Mientras estas otras tenían presencia de varios actores armados en disputa, en la urabaense hay una clara hegemonía de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o ‘Clan del Golfo’.
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Ese control territorial no se evidenció a través de amenazas directas a los candidatos a la curul de paz, pero sí en las limitaciones que sufrieron durante sus campañas. Varios testimonios de candidatos consultados para este artículo dan cuenta de que tenían que pedir permiso para ingresar a las veredas, dejar sus celulares y “cuidar sus palabras”.
La campaña de Karen López no habría tenido esos inconvenientes en la misma magnitud. Una integrante de una ONG recibió denuncias de que en algunos casos, cuando la candidata no podía acceder, funcionarios públicos que sí llegaban hasta allí hacían campaña por ella. Otra fuente independiente coincidió en esta denuncia.
Para el excandidato y líder indígena zenú Alberto Flórez Márquez, algunas irregularidades les impidieron hacer una veeduría sobre el proceso electoral, como que la Registraduría no entregó a tiempo las acreditaciones de sus testigos electorales. Él dice que se sintieron “muy humillados” por los desequilibrios y barreras que persistieron durante la campaña, y aunque él y varias candidaturas más estudiaban la posibilidad de presentar una demanda ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sintieron temor y al final desistieron.
Desde que ganó la curul, Karen López solo ha publicado en sus redes mensajes alusivos a fechas como el Día de la Madre, el Día del Maestro, el Día del Niño y el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas —9 de abril—. De lo que no ha dicho ni una palabra en sus perfiles es del paro armado con el que las AGC tuvieron controlado y amedrentado al Urabá por más de cuatro días.
Y desde que fue elegida, las víctimas la han buscado para reunirse con ella y plantearle sus agendas, cuenta Menderson Mosquera, pero no ha sido posible, pues la representante López dio a luz poco después de las elecciones. A la pregunta de si les aceptaría esta invitación, dijo que iniciará esa agenda “la primera semana de junio, después de terminar mi licencia de maternidad”.
