Múltiples relatos de abuso policial y de retenciones irregulares por parte de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá explican una cifra de desaparecidos en disputa y que las detenciones han sido usadas como escarmiento contra los manifestantes del paro nacional.
Por: Vanesa Restrepo y Juan David López Morales
A la medianoche del sábado 1° de mayo de 2021, Tomás y Santiago caminaban desorientados por Medellín. No sabían dónde estaban. Después de ser detenidos, golpeados, fichados e interrogados por la Policía, fueron liberados en la sede de la Sijín en el barrio Caribe. En la ciudad no se terminaba de apagar el calor de la cuarta jornada de tropel. Sus celulares estaban descargados y sus billeteras vacías cuando fueron detenidos de nuevo por un camión militar.
Tomás y Santiago no se llaman así. Estos nombres ficticios protegen sus identidades, porque “uno nunca sabe” —dice uno de ellos—, pues hacen parte de la lista de personas que estuvieron desaparecidas en medio de las jornadas del paro nacional que inició el 28 de abril, y que continúa.
La Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada, que reúne a organizaciones sociales y de derechos humanos, reportó hasta el viernes 7 de mayo 548 personas desaparecidas en las movilizaciones en Colombia, de las cuales 359 todavía no habían sido halladas. De estas, hay 236 en Antioquia, la mayoría en Medellín y su área metropolitana. 58 han aparecido, todas con vida —incluyendo a Tomás y Santiago—, cuenta Adriana Arboleda, directora de la Corporación Jurídica Libertad.
“Sin embargo, en su gran mayoría fueron capturas arbitrarias. Se utilizó la figura de traslado por protección. En su mayoría sufrieron torturas y tratos degradantes como golpizas, amenazas y abusos sexuales en el caso de las mujeres. Las personas estuvieron incomunicadas, se les quitó el celular y no se les permitió comunicarse con las familias ni con un abogado”, describe Arboleda. Esa incomunicación es la razón por la que fueron reportadas como desaparecidas.
Al cierre de este informe, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá respondió un cuestionario remitido por El Armadillo en el que dice que entre el 28 de abril y el 5 de mayo de 2021, en el marco de las protestas, 70 personas fueron capturadas y 365 “trasladadas por Protección”.*
31 horas en un camión
Santiago condensa en pocas frases las largas horas que empezaron cuando la marcha del 1°. de mayo terminó en enfrentamientos con el Esmad. Ellos salieron corriendo y trataron de resguardarse en Moravia, cerca al Parque de los Deseos, epicentro de la movilización de estos días en Medellín. Allí, a las 7:00 de la noche fueron capturados y amenazados por civiles del sector. “Me cogieron con palos y cuchillos, diciéndome que me iban a matar, que vamos hacia el río”, cuenta. En ese momento pasaron varios patrulleros de la Policía y las personas que los tenían retenidos los entregaron.
Los policías los golpearon, les echaron un polvo picante en los ojos, a Santiago le cortaron varios mechones de pelo y le jalaron las orejas, en las que tiene expansores. Luego, los montaron a una patrulla donde los amenazaron y les dijeron que los “espera el río Medellín”.
Luego les revisaron los celulares y, aunque cesaron los maltratos físicos, empezaron a calificarlos como “guerrilleros” y los llevaron al Centro de Traslado por Protección (CTP) de Barrio Triste. De allí los trasladaron a la sede de la Sijín. “Me decían que dijera la verdad, que ya sabían a qué me dedicaba. Yo no sé qué esperaba que le dijera”, cuenta Santiago.
Pasadas las 8:15 de la noche empezaron un proceso de individualización, los fotografiaron y les hicieron firmar un acta de buen trato. Como no encontraron mérito para mantenerlos detenidos, los liberaron. Ya era medianoche. Ambos viven hace apenas algunos meses en Medellín, estaban desorientados, no tenían dinero ni cómo comunicarse y tampoco había transporte público. Empezaron a caminar hacia el sur, por la avenida Regional y allí, 40 minutos después, varios soldados del Ejército los detuvieron y los subieron a un camión.
Había entre 20 y 30 personas, algunas de ellas heridas. Estuvieron dando vueltas una hora más, buscando más gente en las calles. Luego, el vehículo se estacionó en un sitio que, cree Santiago, quedaba saliendo de la ciudad. “Las personas hacían sus necesidades prácticamente ahí, estuvimos sin comer. Nos tuvieron ahí hasta el lunes a las 8:00 de la mañana más o menos”.
