El creador de los “troll center” de Rafael Correa que asesora a la Alcaldía de Medellín

Por: Juan David Ortiz Franco y María Maya Taborda

Amauri Chamorro ha trabajado para varias campañas presidenciales, partidos políticos y gobiernos de izquierda en América Latina. En menos de un año firmó tres contratos para asesorar las comunicaciones de la Alcaldía de Medellín. Entre sus funciones, “crear una narrativa” sobre coyunturas de ciudad.  ¿Qué tiene que ver con la estrategia de medios y redes sociales sobre EPM e Hidroituango?

Entre el 25 de marzo de 2020 y el 22 de febrero de 2021, Carlos Amauri Venegas Chamorro, estratega político y de comunicaciones que se mueve en varios círculos de la izquierda en Latinoamérica y España, ha firmado tres contratos que suman $300 millones para asesorar a la Alcaldía de Medellín.

Según fuentes consultadas por El Armadillo y documentos oficiales de ejecución de esos contratos, allí se encuentra la estrategia para crear la “narrativa” reproducida por el alcalde Daniel Quintero sobre algunos asuntos coyunturales de la ciudad y el “enfoque comunicacional” sobre diferentes temas, entre ellos, Hidroituango.

Además de su experiencia como estratega de campaña y asesor de personalidades políticas, partidos y gobiernos, principalmente al lado del expresidente de Ecuador Rafael Correa, a Chamorro lo antecede la acusación de haber creado en ese país un “troll center”, es decir, un equipo de personas dedicadas a posicionar en redes sociales temas favorables para el gobierno y atacar a sus opositores.

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Los guerreros digitales

Chamorro es hijo de padre ecuatoriano y madre brasileña. Nació en Quito el 18 de agosto de 1978, pero en Colombia se identifica con un pasaporte brasileño expedido el 22 de febrero de 2019 en el consulado de Brasil en Caracas. Lo antecede una historia de exilios y persecuciones contra su familia durante las dictaduras del Cono Sur. Estudió Periodismo en la Universidad de Sorocaba, en el estado de Sao Paulo, e hizo una maestría en Gestión de la Comunicación Política y Electoral en la Universidad Autónoma de Barcelona.

Pero más que en la academia, ha construido una trayectoria de militancia. Se identifica a sí mismo como “consultor y analista en la segunda y definitiva independencia de América Latina” y en un perfil publicado en noviembre de 2017 en el medio chileno Tele13 aparece citado con la siguiente afirmación:

“Antes de ser un profesional, yo soy un militante de izquierda, un internacionalista. La izquierda suele perder en el escenario de los medios de comunicación porque estos son de derecha, entonces, yo llevo mi conocimiento para pelear con la izquierda en esas batallas”.

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Esa historia está firmada por Nancy Castillo Estay, periodista chilena, panelista de diferentes medios y creadora del podcast narrativo Relato Nacional. Después de revisar sus notas sobre esa entrevista, Castillo le contó a El Armadillo por qué decidió escribir sobre Chamorro durante las semanas previas al 19 de noviembre de 2017, día de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de ese país que llevaron a Sebastián Piñera a su segundo mandato.

Sin embargo, una fuente cercana a Bachelet, cuyo nombre Castillo se reservó en su perfil, le aseguró que nunca estuvo en esa campaña. Cuando ella misma le preguntó a Chamorro al respecto, el estratega no lo desmintió, pero dijo que su asesoría había sido “informal”.

Lo cierto es que en 2017 su papel se hizo mucho más evidente, y no solo por las precauciones con las bebidas de su candidato. “Además de las peticiones del estilo de Alemania Oriental, o de la URSS o de Putin, Marco cada vez que hablaba miraba a Amauri, era como su apoyo emocional. Le leía los gestos, le hacía señas. No había otro candidato que tuviera a alguien así. Nos preguntamos quién era Chamorro, nos fuimos a Google y apareció todo lo de Ecuador”. 

Lo que encontró Nancy Castillo al fijarse en los antecedentes de Amauri Chamorro en Ecuador ya había sido revelado por periodistas y políticos en ese país. Era un complejo entramado de contratos oficiales y movimientos empresariales que empezaron a hacerse públicos en febrero de 2012 —apenas tres años después de la aparición de Twitter en su versión en español— por una publicación en un blog que denunciaba que un grupo de cuentas falsas en esa red, creadas por funcionarios del gobierno de Rafael Correa, eran usadas para favorecer la imagen del presidente y desprestigiar a sus opositores.

