El 19 de agosto, la Alcaldía de Medellín radicó ante el Concejo distrital el borrador del proyecto de acuerdo para actualizar el Plan de Ordenamiento Territorial. La presión de Airbnb para evitar la regulación de la vivienda turística en la ciudad incluye un estudio académico pagado por esa plataforma cuyos hallazgos se difundieron en varios medios. También, un contrato con un consultor empresarial que dice no hacer lobby, pero se reúne con concejales y secretarios de despacho.
El profesor Andrés Felipe Giraldo, del Departamento de Economía de la Universidad Javeriana, terminó su presentación con una diapositiva que llevaba el título de “mensaje para llevar”. “Un take away, como lo llamamos en las presentaciones académicas”, dijo. Ese mensaje resume la conclusión del estudio que presentó el pasado 15 de septiembre en el Country Club de Medellín: “Airbnb llega donde ya era caro vivir, no es que lo vuelva caro”. Después de un par de ideas adicionales, cerró su intervención y la gente en el auditorio aplaudió.
El foro se llamó Medellín, retos y oportunidades de la vivienda turística y fue organizado por el Diario La República. La invitación le llegó a un círculo cerrado de empresarios del turismo, líderes gremiales y algunos académicos. Aunque ni el mensaje que recibieron los invitados ni la información que acompañó el formulario de inscripción lo menciona, el contexto de ese evento de la semana anterior es el debate por la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín que avanza desde agosto en el Concejo de la ciudad. En esa discusión ha tomado fuerza la posibilidad de que se regulen las zonas donde pueden operar viviendas destinadas a las rentas cortas, y es ahí donde entra en juego el negocio de Airbnb.
Luego de que Giraldo terminó, la presentadora del foro, Linda Bustamante, conductora de Teleantioquia Noticias, tomó el micrófono y le agradeció al profesor y a Ángela Fonseca Galvis —también profesora de la Javeriana y coautora del estudio— por “aportar con evidencia a una conversación que es fundamental para la ciudad”. Agregó que “sin duda” los datos que entregan “son reveladores” e hizo una autocrítica: “Incluso desde los medios de comunicación en Antioquia en los últimos años hemos mencionado mucho la palabra gentrificación y hemos relacionado directamente el asunto que hoy aquí nos están explicando, así que se hace muy revelador este resultado”.
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Ese mismo día y justo después de la presentación del estudio, periodistas de varios medios en Bogotá y Medellín recibieron un boletín de prensa de dos páginas con los logos de la Universidad Javeriana. El documento destacaba los principales hallazgos del estudio e incluía algunos comentarios de los profesores Giraldo y Fonseca. Y entonces la noticia empezó a expandirse.
Incluso, en la mañana del 16 de septiembre, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, intervino en la discusión. Primero, Camilo Guzman, director ejecutivo de Libertank —una organización que promueve la libertad económica y la reducción del Estado—, publicó la nota de La República con los hallazgos del estudio y aseguró que “no es la renta corta, ni el turismo el responsable de los precios altos en los arriendos en Medellín” y que, en cambio, la situación es “culpa es del Estado, del exceso de regulación”. Gutiérrez citó esa publicación y respondió: “La renta corta también debe ser reglada para proteger la vivienda familiar. No es el único causante de los altos precios en vivienda, pero sí contribuye en algunos casos y en algunas zonas”.
Lo que en ninguna parte dice el boletín de prensa de la Javeriana, las notas en medios que publicaron los hallazgos del estudio, ni tampoco aclaró el profesor Giraldo en su presentación en el foro es que esa investigación fue pagada por Airbnb.
“Nada por debajo de la mesa”
El borrador del proyecto de acuerdo para actualizar el POT fue radicado por la Alcaldía de Medellín ante el Concejo el pasado 19 de agosto. En ese documento, uno de los puntos más críticos tiene que ver, justamente, con la regulación de la vivienda turística.
La posición que defiende la Alcaldía en su proyecto es que los predios destinados a esas actividades deberían ubicarse exclusivamente en las zonas de alta mixtura y en algunos puntos específicos cercanos, por ejemplo, al metro. De esa forma, quedaría prohibida la operación de viviendas rentadas por periodos cortos —por medio de Airbnb o plataformas similares— en zonas de media y baja mixtura. Eso, en síntesis, implica sacarlas de casi todas las áreas residenciales y restringirlas a aquellas donde puede haber viviendas, pero predominan el comercio, los servicios y el entretenimiento.
En el debate por esa regulación coinciden entonces las preocupaciones por aspectos de convivencia y problemáticas como la explotación sexual, pero también el impacto de ese negocio en el costo de los arriendos que han aumentado significativamente junto al posicionamiento de la ciudad como destino turístico luego de la pandemia.
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Y justo en medio de esa discusión por la actualización del POT apareció el estudio de la Javeriana. El informe de investigación completo tiene fecha del 16 de septiembre y fue publicado en Vniversitas Económica, un boletín del departamento de Economía de la Universidad Javeriana, para divulgar resultados de investigación de sus profesores. Es decir, se trata de una producción académica preliminar que no ha sido sometida a evaluación por pares ni a los procesos editoriales de las revistas científicas.
