El lunes festivo 17 de agosto Inravisión les ordenó a los directores de las 20 emisoras detener toda su programación. Desde el martes, se transmite música en lugar de los espacios que se producen en esas estaciones que fueron creadas con el Acuerdo de Paz de 2016.
El pasado lunes, 17 de agosto, y con un mensaje de WhatsApp, Inravisión —el nombre que retomó el Sistema de Medios Públicos al final del gobierno Petro y que reemplazó el de RTVC— les pidió a los periodistas de las 20 Emisoras de Paz, que se ubican en algunos de los municipios más afectados por el conflicto armado, detener su programación habitual. “Nos dijeron que era una orden de la nueva gerente”, le confirmó a El Armadillo uno de esos periodistas que nos pidió no publicar su nombre.
Desde el martes, las emisoras están enlazadas con Bogotá desde donde se transmite exclusivamente programación musical. La decisión también incluye a las 11 emisoras descentralizadas que conforman el sistema de Radio Nacional que suma más de 70 frecuencias en todo el país.
En el trasfondo de esa orden están los movimientos que se han dado en Inravisión desde el pasado 7 de agosto, cuando asumió el gobierno de Abelardo De la Espriella, y luego del nombramiento en la Gerencia de esa entidad de la abogada Ángela María Mora.
Según varias fuentes que trabajan en el Sistema de Medios Públicos, las tensiones comenzaron desde la semana anterior y tuvieron, como contexto, el cubrimiento del terremoto del 10 de agosto. “La decisión que nosotros tomamos fue hacer lo que nos toca, periodismo. Fijamos una posición neutra y nos dedicamos a informar”, nos dijo una de esas fuentes.
Sin embargo, de acuerdo con la versión de una funcionaria de esa entidad, la nueva gerente de Inravisión, cuyo nombramiento fue oficializado con un decreto del Ministerio TIC del 12 de agosto, puso a un periodista a vigilar todas las decisiones editoriales: “La gerente puso a Diego Fajardo, que ni siquiera estaba contratado, de policía para mirar qué sacar al aire. Empezó a darnos órdenes y a meterse a los consejos de redacción. En uno de ellos alguien propuso buscar las voces de los indígenas y las negritudes en Cauca que podían haber quedado afectadas. Él dijo que indígenas no porque politizaban la información”.
Las determinaciones que le dan contexto a la orden de paralizar las Emisoras de Paz quedaron recogidas en un comunicado de prensa que publicó el Ministerio TIC el 16 de agosto. En ese documento, esa entidad anunció el fin de lo que denominó “el aparato de propaganda en el Sistema de Medios Públicos de Colombia”. Agregó que en una reunión el día anterior la gerente Mora y la ministra Alexandra Falla acordaron “un plan de acción inmediato para transformar la programación, revisar la contratación y fortalecer la gestión del Sistema de Medios Públicos”.
Las medidas incluyen la finalización de la franja noticiosa y de opinión en radio y televisión, la revisión “inmediata” de los contenidos que estaban al aire, y de los contratos y convenios de Inravisión. Según el gobierno de De la Espriella en ese comunicado, que es la única información oficial que ha ofrecido hasta el momento, el objetivo “es construir un sistema plural, independiente, transparente y al servicio de la ciudadanía, en el que la información pública no esté subordinada a intereses políticos”.
Pero las emisoras son de la paz
Con matices más o menos drásticos, la forma como los gobiernos han asumido el papel del Sistema de Medios Públicos ha implicado que cada cuatro años hay cambios en la programación, las líneas editoriales y las personas al frente de esa entidad. No obstante, las Emisoras de Paz fueron creadas para dar cumplimiento al punto 6.5 del Acuerdo firmado en 2016 por el Estado Colombiano y las Farc.
