La fundación que reúne a los empresarios más poderosos de Antioquia aumentó en los últimos meses la frecuencia y el tono de sus pronunciamientos sobre coyuntura nacional. En sus comunicados ha cuestionado varias veces al gobierno Petro y respaldado al alcalde de Medellín y al gobernador de Antioquia en su apuesta de oposición. Su comunicado sobre la condena a Uribe pone en tensión su principio de defensa de la institucionalidad con las afinidades políticas de sus líderes.
El 18 de febrero de este año, ya en su condición de imputado por tres delitos relacionados con manipulación de testigos, el expresidente Álvaro Uribe Vélez ofreció una conferencia en la Universidad Eafit que tituló “Apuntes sobre Venezuela”. Habló de tiranía, libertades, economía y corrupción; contó anécdotas sobre su relación con Hugo Chávez y al último punto de su charla lo llamó “el peligro del contagio”. Dedicó unos minutos a exaltar a María Corina Machado, a quien calificó como “la líder única” de un movimiento capaz de derrotar el fraude de la “dictadura comunista” y dijo que es “importante aprender de su discurso para el proceso electoral del 26 en Colombia”.
Uribe habló ante un auditorio en el que había algunos políticos del Centro Democrático, estudiantes y directivos de Eafit. Pero el grupo más grande era el de Liderario, una iniciativa de Proantioquia para la formación de liderazgos, que esa organización describe como un proyecto dirigido a “líderes que desde todos los sectores y esferas ideológicas están comprometidos con el cuidado de la democracia”.
Proantioquia es la fundación de la que hacen parte las empresas —y los empresarios— más poderosos del departamento. Fue fundada en 1975, hace 50 años, como una plataforma cívica de apoyo privado a obras sociales y al Estado. Desde entonces, se ha ampliado a una mezcla entre think tank, promotora de proyectos público-privados, espacio de encuentro entre el poder empresarial y político, y máquina de lobby e incidencia. En la actualidad está conformada por 68 afiliados.
Su Junta Directiva la preside Jorge Mario Velázquez, CEO de Grupo Argos. Pero de ese órgano de dirección también hacen parte, entre otros, Manuel Santiago Mejía, presidente de Corbeta; David Escobar, director de Comfama; Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia; y Juan Manuel del Corral, presidente de Cadena. La única mujer es Eulalia Sanín, socia directora de Kearney, una firma consultora multinacional con presencia en Colombia.
El 29 de julio, la atención de Proantioquia volvió a centrarse en Uribe. Un día después de que la jueza Sandra Heredia hizo público el sentido del fallo condenatorio contra el expresidente por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, esa fundación emitió un comunicado en el que expresó su solidaridad con Uribe y su familia, de quienes dijo “han enfrentado con entereza y dignidad un proceso que ha marcado profundamente su vida personal y pública”. También, que en un momento de “serias amenazas institucionales”, respeta las decisiones judiciales, pero que eso “no implica silencio ante las preocupaciones del proceso”.
El pronunciamiento recogió una consigna muy frecuente en Proantioquia, “la defensa de la democracia”, y dijo que ese es un principio de la organización que implica “respetar y acatar los fallos; pero también exigir con contundencia garantías, equilibrio e imparcialidad para los funcionarios involucrados”. Finalmente, calificó a Uribe como “un demócrata respetuoso de las instituciones, quien desde sus responsabilidades públicas trabajó de la mano de la sociedad civil para buscar soluciones a los grandes retos sociales del país”.
Que esa organización salga en defensa de un político procesado no es una novedad. Ya había ocurrido entre 2020 y 2021 cuando el entonces gobernador Aníbal Gaviria estuvo en detención domiciliaria por cuenta de un proceso por inconsistencias en un contrato para la pavimentación de una vía en su primer periodo como gobernador. Proantioquia dijo que la medida de aseguramiento en su contra era una decisión “desproporcionada” e “incoherente1En su comunicado de junio de 2020, Proantioquia dijo también que Gaviria “dejó la impronta de su liderazgo, visión y transparencia” cuando fue alcalde de Medellín y durante su primera gobernación. En los meses posteriores, esa fundación hizo varios pronunciamientos en el mismo sentido, a propósito del proceso que tuvo a Gaviria detenido durante casi la mitad de sus primeros dos años de gobierno. El exgobernador finalmente quedó libre por vencimiento de términos en septiembre de 2021, pero el proceso sigue en curso. ”.
