A finales de enero, el medio digital Nación Paisa publicó una nota y un hilo en X en el que, con base en un documento del Ministerio de Transporte, afirmó que la Alcaldía de Medellín no recibiría los recursos del Gobierno Nacional para las obras del Metro de la 80 por incumplir el convenio de cofinanciación entre la Nación y el Distrito. Revisamos ese documento y los detalles de esa información y encontramos que sus afirmaciones son engañosas.
El pasado 29 de enero, el medio digital Nación Paisa publicó un hilo de X y una nota en su sitio web que tituló así: “Fico no recibiría recursos para el Metro de la 80 por incumplir convenio de cofinanciación”. Esa información fue publicada pocas horas después de que el Gobierno Nacional anunció el aplazamiento de $12 billones del presupuesto de 2025 por cuenta de que las proyecciones de recaudo no alcanzan a cubrir los gastos. El aplazamiento incluye, entre otros, recursos dirigidos a ese proyecto en Medellín y al Metro de Bogotá.
La afirmación de Nación Paisa, que conecta la no entrega de la plata del Metro de la 80 con un supuesto incumplimiento de la administración de Federico Gutiérrez, se desarrolla en una nota de seis párrafos que a su vez se sustenta en un documento del Ministerio de Transporte.
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Según el primer párrafo de la publicación, ese documento “revela que la administración de Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, no cumplió con los compromisos establecidos en el convenio de cofinanciación para el proyecto Metro Ligero de la Avenida 80”. Afirma que el incumplimiento tiene que ver con lineamientos de gobierno corporativo por cuatro modificaciones en los estatutos de la empresa Metro de Medellín y que esa es la razón que “ha llevado a que el Gobierno Nacional decida no desembolsar los recursos pactados”.
En su párrafo de cierre la publicación, que compartió ese mismo día en su cuenta de X el presidente Gustavo Petro, afirma que “el futuro del Metro de la 80 queda en entredicho” y que la administración de Gutiérrez “deberá enfrentar posibles consecuencias legales y administrativas derivadas de sus acciones”. Sin embargo, en el texto no queda claro la naturaleza del documento en que Nación Paisa se basa, no cita textualmente ninguno de sus apartados ni hay información sobre su fecha ni a quién fue dirigido.
Mientras tanto, el hilo de X, que ha tenido más de 2100 republicaciones, incluye imágenes de varias páginas del documento, pero desarrolla esencialmente el mismo texto de la página web, sin retomar el contenido de lo expuesto por Mintransporte. Por eso, con la información de esas imágenes, buscamos el documento original, revisamos el convenio de cofinanciación y ampliamos el contexto para verificar las afirmaciones de Nación Paisa.
La reforma de estatutos y el convenio de cofinanciación
El trino en que el presidente Petro compartió el enlace a la nota de Nación Paisa incluye también siguiente texto: “La alcaldía incumplió el convenio de cofinanciación firmados por pasados gobiernos, que es causa, segun las normas, de aplazamiento de los recursos que la nación destina para financiar las obras objeto del convenio y que tenían que ver con el metro de la 80” [SIC]. Sin embargo, el documento del Ministerio de Transporte deja un margen de duda y por tanto es engañoso afirmar, como lo hicieron el presidente y Nación Paisa, “que la administración de Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, no cumplió con los compromisos establecidos en el convenio de cofinanciación para el proyecto Metro Ligero de la Avenida 80”.
Para explicar las razones, es necesario detenerse en los antecedentes:
El metro de la 80 es uno de los proyectos incluidos en el Plan Maestro 2006-2030 del Metro de Medellín, un instrumento de planeación que, en síntesis, define la forma como debería expandirse el sistema de transporte de la ciudad. Para ese proyecto en particular, durante la alcaldía de Daniel Quintero y la presidencia de Iván Duque, el Metro de Medellín, el Municipio —ahora Distrito— y la Nación firmaron un convenio de cofinanciación que definió los compromisos de las partes para destinar los recursos necesarios para la obra.