El autor del informe, que fue publicado en dos entregas, es Fernando Balda, un político que, de trabajar en la primera campaña de Correa en 2006, pasó a la oposición. Luego protagonizó un enrevesado caso que incluye una condena en su contra por calumnias contra Correa y una fuga hacia Colombia que tomó ribetes de crisis diplomática después de que, en octubre de 2012, fue capturado por agentes de inteligencia ecuatorianos en el norte de Bogotá.

Fue precisamente en el marco del llamado Caso Balda que a finales de 2018 la justicia ecuatoriana llamó a juicio, ordenó la detención preventiva y declaró prófugo al expresidente Correa. Además, condenó en agosto de 2020 a nueve años de prisión por el delito de secuestro agravado a Pablo Romero, exsecretario Nacional de Inteligencia de Ecuador.

Dos meses antes de lo que la propia justicia ecuatoriana consideró un secuestro en territorio extranjero con recursos del Estado, las publicaciones de Balda pusieron en evidencia la existencia de lo que en ese país llaman los “troll center”; en síntesis, un conjunto de usuarios de redes sociales, muchos creados a nombre de personas que no existen, que se ponen al servicio de individuos o grupos políticos, generan tendencias que favorecen sus intereses y atacan a sus críticos.  

Balda le aseguró a El Armadillo que fue durante su estancia en Bogotá que conoció los detalles del funcionamiento de los “troll center” de Correa. Había ofrecido recompensas a cambio de información sobre hechos de corrupción del gobierno de su país y recibió de una fuente un archivo de Excel con nombres de usuarios y contraseñas de varias cuentas en redes sociales.

En las madrugadas, dice Balda, entraba a esos perfiles y leía sus conversaciones. Y así descubrió que uno de los usuarios daba directrices: “Por ejemplo, uno de ellos decía: ‘Hola, muchachos, hoy en la mañana un periódico está queriendo posicionar esta noticia, a darle con todo. La línea de opinión es la siguiente (…)’. Así entendí cómo funcionaba y un día le pedí ayuda a un grupo de amigos y amanecimos cambiando las claves y pusimos un mensaje en todas las cuentas que decía algo así como: ‘Hasta hoy soy un troll al servicio del correísmo perverso’”.

Para ese momento Amauri Chamorro tenía un muy bajo perfil. Incluso, las primeras acusaciones de Balda, políticos y periodistas sobre los “troll center” apuntaban a otras personas y, en particular, a funcionarios de la Secretaría de Comunicación de Ecuador. “Era un hombre desconocido. Nadie sabía quién era, nunca había sido relevante en nada, ni en lo político ni en lo empresarial. Pero Amauri es amigo de Rafael Correa y le suma a su campaña porque empieza a coger una experticia paralelamente las redes iban naciendo”, dice Balda.

Las investigaciones que terminaron por desentrañar el funcionamiento del “troll center” y establecer la importancia de Chamorro en su creación tuvieron otro momento clave en marzo de 2015, cuando la fundación Mil Hojas, una ONG enfocada en la investigación y promoción de los derechos digitales y la libertad de expresión en internet, varios contratos con el Estado ecuatoriano y fotografías de las oficinas de Ribeney S.A. en Quito. Según esa fundación, las fotos en las que aparecía un grupo de por lo menos 10 jóvenes trabajando en computadores portátiles eran del “troll center” de Correa. Mil Hojas también reveló el nombre de los dos accionistas de la empresa: Carlos Amauri Venegas Chamorro y su padre, Carlos Enrique Venegas Quiñonez.   

Martín Pallares es un reconocido periodista ecuatoriano que, en 2017, fue declarado inocente en un proceso por, supuestamente, usar «expresiones en descrédito o deshonra» contra Correa en una columna publicada en su portal 4 Pelagatos. Su caso se convirtió en uno de los más emblemáticos en la disputa entre Correa y la prensa. Pero además de lo usual que se hizo para él recibir calificativos como “enfermito”, “pseudo periodista” o “sicario de tinta” que le dirigía el entonces presidente en su programa de televisión oficial, Pallares es también uno de los reporteros que siguió el caso de los “troll center”.

