El 10 de junio los nueve integrantes del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia votarán para definir quién ocupará la Rectoría de esa institución hasta 2029. La segunda vuelta presidencial, que será apenas 11 días después de esa sesión, le mete presión al intento de distintos sectores por controlar una de las universidades más importantes del país.
Candidaturas de izquierda a derecha en la foto: Claudia Puerta, Edwin González, Felipe Gil, Iván Darío Ocampo, Jaime Cano, Jhon Mario Muñoz, Luquegi Gil, Magali Montoya y Tarcilo Torres.
El pasado 4 de junio desde muy temprano un DJ empezó a poner música en uno de los bloques de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. A un costado, en dos mesas de madera, había cinco computadores y algunas personas ofrecían esos equipos y su ayuda a quienes se acercaran a votar la consulta, en la que cada integrante de la comunidad universitaria tiene derecho a declarar su preferencia sobre los aspirantes a ese cargo.
Si bien esa consulta no es vinculante y la decisión la define el voto de las nueve personas que integran el Consejo Superior Universitario (CSU), que se reunirá para elegir rector este 10 de junio, sí se trata de un momento muy importante en el proceso por lo menos por dos razones: por una parte, anticipa la forma como la universidad recibirá la decisión que adopte ese órgano de dirección y en esa medida es un indicador de legitimidad y gobernabilidad.
Por otra, porque la consulta ofrece resultados separados por cada estamento universitario —estudiantes, profesores (en este caso divide los votos por las modalidades de contratación: vinculados, ocasionales y cátedra), personal no docente, egresados y jubilados— y por tanto les indica la postura de sus propios estamentos a las representaciones de profesores, estudiantes y egresados que tienen asiento en el CSU.
Aunque nada amarra formalmente sus votos, la costumbre indica que esas representaciones, sobre todo las de estudiantes y profesores, acogen esos resultados. Pero esta vez ese es uno de los puntos en tensión.
Por el episodio del DJ y los computadores, la campaña del candidato Edwin González hizo una denuncia que remitió a la administración de la universidad y a una comisión veedora conformada para vigilar la transparencia de la consulta. Allí dijo que, además de la música y de los equipos, en el lugar había publicidad y se promovía la campaña de Luquegi Gil Neira, un abogado de 47 años y viejo conocido en la administración universitaria: ha sido profesor, vicedecano y decano de la Facultad de Derecho. Fue también Secretario General —ocupó ese cargo también en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid— y hasta el pasado 10 de mayo fue vicerrector General de la UdeA. Renunció a ese cargo para inscribir su candidatura.
Gil Neira ganó la consulta entre todos los estamentos, salvo en el de jubilados. El más apretado fue el de profesores vinculados, en el que obtuvo el 27,2 % de los votos, mientras Claudia Puerta, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, quedó cerca, en el segundo lugar, con el 25,6 %. En los demás, Gil ganó caminando: recibió el 36,6 % de los votos entre profesores ocasionales, el 44,7 % de los de cátedra, el 47,8 % de los egresados, el 64,6 % del personal no docente y el 40 % de los estudiantes. La ganadora entre los jubilados fue Puerta, con el 50 % de los votos.
Datos expresados en porcentajes. Elaboración de El Armadillo.
La política universitaria: ¿entre el Pacto y la derecha?
La rectoría de la UdeA, sin embargo, siempre ha estado lejos de resolverse solo en los debates y las disputas internas. Y esta vez hay varios ingredientes que le dan más fuerza a esa idea. La administración de la que hizo parte Gil Neira hasta hace unas semanas es la del rector reemplazante Héctor Iván García, que asumió en enero de este año luego de que el Ministerio de Educación ordenó la salida del anterior rector, John Jairo Arboleda.
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La explicación para esa medida está en los hallazgos preliminares de una inspección de ese mismo Ministerio ante la crisis financiera que enfrenta la universidad y concluyó, entre otras cosas, que durante la rectoría de Arboleda existían “esquemas contractuales para desviar recursos misionales hacia el sostenimiento de burocracia administrativa”.
Justo después de que el rector García asumió, el Gobierno Nacional le hizo a la UdeA una inyección de recursos por $70 mil millones adicionales a las transferencias que le corresponden a la Nación. Esa plata le permitió a la universidad cumplir las obligaciones de nómina de finales de 2025 que estaban enredadas por cuenta de la crisis.
Otro aspecto que explica los intereses cruzados sobre la universidad es la confrontación entre el presidente Gustavo Petro y la derecha antioqueña, que se expresa en la puja de fuerzas del gobernador Andrés Julián Rendón —que preside el CSU— y los representantes del Gobierno Nacional en ese organismo.
