Aunque ninguna autoridad tiene documentada la presencia de grandes estructuras del narcotráfico en El Retiro, en los últimos seis años más de 300 personas han sido capturadas en ese municipio acusadas de tráfico de drogas. El Armadillo reconstruyó la historia y los intereses detrás de una supuesta ofensiva contra el delito plagada de contradicciones e inconsistencias.
Por: Juan David Ortiz Franco y Mateo Isaza Giraldo
“Este es un pueblo de ricos y lo que quieren es darles buena imagen”, nos dijo una tarde de principios de octubre, en el parque de El Retiro, una mujer que desde hace ya más de cuatro meses tiene presos a dos de sus familiares, acusados de integrar una red de narcotráfico.
Junto a ella estaban las madres, hermanas y tías de otros cuatro jóvenes que hacen parte del mismo grupo de 24 personas capturadas en un operativo simultáneo, la madrugada del 9 de junio de 2021, en varios lugares de ese municipio del Oriente antioqueño.
Todas reconocen que algunos de esos jóvenes son consumidores de marihuana y que quizás en el grupo de capturados haya alguna persona que venda droga, pero aseguran que sus familiares no son traficantes. Creen que el problema de fondo es que hay una persecución contra muchos jóvenes del pueblo, capturados en operativos similares desde 2015. Una de esas mujeres, María Irene Bedoya, que ha asumido la vocería del grupo, dice que detrás de esos casos se esconde un “montaje”, que quieren hacer “limpieza social”, que es “un falso positivo judicial”.
El operativo de junio fue presentado por la Policía Antioquia en un comunicado como una “gran ofensiva en contra de la criminalidad”. Según esa institución, 17 meses de investigación permitieron establecer que se trataba de un grupo delincuencial “patrocinado” por la Oficina de Envigado.
El mismo comunicado incluye en mayúscula sostenida y en negrilla el nombre de Yeferson Estiven Bonilla, de 24 años, sobrino de María Irene, a quien la Policía acusa de ser el cabecilla principal de la organización “Los de Bonilla” y de controlar un negocio de “$170.000.000 millones” (SIC) de cuenta del “narcomenudeo”.
En agosto, María Irene reconstruyó para Caracol Radio cómo fue el operativo policial en que también capturaron a Víctor Alfonso Bedoya, de 34 años, otro de sus sobrinos. También contó lo que le repitió después a El Armadillo y lo que ha explicado ya tantas veces desde junio: que su familia es de la vereda Carrizales, muy cerca del Alto de Las Palmas; que vive de una microempresa que construye quioscos y vende productos de madera; que hasta allá llegó la Policía “tumbando puertas y arrastrando con todo”; que Estiven, “aunque es muy centrado”, para ella “todavía es un niño”; y que Víctor “sí consume vicio” desde que tenía 14 años, “pero se levanta a trabajar todos los días y es padre cabeza de familia”.
Para desvirtuar las acusaciones contra Estiven y Víctor —el primero ya ha pasado por dos cárceles y ahora están detenidos juntos en la estación de Policía de El Retiro— insiste en que son muchachos del pueblo, trabajadores; dice que si controlaran un negocio millonario tendrían propiedades y vivirían en otras condiciones. Guarda en una carpeta los testimonios escritos de vecinos y allegados que dicen conocerlos y aseguran que nada tienen que ver con bandas del narcotráfico.
Uno de los abogados defensores en el proceso explica que el caso está pendiente de la audiencia de formulación de acusación y que no habrá un preacuerdo porque hay inconsistencias en las pruebas que presentó la Fiscalía. Habla, por ejemplo, de personas a las que pidieron firmar documentos en blanco que, según dice, luego se convirtieron en declaraciones contra los capturados. También de testigos que después se retractaron de sus acusaciones. “Puede haber una manipulación por parte de los policías judiciales que realizan estas investigaciones», dice el abogado, que está documentando esas inconsistencias para construir los argumentos que llevará al juicio. Pero en El Retiro hay antecedentes que le dan sentido a su hipótesis.