Ese documento, publicado en inglés, y que no fue difundido con el boletín de prensa, incluye la aclaración que no hicieron los profesores al presentar públicamente los hallazgos: el estudio fue desarrollado en el marco de un contrato de consultoría entre la Universidad Javeriana y Airbnb Latin America, que aportó una parte significativa de la financiación. La misma nota al pie donde aparece esa declaración asegura que Airbnb no tuvo ningún rol en la formulación de la pregunta de investigación, el diseño empírico, la estimación ni la interpretación.
Le preguntamos a la Universidad Javeriana por la relación de ese estudio con Airbnb y por su posición institucional. Por medio de un documento escrito, su Dirección de Comunicaciones nos reiteró lo que dice la aclaración del informe de investigación sobre el contrato de consultoría y sobre la no intervención de esa plataforma en la formulación o los hallazgos: “Esta información está declarada de manera explícita en el documento de investigación, publicado y disponible para consulta pública en la sección: Vniversitas Económica, de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad”.
En su respuesta, la Javeriana agregó que el contrato garantizó “la autonomía académica (…) y estableció que los resultados debían presentarse con neutralidad y transparencia, sin intervención de la entidad contratante”. Y finalmente, sobre su posición institucional, dijo que la universidad “respeta la pluralidad de las investigaciones desarrolladas por sus profesores, la libertad de cátedra e investigación, reconoce su autonomía académica y confía en el rigor con el que adelantan su labor investigativa”. Para acceder a la respuesta completa dé clic en este enlace.
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Pero la difusión masiva de ese estudio, que ha tratado de darle respaldo académico a la posición de Airbnb en medio de la discusión del POT, es una pieza de un engranaje más grande de lobby que esa plataforma ha desplegado en Medellín durante las últimas semanas y que coincide con la estrategia de incidencia que reproduce en varios países del mundo. Eso incluye llamadas y reuniones con periodistas —como nos confirmaron tres personas que trabajan en las redacciones de medios masivos— para tratar de posicionar datos sobre el impacto económico que tendría la regulación, y varias acciones para tener acceso a concejales y funcionarios de la administración distrital.
“Ellos son muy fuertes en el relacionamiento político. Tienen lobistas profesionales y gente que se dedica a las relaciones con los gobiernos. Eso a veces lo hacen muy de frente, pero otras veces la estrategia es más sofisticada y en Medellín están tratando de imponer la idea de que Airbnb es casi una forma de economía popular y que restringirlo es afectar a pequeños emprendedores o a madres que alquilan una habitación para sacar adelante a sus hijos”, nos dijo una persona que nos pidió no publicar su nombre, pero que le ha hecho seguimiento la manera como esa plataforma ha actuado ante iniciativas de regulación en Colombia.
Según nos aseguraron tres concejales, la persona clave en el relacionamiento político de Airbnb en la ciudad para el debate del POT es Juan Camilo Quintero Medina. Quintero fue secretario privado de Aníbal Gaviria en la Alcaldía de Medellín, luego dirigió Ruta N, y después, entre otros espacios del sector privado, trabajó en la Andi y fue gerente de Asuntos Corporativos de Anglogold Ashanti. Desde el año pasado es consultor empresarial independiente. “Él es la persona que ha estado al frente de ese lobby. Se ha reunido con concejales, con secretarios y es el que lleva la postura de Airbnb”, nos dijo un integrante de esa corporación.
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Le preguntamos a Quintero por esas versiones y nos confirmó que tiene un contrato con Airbnb, pero nos dijo que su papel no es “clandestino” ni hace “nada por debajo de la mesa”, y que su tarea es evitar “que entre 4.000 y 4.500 emprendedores desaparezcan de la noche a la mañana” de aprobarse el proyecto de acuerdo presentado por la Alcaldía.
Sin embargo, evitó reconocerse como lobista: “Yo estoy contratado para pensar en alternativas de cómo podemos continuar con las rentas turísticas operando de la mejor manera. Más que un tema de lobby es encontrar salidas porque este es un tema de dinámica de sistemas”, dijo.
Pero en la explicación que nos dio sobre el papel que ha tenido durante estas semanas, Quintero describió, por lo menos en parte, lo que usualmente hace un lobista. Aseguró, por ejemplo, que ha tenido reuniones con varios secretarios de despacho y con el concejal Andrés Tobón, de Creemos, coordinador de ponentes del proyecto de acuerdo y quien a su vez ha defendido públicamente la posición de la administración distrital sobre la necesidad de regular la vivienda turística. Esa postura a favor de la regulación es mayoritaria en el Concejo, que seguirá discutiendo el proyecto durante las próximas semanas.
Quintero también nos dijo que se ha reunido con Asohost, una agremiación que une a los prestadores de servicios turísticos por medio de plataformas digitales. Varias fuentes nos mencionaron a esa organización como uno de los grupos de presión en contra del borrador de la administración distrital y como un apéndice de Airbnb.
