La esposa, el hermano y una empleada del congresista aparecen como representantes legales de medios de comunicación recién creados que, en menos de dos años, han recibido recursos millonarios por la publicación de pauta oficial.
Por: El Armadillo
A principios de 2016, varias plataformas de comunicación de América Latina anunciaron la conformación de una alianza que integraría a medios alternativos de todo el continente. El vocero y protagonista de buena parte de las notas era el ahora representante a la Cámara por Antioquia David Alejandro Toro (Pacto Histórico), quien se presentaba como promotor de esa iniciativa y era referenciado en algunas de las publicaciones como conferencista, líder social, investigador y periodista. El nombre de esa nueva organización era Federación Internacional de Prensa de los Pueblos (FIPU).
El discurso en el que se fundamenta FIPU puede resumirse en las siguientes líneas publicadas en su perfil en Facebook que en la actualidad figura como Contravía – Federacion Internacional de prensa de los pueblos: “La unidad de los medios populares, rurales, étnicos, independientes y alternativos es la contrapropuesta a la matriz mediática de los poderes económicos”. Pero lo que entonces se planteaba como un encuentro de medios alternativos, un escenario de intercambio sobre su papel y un mecanismo para su fortalecimiento se convirtió en los últimos meses en una máquina de contratación de pauta oficial en Medellín.
El pasado 11 de septiembre, El Colombiano publicó un informe en el que se refirió a siete contratos de pauta entre la FIPU y la Alcaldía de Medellín, por medio de Telemedellín, entre 2021 y 2022, por $167 millones. Los contratos, explicó ese diario, tenían como objeto la publicación de pauta en dos medios afiliados o propiedad de esa organización: Contravía y Voces.co. El Armadillo verificó esa información y constató que, con las adiciones, la suma asciende a poco más de $175 millones.
También encontramos que en por lo menos otros cinco medios hay un denominador común: el representante Alejandro Toro. La suma, si se tienen en cuenta todos los contratos con seis personas o entidades distintas, llega a $519 millones.
En el caso de FIPU, los expedientes de la Cámara de Comercio de Medellín, donde fue registrada esa organización, indican que fue constituida por Toro, en nombre de la Fundación Avanza Colombia, y por Juan Pablo Morris, representante legal de la Fundación Contravía, y hermano del periodista y exconcejal de Bogotá Hollman Morris, quien además fue gerente de Canal Capital cuando Gustavo Petro era alcalde. Alejandro Toro fue el representante legal de FIPU por lo menos hasta marzo de 2020.
Cuatro de los otros cinco medios relacionados con el representante y contratados para publicar pauta de la Alcaldía de Medellín no tienen personería jurídica, pero están a nombre de familiares de Toro o de personas que han integrado la junta directiva o trabajaron para Avanza Colombia, organización que fue creada hace 12 años por el ahora representante y que también se llamó Funuvida. En la actualidad se denomina Avanti Centro de Formación.
Se trata de La Pasilla, representado por Sandra Milena Balanta, auxiliar administrativa de Avanti; Medellín Opina, de Liliana Ceballos Gañán, esposa del representante y miembro de junta directiva de la fundación; Noticias de la Urbe, de Ferney Giovvani Toro Ramirez, hermano de Alejandro Toro y también miembro de la misma junta directiva, y Voces de la Sabana, de Elkin Alexander Sarria, quien acredita su experiencia laboral en la misma fundación.
Esos cuatro medios fueron creados entre julio y agosto de 2020 y sus contenidos, en su mayoría, son reproducciones textuales de boletines de prensa de la Alcaldía de Medellín. Otras son notas desfavorables y, a veces, con información sin pruebas sobre figuras críticas de la administración de Daniel Quintero, como el representante Daniel Carvalho, los excandidatos presidenciales Sergio Fajardo y Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria. Varios de esos contenidos son publicados de manera idéntica y en fechas cercanas por los cuatro medios.
En contraste, algunas publicaciones exaltan la figura y la gestión del alcalde Quintero, cuestionan a los promotores de la revocatoria de su mandato y, durante la campaña presidencial, también surgieron contenidos favorables a la candidatura de Gustavo Petro.
En los procesos contractuales de esos medios hay otros detalles llamativos. Por ejemplo, en una cotización para Telemedellín con fecha del 21 de enero de 2022, La Pasilla, el medio de la auxiliar administrativa de Avanti, afirma tener un equipo de 30 empleados y más de un millón de seguidores en redes sociales. Sin embargo, en Twitter ese medio suma poco menos de 700 seguidores, algo más de 200 “me gusta” en Facebook y, hasta el pasado 22 de septiembre, tenía 37 seguidores en Instagram.
A eso se suma que, en las descripciones de esas mismas redes, el medio se presenta como enfocado en información del Eje Cafetero, pero su cotización dice que su “equipo investigativo” trabaja “día a día por mantener no solo a la ciudad de Medellín sino al departamento de Antioquia y a Colombia informado de la mejor manera”.