“Chamorro siempre operó en los límites de la legalidad y de la visibilidad. Pero no solo es un operador de redes sociales profesional, sino que tiene una matriz ideológica muy definida. No solo se le contrata para estas tareas, lo hace como parte de su militancia. Entre los ejes de la administración de Rafael Correa estaba la neutralización de cualquier voz disidente y, de ahí, lo que el presidente llamó ‘guerreros digitales’ para asaltar y crear una distorsión de la conversación en redes sociales”, le dijo Pallares a El Armadillo.

A eso se suma un procedimiento que puede llevar años de trabajo: “cultivar” cuentas que logran miles de seguidores y que cambian de identidad y de intereses de acuerdo con las necesidades y el contexto político. “En el universo de las redes, los que tienen mejor organizados sus ‘troll center’ son aquellos que fueron creciendo con esto, ese es el caso de Amauri. Tú no te explicas cómo un troll puede tener 20 mil, 30 mil o 100 mil seguidores. Y es porque son cuentas que han sido cultivadas. Se les dio identidad y una línea de opinión: las cultivas haciéndolas hablar de fútbol en un país donde a la gente le gusta mucho el fútbol, así generas audiencia y comentarios, y a veces la gente piensa que son personas reales”, le dijo a El Armadillo una periodista ecuatoriana que investigó el caso de los “troll center” en el diario El Comercio.

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El éxito de ese modelo es que los usuarios se hacen influyentes y, en muchos casos, es más difícil detectar que son cuentas falsas. Esto, a diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, con las que fueron creadas por el equipo de redes sociales de la Alcaldía de Medellín durante el gobierno de Federico Gutiérrez. En ese caso, las cuentas estaban creadas en fechas cercanas, tenían pocos seguidores, sus fotos eran tomadas de internet e incluso sus publicaciones eran idénticas.

“El propósito es que empiecen a generar reacción en la opinión de la gente. Amauri fue perfeccionando esto con el manejo del ‘troll center’ de Correa. Es muy experto y créame que cuando se mete a atacar o a defender algo, crea un problema muy grande para la contraparte. Es capaz de generarte una tendencia o de desencadenar en las redes que te ataque gente que no estaba alineada porque simplemente creyeron que la cosa es así, ese es el arte de las redes: generar percepción”, dice Balda.

El caso de los “troll center” ecuatorianos fue documentado junto al de otros 27 países en el estudio Troops, Trolls and Troublemakers: A Global Inventory of Organized Social Media Manipulation, publicado en 2017 por la Universidad de Oxford. De ese análisis, se desprende una práctica común en varios de los casos estudiados, incluyendo el de Ecuador; los investigadores lo llaman “focalización individual” y lo explican como una estrategia de acoso, discriminación e incitación al odio contra los valores o creencias de un usuario o un grupo de usuarios.

“Permear las mentes y los corazones”

En registros empresariales, reportes de campañas y bases de datos de contratación pública en Colombia no hay rastro de Amauri Chamorro antes de su vinculación desde el año pasado con la Alcaldía de Medellín. Eso sí, en varias apariciones en medios de comunicación y en sus propias redes ha expresado opiniones constantes sobre la actualidad política colombiana.

En su cuenta de Twitter, que tiene cerca de 24 mil seguidores, las primeras expresiones asociadas con Colombia se remontan a 2013, con algunas respuestas a publicaciones del entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Por ejemplo, el 24 de octubre de ese año, Petro publicó un trino sobre el retiro de los vehículos de tracción animal que eran usados en esa ciudad. Chamorro respondió diciendo que el trabajo del alcalde era “fantástico”, destacó su “sensibilidad humana” y cerró con un: “Qué gran latinoamericano eres”. Durante ese año se reiteraron mensajes similares sin que exista alguna interacción por parte de Petro. 

Pero el perfil que Nancy Castillo escribió en 2017 plantea que acercarse a Petro era por lo menos un propósito. “Ya tiene en la mira su próximo objetivo. El próximo año hay elecciones en Colombia, y Chamorro se unirá a trabajar con las organizaciones sociales que apoyan al candidato Gustavo Petro” , dice ese texto en su último párrafo. Cuando El Armadillo le preguntó a Castillo sobre el origen de esa afirmación, la periodista chilena dijo que surgió en la entrevista: “Él me dijo lo de Petro como lo que estaba pensando que venía a futuro. No sé si lo hizo o no, pero lo tenía en su hoja de ruta. Como que él iba mirando: personaje elección-personaje-elección”.

Esos coqueteos de Chamorro vía Twitter se transformaron después en apoyo explícito a las aspiraciones de Petro en 2018, durante la campaña presidencial en que el candidato de la Colombia Humana perdió con Iván Duque, pese a obtener la mayor votación en la historia de la izquierda colombiana.