“Airbnb me dijo: escuche primero a los anfitriones antes de que decida si quiere ayudarnos con esto. Vos sabés que yo he estado en el tema de la innovación por mucho tiempo, los escuché y estoy empezando a poner unos elementos nuevos sobre la mesa que pueden ayudar a encontrar una salida equilibrada. Asohost le está poniendo rostro a la conversación porque dicen: ‘Nosotros somos emprendedores, yo tengo que rentar dos habitaciones para poder pagar la universidad de mi hijo o para ajustar la jubilación que tengo porque no me alcanza’. Hay muchas historias detrás de esto”, dijo Quintero.
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Por su parte, Juan Camilo Vargas, presidente y director ejecutivo de Asohost, nos aseguró que si bien han participado de la discusión, no tienen los recursos ni la experiencia para implementar una estrategia de lobby. “Quisiéramos tenerlos para que nos asesoraran —nos respondió—. Más bien nos enfrentamos al lobby y el cabildeo de gremios que tienen más de 70 años y que defienden los intereses de grandes sectores empresariales”.
Ante la regulación, el lobby
Desde hace por lo menos una década hay registros de las estrategias de Airbnb en contra de las regulaciones implementadas en varios países sobre las viviendas turísticas. En 2016, por ejemplo, la revista Time publicó un reportaje en el que explicó cómo esa plataforma promovía la creación de clubes de anfitriones en diferentes ciudades del mundo. El objetivo, de acuerdo con ese informe, consistía en consolidar un movimiento político de base, conformado por las personas dedicadas a las rentas turísticas, que promoviera la desregulación o la implementación de normas más flexibles para ese negocio.
Las estrategias se han diversificado e incluyen el fortalecimiento de sus propios equipos dedicados a las relaciones políticas y a los asuntos regulatorios, la contratación de empresas y consultores dedicados al lobby, e incluso la financiación de campañas políticas. El año pasado Bloomberg reveló que en 10 meses de 2024 esa plataforma dedicó más de un millón de dólares a influir de manera directa o a través de grupos de presión en legisladores del estado de Nueva York para impulsar un proyecto de ley que flexibilizara algunas restricciones. Esa agencia aseguró también que entre 2025 y 2026 Airbnb tenía previsto invertir cinco millones de dólares para promover las candidaturas de dos políticos favorables a las viviendas turísticas en ese mismo estado.
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En Colombia también hay antecedentes. En abril de 2025, el entonces representante a la Cámara Daniel Carvalho presentó un proyecto de ley que, entre otras medidas, buscaba reforzar algunas obligaciones de las plataformas digitales de servicios turísticos.
Sin embargo, el proyecto se hundió por falta de trámite. En enero de 2026, Camilo Quintero, exsecretario de Medio Ambiente de Medellín, e integrante del equipo del congresista, presentó varias grabaciones en las que se escucha a un ejecutivo de esa compañía decir, durante una reunión con anfitriones, que tenían 36 abogados trabajando para bloquear ese proyecto de ley. En los audios también se describe una estrategia para preparar los discursos de personas dispuestas a confrontar el proyecto de ley en los debates en el Congreso, además de un mecanismo para enviar masivamente correos electrónicos en contra de la iniciativa.
“En una reunión que tuvimos nos decían a boca llena que ellos tenían asiento directo con los alcaldes. No sabemos con qué mecanismos ejercían presión, pero también evitaron que los concejos de varias ciudades tramitaran proyectos de acuerdo. Por el poder económico que tienen, creen que pueden incidir de la manera que se les antoje”, le dijo a El Armadillo otra persona que conoció de cerca el trámite que tuvo el fallido proyecto de ley del año anterior.
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En la plenaria del pasado 17 de septiembre del Concejo de Medellín, Dany Granda Jaramillo, el funcionario del Departamento Administrativo de Planeación del distrito que coordina la actualización del POT, ofreció en unos cuantos minutos una explicación de las razones para regular las viviendas turísticas. Dijo, entre otras cosas, que cada propiedad destinada a ese negocio es una vivienda menos en la ciudad para alojar un hogar. “En una ciudad con un déficit habitacional tan alto se debe regular y controlar (…) que las personas tomen esa decisión de destinar una vivienda al turismo porque es una vivienda que perdemos”.
Del público que asistió a esa sesión, más de treinta personas se inscribieron para intervenir. Algunas llevaban pancartas escritas a mano para defender las rentas cortas. El primer ciudadano que habló se dirigió al funcionario de Planeación y le dijo que vivía en El Poblado:
“Escucho con un poco de preocupación la intervención del coordinador del POT. Creo que todavía falta mucha discusión y pedagogía para hablar de vivienda turística (…) no sé si tuvo la oportunidad de conocer los estudios de esta semana de entidades externas como la Universidad Javeriana, que claramente dicen que el incremento de la renta en Medellín y el déficit no está de ninguna manera ligado a la vivienda turística”.