En la mañana del lunes, el camión volvió a moverse, “como que se adentró más en la ciudad y empezaron a sacarnos por grupos y nos dijeron que podíamos irnos”. Fueron en total 31 horas en esa segunda retención. Tomaron un taxi que un amigo les pagó. Una de las personas que lideró su búsqueda durante todo el fin de semana contó que cuando los vio ese lunes Tomás y Santiago estaban “como unos zombies, como en piloto automático”.
Foto: Santiago Mesa
Violencia sin tregua
«¿Por qué me pegan? ¿Qué les hice? Yo también le serví a la patria». Con esos gritos Miguel intentó calmar los ánimos de cinco policías que lo tenían reducido en el suelo y lo seguían golpeando con sus bolillos. «Vándalo hijueputa, ahí sí no es tan hombre, ¿no?», le contestó un policía que, acto seguido, le dijo que estaba capturado sin explicarle por qué. Miguel tampoco se llama así, también tiene miedo.
Era la noche del 1° de mayo. Miguel había salido a encontrarse con una amiga en Niquía, a unos 600 metros del peaje que fue incendiado aproximadamente a las 8:30 de la noche. El joven perteneció a las Fuerzas Militares y por eso cuando sintió gritos y estallidos, eligió quedarse en una estación de gasolina; sabía que la Fuerza Pública la resguardaría, pues una explosión allí sería mortal. Lo había aprendido en sus años de servicio.
«Pero la Policía no copió de nada. Tiraron gases lacrimógenos y bombas aturdidoras y yo salí. Ahí me cogieron, me pegaron,» recuerda. Pasó dos horas sometido a golpes y esperando un camión al que finalmente lo subieron con otros hombres que nunca había visto. Ese carro rodó hasta el peaje recogiendo más detenidos, hasta sumar casi 50, y pasadas las 11:00 de la noche llegó a la estación de Policía de Bello.
Miguel recuerda a una mujer, subteniente, que los recibió y les dijo a sus subalternos que «solo necesitaba 19». Ella misma eligió quiénes se quedaban y a los demás, dice, los enviaron a recoger basura.
A esas 19 personas les leyeron sus derechos y les notificaron por qué estaban detenidos casi cinco horas después de que los golpearon. Miguel reconoce que les dieron la opción de hacer una llamada, pero que eran los policías los que se comunicaban con las familias sin que ellos supieran qué decían, por eso él prefirió no hacerlo y en la madrugada lo trasladaron al búnker de la Fiscalía.
Los detenidos pasaron dos días en celdas estrechas, sin comida, sin agua y sin baño. Dos días en los que ninguno se bañó o cepilló los dientes. Dos días orinando en botellas vacías, aguantando las ganas de defecar porque no había espacio para hacerlo y soportando los dolores de la golpiza. La valoración que hizo Medicina Legal sobre su caso confirma que fue golpeado con objetos contundentes. Esa entidad le dio una incapacidad de siete días.
Luego vinieron las audiencias. David Castañeda, abogado penalista de Eafit y defensor de uno de los detenidos, asegura que, antes de empezar, la fiscal del caso les comunicó que no solicitaría medida de aseguramiento ni haría imputación de cargos porque no tenía pruebas suficientes, pero les pidió que no se opusieran a la legalización de la captura. Eran las 11:30 de la noche del 2 de mayo y ella terminaba turno a las 2:00 de la mañana, por eso les ofreció el trato. Los 19 abogados —uno por cada procesado— sabían que la captura había sido irregular por el uso de violencia, pero temían que otro fiscal tomara una decisión diferente, así que aceptaron.
Finalmente, en la madrugada del 3 de mayo el juez legalizó la captura con base en un documento en el que los detenidos decían que les habían respetado sus derechos. Según Miguel, no les permitieron leer antes de firmar.
«Hemos visto muchas decisiones como esta, sin asidero jurídico y pareciera que les están intentando cobrar de esta manera a las personas que ejercen su derecho a la protesta. Hay muchas capturas por fuera de la ley y la Fiscalía por ahora parece solo tener interés en lavar la cara de las intervenciones policiales, seguramente para proteger al Estado de eventuales demandas», dijo el abogado Castañeda.
¿Violencia institucional?