—¿Ustedes conocen a Pedro Gutiérrez? Le dicen ‘el tatuado’, lo capturaron en 2019 y lo acaban de condenar—, les preguntamos a las mujeres con las que nos reunimos en el parque del pueblo.
—Usted me dice ‘condenar’ y a mí se me enfría todo—, responde con los ojos llorosos una joven de 17 años. Su hermano Tomás, de 21, es otro de los capturados en junio. Tiene detención domiciliaria porque sufre de epilepsia y depresión.
Sí recuerda a Pedro, recuerda que tenía un restaurante de alitas de pollo, que andaba en motos por el pueblo, que era “muy visajoso”.
Malos vecinos, ¿o traficantes?
“Yo en esa época era muy loquito, llamaba mucho la atención, tenía unas colas larguísimas, me pintaba el pelo de colores. Era una persona problemática, pero mi vida ya estaba completamente dirigida a estar lejos de las drogas”, dice Pedro Gutiérrez, de 28 años. Sus brazos están cubiertos de tatuajes, habla en un paisa arrastrado, estudió en colegios privados y probó un par de carreras universitarias que no terminó.
La época de la que habla es mediados de 2015, cuando llegó a vivir en las afueras de El Retiro, junto a su mamá, profesora jubilada de la Universidad Nacional. Fue adicto a las drogas, pero pasó por un proceso de rehabilitación que terminó hace nueve años. Desde entonces, dice, no se toma una cerveza, hace parte de grupos de Narcóticos Anónimos y trata de ayudar a otras personas a que enfrenten consumos problemáticos.
“Pero a mí me gustaban mucho las motos. Una vez se me pinchó una llanta y llegué a un taller para que me la despincharan, me puse a conversar con el mecánico y me invitó esa noche a que saliéramos a correr. Empezamos a salir a piques martes y jueves”, recuerda Pedro.
Ese episodio lo conectó con la gente de El Retiro. Se hizo amigo de varias personas del pueblo, sobre todo de ese mecánico, Fernando Franco Botero. Pedro se refiere a él como Nandito, dice que “es la persona más tierna e inocente que haya conocido”. Franco fue detenido en 2019, dos días después de la captura de Pedro, acusado de integrar su misma red de narcotráfico y está preso en la cárcel de La Ceja.
Los primeros elementos del caso se ubican en abril de 2018, cuando la Policía capturó a 61 personas y las presentó como integrantes de la banda Los Guarceños. Después del operativo, empezó a circular en el pueblo el rumor de que Pedro había sido mencionado por testigos como parte de esa banda. Él mismo envió una carta a la Fiscalía en la que dejó sus datos de contacto y preguntó si había alguna investigación en su contra. No recibió respuesta. Fue capturado el cuatro de marzo de 2019, 10 meses después.
La Fiscalía, al referirse a ese operativo, aseguró que la banda “controlaba el narcotráfico en cinco municipios” y estaba articulada al grupo de La Unión, organización que maneja el negocio de las drogas en el barrio Antioquia, en Medellín. La Alcaldía presentó la noticia, en mayúscula sostenida, como el “MAYOR GOLPE EN CONTRA DEL MICROTRÁFICO EN LA HISTORIA DE EL RETIRO” y detalló que “participaron 500 hombres de la fuerza pública”.
Ese operativo tiene muchos detalles en común con otros que se efectuaron luego en ese municipio: uno que dejó 29 capturados en octubre de 2020 y otro con 24, en junio de 2021. En los tres casos se trató de capturas masivas, los detenidos fueron presentados como integrantes de bandas articuladas a grandes estructuras del narcotráfico y los formaron para la foto en el coliseo del pueblo.