Esto último, con base en las normas que permiten que el Gobierno Nacional haga inversiones que van desde el 40 hasta el 70 % en proyectos de transporte público colectivo o masivo, siempre que se cumplan una serie de requisitos. Esa obra, además, fue declarada en 2020 como de importancia estratégica por la Alcaldía de Medellín y la Nación, y recibió el aval fiscal de ambas partes.
Entonces el convenio, además de definir los montos de la cofinanciación (70% la Nación y 30 % el Municipio1 El convenio estableció que los aportes de la Nación serían por $3.5 billones y los del Municipio por poco más de un billón de pesos. Sin embargo, desde principios de 2024 la alcaldía de Gutiérrez advirtió sobre un faltante cercano a $1.1 billones por cuenta de varias obras no previstas y de que no se estipuló la indexación de los recursos que tendría que entregar el Gobierno Nacional entre 2024 y 2029.), definió una serie de obligaciones de la Alcaldía y del Metro de Medellín. Algunas de ellas tienen que ver, en efecto, con el gobierno corporativo de la empresa de transporte. En concreto, ese convenio establece que “el Metro debe mantener la representación de la Nación en la conformación actual de su junta directiva: esto es (5) cinco miembros principales y sus respectivos suplentes personales designados por el Presidente de la República”, incluidos los representantes de los ministerios de Hacienda y de Transporte.
Pero el asunto tiene aún más filigrana jurídica, pues el convenio también fija la condición de cumplir con las “recomendaciones establecidas para el Municipio en el documento Conpes 4003 de 2020”, el mismo que declaró la importancia estratégica del Metro de la 80. Allí, el Consejo Nacional de Política Económica y Social estipula como requisito que el Metro de Medellín se enmarque en “lineamientos de gobierno corporativo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público”. De ahí la posición que expresa el Ministerio de Transporte, de acuerdo con la versión de Nación Paisa.
Entonces, le pedimos a la Alcaldía de Medellín el documento original que referenció ese medio y que es, en realidad, una carta del 10 de enero de 2025 enviada por la entonces ministra de Transporte María Constanza García a Tomás Elejalde, gerente del Metro.
Son 14 páginas en que Mintransporte se refiere a una reforma en los estatutos del Metro de Medellín que fue formalizada en diciembre de 2024. Esa movida es uno de los hitos en una disputa que empezó en 2023, al finalizar el periodo de Daniel Quintero, por cuenta del interés del grupo político del exalcalde de remover de su cargo al gerente Elejalde, apuesta que se hizo explícita en la citación a una junta extraordinaria que incluía ese punto en el orden del día y que finalmente fue cancelada.
En ese momento, fue el entonces gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, quien se opuso más abiertamente a la pretensión de la Alcaldía de Medellín a la que acusó de promover una “toma hostil” del Metro con el apoyo del Gobierno Nacional. Lo cierto es que, en medio de los señalamientos mutuos de estar politizando a esa empresa, la discusión sobre el cambio de gerente se aplazó y las cargas se movieron con la llegada de Federico Gutiérrez y de Andrés Julián Rendón a los gobiernos distrital y departamental.
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Entonces pasaron varios meses hasta que, en noviembre de 2024, el Metro anunció la modificación de sus estatutos. En un comunicado conjunto, firmado por Gutiérrez y Rendón, aseguraron que, en su calidad de socios de esa empresa (Alcaldía y Gobernación comparten la propiedad cada una con el 50 %), acordaron modificaciones en varias políticas, incluyendo los estatutos sociales.
En ese mismo comunicado, y sin ofrecer mayores detalles, afirmaron que las modificaciones contemplan “la definición de un proceso de nominación y designación de los miembros independientes, nuevas funciones estratégicas para la Junta de Socios, como la definición de políticas y el nombramiento del gerente general”.