Solo en esa red, durante ese año electoral, Chamorro hizo por lo menos 24 menciones directas a la cuenta @petrogustavo, varias de ellas el 2 de marzo, cuando un grupo de personas lanzó objetos y saboteó una visita de Petro a Cúcuta. Ese hecho, en principio, fue denunciado como un atentado. Incluso, en uno de sus trinos Chamorro aseguró que “el blindaje le salvó vida”. Sin embargo, el propio candidato luego rectificó esa información y aclaró que, si bien hubo un ataque violento, no hubo disparos contra su carro.

Esa afinidad, sin embargo, no parece traducirse en cercanía personal. Aunque El Armadillo consultó de manera oficial con el equipo de prensa de Gustavo Petro y no obtuvo respuesta, tres fuentes que han estado en la Colombia Humana como colaboradores o militantes aseguran haber escuchado el nombre de Chamorro, pero no haberlo visto nunca ni haber conocido de su participación en campañas u otros escenarios de esa agrupación política.

Ahora bien, su trabajo en Medellín sí se puede rastrear en documentos oficiales. El primero de los tres contratos de Amauri Chamorro con la Alcaldía fue por $150 millones y estuvo vigente durante seis meses, desde el 25 de marzo de 2020. Varias fuentes consultadas por El Armadillo, entre funcionarios y contratistas de la administración municipal, coinciden en que fue muy cerca de esa fecha que empezaron a ver a Chamorro en el edificio de la Alcaldía. A partir de ese momento algunas dependencias empezaron a recibir de él, o en su nombre, sugerencias o instrucciones directas para sus equipos de comunicaciones.  

Ese primer contrato tuvo como objeto el “acompañamiento para el diseño e implementación de estrategias de comunicación para la Alcaldía de Medellín”, de acuerdo con una cotización dirigida al secretario de Comunicaciones Juan José Aux. En ese documento Chamorro se refiere a una estrategia de “comunicación gubernamental [que] realmente consiga permear las mentes y los corazones de las y los ciudadanos de Medellín”. Y deja muy clara una prioridad: “Para nosotros las redes sociales son un componente tan importante como la televisión y tendrán un lugar de destaque en la asesoría”.

El contrato fue firmado por medio de Telemedellín en el marco de un convenio interadministrativo que ese canal local opera para la Secretaría de Comunicaciones. Y se formalizó a nombre de Alfaro Comunicación SL, una compañía domiciliada en Madrid, España, y que según el Registro Mercantil del Ministerio de Justicia de ese país, empezó operaciones el 1 de febrero de 2019, fue constituida con un capital de 3.000 euros y tiene como administrador y único socio a Carlos Amauri Venegas Chamorro.

Los informes de seguimiento a ese contrato dan cuenta de la asesoría en diferentes campañas de comunicación de la Alcaldía, pero el primero de ellos, que corresponde a las semanas entre el 25 de marzo y el 24 de abril de 2020, ofrece pistas sobre sus alcances. Ese documento se refiere a “la definición de lineamientos comunicacionales para las distintas coyunturas que le permitan a la Alcaldía crear una narrativa que tenga fuerza suficiente para influenciar la opinión pública”.

Esas mismas acciones se reiteran, con cambios en algunas actividades o campañas específicas, en varios de los informes de seguimiento al contrato de los meses posteriores. Sin embargo, en el informe del periodo entre el 25 de agosto y el 24 de septiembre aparece una coyuntura particular: “Se asesoró al señor alcalde en cuanto al enfoque comunicacional en lo que concierne a Hidroituango”.

La historia de ese “enfoque comunicacional” tiene varios hechos clave a partir del 10 de agosto de 2020, cuando comenzó uno de los momentos de mayor tensión política de los últimos años en Medellín. Ese día el alcalde Quintero y el entonces gerente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón, anunciaron una demanda contra los contratistas del proyecto Hidroituango para recuperar los $9,9 billones en que se calculan las pérdidas por cuenta de la contingencia de la hidroeléctrica en 2018. Al día siguiente, la junta directiva de EPM presentó su renuncia con el argumento de que Quintero no había discutido esa decisión con ese organismo y que esa y otras acciones demostraban que pasaba por alto el gobierno corporativo.