El Armadillo consultó con la Secretaría de Seguridad de la Gobernación de Antioquia y, según sus reportes, entre 2015 y el 30 de septiembre de 2021, 334 personas fueron capturadas en El Retiro por delitos relacionados con tráfico de drogas. En esos registros, para 2018 aparecen solamente 27 capturas, muchas menos que las 61 que, según dijo la Policía, efectuó en el operativo contra Los Guarceños.
El relato de lo que ha pasado en el proceso de Pedro puede resumirse así: fue recluido en la Estación de Policía de El Retiro por más de un mes. Luego, el 10 de abril de 2019, fue trasladado a la cárcel de La Ceja. Estuvo preso dos años, cuatro meses y cuatro días, hasta que el 8 de julio de 2021 su defensa logró la libertad por vencimiento de términos.
Al día siguiente, el 9 de julio, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Antioquia absolvió a Pedro y a Fernando Franco de los cargos por narcotráfico, pero los condenó por concierto para delinquir agravado. Pedro, a diferencia de Nandito, espera en libertad la audiencia en que se fijará la condena, citada para el 19 de noviembre. La defensa calcula que serán por lo menos 12 años de cárcel.
La orden de captura contra Pedro y Nandito, con una vigencia de un año, había sido emitida desde abril de 2018 por el Juzgado Promiscuo Municipal de Caicedo, Antioquia, a más de 140 kilómetros y cuatro horas de viaje por carretera de El Retiro. Aunque no existe restricción para que cualquier juzgado del país avale una captura, el abogado defensor considera llamativo que se hubiera hecho en otra región del departamento. Además, cuestiona que, pese a que Pedro era visible y reconocido en el municipio, la Policía tardó casi un año para hacerla efectiva.
Esa demora fue cuestionada hasta por Hernán Darío Jaramillo, juez promiscuo municipal de El Retiro, que legalizó la captura en las audiencias de control de garantías el 5 y 6 de marzo de 2019 y ordenó la reclusión de Pedro en una cárcel. “¿Por qué si esa orden lleva casi un año, apenas cuando se está venciendo vienen a hacer efectiva la captura? (…) si fuera que estuviera escondido o estuviera por ahí en un lugar lejano, pero estaba aquí, casi que en las narices”, dijo.
En esas audiencias hubo otros elementos curiosos. Por ejemplo, la Fiscalía dijo que Pedro había llamado la atención de la Policía de El Retiro desde 2013 por “su comportamiento y alarde debido a las actividades ilícitas desarrolladas”. Pero lo cierto es que Pedro se trasladó al municipio dos años después, en 2015.
La Fiscalía también citó apartes de las declaraciones de varios jóvenes del pueblo que dijeron conocer los supuestos negocios ilegales de Pedro. Uno de ellos es central en el caso: Andrés Camilo Bedoya Mejía, alias Chepe, quien está preso en Puerto Triunfo y paga una condena de siete años por hurto.
En el testimonio que presentó la Fiscalía, alias Chepe utiliza expresiones como “en esa época empecé a trabajar con la organización delincuencial”, “nosotros éramos consumidores (…) y a la vez nos dedicábamos al expendio de estupefacientes” o “estos llevan en esa actividad ilícita más o menos cuatro años”.
Todas esas frases, que la familia de Pedro cuestiona por parecer más un guión con lenguaje policial, hacen parte de un interrogatorio de marzo de 2017 supuestamente tomado a Bedoya en la cárcel de La Ceja y en el que dice explícitamente que espera beneficios a cambio de esos señalamientos: “Con esta declaración que estoy brindando quiero que se me conceda un principio de oportunidad (…) así como quiero solucionar todos mis problemas jurídicos”.
Finalmente, para explicar su decisión de que la detención fuera en una cárcel y no domiciliaria, como pedía la defensa, el juez Jaramillo se valió de una anécdota: “Muchas veces está uno aquí parado y conoce dos o tres personas que tienen medida de aseguramiento en lugar de residencia y pasan como Pedro por su casa (…) Me va a decir la defensa: ‘No, pero es que ese no es el caso particular de Pedro’, pero eso es lo que ocurre”.