Uno de ellos, justamente el delegado de la Presidencia de la República, es Wilmar Mejía, director de la Unidad de Investigación y Análisis Financiero (UIAF). Mejía llegó a ese cargo en abril luego de que su nombre apareciera en una investigación de Noticias Caracol de noviembre del año pasado por, supuestamente, haber tenido contactos para favorecer a las disidencias de alias Calarcá.
Por cuenta del ruido que generó ese caso, la comunidad universitaria se enteró de que Mejía, quien ocupaba la delegación presidencial desde marzo de 2024, era el director de Inteligencia Estratégica de la Dirección Nacional de Inteligencia. Entonces, el gobernador Rendón tomó ese caso como frente de batalla y exigió su renuncia, que finalmente no se produjo, pese a la presión que también ejercieron algunas personas en la universidad por las implicaciones de que la inteligencia estatal tuviera un puesto en el CSU.
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Si bien no es posible afirmar que existan dos bandos inamovibles en ese organismo, la tendencia sí es a que el Gobierno Departamental vote junto a la representación del sector productivo y a la de exrectores. La primera, la del sector productivo, es por completo externa a la universidad y es elegida por el gobernador. Desde febrero del año pasado la ocupa Carlos Alberto Mesa, gerente de la Zona Franca de Rionegro.
La segunda, de los exrectores, está a cargo de Jaime Restrepo Cuartas, que luego de haber sido rector de la UdeA entre 1995 y 2002, hizo una carrera política a instancias del uribismo: fue representante a la Cámara por el partido de la U, precandidato a la gobernación de Antioquia por el Centro Democrático y director de Colciencias durante el primer gobierno de Juan Manuel Santos.
Entretanto, la contraparte, además de los dos votos del Gobierno, ha tenido el apoyo de las representaciones de estudiantes y profesores para algunas decisiones. Pero como decíamos antes, en el caso de las designaciones rectorales y de decanos, las consultas juegan un papel importante en la forma como se mueven esos votos.
La normativa universitaria estipula que para ser elegido rector es necesario contar con por lo menos cinco de los nueve votos del CSU. También establece que ese voto es secreto y que los criterios para la elección serán “su trayectoria y sus méritos”, además de “las opiniones de la comunidad universitaria”. Esas condiciones les otorgan a los consejeros un margen de maniobra amplio que permite negociaciones y acuerdos que van mucho más allá del mérito.
“El ideal es que los consejeros evalúan las hojas de vida, las propuestas de los candidatos y las consultas les dicen cuál es el ambiente. Pero la realidad es que muchas de esas decisiones tienen que ver con las afinidades políticas. Recuerdo a un exrector que se hizo reelegir varias veces y que decía que el documento con la propuesta para la universidad era lo menos importante en una elección”, le dijo a El Armadillo un profesor que lleva más de 30 años en la universidad y que ha conocido de cerca los detalles de muchas designaciones rectorales.
La propuesta de la que habla es un documento que cada candidatura debe radicar al momento de inscribirse y que queda disponible para la consulta de la comunidad universitaria o de cualquier persona que quiera conocerla. Lo único que dice la norma al respecto es que debe exponer “su pensamiento sobre la Universidad”.
Pero la política, como dice esa fuente, es central. Por una parte, por cuenta de los grupos de poder que se consolidan en la universidad. “Durante mucho tiempo se habló del grupo de Medicina, del que hacían parte Jaime Restrepo, Alberto Uribe, John Jairo [Arboleda] y ahí estaba hasta el propio Luquegi porque trabajó con ellos. Pero esos grupos se arman y se desarman porque hay gente que gana influencia y otra que la pierde”, nos dijo una profesora jubilada que ocupó cargos directivos. Ella y las otras fuentes que no aparecen en esta nota con sus nombres nos solicitaron la reserva de su identidad.
Por otra parte, porque ya sea de forma individual o a través de esos grupos internos, algunas candidaturas tienen relaciones con actores muy poderosos de la política y el empresariado. Al exrector Alberto Uribe Correa, por ejemplo, se le atribuye una relación muy estrecha con el empresario Manuel Santiago Mejía, quien lidera el Grupo Corbeta y durante años tuvo asiento en el CSU por delegación de varios gobiernos nacionales o como representante del sector productivo.
Esa relación fue importante en 2024 durante el anterior proceso de designación rectoral en la que fue reelegido John Jairo Arboleda. En la universidad aparecieron panfletos y carteles que acusaban a Arboleda y a otros candidatos de ser los del “del GEA” y de responder a los intereses de Mejía y del empresariado.
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Esta vez los intereses empresariales no han estado en la ecuación, o por lo menos no de manera tan visible. Sin embargo, las relaciones políticas sí se han convertido en un elemento clave que tiene como marco, además, las elecciones presidenciales y los efectos que tendrá sobre la universidad lo que ocurra en la segunda vuelta.