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Sobre el funcionamiento de esos portales la Gerencia anterior de Telemedellín alertó a la Secretaría de Comunicaciones con varios correos enviados entre febrero y agosto de 2021. Allí, cuestionaba la idoneidad de algunos de los que esa dependencia de la Alcaldía le solicitaba contratar a la Agencia y Central de Medios del canal.
Según consta en un informe que presentó la exgerente Johana Jaramillo, la advertencia tenía el propósito de que se “tomara decisiones acertadas sobre la inversión publicitaria” y agregaba que, entre otros, estos cuatros portales replicaban información de otros medios y tenían una fecha reciente de creación. Además, que Medellín Opina y Noticias de la Urbe tenían asignaciones más altas que el promedio.
El quinto medio relacionado con el representante Toro es La Oreja Roja. A diferencia de los demás, este es un espacio de amplia difusión que fue fundado en 2014 por un grupo de periodistas jóvenes y tiene la participación de columnistas sobre temas diversos y con diferentes inclinaciones políticas, algunos incluso críticos de la administración Quintero. Sin embargo, ese medio es propiedad de la Corporación OR, de la que Toro es miembro fundador y en la que fue vicepresidente de su Junta Directiva hasta el 26 de enero de 2022. La contratación entre la Alcaldía de Medellín y La Oreja Roja asciende a más de $96 millones.
Según sus registros de Cámara de Comercio, La Oreja Roja comparte dirección con Avanti Centro de Formación. En ese mismo lugar, en La Floresta, funcionó una Casa Petro durante la campaña presidencial.
Contratos de prestación de servicios
Alejandro Toro encabezó la lista cerrada a la Cámara de Representantes por Antioquia del Pacto Histórico, y aunque ha dicho que no se considera una “ficha” del alcalde, dentro de esa misma colectividad otros candidatos cuestionaron ese lugar por considerarlo una transacción que garantizaba su curul, pero dejaba tambaleando a otros líderes de izquierda.
Su cercanía con Quintero no es ni mucho menos un secreto. También la evidencia, por ejemplo, que dos de las figuras más cercanas al alcalde, los exsecretarios Esteban Restrepo y Juan Pablo Ramírez, incluyen en sus hojas de vida experiencias laborales en la fundación de Toro, como ya lo había expuesto El Armadillo. En esa ocasión, el entonces secretario respondió a un trino diciendo que repetía “con orgullo” que Toro es su amigo, su mentor y su maestro.
En 2020 Toro tuvo a nombre propio un contrato por $8,2 millones por una asesoría en comunicaciones con la Secretaría de Participación que dirigía Ramírez. Pero su círculo cercano, que incluye a algunas de las personas a cargo de los medios que mencionamos antes, también recibió contratos de servicios personales.
Ferney Giovvany Toro Ramirez, hermano del representante, además de tener los contratos de pauta publicitaria de Noticias de la Urbe, estuvo contratado entre febrero y junio de este año, por $4,9 millones mensuales, por medio del Colegio Mayor de Antioquia, para apoyar al Equipo de Seguridad Alimentaria de la Alcaldía de Medellín.
Su esposa, Silvia Elena Betancourt, tiene un contrato vigente, también con el Colegio Mayor, como auxiliar administrativa para un programa de la Secretaría de la No Violencia. Y en esa misma dependencia, otra hermana del representante, Diana Marcela Toro Ramirez, tiene otro contrato vigente, por 5,3 millones mensuales, para prestar sus servicios como psicóloga hasta noviembre de 2022.
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Además, Julian Armando Quintero Lara, miembro de la junta directiva de Avanti, fue contratado para apoyar un programa con organizaciones sociales de la Secretaría de Participación Ciudadana. Le pagaron $10,7 millones por 56 días de trabajo entre marzo y abril de 2021.
Por último, Fredy Alfonso Agudelo Bolívar, también miembro de la junta directiva de la fundación de Toro, fue hasta hace algunas semanas subsecretario de Gestión de Bienes de Medellín. Antes de ser nombrado en ese cargo trabajaba por prestación de servicios “para realizar actividades sobre la gestión de la línea Reactivación económica y valle del software” en la Secretaría de Gobierno. Ese contrato ascendió a casi $8 millones mensuales durante seis meses.
Desde el pasado 23 de septiembre El Armadillo contactó al representante Toro, a Deninson Mendoza, gerente de Telemedellín, y a Juan José Aux, secretario de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín. A los tres les fueron remitidos cuestionarios sobre el tema, pero ninguno respondió a las preguntas formuladas.
El 23 de septiembre de 2021, en plena campaña al Congreso, Toro publicó un trino en que resumió sus principales intereses de llegar a la Cámara de Representantes. Habló de construcción de paz, de no repetición, de “gestión de recursos para la ciudadanía organizada” y de “la posibilidad que los medios de comunicación se fortalezcan y aporten en el sueño de una democracia amplia, incluyente y diversa”.