El inventario de inconsistencias que han documentado Pedro, su familia y su defensa, y que El Armadillo constató en los expedientes, aumentó en las siguientes etapas procesales. En el escrito de acusación que la Fiscalía presentó en junio de 2019, cuando ya estaba preso en La Ceja, esa entidad afirmó que la Oficina de Envigado y el Clan del Golfo “permean” y “respaldan” las actividades de Los Guarceños, la banda de la que, según ese mismo documento, Pedro era cabecilla.
La Fiscalía nunca especificó los alcances de esa influencia ni explicó cómo dos estructuras del narcotráfico enfrentadas coexisten en ese municipio. Tampoco, por qué luego del operativo de 2018 relacionó a Los Guarceños con la ODIN La Unión, que según investigadores judiciales opera de forma independiente y no se articula ni a La Oficina ni al Clan del Golfo.
Investigador procesado y una personera ‘fantasma’
Otro punto que destaca la defensa es que la Fiscalía no presentó en el juicio fotografías, videos, interceptaciones o drogas incautadas que probaran las afirmaciones de los testigos. Y de nuevo alias Chepe resultó clave en el caso porque en abril de 2019 remitió a la Fiscalía una carta a mano en la que asegura que poco después de su detención, en 2016, empezó a recibir presiones para incriminar con declaraciones falsas a varias personas como integrantes de la banda de Los Guarceños. Según explica en su carta, varias personas le ofrecieron primero beneficios jurídicos y después lo intimidaron con sumar más elementos a su proceso. Menciona con nombre propio a dos: Walter Mateo Gallego Jiménez, patrullero de la SIJIN; y la entonces personera de El Retiro, Pilar Cristina Toro Estrada.
Luego alias Chepe se ‘retractó de su retractación’ y en el juicio contra Pedro ratificó el testimonio en que lo señalaba como traficante. Dijo que la carta en que denunciaba presiones la había escrito porque había recibido amenazas.
El patrullero Gallego Jiménez fue uno de los funcionarios de Policía Judicial a cargo de la investigación contra Pedro y fue, justamente, la persona que firmó el interrogatorio a Chepe que la Fiscalía utilizó en las audiencias de control de garantías. En 2019, fue capturado en Medellín cuando cobraba una extorsión a un comerciante.
Entretanto, la expersonera Pilar Toro es importante en la historia por varias razones: por una parte, porque Pedro y su mamá acudieron a ella antes de la captura para quejarse por lo que consideraban un acoso por parte de la Policía. “Yo no podía dar un paso sin que me requisaran. Me tomaban fotos, me preguntaban el nombre de mi mamá y en qué universidad trabajaba. Tanto fue así que ella y yo fuimos a la Personería a pedir protección porque me estaban persiguiendo mucho. La personera, queridísima, nos dijo que iba a averiguar, pero que tranquilos, que no pasaba nada”, recuerda Pedro.
Toro también es clave porque la defensa de Pedro encontró que su firma aparece como acompañante, por parte del Ministerio Público, en por lo menos tres actas de reconocimiento fotográfico en que los testigos privados de la libertad lo incriminan a él y a otros procesados. Pero su nombre no está en los registros de ingreso que lleva el Inpec en las cárceles donde supuestamente se hicieron esas diligencias.
La expersonera le dijo a El Armadillo que no recuerda la visita de Pedro y su mamá porque atendía a cerca de 20 personas al día y estuvo en funciones durante cinco años. Sobre los registros fotográficos dijo que su misión era acompañar esos procedimientos como parte del Ministerio Público. Sin embargo, no explicó específicamente por qué aparece su firma en el acta de una diligencia en la cárcel de Titiribí, pero no hay registros de su ingreso a ese centro penitenciario.