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El reciente comunicado sobre Uribe está alineado con la postura de gremios, medios, líderes políticos y, en general, de buena parte de la clase dirigente antioqueña. Por ejemplo, el alcalde Federico Gutiérrez publicó el mismo 28 de julio un video en el que dijo que “quienes hicieron parte de grupos terroristas hoy están en la Presidencia y en el Congreso. Álvaro Uribe, quien los combatió, hoy ha sido condenado”. El gobernador Andrés Julián Rendón dijo, también en un video, que “arriba de Dios no hay nadie”, se declaró respetuoso de la justicia y de las instituciones y, luego, que “se cumplió el escenario impensado: Uribe procesado mientras los guerrilleros están impunes, gobernando y legislando”.
Por su parte, Nicolás Posada, presidente ejecutivo del Comité Intergremial de Antioquia, que agrupa a las cinco cámaras de comercio del departamento y a 30 gremios, expresó su “respeto y admiración por el compromiso inagotable, el amor a la patria y la probidad que han caracterizado al señor expresidente Álvaro Uribe Vélez en toda una vida de ejercicio de lo público”. Y El Colombiano, en su editorial del 29 de julio, usó una fórmula casi calcada: declaró su respeto por los fallos judiciales, pero luego, que “no [se] puede castigar con dureza al que intentó defender la legalidad, y al mismo tiempo premiar con poder y privilegios al que la dinamitó”.
La postura pública de Proantioquia sobre Uribe también se inscribe en un viraje: si bien para todas las fuentes que consultamos no hay novedad en la cercanía, la afinidad y el apoyo a Uribe de los afiliados de esa organización, lo que sí consideran diferente es la decisión de exponerlo públicamente y con la chapa institucional.
Además, coincide con el reciente relevo en la Dirección Ejecutiva de la fundación: a principios de abril, María Bibiana Botero anunció su salida de ese cargo, y a finales de junio esa organización anunció la llegada de Juliana Velásquez Rodríguez. A propósito de esa transición, varias fuentes nos mencionaron la idea de una posible candidatura de Botero al Congreso, y que podría ser en una lista por el Centro Democrático.
Le preguntamos a ella al respecto y nos dijo que “no existe la más mínima posibilidad de que sea candidata a nada” y que su salida de Proantioquia no tiene que ver con alguna aspiración electoral. Sin embargo, aclaró que sí estaría dispuesta a colaborar con alguna campaña por la que sienta afinidad y que no estar en la dirección le ha dado mayor libertad para opinar.
De frente contra lo que huela a Petro
El pasado 6 de junio, Proantioquia publicó un comunicado en el que cuestionó la presencia del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero —imputado por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato por acción— en un foro con precandidatos presidenciales en la convención de Asobancaria, en Cartagena. “Preocupa (…) se trata de un exfuncionario imputado por la Fiscalía General de la Nación, cuya administración dejó heridas profundas en la ciudad”.
Más allá del doble rasero para valorar las actuaciones de la justicia, la postura de esa organización sobre Quintero tampoco es una sorpresa. Azucena Restrepo, entonces presidenta ejecutiva de Proantioquia, hizo parte del empalme de esa administración cuando estaba a punto de asumir. Sin embargo, la movida del exalcalde para demandar a los contratistas de Hidroituango —lo que llevó a la renuncia en pleno de la Junta Directiva de EPM de la que hacía parte, entre otros, Manuel Santiago Mejía—, empezó una confrontación que se profundizó durante todo ese gobierno.
Al arsenal de declaraciones de Quintero contra un sector del empresariado antioqueño, al que simplificó en la sigla del GEA y acusó de ser un cartel que pactaba con el uribismo y el fajardismo, le siguieron varios pronunciamientos de Proantioquia y de otras instituciones en la vía de defender la cooperación público privada. Todo con un marco adicional: las OPA del Grupo Gilinski que derivaron en su control de Nutresa y en el desenroque accionario entre Argos y Sura.