Ese apartado del Acuerdo de Paz definió la creación de 20 “emisoras para la convivencia y la reconciliación” y las reglas para el funcionamiento de esos espacios en los años posteriores. Aunque durante la primera etapa la tarea de acordar la programación recaía sobre el Comité de Comunicaciones Conjunto —que debía estar conformado por delegados del Gobierno y las antiguas Farc— y posteriormente se aplicaban cuotas de programación que incluían al partido que surgió de la desmovilización de esa guerrilla, el detalle de lo acordado se enredó en medio de las dificultades más amplias que tuvo la implementación de los acuerdos de La Habana.
“Hasta ahora incluso el gobierno de Duque y luego el de Petro habían respetado las emisoras. Claro que había una línea editorial en los medios, pero nosotros nunca recibimos una orientación específica para seguir esa línea editorial y siempre le abrimos micrófonos a todo el mundo independientemente de su posición política”, nos dijo un periodista que trabaja en una de esas emisoras.
Otro empleado de Inravisión nos explicó que si bien en las emisoras se enlazaban los espacios informativos nacionales, perseguían el compromiso del Acuerdo de Paz de informar sobre iniciativas de construcción de paz y la implementación del acuerdo. Además, el 90 % de su programación respondía a los enfoques y necesidades propias de los territorios donde se ubicaban las emisoras. “Podrían haber quitado el noticiero como lo hicieron en todo el sistema de radio y televisión, pero mantener la producción que se hacía en las regiones”.
Por ejemplo, en la de Ituango, que funciona desde julio de 2019 y es la única Emisora de Paz en Antioquia, había espacios enfocados en la vida y el trabajo de la población campesina, otro programa se dedicaba a la música autóctona y a las expresiones culturales de esa zona del departamento, y algunos más abordaban temas de medio ambiente.
“El riesgo que yo veo es que termine siendo una emisora más. Hay que tener en cuenta las razones por las que se creó esta frecuencia y esa debe seguir siendo su razón de ser. En esa medida creo que es importante mantener esa intenciones de paz del territorio. En muchas partes del país pensarán que aquí vivimos bárbaros o solo actores armados y esta emisora daba una señal de paz, de vida y de resiliencia y de permanencia en el territorio de forma pacífica”, le dijo a El Armadillo Jhonatan Sucerquia, artista y gestor cultural y oyente de la emisora en Ituango.
La frecuencia de esa emisora llega a 16 municipios y cubre las más de 100 veredas de Ituango. “Lo más importante es el servicio a las comunidades y el deseo de estar en todo el municipio ya que es un área muy extensa. Sus programas han respondido a las necesidades de la población urbana, pero también de toda la zona rural”, nos dijo Julio Sepúlveda, otro oyente de la emisora y líder comunitario de ese municipio.
La otra preocupación tiene que ver con las condiciones de aproximadamente 105 personas entre técnicos y periodistas que trabajan para las Emisoras de Paz y que están contratados por prestación de servicios: “Nos da pesar que las emisoras estén jaque cuando son los medios que anhelaban las comunidades y que estaban respondiendo a esa deuda que los medios públicos han tenido con ellas, pero también tenemos incertidumbre porque somos muchas las familias que vivimos de esto. Muchos tenemos contratos hasta octubre y no sabemos qué va a pasar después”, nos dijo una periodista que trabaja en otra de las emisoras.
Aunque buscamos una posición oficial del Gobierno por medio del equipo de prensa de la Presidencia de la República y contactamos a la gerente Ángela María Mora, hasta la publicación de esta historia no habían respondido a nuestras preguntas. Según nos confirmaron varias de las fuentes que consultamos, este jueves 20 de agosto está programada una reunión en la que uno de los temas será, justamente, el destino de las Emisoras de Paz. “Por ahora lo que tenemos son rumores. Dicen que les van a cambiar el nombre y a modificar la programación, pero no han dicho nada oficialmente. En todo caso, hasta están evitando decir Inravisión que porque ese nombre lo puso el gobierno de Petro”, nos dijo un funcionario de esa entidad.