“Esa es una discusión que se vuelve casi subjetiva respecto a las funciones que en ese momento desempeñaba. Yo no puedo entrar a contradecir a la defensa y menos por medio del periodismo. Esos temas son jurídicos y se debaten en los estrados judiciales. Lo que está en el marco de mis funciones se realizó. También entré a Pedregal y si quieren van y preguntan y tampoco está mi registro porque yo entraba como funcionaria, entonces a veces los chicos del Inpec pues entran por otros lados”, dijo Toro.
Inconsistencias en la información oficial
Entre los habitantes de El Retiro hay consenso en que es un municipio tranquilo. Lo dice la gente ‘de toda la vida’ del pueblo, quienes llevan pocos años, los funcionarios de la Alcaldía y hasta los concejales que son críticos de la actual administración de Nolber Bedoya.
Santiago Montoya, secretario de Gobierno de El Retiro, afirma que el municipio es la localidad del Oriente “donde se presenta el menor índice de hechos delictivos”. Sin embargo, reconoce algunas dificultades en seguridad como los hurtos y el microtráfico que, en sus palabras, “era una problemática muy marcada cuando recibimos la administración”.
También dijo que no hay reportes de bandas de crimen organizado en el pueblo, pero la Secretaría de Seguridad de la Gobernación de Antioquia le respondió a El Armadillo que en los últimos 10 años, de acuerdo con información de la Policía, se ha documentado la presencia de tres grupos de delincuencia común organizada: “Los Pinares” y “Los Bonilla”, dedicadas al microtráfico. Y “Los Atracadores”, dedicada al hurto. En sus registros, no obstante, no aparece la banda de Los Guarceños, la de la captura masiva de 2018, que la Alcaldía calificó como el “mayor golpe contra el microtráfico” en la historia del pueblo. El caso por el que fueron condenados Pedro y Nandito.
“Hoy no podemos hablar de grupos y no hay una presencia en El Retiro de una estructura organizada del Valle de Aburrá o del Oriente. Esas denominaciones, uno entiende que les incomoden a las familias, pero son nombres que ponen las autoridades para realizar los operativos”, dijo el secretario.
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Pedro es una mezcla de muchas cosas. Se declara de izquierda, dice que El Retiro es “el municipio más godo que vos te podás imaginar”, que es un pueblo de “uribistas y caballistas”; su mamá fue directora de la Escuela de Estudios del Hábitat y vicerrectora de la sede Medellín de la Universidad Nacional; es reconocida por su trabajo como profesora e investigadora. Pedro creció en una familia con las comodidades que, quizás, no tiene ninguna de las otras personas capturadas en esa supuesta ofensiva contra el narcotráfico; tuvo un par de negocios de comidas para los que se endeudó, uno más exitoso que otro; también un taller de motos y un criadero de perros; fue tesorero de Narcóticos Anónimos; ha peleado en la calle; tiene tatuajes en todo el cuerpo; habla con algo de agresividad; se viste como hopper; le gusta la velocidad y “las motos de bandido”; tuvo como mascota a un cerdo vietnamita; fue ruidoso y “súper mujeriego”. Pero nada de eso, dice, lo hace un traficante.
“Pedro nunca ha sido clasista, yo tampoco, pero mi medio ha sido académico, el de Pedro ha sido popular. Aunque somos de una familia supuestamente burguesa, la conexión de nosotros con la vida no ha sido con la alta sociedad. Entonces él llega al pueblo y se hace amigo del mecánico, no se relaciona con la high, sino con el trabajador o el muchacho que hace domicilios. Y el problema es que en El Retiro hay castas”, dice la mamá de Pedro.
De esas castas surgió una organización que influencia decisiones de seguridad en El Retiro, que desde hace más de cinco años opera el sistema de videovigilancia local, que dice hacer un “trabajo articulado” con la Policía y que contrató a un grupo de hombres armados de una empresa de vigilancia privada que patrulla algunas zonas del municipio “en beneficio de la seguridad y la convivencia en el territorio”.
Lea aquí la segunda entrega de esta investigación, sobre los intereses en disputa y la influencia de privados en la seguridad de El Retiro.