En ese contexto fue creada la veeduría Todos por Medellín, con el protagonismo, el impulso y la financiación de Proantioquia junto a la Andi y la Cámara de Comercio de Medellín. Se trata de una iniciativa de vigilancia sobre la administración de la ciudad que representó una revisión inédita de las actuaciones de la Alcaldía. Como publicamos en septiembre del año pasado, algunos integrantes renunciaron ya en el gobierno de Federico Gutiérrez porque consideraron que no actuaba con el mismo rigor que durante la administración de Quintero.
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Pero esa postura no se reduce al exalcalde, que ahora suena como uno de los precandidatos que está en el llavero del presidente: la relación entre Proantioquia y Petro ha sido por lo menos distante y, en algunos momentos, abiertamente conflictiva.
Uno de los pocos intentos de aproximación fue en marzo de 2023, cuando el presidente asistió —Quintero no estuvo presente— a la Asamblea General de Afiliados de esa fundación, en el Museo de Antioquia. Allí, justo bajo el mural La República, de Pedro Nel Gómez, se sentó Petro. A su izquierda, Jorge Mario Velásquez; y a su derecha, María Bibiana Botero, que era para entonces la presidenta ejecutiva de Proantioquia. Frente a ellos, en el público, estuvieron varios ministros y los representantes de las empresas afiliadas a la organización.
Petro habló durante 23 minutos y, al final, el encuentro dejó un aire conciliador que destacó El Colombiano en su editorial del día siguiente: “Si alguien hiciera el ejercicio de cruzar los dos discursos, el de Petro y los de Proantioquia, podría decirse que con unas dosis de más o de menos, al final el presidente y los empresarios piensan lo mismo: producir más, de una mejor manera y más sostenible, para llevar más beneficios a la sociedad”.
Pero esa, como decíamos, fue la excepción a la regla en una relación tensa. En la siguiente asamblea, en 2024, el discurso ya no fue de Petro, sino el entonces presidente del Senado Iván Name. El congresista, para ese momento en una confrontación abierta con el Gobierno Nacional, compartió la mesa principal con la presidenta ejecutiva de Proantioquia, el alcalde Gutiérrez y el gobernador Rendón.
Hizo una intervención en la que afirmó, entre otras cosas, que “Petro está agravando las condiciones del país”, y al final, en referencia a la pelea entre el Gobierno Nacional y el legislativo, dijo: “La dignidad del Congreso no tiene precio. El Parlamento colombiano es un parlamento libre y autónomo al que no le pesa una soga en el cuello”. El público interrumpió con un aplauso. Name fue capturado el pasado 7 de mayo y es procesado por recibir sobornos con recursos de la UNGRD.
Proantioquia nos aseguró, sin embargo, que ha invitado al presidente a todas sus asambleas desde que asumió el cargo; asistió a la de 2023, pero declinó la invitación a las otras dos.
En los últimos meses, la distancia entre Petro y el empresariado mainstream antioqueño parece haber transitado a un antagonismo cada vez más explícito. Solo entre junio y julio, Proantioquia ha suscrito nueve comunicados, todos ellos relacionados con coyuntura nacional. Si exceptuamos dos que estuvieron centrados en el atentado contra el senador Miguel Uribe, los siete restantes se enfocaron o por lo menos deslizaron críticas al Gobierno.
Entre los temas de esos siete pronunciamientos —tres a título individual y otros cuatro en conjunto con otras organizaciones— estuvo la decisión de Petro de convocar una consulta popular por decreto; el rechazo a la presencia de Quintero en la convención de Asobancaria; los comentarios del presidente sobre líderes gremiales y su afirmación de que desconfía de la transparencia de las elecciones de 2026. También, una carta, junto a muchas otras organizaciones, en la que hablaron del ataque a Miguel Uribe, de separación de poderes, orden institucional y afirmaron que “la democracia está en riesgo”.