Esos miembros independientes, que son tres, constituyen junto a los delegados de Minhacienda y Mintransporte la representación del Gobierno Nacional en esa Junta Directiva. Y justamente el proceso de nominación que menciona el comunicado es una de las cuatro modificaciones en los estatutos sobre los que alerta el Ministerio de Transporte en su carta al gerente Elejalde.
En resumen, el reclamo tiene que ver, primero, con que la reforma de los estatutos quitó a la Junta Directiva la función de nombrar gerente. En su lugar, le otorgó esa potestad a la Junta de Socios, que está conformada solo por el gobernador y el alcalde.
Segundo, con la definición de requisitos en el perfil de los miembros independientes de la Junta Directiva. Los nuevos estatutos estipulan, por ejemplo, la condición de que tengan título de posgrado y 15 años de experiencia profesional.
Tercero, con la modificación del procedimiento para el nombramiento de esos miembros independientes. Con la reforma, el presidente de la República nomina, pero una Comisión de Gobierno Corporativo verifica requisitos, puede devolver las hojas de vida y pedir nuevos candidatos en caso de que no cumplan esas condiciones.
Y cuarto, justamente la creación de esa Comisión de Gobierno Corporativo. Esa instancia integrada por el alcalde, el gobernador y un miembro independiente; además de que revisa para avalar o rechazar a quienes nomine el presidente, tiene las facultades de elaborar el reglamento de la Junta y ordenar al gerente iniciar acciones judiciales para anular designaciones de miembros independientes cuando no se cumpla el proceso.
Esas acciones, que en todo caso le restan margen de maniobra al Gobierno Nacional en el gobierno corporativo del Metro, tienen un propósito que dejó explícito el alcalde Gutiérrez en una respuesta al trino del presidente Petro asegurando que la Alcaldía incumplió el convenio de cofinanciación. El alcalde escribió: “Con el fin de garantizar el gobierno corporativo y cuidar el patrimonio público, cambiamos los estatutos del Metro para que usted no metiera la mano escogiendo un gerente corrupto y poco técnico como es su estilo”.
El análisis de Mintransporte y la discusión jurídica
A diferencia de lo que publicó Nación Paisa y de lo que dijo el propio presidente Petro, la carta del Ministerio de Transporte no afirma que es un hecho probado que la reforma de estatutos constituya un incumplimiento al convenio de cofinanciación y expresa con claridad que se trata de un concepto. Lo que sí dice la ahora exministra en su comunicación es que esas modificaciones son “sorpresivas” y que “requieren ser revisadas jurídicamente”.
En el apartado en que analiza los cuatro cambios, cuestiona que hayan sido formalizados sin consultar a la Junta Directiva, dice que no hay razones jurídicas o institucionales para quitarle a ese organismo la facultad de nombrar gerente y, entre otros argumentos, afirma que los requisitos impuestos a los miembros independientes de la junta “vulnera la potestad de designación del presidente”. Todo eso, en concepto del ministerio, viola el convenio de cofinanciación.
Sin embargo, a lo largo de toda la carta Mintransporte insiste en que se trata de una interpretación “que se expone para su análisis [el del Metro] a fin de conocer su postura y toma de medidas”, invita a esa empresa a “analizar” esa postura y “conmina a la generación de acciones para corregirlos [los estatutos]”.
Además, el Ministerio expone que remite copias a distintas autoridades “para que cada una dentro de sus competencias, revise el análisis que a manera de concepto se contiene en este escrito, y de considerarlo, tomen las medidas y/o acciones necesarias y urgentes”. Lo anterior, en la vía de lo establecido en el convenio de cofinanciación para la “solución de controversias”. Ese acuerdo estipula que de ser legalmente posible se resolverán por negociación directa entre las partes y que si no es posible un acuerdo, el asunto se llevará a un tribunal de arbitramento.
La carta abre la puerta a esa conciliación. En su último párrafo afirma: “Desde el Gobierno Nacional estamos prestos a acompañar los espacios que sean necesarios para que entre todos se logre adelantar un trabajo articulado que permita solventar la actual situación”.