La violencia policial, coinciden varios abogados consultados por El Armadillo, parece ser una forma de actuar de las autoridades para «castigar» a los manifestantes. Y no solo a ellos. William Vivas, Personero de Medellín, asegura que más de 50 funcionarios de esa entidad fueron agredidos física y verbalmente durante los días de protesta. Tres de ellos con lesiones de consideración.
Además, los uniformados entregan informes imprecisos. Así sucedió con Sara Zuluaga, una joven capturada y procesada por vandalismo y violencia contra servidor público porque, según los informes, había participado de una turba que golpeó a varios policías y lesionó a dos en El Poblado el pasado 28 de abril.
El caso de Sara se hizo viral por un video en el que aparece llorando mientras está retenida. Ella, recuerda, salió ese día a marchar y estaba caminando por la calle 10 para resguardarse en medio de un aguacero. Un video captado por alguien de la zona y que se conoció días después, muestra el momento exacto en el que la Policía la aborda, junto con tres jóvenes que hasta ese momento no conocía, los golpean y los insultan.
Santiago Trespalacios, uno de los defensores en el caso, asegura que en el informe los policías testifican que vieron a Sara y a los tres jóvenes atacar a sus compañeros, que nunca los perdieron de vista y que la captura fue en flagrancia. Pero en las audiencias hubo versiones contradictorias: que por los gases no había visibilidad y que no hubo actos violentos previos, entre otras.
A Sara y a sus compañeros también los llevaron al búnker de la Fiscalía. La joven cuenta que en su celda había pocas mujeres, pero que al lado había un calabozo con más hombres de los que podía albergar y que los pasillos estaban llenos de personas retenidas. Además de dormir poco, comer mal y orinar en un balde, a ella le impresionó ver peleas entre los retenidos en las que los custodios no intervenían.
Mauricio Urquijo, otro abogado y defensor en este caso, señaló que el juez ordenó enviar a los jóvenes a una cárcel. Los abogados apelaron y para la siguiente audiencia, dos días después, lograron conseguir el video que probaba lo sucedido. Pero el juez insistió en que no había evidencia de que los jóvenes no hubieran atacado a los policías antes. “Decía que igual las manifestaciones eran peligrosas, que estaban infiltradas por las Farc y que no sabía qué estaban haciendo los detenidos antes de lo que se ve en el video», cuenta Urquijo.
Por eso cree que en este y los demás casos lo que hubo fue una revictimización por parte del Estado: «Tortura no solo es que los corten o les peguen, también es no dejarlos asearse, no tener baños, no permitir que les lleven comida y que un juez diga que supone que hiciste algo que en un video se ve que no hiciste».
La dificultad de contar a quienes no aparecen
Una funcionaria de la Alcaldía de Medellín que ha acompañado las manifestaciones le confirmó a El Armadillo que ha verificado la práctica de detenciones ilegales y arbitrarias. “Sí ha habido abuso de la fuerza y vulneración de derechos humanos en las detenciones. Están trasladando a la gente en camiones, eso está prohibido; están trasladando a menores de edad al CTP, eso está prohibido; están haciendo que los pelados apaguen el celular apenas los agarran, no les permiten comunicación y los están torturando al interior de los CAI”, cuenta la funcionaria.
Según la Campaña Defender La Libertad, una red de organizaciones que denuncia la criminalización de la protesta social, hasta el 6 de mayo se habían registrado en el país 1.251 detenciones, la mayoría de forma irregular.
Las arbitrariedades con las que la Fuerza Pública ha actuado dificultan el rastreo de las personas detenidas, dice la funcionaria, y menciona como ejemplo los casos de Tomás y Santiago, a los que también hizo seguimiento. Ella confirma que “los tuvieron más de 24 horas sin poderle avisar a nadie y los torturaron. Casi todas las personas que han estado desaparecidas las ha agarrado la Policía. Los han tenido más tiempo del permitido por la ley y no dejan que le avisen a nadie, en algunos casos ni siquiera pasan el reporte al Puesto de Mando Unificado”.
Explica que, si bien desde la Alcaldía pueden acceder a algunos registros, es difícil rastrear a quienes han sido llevados a los CAI o a las URI. Adriana Arboleda coincide en que hay dificultades para acceder a información sobre las personas retenidas y que por eso sus colaboradores van antes de las 4:00 de la mañana a pedir información a las URI “porque en el día es imposible que la den”.