Ese episodio inauguró una “narrativa”, que se hizo más agresiva en los meses siguientes —y que persiste—, con la que el alcalde y sus allegados acusaron a exdirectivos de EPM y al Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) de proteger los intereses de los contratistas de Hidroituango. Empezaron, desde entonces, a reiterar en sus redes la idea de una supuesta captura de las instituciones de Medellín por la presencia de ejecutivos de esas empresas, o de representantes de organizaciones que las agremian, en las juntas directivas de entidades públicas de la ciudad. 

Ese discurso también se hizo constante en las apariciones del alcalde en medios. En algunas de sus entrevistas posteriores Quintero insinuó acusaciones que sustentó en los intereses sobre Hidroituango: el 9 de septiembre, en una entrevista con El Espectador, el alcalde habló de un plan para desestabilizar a EPM. Y ese mismo día le dijo a Noticias Caracol que “había un plan para que no se demandara a los contratistas”, que la renuncia de la junta había sido “motivada a través de medios de comunicación” y, sin ofrecer más detalles, dijo que incluso habían perseguido a su esposa. “Así son ellos”, dijo.

Cerró su intervención con algo que no había mencionado antes en ninguna aparición pública: “Una semana antes de las elecciones a mí me iban a matar, contrataron sicarios”. Y a la pregunta de Juan Roberto Vargas, director de ese noticiero, sobre si trataba de sugerir que lo querían matar por el caso Hidroituango, insistió en su teoría: “A mí me querían matar (…) lo cierto, Juan Roberto, es que acá hay intereses muy pesados, muy fuertes, que se han puesto en juego y que están moviéndose por estos temas”.

Esas afirmaciones tienen un punto de encuentro con la asesoría de Chamorro que se puede rastrear también en el informe de seguimiento al contrato entre el 25 de agosto y el 24 de septiembre. Allí, Juan Diego Hernández Agudelo, entonces director encargado de la Agencia y Central de Medios de Telemedellín, afirma que Alfaro Comunicaciones “asesoró y acompañó al señor alcalde en entrevistas con diferentes medios”. Entre ellos, El Espectador y Caracol Televisión. Ambas entrevistas son las únicas del alcalde en esos dos medios durante las semanas que contempla el informe.

Los dos contratos posteriores entre la Alcaldía de Medellín y Chamorro fueron firmados también a nombre de Alfaro Comunicaciones. Uno, por $50 millones, se ejecutó entre el 21 de octubre y el 20 de diciembre de 2020. El siguiente, por otros $100 millones, comenzó el 22 de febrero de 2021 y tiene una vigencia de cuatro meses, es decir, hasta finales de junio.

Todos los pagos se han efectuado mediante cheques de gerencia por una solicitud de Chamorro para modificar el mecanismo estipulado en el primer contrato, debido a que la primera transferencia fue rechazada por el banco de destino con sede en España. Pero es justamente el documento de inscripción de pagos por vía electrónica de ese primer contrato el que pone en evidencia la participación de otra persona en las asesorías de Alfaro Comunicaciones.

Aunque en ese formato es Chamorro quien figura como beneficiario de los pagos, aparece referenciado el correo electrónico de María Camila Arias Martínez, una activista y defensora de derechos humanos que ha acompañado diferentes iniciativas y campañas de Gustavo Petro y la Colombia Humana.

Dos contratistas cercanos al equipo de la Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín y dos funcionarios que tuvieron posiciones directivas en la administración durante 2020 coincidieron en que Arias trabaja directamente con Chamorro en la asesoría de Alfaro Comunicaciones. Una de ellas aseguró, incluso, que Chamorro y Arias han tenido la administración de las cuentas personales de Quintero.

“Nunca los vi en el equipo político y ahora quien habla en Twitter no es el Daniel de 2019 para atrás. Aparecieron de la noche a la mañana y llegaron muy prepotentes, sin conocer al alcalde, no entienden su ADN ni por qué la gente lo eligió. Quizá por eso no reconocen esa pequeña línea que hay cuando la empresa más amada por los antioqueños es acusada de corrupción”, dijo esa fuente.

A diferencia de lo que ocurre con las redes de Chamorro —en las que sus referencias a Medellín son apenas eventuales y sin contenido político— las de María Camila Arias sí muestran, por lo menos, una coincidencia con la “narrativa” de la Alcaldía de Medellín en temas como EPM, el GEA e Hidroituango.