Aunque Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella representan visiones opuestas sobre la educación y muy concretamente sobre la universidad pública, uno de los efectos más concretos e inmediatos tiene que ver con la conformación del CSU: de ganar De la Espriella, se renovarían las representaciones del gobierno en esos organismos y, por tanto, habría una recomposición de fuerzas y de votos.
Aunque eso tendría que esperar hasta el 7 de agosto, lo cierto es que si ninguno de los candidatos logra los cinco votos necesarios, la decisión se aplazaría y el tiempo empezaría a ejercer más presión.
Yo soy el candidato de…
“Yo soy el candidato de los estudiantes. Claramente soy el candidato de los estudiantes y soy el candidato de los estamentos. De los estudiantes, de los profesores y de los egresados”, le dijo a El Armadillo Luquegi Gil Neira cuando le preguntamos por una idea que circula ampliamente en la universidad: que la suya es la aspiración que cuenta con el respaldo de un sector amplio del Pacto Histórico, que incluye a la exministra y senadora electa Carolina Corcho.
Pese a la evasiva del candidato, la idea de que esa es una conexión real la respalda su llegada a la vicerrectoría General en enero de 2026, junto a la administración encargada que designó el Ministerio de Educación. Además, la participación en su equipo de campaña de algunas figuras de la militancia del Pacto Histórico en el departamento.
Y esa relación, junto a su antigua participación en la administración del exrector Alberto Uribe, es uno de los argumentos que le ha puesto tensión al voto de la representación profesoral. “Pertenece al mismo círculo de poder que ha gobernado la universidad durante los últimos 20 años y que la llevó a la crisis en que hoy está (…) Ese señor no es un académico, sino un operador político”, nos dijo María Isabel Duque, representante del profesorado ante el CSU.
La representante también cuestionó los méritos académicos y profesionales de Gil Neira. Aseguró que no tiene trayectoria investigativa y dijo que, por no haberse vinculado mediante un concurso público de méritos, “no es profesor de la universidad”. Finalmente, aseguró que en su contra hay “señalamientos de presunta violencia institucional” pues, según Duque, cuando fue decano de la Facultad de Derecho y en medio de una crisis por violencias basadas en género “encubrió profesores denunciados, los cambió de puesto y los movió para que no se ejerciera más presión”.
Entonces, le preguntamos cómo explica el respaldo mayoritario en las consultas. Aunque sin ofrecer pruebas o detalles, insinuó que Gil Neira se aprovechó de su reciente paso por la administración central: “Quien está en la administración y se hace reelegir es el que maneja los votos de estudiantes, de egresados y de profesores de cátedra, que son los más vulnerables, a los que se les puede meter terror con la contratación, con qué va a pasar con ellos (…) ¿Qué pudo haber hecho a nombre de la universidad para que la gente lo reconociera, más allá de tener el acceso a la información y a tener el establecimiento a su antojo?”, dijo.
Esa posición se concreta en una decisión que nos anticipó la representante y con la que, en síntesis, busca hacerle el quite al resultado de la consulta: este martes 9 de junio habrá una asamblea profesoral en la que Duque le pedirá a esa instancia que la avale para abstenerse de votar en la sesión del CSU del miércoles. Si eso no ocurre, nos aseguró que votará por Gil Neira, aun en contra de su voluntad, y luego renunciará a su representación.
El candidato, por su parte, defiende su hoja de vida y su propuesta para la universidad que, dijo, demuestra que tiene el liderazgo para sacarla de la crisis e implementar los cambios que la institución necesita a futuro. También aseguró que está tranquilo porque los resultados de las consultas “hablan por sí solos y muestran que hay un apoyo decidido y claro. Expresan confianza sobre lo que ha sido la experiencia, la trayectoria y lo que ha sido uno como persona y como profesor de la Universidad de Antioquia en este tiempo”.
Sobre la decisión de la representante Duque y la posibilidad de que se aparte de la consulta, dijo que tiene claro que ese mecanismo no es vinculante por lo que los representantes pueden “tomar sus decisiones en consideración a sus posturas políticas”. Sin embargo, dijo que es claro que “hay un mandato que no deja dudas entre los profesores de quién debería ser el próximo rector”. Para reforzar ese argumento insistió en que ganó la consulta en las tres áreas en que se divide ese estamento: vinculados, ocasionales y de cátedra. “Y la universidad la hacen todos los profesores”, dijo Gil Neira.
Eso, según nos dijo un profesor que hace parte de su campaña, fue un resultado fundamental de la consulta: “Podrán decir que es que los profesores de cátedra o los ocasionales votan por presiones, cosa que no es cierta, pero en todo caso un profesor vinculado no se deja presionar. Ese es el voto más libre que hay”.