“La hipótesis de nosotros es que no tienen registro porque eso les permite actuar de la forma irregular, incomunicando a las personas y estableciendo modalidades de castigo contra los jóvenes marchantes”, dice Arboleda. Minutos antes de conversar con El Armadillo, conoció el caso de un joven que estuvo privado de la libertad entre el 30 de abril y el 6 de mayo, cuando apareció con golpes en su cuerpo. Pese a que la madre del joven recorrió los CAI y las URI preguntando por él, no recibió información. Para Arboleda, “eso claramente es una desaparición forzada, una grave violación a los derechos humanos”.
Así, las cifras de desaparición en el contexto del paro obedecen, en buena medida, a las detenciones masivas, pero también a la dificultad de llevar registros completos. Una persona que participa en la elaboración de las bases de datos de desaparición forzada que adelantan las organizaciones sociales explica que han encontrado registros duplicados e información incompleta o desactualizada.
Adriana Arboleda explica, en el mismo sentido, que las cifras conocidas provienen de “una base de datos muy precaria, porque a veces solamente tenemos el nombre”. Para ella, la dificultad radica en la ausencia de rutas oficiales. Las barreras de información podrían solucionarse “tranquilamente si la Policía tuviera todo el registro y el Ministerio Público estuviera haciendo su trabajo de verificación en terreno y en los sitios de reclusión”.
En Colombia la desaparición forzada está tipificada en el artículo 165 del Código Penal: este delito ocurre cuando alguien priva a otra persona de su libertad, seguido de su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o a dar información sobre su paradero. La detención arbitraria también se encuentra contemplada en uno de los capítulos del código y es, en resumen, cuando un servidor público abusa de sus funciones y retiene o mantiene detenida a una persona sin el cumplimiento de los requisitos legales.
Pero en medio está el Código de Policía, que permite a la Fuerza Pública trasladar a una persona para su protección o la de terceros cuando ponga en riesgo su vida o la de otros, cuando deambule en estado de indefensión o alteración de conciencia y cuando esté involucrado en una riña o presente comportamientos agresivos.
En el contexto de tensión y confrontación política de la protesta social, el fenómeno de la desaparición podría explicarse por las detenciones arbitrarias. Ocultar información, incomunicar a los detenidos, demorar la legalización de las capturas en caso de que las personas vayan a ser judicializadas y abusar de la figura de traslado por protección son algunas de las irregularidades.
Pero este no es un fenómeno nuevo. De hecho, el primer caso de desaparición forzada del que se tiene registro en Colombia ocurrió precisamente en el contexto de una protesta: el paro cívico nacional de 1977. Omaira Montoya Henao, bacterióloga de la Universidad de Antioquia, fue capturada en la ciudad de Barranquilla el 9 de septiembre de ese año, cuando participaba en actividades previas a la movilización.
En el paro actual, hasta ahora no se han documentado desapariciones forzadas permanentes, sino más bien desapariciones transitorias que obedecerían al objetivo disciplinario de las detenciones arbitrarias y las torturas. En otras palabras, las retenciones buscan castigar a los manifestantes por protestar.
El abogado Leider Perdomo, integrante de la Corporación Jurídica Libertad y quien ha defendido a varios detenidos, dice que se está dando “una instrumentación de los aparatos legales y de las instituciones del Estado para mostrar resultados. Pero además con un ánimo intimidatorio. Lo hacen para dejar un mensaje de miedo, para que la gente no se manifieste. Además son esas las palabras que usan: para qué marcha, para qué se mete en problemas… Juegan al policía bueno y al policía malo, el que los maltrata y el que los aconseja y les recrimina”.
Nota: La respuesta de la Policía, firmada por el teniente José Ferney Higuita López, jefe de Asesoría jurídica de Seguridad y Convivencia, resalta que “Las personas capturadas son dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación en las instalaciones de la URI según jurisdicción y tiempo de permanencia allí es de acuerdo a las consideraciones de las autoridades judiciales competentes. Las personas trasladadas por protección, son llevadas al Centro de Traslado por Protección ubicado en Barrio Triste Medellín y su permanencia allí por ningún motivo puede superar las 12 horas».
Entre el 28 de abril y el 5 de mayo, la Oficina de Atención al Ciudadano de la Policía recibió siete quejas por irregularidades o excesos de fuerza en los procedimientos de sus funcionarios, uno de ellos en Copacabana y los demás en Medellín. En ese mismo periodo, según esta institución, 52 policías resultaron heridos en procedimientos de control en las protestas.