Pero el momento de mayor confrontación fue luego de la concentración política del presidente, el pasado 21 de junio, en la plazoleta de La Alpujarra. Allí, en medio de los edificios de la Alcaldía de Medellín y de la Gobernación de Antioquia, llovieron arengas contra la clase política y empresarial del departamento. Primero, a cargo de varios ministros, congresistas y líderes cercanos al Gobierno; luego, del propio presidente.
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En su discurso, Petro habló de la reforma laboral y de los empresarios, de Gutiérrez y de Álvaro Uribe —aunque sin mencionar su nombre—, de la paz urbana y de El Colombiano. En la tarima lo acompañó parte de su gabinete, líderes sociales, el exalcalde Quintero y nueve jefes de las estructuras criminales del Valle de Aburrá, que hacen parte del diálogo que el Gobierno Nacional adelanta con esos grupos delincuenciales, y salieron de la cárcel de Itagüí para esa concentración política. Por ese lado se movió la reacción de Proantioquia.
En un comunicado del 25 de junio, esa organización afirmó que “una de las grandes victorias de Medellín y Antioquia ha sido haberle quitado el reconocimiento social a la ilegalidad” y que “lo que pasó [ese] sábado en La Alpujarra no puede repetirse”. Lo calificó como una afrenta contra las víctimas, contra la ética pública y contra las instituciones que sostienen el Estado de Derecho. Y entonces, declaró su respaldo, “sin ambigüedades”, al “liderazgo del Alcalde de Medellín y del Gobernador de Antioquia”.
Lina Guisao es politóloga, consultora en Comunicación Política y, además, trabajó hasta 2024 en la Veeduría Todos por Medellín. Para ella, las opiniones de Proantioquia en esos comunicados no son una sorpresa, pero sí encuentra diferencias en la forma y la frecuencia con la que esa entidad pone en lo público sus posturas.
De su análisis al pronunciamiento sobre la condena a Uribe, Guisao señala tres puntos que, a su juicio, son centrales. Primero, que el comunicado destaca “la entereza y dignidad” del expresidente y su familia, justo después de que uno de sus hijos, Tomás Uribe, calificó la decisión como “un asalto de la narcoguerrilla que ostenta el poder”. Segundo, que califica a Uribe como “un demócrata, respetuoso de las instituciones”, cuando acaba de ser condenado por instrumentalizar las instituciones de justicia. Y tercero, señala una contradicción entre la idea de defensa de la democracia y las instituciones, en paralelo con el cuestionamiento a una decisión judicial con una afirmación genérica sobre “las preocupaciones del proceso”.
“Proantioquia es una entidad privada que tiene todo el derecho a decir eso, pero está atentando contra su propio principio que es la defensa de la institucionalidad. Uno de entrada sabe que muchos afiliados tienen esas posturas, pero no deberían ufanarse de lo que no son. ¿Por qué no sacaron un comunicado ante los audios de Leyva o sobre la afirmación de Fico de que Medellín y Antioquia no tenían presidente?”, nos dijo Guisao.
Ese principio del que habla Guisao, el de la defensa de la institucionalidad, es constante en muchas expresiones públicas de Proantioquia, así como también lo ha sido una supuesta asepsia ideológica. Por ejemplo, en marzo de 2025, María Bibiana Botero, para entonces presidenta ejecutiva de esa organización, le dijo a Portafolio en una entrevista que “la agenda social no tiene ideología política”. Respondía, justamente, sobre la relación entre el empresariado y el Gobierno Nacional. Antes, en junio de 2024, en una columna en El Colombiano, Botero cuestionó la Ley Estatutaria de Educación que se debatía en ese momento con el argumento, entre otros, de que el proyecto del Gobierno Nacional tenía “una alta carga ideológica».
“Parece que tuvieran problema para reconocer que en su visión de desarrollo y de progreso, que son dos palabras muy importantes para Proantioquia, hay una apuesta ideológica”, nos dijo una persona que trabajó en esa entidad y que nos pidió no publicar su nombre. “Liderario —aseguró esa misma fuente—, muestra esas apuestas porque en la gente que eligen para participar y que invitan a los espacios de formación hay pistas de los liderazgos que quieren promover”.
