Desde 2024, un grupo de artistas, estudiantes y gestores demostró en una esquina del centro de Medellín que la cultura también es el reverso de la guerra. Esas personas, que le dieron forma y sentido a la Casa Betsabé Espinal, son algunas de las primeras víctimas en la ciudad de la “batalla cultural” del gobierno de Abelardo De la Espriella.
Mauricio Builes*
Foto: Lina Rozo, Minculturas.
El plan nunca fue sencillo: convertir un edificio patrimonial de 300 años en una casa de cultura popular en zona roja de Medellín. Una casa que, hasta diciembre de 2024, mantuvo las puertas cerradas para el público. Los vecinos cruzaban la esquina de la calle Boyacá con Tenerife y ni miraban la fachada. Era parte del paisaje sucio de San Benito.
Hubo una época, incluso, en la que casi se viene abajo y, lo que hoy es la recepción, era una pequeña montaña de desperdicios y escombros. Los peatones la evitaban y acaso la miraban con la misma indiferencia con la que miran a los indigentes en la plazuela Francisco Antonio Zea, pocos metros hacia el norte.
Entonces vino una acción popular para el rescate patrimonial y la decisión política del Ministerio de las Culturas del pasado gobierno de adecuarla para que abriera las puertas y se llenara de quien quisiera visitarla. Rockeros, migrantes, poetas, barrenderos, monjas, prostitutas, teatreros, cocineras, raperos, pensionadas, ilustradores, artesanos, tinteras y cualquiera que quisiera un espacio seguro para cualquier cosa: ensayar o tomarse un café, leer o ver las flores del patio central, bailar o hacer yoga al caer la tarde.
Al comienzo, la gente desconfiaba. Desde la puerta asomaban la cabeza y preguntaban en la recepción, “¿qué está pasando?, ¿puedo entrar?”. Era difícil creer que, en la trastienda del centro, en el barrio con más problemas de seguridad y de adicciones en Medellín, abrieran una casa de cultura con programación seis días a la semana.
Foto: Mauricio Builes.
Durante el primer mes le pedí a Juan David Belalcázar, gestor cultural de alta sensibilidad y una de las personas más conocedoras del centro, que me acompañara a recorrer inquilinatos y moteles para presentar la oferta de los talleres artísticos. Recuerdo una visita a un edificio de cuatro pisos en la calle 54, cerca del Hotel Nuevo Amor. Llevaba un centenar de volantes y el discurso para convencer a la gente de que en el barrio había una casa para aprender cosas y divertirse. Cuando subí al segundo piso, salieron más de quince niños y dos mamás jovencitas con cara de desconfianza. Esa misma tarde, una de ellas llegó a la casa con dos hijas pequeñas porque querían ver cine, inscribirse al taller de huertas y tener una merienda. Ese fue el primer reto: convencer a la gente de que en “calle abajo” — como le dicen los mismos vecinos— podíamos desafiar el gris y vivir un presente menos hostil.
Hasta hace dos meses la casa tenía el nombre de una hilandera de Bello que, un siglo atrás, luchó por el derecho de las mujeres a un trabajo digno, Betsabé Espinal. Le dimos ese nombre no solo porque queríamos visibilizar una vida que había pasado al olvido ingrato de los historiadores, sino porque desde el comienzo estuvo emparentada con un colectivo de jóvenes con trabajo popular en algunos sectores de Moravia: la Biblioteca Popular Betsabé Espinal.
Ellos hicieron parte del “Estallido Social” en 2021, nacieron como colectivo en una Medellín crispada que salió a las calles para exigir menos indiferencia, menos botas militares, más educación y más ollas populares. Al principio se establecieron en el Parque de Los Deseos, donde hicieron talleres de lectura infantil, comisiones de alimentación y actividades artísticas con los habitantes del barrio. En mayo de 2021 fueron expulsados por la Policía Nacional con gases, explosiones y chorros de agua por orden de la Alcaldía que los señaló, sin pruebas, de estar infiltrados por la subversión.
La violencia en el parque fue brutal, pero sería peor días después, en la antigua estación del ferrocarril de El Bosque, muy cerca de Moravia, a donde habían llegado con los libros que lograron salvar. De allí fueron desalojados y denunciaron la violación a una niña de 16 años por parte de un integrante del Esmad durante el operativo para sacarlos de ese espacio. A partir de esa noche, la estación El Bosque y el trabajo de la Biblioteca se convirtieron, también, en un símbolo de la memoria de las víctimas de violencia sexual.