Finalmente, sobre el “puesto de votación” instalado el día de las consultas en la Facultad de Ingeniería, Gil Neira le dijo a El Armadillo que esa misma mañana recibió una llamada de otro candidato cuestionándolo por esa situación: “Yo le dije muy claramente que no había financiado ni dado la instrucción de poner un puesto de votación ni nada por el estilo. Al mediodía fui y hablé con ellos y me dijeron que eran un grupo de estudiantes de esa facultad y que tenían todo el derecho de incentivar la participación estudiantil”.
El otro candidato relacionado con el Gobierno Nacional es John Mario Muñoz, profesor y exdecano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Su conexión más evidente es a través de su hermano, León Fredy Muñoz, exembajador en Nicaragua y senador de la Alianza Verde que lidera la facción de esa colectividad que respalda al gobierno de Gustavo Petro y la candidatura presidencial de Iván Cepeda.
El candidato Muñoz, sin embargo, se desmarcó, nos dijo que lleva más de 30 años en la universidad y que nadie le regaló su doctorado, sus libros o el concurso de méritos con el que se vinculó. Agregó que “hay que despolitizar las decisiones universitarias” y que si él fuera el candidato del Pacto Histórico lo habrían nombrado rector encargado o vicerrector. “El candidato del Pacto usted lo sabe muy bien. Si hubiera sido así me habrían nombrado en un cargo alto para hacer campaña desde adentro, pero no fue así”.
Por su parte, la candidata Claudia Puerta*, que fue directora del Instituto de Estudios Regionales (INER) y además es la representante profesoral ante el Consejo Académico —el organismo que reúne a los directivos de las unidades académicas con el comité rectoral—, nos dijo que considera que las representaciones ante el CSU deberían respetar el resultado de las consultas porque, de lo contrario, sería restarle importancia al único mecanismo de participación de los estamentos en la designación rectoral.
Sin embargo, aclaró que este proceso confirma que deben implementarse reformas estatutarias para, entre otras cosas, establecer nuevas reglas para quienes participan, garantizar el acceso equitativo a medios institucionales y fijar mecanismos de contacto con los estamentos. También criticó que la administración de Héctor García no haya atendido la solicitud que le hizo la asamblea profesoral para que ninguno de sus integrantes se postulara a la Rectoría.
En el otro frente, el más cercano al gobernador Rendón, se ubica Felipe Gil Barrera, cuya carrera ha estado lejos de la Universidad de Antioquia. Fue secretario de Educación de Medellín —durante la alcaldía de Aníbal Gaviria— y de Antioquia —en la gobernación de Sergio Fajardo—, luego fue rector de la institución de educación técnica Cesde —que es propiedad de Comfama— y desde principios de 2025 está al frente de la corporación Gilberto Echeverri Mejía, que gerencia la política pública de educación superior en el departamento. La junta de esa corporación la preside Mónica Ospina, la secretaria de Educación en quien el gobernador Rendón delega su participación en el CSU.
“Felipe es un tipo que por sus ideas y sus relaciones es mucho más cercano al fajardismo que al propio gobernador [Rendón], pero claramente es la apuesta del uribismo para hacerle contrapeso al resto de candidatos y por ahí se van a ir sus votos”, nos dijo un exfuncionario de la Gobernación de Antioquia, que también conoce de cerca la administración de la UdeA. Aunque durante varios días estuvimos buscando a Gil para preguntarle por los detalles de su aspiración, no contestó nuestros mensajes ni llamadas.
Los cálculos que hacen las campañas y algunos grupos de profesores y estudiantes sobre lo que podría pasar el 10 de junio varían según los intereses y la forma de calcular el movimiento de los votos. Pero en lo que coinciden es que la combinación de factores como el resultado de las consultas y las relaciones políticas y personales ponen a Luquegi Gil Neira y a Felipe Gil Barrera como las primeras apuestas de bandos enfrentados.
“Hay un sector del CSU que tiene el propósito de que no haya elección hasta después de las presidenciales con la idea de que cambie la correlación de fuerzas y dilatar hasta el 7 de agosto. Ese es el interés del gobernador”, nos dijo una persona que ha seguido de cerca el proceso y que conoce los movimientos de varias campañas. Por eso, lo que pase en las próximas horas y la votación —secreta— del miércoles será un indicador sobre la forma como los integrantes del CSU juegan sus propias estrategias.
*Actualización: en la mañana del 9 de junio, después de publicado este informe, la profesora Claudia Puerta presentó ante la asamblea profesoral de la UdeA un comunicado con el que anunció su decisión de renunciar a su aspiración a la Rectoría.
Nota editorial: Juan David Ortiz Franco y Juan David López Morales, integrantes del equipo de El Armadillo, son profesores de la Universidad de Antioquia. Otros integrantes han tenido vinculación como contratistas o docentes en el pasado.