Luis Peláez, diputado de Antioquia, de la bancada de oposición, estuvo en la tercera cohorte de ese programa en 2024. Nos dijo que desde el principio se sintió como una cuota de inclusión: “En una reunión unas personas me dijeron que ese era un espacio muy plural. Yo les dije: pero mírense, ustedes son igualitos. Lo que hacen es llamar a personas con visión de liderazgo que no necesariamente están al lado de esas empresas. Yo sigo pensando que hay que tener una articulación para pensar el desarrollo del departamento y me parece un programa excelente, pero se paran en una sola posición política y hacen la ficción de tratarnos como pares”.
Peláez asegura que en Liderario encontró “gente muy buena”, pero que varias veces escuchó el discurso de que ‘la gente es pobre porque quiere’. “También encontré personas con otras posturas, pero al estar en ese espacio las logran encauzar en esa única visión de desarrollo. Fue una experiencia útil para saber dónde no quiero estar”, nos dijo.
Sobre el comunicado por la condena contra Uribe, el diputado afirmó que Proantioquia “dice proteger las instituciones y salvaguardarlas, pero hasta que las decisiones van en contra de su línea política. Yo no voy a estar en contra de la solidaridad, pero son convenientemente solidarios, porque no olvidemos que Uribe maneja el lapicero de las listas de Senado y Cámara, y ese no es un factor menor”.
Cómo se cocina la «voz pública» de Proantioquia
Con el cambio de gobiernos locales y regionales en 2024, el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia volvieron a sentarse en la mesa de Proantioquia. La presencia de los mandatarios de la ciudad y el departamento es casi regla en la asamblea anual de esa organización, con las excepciones de Quintero, y del exalcalde y exgobernador Luis Pérez, que siempre ha tenido una relación distante con ese sector del empresariado. En las dos últimas asambleas, Gutiérrez y Rendón estuvieron presentes y tuvieron un lugar protagónico.
En la de 2025, que fue también la celebración de los 50 años de Proantioquia, Gutiérrez exaltó a esa organización, habló de proyectos conjuntos y de la imputación por corrupción contra Quintero. En los últimos minutos de su discurso se enfocó en el gobierno de Petro: “En circunstancias normales de país, el presidente de la República debería estar acá. Pero no estamos en circunstancias normales, ni él es normal”, se escucharon aplausos y algunas risas.
El alcalde continuó: “Lo que debería pasar en estos espacios (…) es sentarse como tanques de pensamiento a mirar las soluciones desde las regiones para ver cómo vamos a seguir sacando el país adelante una vez exista un cambio real en el 2026. No es un momento para quedarse callados”.
Hablamos con cinco personas que han trabajado o han estado muy cerca de Proantioquia y de integrantes de su Junta Directiva. Todas, por separado y con la solicitud de mantener su nombre en reserva, coincidieron en que ven una intención de darle un mayor protagonismo a la opinión de esa organización en los temas de coyuntura nacional. Para hacerlo, esa fundación parece haber dejado a un lado las fórmulas más protocolarias e indirectas que había antes en sus mensajes.
“No hay una novedad en la postura, pero sí en la forma de ponerlo en lo público. En Proantioquia desde hace varios años se ha ambientado la posición de que los empresarios tengan más voz para asumir posición sobre algunos temas. Con el panorama nacional, ya no quieren discutir solo en cócteles”, nos dijo una de esas fuentes.
Esa percepción la refuerzan los nueve comunicados de los últimos dos meses y, mucho más, el contraste con lo que pasaba antes: entre enero y junio de este año esa organización solo hizo tres pronunciamientos, de ellos, solo uno estaba centrado en posturas o decisiones del gobierno Petro y fue a propósito de las tensiones diplomáticas con Estados Unidos.