A finales de 2023, Juan David Correa, ministro de las Culturas en ese momento, viajó hasta Medellín, se reunió con ellos y propuso soluciones para que tuvieran un espacio donde continuar su trabajo comunitario. Primero, medió con la alcaldía de Daniel Quintero para que la estación de El Bosque se les entregara en comodato una vez terminara su restauración. La entrega nunca se concretó. Luego, con el cambio de gobierno local, Correa le insistió con la misma idea al nuevo alcalde, Federico Gutiérrez. Recibió un portazo como respuesta.
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Así las cosas, en el primer trimestre de 2024, el Ministerio les propuso a quienes hacían parte de la Biblioteca Popular habitar la casa de la esquina de Boyacá con Tenerife, construida en el siglo XVIII y declarada monumento nacional en 1954. Esa casa fue entregada en comodato a la Alcaldía de Medellín en 2014, pero con la idea de descentralizar sus funciones y crear un espacio vivo para las artes en la ciudad, el Ministerio la recuperó en 2023 e invitó a los muchachos para que ayudaran a pensar una agenda programática que involucrara a más actores culturales de la ciudad y del departamento.
Para la gente de la Biblioteca no fue una decisión fácil. Nunca se sintieron cómodos del todo porque aceptar esa invitación implicaba trabajar de la mano con funcionarios que, de alguna manera, simbolizaban al Estado que los había hecho protestar en las calles, que los había violentado y que los había expulsado de los espacios que habían habitado antes. Para muchos de ellos era trabajar con el enemigo.
Para quienes trabajábamos en el Ministerio tampoco fue sencillo. Las tensiones y desacuerdos estuvieron sobre la mesa casi cada semana. Hubo reuniones imposibles y formas de abordar los problemas que nos hacían pensar en tirar la toalla. Era poner en marcha un laboratorio que demostrara la posibilidad de crear proyectos artísticos y culturales entre colectivos populares e instituciones a las que les cuesta descentralizar procesos.
Era lógico que nos miraran con la misma desconfianza con la que me recibían en los inquilinatos cuando volanteaba y, también, que afloraran diferencias de criterio a la hora de pensar, por ejemplo, el contenido de los talleres o los horarios de cierre. Sin embargo, ambas partes compartíamos un mismo propósito: trabajar por una programación no excluyente, pero que priorizara a los más oprimidos.
Foto: Lina Rozo, Minculturas.
Hicimos conciertos, recitales y lanzamientos de libros; creamos alianzas con universidades, museos, librerías y escuelas en sectores deprimidos del Valle de Aburrá. Dos de las integrantes de la Biblioteca fueron contratadas como gestoras culturales para que el trabajo comunitario se expandiera a otros rincones de la ciudad. Además, Natalia Riveros, abogada apasionada y encargada de los asuntos jurídicos de los centros históricos de Antioquia, ideó talleres para que la Biblioteca y otros grupos de la ciudad fortalecieran sus capacidades, aprendieran a formular proyectos y se presentaran a becas, convocatorias y estímulos.
En suma, la apuesta no solo consistió en abrir las puertas de una casa patrimonial de 300 años sino en demostrar que se podía crear un proyecto cultural desde y para lo popular. Con el pasar de los días, los talleres se llenaron de niños que llegaban después del colegio para escapar de la asfixia de los inquilinatos, de señoras que querían tomar café y tejer bufandas mientras recordaban sus años en La Veracruz, de literatos en un curso de edición comunitaria dictado por profesoras del Instituto Caro y Cuervo, de actores de teatro en búsqueda de un espacio para ensayar o de artistas plásticos que querían exponer.
La esquina de Boyacá con Tenerife pronto se integró al circuito cultural llamado “Caminá Pal Centro” para multiplicar el alcance de las actividades y, especialmente, para levantar la mano y decir que ahora, en calle abajo, teníamos permiso para la felicidad.
Según un mapa de la inseguridad presentado en el Concejo de Medellín en mayo de este año, la ciudad tiene doce zonas rojas críticas; es decir, sectores con problemas como deterioro del espacio público, inseguridad, microtráfico, indigencia, explotación de niños, niñas y adolescentes, y deterioro ambiental. Cinco de ellas rodean la Casa Betsabé.
Además, según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) hasta el 5 de noviembre de este año la Comuna 10 —a la que pertenece San Benito— es la de más homicidios en la ciudad, con 50 casos; la de más hurtos a personas con 5.448, la de más robos a establecimientos comerciales con 347 y la de más extorsiones con 840 denuncias.
Quienes han pasado por la esquina de Boyacá con Tenerife, saben que no hay que ver el mapa o las estadísticas para sentir miedo. Abrir las puertas de la Casa Betsabé significó sumarle una cara menos amarga a la película trágica que es el centro de Medellín.