Buscamos una postura oficial de Mintransporte que complemente el contenido de la carta, pero no recibimos respuesta. Sin embargo, hace varios días una fuente de ese Ministerio, citada por La Silla Vacía de manera extraoficial, afirmó que tienen “presente el cambio en el gobierno corporativo”, pero “todavía no podemos decir que haya un incumplimiento. El congelamiento de recursos no debería estar asociado a eso”.
Por su parte, en una carta dirigida al presidente el 30 de enero, el alcalde Gutiérrez asegura que el distrito ya ha destinado cerca de $684 mil millones al proyecto. Luego le pide al Gobierno Nacional informar la fecha proyectada para los desembolsos pendientes, estipulados en el convenio de cofinanciación, para 2024 ($483 mil millones) y 2025 ($497 mil millones). Sin embargo, en ninguna parte de la carta Gutiérrez se refiere al concepto de Mintransporte sobre los cambios en los estatutos del Metro.
Sobre Nación Paisa
En 2021, Johanna Jaramillo, la segunda gerente de Telemedellín durante la administración de Daniel Quintero, elaboró un informe en el que recogió varias alertas previas sobre decenas de medios a los que, por orden de la Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía, el canal (que opera como agencia de medios de la administración distrital) debía asignar pauta publicitaria.
En ese documento Nación Paisa aparece en un grupo de 14 medios sobre los que Telemedellín tenía inquietudes porque recibían asignaciones presupuestales por encima del promedio, y además eran portales o espacios informativos de creación reciente o “con problemas de calidad”.
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De acuerdo con los datos recopilados en ese momento por el canal, Nación Paisa fue creado en febrero de 2021 (ya durante la administración de Quintero) y casi de manera inmediata fue incluido en los planes de pauta y recibió recursos públicos de la Alcaldía de Medellín. Para mayo de ese año tenía 102 seguidores en Twitter (ahora X). En la actualidad tiene poco más de 7 mil.
El mismo informe indica que es uno de los tres medios creados por la empresa Significamos Comunicaciones que aparecen listados en esa alerta. Esa sociedad tuvo contratos con diferentes objetos con la Alcaldía de Medellín que sumaron cerca de $1000 millones en la alcaldía de Daniel Quintero. De ellos, $282 millones correspondieron a contratos (como este) para la publicación de pauta publicitaria. Desde que Federico Gutiérrez asumió como alcalde ninguno de esos medios ha contratado pauta oficial con el Distrito.
En enero de 2023, Nación Paisa anunció que Luis Gustavo Moreno, el fiscal anticorrupción condenado por corrupción, asumió como Jefe de Contenidos Especiales y Editoriales de ese portal. En realidad, el anuncio lo hizo el propio Moreno en un video que grabó en la sede de Significamos Comunicaciones, en el que también agradeció “primero a Dios y esta casa editorial” por esa “segunda oportunidad”. Moreno es ahora el abogado de Sneyder Pinilla, una de las principales fichas del escándalo de corrupción de la UNGRD.
Desde 2024 la marca de Nación Paisa aparece asociada a la firma Casa Editorial y Contenidos Especiales Y-comerce SAS, que fue matriculada en abril de ese mismo año en la Cámara de Comercio de Bogotá. Tratamos de comunicarnos con Henry Alonso Velandia Martínez, quien figura como su único accionista, pero no contestó al número de celular que aparece en los registros de esa empresa.
También buscamos a Significamos Comunicaciones para preguntarles si mantienen algún vínculo con Nación Paisa y su gerente, Carolina Sarmiento, nos respondió que hace aproximadamente un año y medio iniciaron un proceso de negociación y cedieron todos los derechos comerciales. “Actualmente no tenemos relación alguna”, nos dijo. Agregó que ese medio fue un emprendimiento que surgió durante la pandemia como una alternativa para no despedir a nadie, pero que luego decidió vender por no ser el core de su negocio.