Salvo por su correo en ese contrato, Arias no figura en documentación oficial que dé cuenta de su participación en un equipo dispuesto por Chamorro para la asesoría. Sin embargo, en su cuenta de LinkedIn dice ser asesora de la Alcaldía de Medellín desde marzo de 2020 y haber sido consultora de Alfaro Comunicaciones desde enero de 2019 hasta enero de 2020. Los primeros cuatro meses, para el partido Podemos, en las elecciones primarias de la comunidad autónoma de Madrid. Pero en 2020 Arias tuvo a su nombre tres contratos de servicios personales con la Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín. Fueron celebrados a través de un convenio entre esa dependencia y la Institución Universitaria Pascual Bravo, sumaron poco más de $44 millones y se ejecutaron entre marzo y diciembre. Es decir que recibía pagos por servicios personales, en paralelo con los que recibía Alfaro Comunicaciones.

Además, entre las funciones de los contratos de Arias hay varias actividades que tienen puntos en común con las asesorías Chamorro. Por ejemplo, elaborar los documentos de análisis y matrices comparativas de las encuestas sobre el alcalde y la institucionalidad, presentar semanalmente un informe de “las alertas político comunicacionales”, y elaborar mensualmente un documento que oriente la estrategia con medios internacionales.

Que hablen bien o mal, pero que hablen

Las redes sociales han estado en el centro de las estrategias de imagen de Quintero desde mucho antes de ser alcalde. En noviembre de 2019, La Silla Vacía publicó un perfil en el que varias fuentes coinciden en que ha privilegiado las redes como medio de interacción, pero también de marketing.

Ya como alcalde las redes han sido, además de un factor clave para su imagen, el origen de varios cuestionamientos. Eso incluye, entre otros episodios, las denuncias de censura por parte de personas que habían sido designadas en cargos directivos en la administración de la ciudad y cuyos nombramientos fueron revocados, según dijeron, por sus opiniones en redes. También un contrato de monitoreo en el que la empresa Selecta Consulting Group calificaba a periodistas y críticos de la administración como “cibermilitantes” y sus comentarios como “ataques”. Un “plan de salvamento” a medios comunitarios que les exigía hacer retweets de las publicaciones del alcalde y compartir sus transmisiones en vivo. Una cuenta falsa con más de 20 mil seguidores dedicada a la defensa del alcalde y a descalificar a periodistas y líderes de oposición. Y la respuesta de “fake” a un trino del periodista Pascual Gaviria en el que compartía una columna de opinión.

A eso se suman las respuestas de apoyo a trinos del alcalde o las publicaciones de miembros de su gabinete que se producen de manera casi simultánea ante algunos temas críticos. El episodio de las acusaciones de violencia sexual en contra del alcalde en junio de 2020 ilustra bien esa estrategia: luego de dos publicaciones en redes por parte de mujeres que aseguraban haber sido víctimas de agresiones de Quintero, el propio alcalde llamó a por lo menos dos directores de medios para tratar de frenar publicaciones sobre el tema, otro medio recibió un ofrecimiento de pauta a cambio de publicar historias que exaltaran la figura del alcalde como padre de familia y, entretanto en las redes, varios de sus secretarios e incluso cuentas institucionales publicaron trinos que, en síntesis, destacaban al alcalde como padre ejemplar.  

Pero el reverso de esa polémica es la visibilidad. En 15 meses de gobierno el nombre del alcalde o etiquetas que se refieren a él de manera directa han estado entre las primeras 10 tendencias diarias de Twitter en Colombia por lo menos en 23 ocasiones. Un resultado que, en todo caso, significa figuración. Una fuente que trabajó en la Alcaldía lo resume así: “No sé qué intenciones tienen, pero sí lo veo como una estrategia. Y en esa estrategia el alcalde necesita a sus doce apóstoles que lo defiendan” . Una idea que recuerda una frase de Salvador Dalí convertida en lugar común: “Que hablen bien o mal, lo importante es que hablen de mí aunque confieso que me gusta que hablen mal porque eso significa que las cosas me van muy bien”.

NOTA: SOBRE EL ALCANCE DE LA ASESORÍA DE AMAURI CHAMORRO Y MARÍA CAMILA ARIAS, EL ARMADILLO ENVIÓ VARIAS PREGUNTAS A JUAN JOSÉ AUX, SECRETARIO DE COMUNICACIONES DE LA ALCALDÍA DE MEDELLÍN. HASTA EL MOMENTO DE LA PUBLICACIÓN DE ESTA HISTORIA NO HABÍA RECIBIDO RESPUESTA.