Frente a la forma como se decide sobre cuáles temas y cómo pronunciarse, una fuente que trabajó en esa entidad nos dijo que “los asuntos políticos” recaen sobre la Junta, pero que a veces, “dependiendo de la magnitud y la importancia del pronunciamiento, se los enviaban a los presidentes de la empresas afiliadas para que conocieran antes el contenido del mensaje”. Agregó que durante su paso por Proantioquia había tres miembros que eran los más activos e influyentes en esas decisiones:
“Hay unos personajes que tienen mucho peso: Manuel Santiago [Mejía], Jorge Mario [Velásquez], y David Escobar. Muchas veces con estos temas había una conversación previa con ellos antes de ir a Junta. Y Manuel Santiago es el gran validador de las decisiones importantes”, nos dijo.
Le enviamos a Proantioquia un cuestionario de ocho puntos en el que preguntamos, entre otras cosas, por el criterio para pronunciarse en un sentido sobre Quintero y en el opuesto sobre Uribe. Además, sobre el rol de la Junta, y la forma en la que eligen los temas y elaboran sus pronunciamientos. También, si esa fundación se reconoce en una posición ideológica y apoya candidaturas para las elecciones de 2026.
Juliana Velásquez, presidenta ejecutiva de Proantioquia, nos respondió telefónicamente y su equipo de comunicaciones nos remitió un documento escrito que, si bien no aborda el cuestionario punto por punto, sí atendió varias de las preguntas (clic acá para ver la respuesta completa).
Sobre los casos de Quintero y Uribe, el documento dice que “son hechos diferentes” y que en el comunicado sobre el exalcalde cuestionaron su presencia en un espacio empresarial —el foro de precandidatos de Asobancaria—. También, que la razón para emitirlo no es solo que está imputado por corrupción sino los efectos de su alcaldía en proyectos sociales, que “durante su administración se atacó a las empresas de Antioquia [y que] se rompieron relaciones fundamentales entre sector público y privado (…) nuestro comunicado no se pronunció alrededor del proceso judicial del exalcalde sino de su postura frente al sector privado”.
En el caso de la condena a Uribe, la respuesta dice que expresaron “solidaridad y respeto por la decisión judicial, pero también la preocupación que muchas instituciones y personas presentan por el proceso y la politización de la justicia, recordando que pedir garantías no es estar en contra de los fallos (…) Creemos que no se puede confundir respeto con silencio”.
En la conversación telefónica, la presidenta nos dijo que el gobierno corporativo de esa entidad establece que esas decisiones se toman de forma colegiada, por lo que no descarta que en algunos casos sea necesario que la Junta vote y defina posturas por mayoría. Sin embargo, aclaró que para el comunicado sobre la condena a Uribe hubo consenso en ese órgano de dirección.
También en esa llamada agregó que si bien lleva apenas un mes al frente de la entidad, la decisión de pronunciarse con mayor frecuencia obedece a que “la coyuntura nacional es delicada”, a “que puede haber una crisis de confianza” y a que “hay actuaciones de las que no estamos seguros de su legalidad”. Puso como ejemplo el llamado “tarimazo” y los diálogos socio jurídicos entre el Gobierno Nacional y estructuras criminales en la cárcel de Itagüí.
“Estamos en un cambio de paradigma del rol del sector privado en la toma de decisiones. Tradicionalmente ha tenido una postura más prudente o haciéndose a un lado para protegerse, pero hoy, dada la coyuntura, sí estamos llegando a ser un sector privado que toma más posición”, nos dijo.
En marzo, en su discurso durante la asamblea de afiliados de este año, Jorge Mario Velásquez dijo que hablaba en representación de “una entidad que no opera como un gremio empresarial ni como una organización política, sino como un espacio convocado únicamente con el interés del desarrollo y el cuidado de la región y el país”.
Al final de su intervención, celebró que Colombia lleve siete décadas de transiciones pacíficas de poder: “Hoy vemos con preocupación el ataque sistemático del Gobierno Nacional a muchas de nuestras instituciones que han sido garantes de estabilidad democrática (…) Es momento de involucrarnos activa y democráticamente en el debate público, en defensa de la democracia liberal que Proantioquia ha defendido por décadas. No estamos en tiempos para dubitaciones”. El público, de nuevo, interrumpió con un aplauso.