“¿Podemos entrar?”
Foto: Mauricio Builes
Hay un taller que resume la esencia de lo que fue la Casa Betsabé. Se llama(ba) Cocinas para la Paz y fue una idea que nació gracias al artista plástico Alejandro Ramírez. El año pasado se acercó a la casa después de que lo rechazaran en el Pueblito Paisa, donde quería exponer su escultura “Termómetro”, un laboratorio de cocina colectiva alrededor de un fogón artesanal.
Estuvo expuesta varias semanas y se hicieron comelonas guiadas por el artista. Le propusimos no desmontar la escultura y crear una jornada cada quince días en unos de los patios para invitar sabedoras de los barrios periféricos que enseñaran sobre tal o cual receta del Quindío, Chocó o Santander.
Fue taquillero porque juntó ese sentir primigenio de los muchachos de la Biblioteca Popular con el deseo de la gente por contar historias mientras amasa con levadura para alejarse de la orfandad social que tantas veces ofrece Medellín. En esas jornadas se vivió el verdadero laboratorio al que aspiramos en un principio.
Hoy se sienten otros aires. El gobierno de Abelardo De la Espriella instaló su “batalla cultural” desde Bogotá y una de sus primeras víctimas fue la memoria de la mujer sindicalista de Bello. Ya borraron el nombre “Betsabé Espinal” de la fachada y de las redes sociales, eliminaron la palabra “paz” de los talleres artísticos, incluido “cocinas”, y prohibieron la entrada a la gente de la Biblioteca Popular.
El pasado 16 de octubre en una alocución con tono militar, la ministra de Cultura, Paola Holguín, dijo que ese espacio se había convertido en un “centro de activismo del social-comunismo, de la apología al delito y del atropello a los valores y principios fundacionales de nuestra nación”. Una semana después, la Biblioteca emitió un comunicado rabioso en el que se desligaba de las actividades de la casa, además de irse, de manera injusta, en contra de las personas que mantienen las puertas abiertas a pesar del sello patrio.
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El espacio está sin dirección programática y dando tumbos presupuestales. De los cinco contratistas que tenía la casa, solo quedan dos y actividades como las batallas de freestyle —que se hacían con artistas populares de la Comuna 8— tuvieron que suspenderse porque no hay cómo soportarlas económicamente. En este punto del año, no hay certezas de que los eventos venideros puedan realizarse.
A pesar de que desde Bogotá solicitaron un plan presupuestal para 2027 y autorizaron la contratación de un nuevo gestor hasta diciembre, no es clara la directriz frente el futuro de la casa.
El Presupuesto General de la Nación para 2027 fue aprobado con una reducción aproximada del 30 % para el Ministerio de las Culturas y la ministra en sus declaraciones públicas insiste en los recortes para el sector artístico. Sin embargo, más allá de los embates económicos, lo que más pesa es el señalamiento y la exclusión de lo que no encaje en la ideología del gobierno de Abelardo De la Espriella.
Se le puso una etiqueta que, en una ciudad como Medellín con un contexto radicalizado, convierte a la casa y quienes la habitan en una amenaza al orden social. Se le dio un golpe mortal a un espacio hospitalario que nunca se inscribió en ninguna batalla.
En el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Santiago de Chile hay un salón dedicado exclusivamente a la cultura popular y a cómo fue objeto de una persecución e intento de borrado sistemático después del golpe de Estado de 1973. “Además de la violencia sobre las personas —dice un texto en una de las paredes— se destruyen y vigilan instituciones culturales, se cancelan espectáculos, se intervienen universidades, se cierran escuelas de arte, cine, música y teatro; se expulsa a estudiantes y a docentes y se prohíben producciones culturales y artísticas disidentes”. Los testimonios, además, explican que la dictadura desmanteló la rica organización vecinal, sindical y de cultura comunitaria que se había reactivado en los años previos.
Ese registro historiográfico también evidencia cómo la cultura popular funcionó como herramienta de resistencia colectiva frente a la censura oficial y la represión. Por eso, frente al estigma y la atmósfera de miedo que rodean la casa en los últimos meses, hay que recobrar ideas de aguante y tenacidad como las de la profesora, Tatiana Tejada, que se empeña en hacer talleres de memoria barrial para recordarnos cien veces que la Casa Betsabé Espinal fue refugio para una familia numerosa que sigue preguntando desde la acera: “¿Podemos entrar?”.
* Periodista, comunicador y profesor universitario. Fue el coordinador de la Casa Betsabé Espinal hasta el 5 de agosto de 2026.
